Marcelina Bernardino Varona
Expediente 42/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 42/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Marcelina Bernardino Varona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el veintiocho de abril de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se determinó decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en los artículos 21, párrafo primero, inciso a) y c), del Acuerdo General citado; por tanto, el principal y el cuadernillo original de la incidencia son susceptibles de destrucción. Destrucción del expediente principal y del cuadernillo original de la incidencia. Por otra parte, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal y el cuadernillo incidental dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Sánchez Pérez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese los autos el escrito signado por *******, a través del cual solicita copias certificadas del presente asunto; y, autoriza a diversas personas para su recepción Solicitud de copias. Al respecto, de conformidad con el artículo 3°, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, expídase copia certificada cuaderno principal del expediente de amparo, en un solo tanto y por única vez, previa constancia de recibo que obre en autos; no así de las ulteriores actuaciones que, en su caso, se generen dentro del presente asunto, dado que esta sede constitucional no puede autorizar la expedición de copias relativas a actuaciones inexistentes. Instrucciones para su obtención. En tal virtud, a continuación, se explica de manera detallada las instrucciones que debe seguir para que se lleve a la entrega de las copias que solicita. a) Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de copias. Día de entrega de copias: martes y jueves. En el presente asunto, las copias solamente se entregarán en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite solicitado. b) Generación de cita y código QR. Para recoger las copias solicitadas en asuntos no urgentes siempre deberán generar citas a través del sistema "Agenda OJ" en los días señalados (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Todo lo relativo al procedimiento de generación de citas y del código QR, se encuentra detallado en el capítulo respectivo del cuerpo del presente acuerdo. c) Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a recoger copias físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 42/2022 promovido ********. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el siete de enero de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido por razón de turno a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a la Instituto Nacional del Suelo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. SEGUNDO. Radicación de la demanda. Por auto de diez de enero de dos mil veintidós, este juzgado federal registró la demanda con el número 42/2022, se admitió a trámite, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, se reclaman diversas omisiones atribuida a una autoridad federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación del acto reclamado para así determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar el alcance de su pretensión. Con base en lo anterior, se precisa que del estudio integral de la demanda de amparo y de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama del Instituto Nacional del Suelo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: a)La omisión de beneficiar a la parte quejosa con el Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH), en relación al predio identificado como ************, Morelos. b)La omisión de realizar el censo de uso y posesión de lotes al suscribir la solicitud de regularización formato DJ-01, número de expediente técnico administrativo ***********. c) La omisión de validar la información proporcionada por el solicitante de regularización identificada con el número de formato DJ-01 y expediente técnico administrativo ***********. TERCERO. Inexistencia de la omisión reclamada. El Representante Regional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al rendir su informe justificado negó la existencia de las omisiones reclamadas, entre ellas, el que la parte quejosa hizo consistir en la omisión de beneficiarla con el Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH), en relación al predio identificado como *********, Morelos, dado que la accionante de amparo no ha solicitado por escrito la regularización del predio que asevera tiene en posesión. Por tal motivo y toda vez que la parte quejosa no aportó prueba en contrario que desvirtúe tal manifestación, esto es, por el que se acreditara que solicitó ser beneficiaria del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH) en relación al predio precisado en el párrafo anterior, lo conducente es sobreseer el presente juicio de amparo respecto a la omisión reclamada destacada, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, Sexta Época, del Apéndice del 2000, cuyo rubro es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Existencia de las diversas omisiones reclamadas. En diverso aspecto, la autoridad responsable en su informe justificado negó la existencia de las diversas omisiones reclamadas, consistentes en la omisión de realizar el censo de uso y posesión de lotes al suscribir la solicitud de regularización formato DJ-01, número de expediente técnico administrativo *********+ y la omisión de validar la información proporcionada por el solicitante de regularización identificada con el número de formato DJ-01 y expediente técnico administrativo citado con anterioridad. No obstante lo anterior, dicha negativa se encuentra desvirtuada en virtud de que las constancias que la autoridad responsable remitió por oficio *************, a las que se les da valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2, se advierte que la responsable tramitó el expediente técnico administrativo **********, dentro del cual se realizaron inspecciones oculares y se recibieron testimoniales de inspección ocular, las cuales guardan estrecha relación con el objeto de las omisiones señaladas y, por ende, la sola existencia del procedimiento, hace posible existencia de las omisiones que se le atribuyen. Cobra aplicación, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. " Atento a lo expuesto, en la especie, lo procedente es desvirtuar la negativa efectuada por la autoridad responsable y tener por ciertas las omisiones que se le atribuyen por parte de la quejosa en la presente instancia de control constitucional. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se advierta su actualización, esto, por ser una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que en relación con las omisiones destacadas en la consideración anterior, se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XII en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa carece de interés jurídico para accionar en la vía de amparo, con base en las consideraciones siguientes. Los artículos 6° y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. ) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" De acuerdo a lo anterior, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto u omisión que se reclame, pudiendo hacerlo por sí o por su representante; situación que desde luego debe quedar acreditada fehacientemente en el juicio correspondiente y, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Asimismo, se advierte que para los efectos del juicio de amparo le reviste el carácter de quejoso aquél que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. También se aprecia que existe interés jurídico cuando el quejoso tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, y para que la acción constitucional sea procedente debe acreditar fehacientemente dicho interés, con los elementos de prueba idóneos, que permitan al juzgador tener la certeza de que el quejoso goza del derecho o prerrogativa, cuyo desconocimiento reclama en el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia número 289 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por tanto, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto reclamado un agravio actual e inminente en forma directa e inmediata, el juicio de amparo resulta improcedente, lo cual acontece en la especie. Se explica: En el caso concreto, como se adelantó ********* concurre a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la omisión de realizar el censo de uso y posesión de lotes al suscribir la solicitud de regularización formato DJ-01, número de expediente técnico administrativo **********++ y la omisión de validar la información proporcionada por el solicitante de regularización identificada con el número de formato DJ-01 y expediente técnico administrativo citado con anterioridad. Ello, en atención a que con la tramitación de dicho expediente técnico administrativo se otorgó la regularización de la tenencia del ***********, Morelos, del cual, la promovente del amparo aduce ser poseedora. No obstante ello, el suscrito estima que la impetrante de amparo no cumple con la acreditación del interés jurídico exigido por la ley para ejercitar la acción de amparo, careciendo de legitimación para ello y, por ende, amerita que se actualice la causal de improcedencia contemplada en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que durante la secuela procesal de la presente instancia constitucional no exhibió prueba idónea con la cual demuestre en forma veraz que tiene algún derecho sobre el predio que fue materia de regularización a través del expediente técnico administrativo *********** a favor del ahora tercero interesado **********, por lo que no acredita que cuente con interés jurídico para promover en esta instancia constitucional. En efecto, de las constancias que obran en autos no se demuestra que el bien inmueble que por esta vía pretende defender, esto es, el identificado como **************, Morelos, se encuentre en posesión o propiedad de **********. En ese sentido, no se desatienden las manifestaciones que la parte quejosa efectuó en la demanda de amparo encaminadas a demostrar la posesión del bien inmueble que pretende defender en esta instancia constitucional, no obstante, dichas manifestaciones por sí solas no son suficientes para acreditar el interés jurídico para que la presente vía de control constitucional sea procedente, pues para ello, la posesión que detenta la peticionaria de amparo debe encontrarse respaldada en un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal, con la cual, se acredite la causa generadora de dicha posesión o propiedad. Sirve de sustento a lo anterior, por las razones que la integran, la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 5, con registro digital 187733, de rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." Sin que en el caso pase