Marcelina Zagal Ocampo

Expediente 212/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
212/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
12/05/2022

Partes del expediente

  • Marcelina Zagal Ocampo
  • Ariana Ligia Cruz Peláez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de mayo de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el veinte de abril de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original de incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en los artículos 21, párrafo primero, inciso a), y 18, párrafo primero, fracción I, inciso a), del Acuerdo General citado; por tanto, el principal es susceptible de destrucción y el cuadernillo original de la incidencia de depuración. Transferencia del original del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Destrucción del expediente principal. Por otra parte, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada, si exhibió documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. De los documentos originales exhibidos. Por otra parte, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles, comparezca a este juzgado con identificación oficial, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos junto con su escrito inicial de demanda; en la inteligencia que de no hacerlo así en el lapso concedido, esta sede constitucional procederá a su destrucción. Devolución de anexos. Finalmente, hágase la devolución de los seis anexos formados con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable pertenecientes al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 212/2022, promovido por ***********, por propio derecho, y; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El catorce de febrero de dos mil veintidós. II. Admisión de la demanda. Una vez subsanada la prevención realizada a la quejosa, el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El veintidós de febrero de dos mil veintidós. IV. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [.] Ahora, en el caso, la quejosa se ostenta tercera extraña al juicio de origen, esgrimiendo que la orden de requerimiento de pago que se ordenó practicar en su domicilio vulnera sus derechos fundamentales, por la razón de que puede sufrir una afectación en su esfera jurídica por la ejecución de una resolución judicial dictada en su contra. Sin embargo, de las constancias que conforman el presente juicio constitucional, se advierte que ciertamente la aquí quejosa no es parte material ni formal en el juicio de origen, pues las partes en dicho juicio son: ****** y *******; sin que tal circunstancia sea suficiente para reconocer una afectación a su esfera de derechos, pues para que ello suceda es menester que los actos de autoridad efectivamente vulneren o restrinjan su esfera jurídica, lo que de suyo implica que la parte quejosa tenga la carga de probar, por un lado, esa afectación y, por el otro, el derecho tutelado, a fin de legitimarla a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, de manera que si no se demuestra lo anterior, indefectiblemente el juicio constitucional será improcedente. En efecto, resulta necesario que la peticionaria de amparo demuestre su interés jurídico, es decir, si la peticionaria de amparo no es parte procesal dentro del expediente antes referido (tiene el carácter de tercero extraño al procedimiento natural), por ende, para acudir a esta instancia constitucional inconformándose por el acto reclamado referido tiene que demostrar que el acto de autoridad que reclama le ha causado alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. De lo dicho, puede concluirse que la promovente del juicio de amparo debe necesariamente ser el titular del derecho que alega le fue violado y que derivado de esa violación resulto´ afectada en sus intereses jurídicos, ya sea en su patrimonio o en su persona. Evidentemente, la parte agraviada debe acreditar indubitablemente su interés jurídico para hacer procedente el juicio de amparo, lo que no aconteció en el juicio. Por tanto, se reitera, para la procedencia del juicio constitucional no solo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que además debe acreditarse que dicho acto afecte algún derecho tutelado por la ley a favor del peticionario del amparo, esto es, que el acto de autoridad afecte su esfera jurídica, lo que en la especie no ocurre, dado que el trámite del procedimiento natural de que se habla, no fue dictado en su contra, ni de sus bienes, sino en contra del demandado en el juicio de origen, previamente citados, por lo que al no estar dictado dicho acto en contra del promovente, ni sobre sus bienes, es inconcuso que no podría afectar los derechos que aduce tener. De lo expuesto hasta aquí, es claro que la quejosa, aunque demostró ser propietaria del domicilio en el que se pretendió llevar a cabo una diligencia de requerimiento de pago y embargo librada en contra de diversa persona, lo cierto es que no se demostró la afectación material a su esfera jurídica derivado de ello, pues el único efecto del requerimiento de pago consiste exclusivamente en que el deudor alimentario cumpla con sus obligaciones, además que de las constancias que obran en autos el demandado fue emplazado a juicio en dicho domicilio. Corolario de lo anterior, al estar acreditada la causa de improcedencia invocada, lo que se impone es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: U´NICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las partes tercero interesada y quejosa no desahogaron los requerimientos que les fueron efectuados en autos de siete y ocho de marzo de la presente anualidad, respectivamente; en consecuencia, se hacen efectivos los apercibimientos decretados en los citados proveídos, y se ordena practicar a dichas partes todas las notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. En diverso aspecto, en relación a los autorizados en términos restringidos de la parte quejosa, este juzgado federal mantiene vigente su autorización, en virtud que como se estableció en el párrafo que antecede, la promovente del amparo no efectúo manifestación alguna al respecto en el término concedido para ello. No obstante lo anterior, quedan expeditos sus derechos, para en caso de considerarlo conveniente, efectúe la revocación correspondiente y designe nuevos autorizados para que la asistan en la presente instancia constitucional. Notifíquese.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Parte quejosa no exhibió garantía. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en interlocutoria de ocho de marzo dos mil veintidós, a fin de que exhibiera ante este Juzgado de Distrito la cantidad de $********* (*********** pesos **/100 moneda nacional), para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercero interesado y con la finalidad de que continuara surtiendo sus efectos el otorgamiento de la suspensión definitiva en este cuaderno incidental, sin que efectivamente se hubiere cumplido con tal exigencia. Deja de surtir efectos suspensión definitiva. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 136 del ordenamiento antes invocado, este órgano jurisdiccional determina que desde este momento deja de surtir efectos la suspensión definitiva que le fue concedida a la quejosa mediante el fallo incidental pronunciado en el incidente en que se actúa. Salvedad. Sin embargo, tal circunstancia no significa que la parte quejosa pierda el derecho de otorgar dicha caución, puesto que puede hacerlo hasta en tanto cause estado la resolución que se emita en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, sino únicamente implica que la autoridad responsable tiene expeditas sus facultades y, por tanto, está en posibilidades de ejecutar o no el acto reclamado; empero, si la ejecución ya se llevó a cabo, estaríamos ante la presencia de un acto consumado. Sobre el particular, resulta aplicable la Jurisprudencia número 438, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 372, del Tomo VI, del Apéndice 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro indica: "FIANZA PARA LA SUSPENSIÓN, OPORTUNIDAD PARA OTORGARLA." Estado procesal de autos. Por último, visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de ocho de marzo del año en curso, este juzgado se reservó a acordar lo conducente en relación a la designación de un nuevo medio de recepción de notificaciones personales, autorizados y revocación de los autorizados, ello, hasta en tanto la parte quejosa diera cumplimiento al requerimiento formulado en esa misma fecha en el sumario principal o, en su defecto, feneciera el término legalmente otorgado para tal efecto, situación que ya aconteció. Notificaciones a la parte quejosa por medio de lista. En consecuencia, tal como está ordenado en el sumario principal y por así permitirlo el estado procesal que guarda el incidente en que se actúa, se levanta la reserva decretada y, por ende, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa y se ordena realizar las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 29, ambos de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, en relación a los autorizados en términos restringidos de la parte quejosa, este juzgado federal mantiene su autorización, en virtud que la promovente del amparo no efectúo manifestación alguna al respecto en el término concedido para ello. No obstante lo anterior, quedan expeditos sus derechos, para en caso de considerarlo conveniente, efectúe la revocación correspondiente y designe nuevos autorizados para que la asistan en la presente instancia constitucional. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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