Mara Virginia Rodríguez Velázquez
Expediente 1671/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1671/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Mara Virginia Rodríguez Velázquez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Estado procesal Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Recepción del escrito inicial con oficio del Tribunal Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite el amparo directo 771/2022, que contiene la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como apoderada de ***, en representación de la menor de iniciales ***, contra actos de los Magistrados integrantes de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos. Con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia y se avoca al conocimiento del mismo. Registro de la demanda Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 1671/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de la demanda Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata: Autoridad responsable Magistrados integrantes la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos. Precisión del acto reclamado Sentencia definitiva de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca Civil ***, en su considerando IV en relación con el considerando primero, mediante el cual se declararon inoperantes los agravios vertidos por la quejosa, respecto a que el juez de origen admitiera la sustitución de diversos testigos en el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos en el juicio civil ***, que se sigue ante el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Desechamiento Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que, de su estudio integral, se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V de la misma ley, este último interpretado en sentido contrario. En efecto el artículo 62 de la Ley de Amparo, ordena que el estudio de las causales de improcedencia es preferente al fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, ya por solicitud de cualquiera de las partes u oficiosamente. Lo anterior encuentra sustento en, en la jurisprudencia II.1o. J/5, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Tomo VII, mayo de 1991, página 95, cuyo rubro y texto establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En atención a lo anterior, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Del último precepto deriva que cuando se impugnan actos dentro de un juicio, es procedente el amparo indirecto siempre y cuando aquellos sean de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y, reparables, si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Debe entenderse como derechos adjetivos aquellos que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal dentro del procedimiento; por lo que si la parte que se dice afectada con el acto intraprocesal obtiene sentencia favorable, aquellas eventuales violaciones procesales se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se desprende que la impetrante de amparo reclama, la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca Civil ***, en su considerando IV en relación con el considerando primero, mediante el cual se declararon inoperantes los agravios vertidos por la aquí quejosa, respecto a que el juez de origen admitiera la sustitución de diversos testigos en el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos en el juicio civil ***, que se sigue ante el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Tomando en cuenta lo anterior, se considera entonces que el acto reclamado tiene un efecto meramente procesal; por tanto, dada su propia naturaleza, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. En efecto, el acto reclamado, no afecta derechos sustantivos del quejoso, ya que el efecto de la resolución reclamada únicamente incide en que se admita la prueba confesional a cargo de la demandada incidentista, cuestión que no constituye un acto de imposible reparación, sino una violación a las leyes del procedimiento. Lo anterior se afirma así, pues en caso de que se dicte resolución en el juicio de origen que resulte favorable a los intereses del promovente del amparo, la afectación reclamada quedará sin efectos, sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado, y en caso contrario, quedaran expeditos sus derechos para hacerlos valer los medios de impugnación que corresponda. Luego, será hasta que se dicte la sentencia, cuando podrá advertirse con certidumbre la trascendencia o no de la admisión o exclusión de las pruebas, y será hasta entonces cuando la quejosa, conforme a las reglas que rigen el juicio de amparo, podrá combatir tal cuestión. En efecto, el fallo que se reclama en esta instancia constitucional no constituye un acto de imposible reparación, pues aun estimando incorrecta la determinación de la Sala, ello únicamente constituiría una violación que sólo podría causar agravio a la aquí quejosa en el caso de que la sentencia que se llegará a dictar en la controversia de origen fuera adversa, de tal manera que esa violación deberá reclamarse en amparo directo, en términos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por las consideraciones que la sustentan la tesis con número de registro 211777, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, página 733, cuyo rubro y texto señalan: "PRUEBA CONFESIONAL, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA EL DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACION EN CONTRA DEL DESAHOGO DE LA. Si la resolución que constituye el acto reclamado, tiene el efecto de confirmar un auto del juez natural relativo al desechamiento de un recurso de revocación que se hizo valer en contra de la diligencia de desahogo de la prueba confesional, como este fallo no constituye un acto de imposible reparación, pues aun estimando incorrecta la determinación de la Sala, ello únicamente constituiría una violación que sólo podría causar agravio al hoy quejoso en el caso de que la sentencia que se llegara a dictar en la controversia de origen le fuera adversa, por haber trascendido a la misma la determinación del juez de los autos que se pretendió impugnar a través del recurso desechado, de tal manera que esta violación debe reclamarse en el amparo directo, por estar contenida en la fracción IX del artículo 159 de la Ley de Amparo." Conclusión En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sentido, procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos del diverso 113 de la ley de la materia. Transparencia y acceso a la información pública Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notificación vía electrónica Con base en el arábigo 26, fracción IV, de la ley de la materia, se tiene como medio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, la vía electrónica. En ese sentido, se faculta a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que las notificaciones de esa naturaleza que se ordenen en el presente asunto, se practiquen vía electrónica a la parte quejosa a través del usuario "********************", conforme a las reglas que establece la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo. Consulta de expediente electrónico Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al usuario "********************" para consultar vía internet de las actuaciones que se dicten en el presente asunto y presentar promociones. Se instruye a la oficial judicial "A" En consecuencia, se instruye a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la autorización del usuario en el referido sistema. Autorizados en términos amplios En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, no se tienen por autorizados con facultades amplias a ******************** en razón de que no acreditaron tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Autorizados restringidos Además, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, se autoriza en términos restringidos a la diversa persona que menciona, por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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