desapercibido que la peticionaria de amparo haya referido que: "la Cesión de Derechos Posesorios celebrada por los finados el C. *********** y la C. ******* (sic) en el año de 1979, fue sustraída de nuestro domicilio, por lo que, la suscrita el pasado 27 de Diciembre del año 2018, acudió a la Agencia del Ministerio Público de la Tercera Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Morelos de la Zona Oriente, para levantar Acta Especial por el extravió de dicho documento, quedando registrada bajo el número de acta *****." No obstante, aquellas manifestaciones no abonan a los intereses de la quejosa, ello en virtud de que, la constancia de cesión de derechos posesorios que refiere se encuentra a nombre de diversa persona, y si bien, pudiera constituir una causa generadora de su posesión, lo cierto es que no acreditó con medio de convicción alguno dicha aseveración. Atento a lo cual, resulta evidente que la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar las actuaciones que derivan del expediente técnico administrativo *******, a través del cual se regularizó la tenencia del *************, Morelos. En esas condiciones, lo procedente es sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el diverso 61, fracción XII. A mayor abundamiento, resulta dable destacar que las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de amparo, que pretende defender la quejosa, sin que antes hayan sido resueltas por la potestad común, razón por la cual, quedan a salvo los derechos de la peticionaria de amparo, para que los ejerza en la vía y forma que correspondan, ante las autoridades competentes. Lo anterior, en virtud de que cuando se trata de hacer respetar el derecho de propiedad y no de resolver contienda acerca de quien sea el legítimo dueño de un bien, procede el juicio de amparo, para el solo efecto de que, reconocido aquél derecho, se mantenga en su goce al propietario, por tanto, mientras no se resuelva en un juicio contradictorio si el derecho que aduce tener la quejosa debe subsistir, resulta evidente que la presente instancia de control constitucional se torna improcedente. Tiene apoyo por analogía jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 71/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2018706, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 228, de rubro siguiente: "JUICIO ORDINARIO CIVIL. ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR LA CÉDULA DE CONTRATACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT) CUANDO SE CONTROVIERTA LA NULIDAD DE LA ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA POR ÉSTA, AUN CUANDO CONSTITUYA UNA ACTUACIÓN INTERMEDIA, AL SER PARTE ESTRUCTURAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL BIEN INMUEBLE. En ese sentido, se hace la precisión de que la presente decisión respecto a la falta de interés de la parte quejosa para acudir a esta instancia constitucional, tiene efectos exclusivos en el juicio de amparo en que se actúa, sin que en el caso, este órgano jurisdiccional decida sobre el derecho sustantivo referido, esto es, respecto del derecho a la posesión o propiedad del bien relativo, ya que dichas cuestiones, en su caso, deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******, en términos de lo expuesto con los considerandos tercero y quinto de la presente determinación. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Despacho diligenciado. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho número 10/2022, orden 22/2022, del índice de este recinto constitucional, mismo que fue emitido a efecto de emplazar al tercero interesado Heladio Ávila Vergara, a la presente contienda constitucional. Tercero interesado legalmente emplazado. Ahora bien, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la ley de la materia, se tiene debidamente emplazada a la parte procesal ya señalada. Anotaciones en relación a la comunicación oficial librada. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones libradas, así como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se levanta reserva. Por tanto, se levantan las reservas decretadas mediante proveído de veinticinco de marzo del presente año y con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene por apersonado al referido tercero interesado al presente juicio de amparo. Domicilio procesal. En otro aspecto, de conformidad con el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio del tercero interesado Heladio Ávila Vergara, para oír y recibir notificaciones el que señaló en el escrito registrado con el folio 3186 en el libro de correspondencia de este juzgado, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Alegatos. De igual manera, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas sus manifestaciones en vía de alegatos, los cuales serán relacionados en la audiencia constitucional y podrán ser tomados en consideración al momento de resolver este juicio de amparo. Autorizados restringidos Finalmente, en atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades restringidas a los profesionistas Alejandra Valero Jaime y Oscar Hulid García Cerqueda, en razón de que no acreditaron tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, por lo que se les autoriza en términos restringidos, es decir, para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Sánchez Pérez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
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