Marcela García Meza

Expediente 612/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
612/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Marcela García Meza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto del trece de septiembre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". .. SEXTO. Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por Marcela García Meza, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Realicen todas les gestiones necesarias para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Javier Espinosa Olalde ofrecida por la demandada en el juicio de origen; debiendo desahogar la misma en la fecha señalada para que se lleven a cabo la audiencia relativa, para lo cual deberá notificar a las partes intervinientes, lo anterior dentro de los plazos y términos que marca la ley; y en su caso, hacer efectivos los apercibimientos para lograr su debido desahogo, o en su caso, provea sobre la imposibilidad para tal efecto. En caso de que se llegue la fecha del desahogo de la audiencia de referencia, y esta no se encuentren preparadas, la responsable deberá señalar nueva fecha para su desahogo, lo anterior respetando los plazos y términos que marca la ley. Lo anterior con la salvedad que la autoridad responsable se encuentra en plenitud de jurisdicción para declarar la imposibilidad para su desahogo o en su caso deserción de la misma...". Ahora bien, la resolución concesoria de amparo causó ejecutoria mediante proveído del cinco de septiembre de dos mil veintitrés. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, mediante oficio JE3/1268/2023, de once de septiembre de dos mil veintitrés, remite copia certificada de las audiencias señaladas para el doce, veinte y veintiséis de julio del dos mil veintitrés, en el juicio laboral 01/442/16-III, relativas al desahogo de la prueba testimonial ofertada por la parte demandada a cargo del ateste Francisco Javier Espinosa Olalde (nombre completo y correcto), destacando de las dos primeras, que señaló hora y fecha para el desahogo de la citada probanza, para las nueve horas con treinta minutos del veinte de julio y nueve horas con treinta minutos del veintiséis de julio, ambos del año en curso, con el apercibimiento en la segunda actuación en el sentido de que en caso de no comparecer y estar preparada la audiencia para su desahogo, a la oferente y al testigo, se declarará desierta la referida prueba; en consecuencia, en audiencia del veintiséis de julio de la presente anualidad, consta la certificación de que no compareció el testigo Francisco Javier Espinosa Olalde, asimismo, no comparecieron la parte actora y la parte demandada, oferente de la prueba testimonial y encargada de la presentación del ateste, por lo que la responsable, procedió hacer efectivo el apercibimiento decretado en actuación del veinte de julio de dos mil veintitrés, declarando a la parte demandada la deserción del posible testimonio que pudo haber rendido el aludido testigo, y por no aportar los elementos necesarios para su desahogo. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al decretar con plenitud de jurisdicción y atendiendo al apercibimiento decretado en la audiencia del veinte de julio de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 01/442/16-III, la deserción de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo del testigo Francisco Javier Espinosa Olalde, lo cual quedó asentado en la audiencia del veintiséis de julio del dos mil veintitrés. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, al acatar en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realice todas las gestiones necesarias para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Francisco Javier Espinosa Olalde (nombre completo y correcto., según señalamiento de la responsable), ofrecida por la demandada en el juicio de origen; debiendo desahogar la misma en la fecha señalada para que se lleven a cabo la audiencia relativa, para lo cual deberá notificar a las partes intervinientes, lo anterior dentro de los plazos y términos que marca la ley; y en su caso, hacer efectivos los apercibimientos para lograr su debido desahogo, o en su caso, provea sobre la imposibilidad para tal efecto; y, en caso de que se llegue la fecha del desahogo de la audiencia de referencia, y esta no se encuentre preparada, la responsable deberá señalar nueva fecha para su desahogo, lo anterior respetando los plazos y términos que marca la ley; habida cuenta, que la autoridad responsable se encuentra en plenitud de jurisdicción para declarar la imposibilidad para su desahogo o en su caso deserción de la misma. En ese sentido, este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que la responsable decretó con la plenitud de jurisdicción concedida y atendiendo al apercibimiento emitido en la audiencia del veinte de julio de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 01/442/16-III, la deserción de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo del testigo Francisco Javier Espinosa Olalde, lo cual quedó asentado en la audiencia del veintiséis de julio del dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. En relación al incidente de suspensión se hace constar que no se formó por no haber sido solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa Marcela García Meza, así como de sus autorizados, el contenido de la determinación de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, a tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto del trece de septiembre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". .. SEXTO. Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por Marcela García Meza, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Realicen todas les gestiones necesarias para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Javier Espinosa Olalde ofrecida por la demandada en el juicio de origen; debiendo desahogar la misma en la fecha señalada para que se lleven a cabo la audiencia relativa, para lo cual deberá notificar a las partes intervinientes, lo anterior dentro de los plazos y términos que marca la ley; y en su caso, hacer efectivos los apercibimientos para lograr su debido desahogo, o en su caso, provea sobre la imposibilidad para tal efecto. En caso de que se llegue la fecha del desahogo de la audiencia de referencia, y esta no se encuentren preparadas, la responsable deberá señalar nueva fecha para su desahogo, lo anterior respetando los plazos y términos que marca la ley. Lo anterior con la salvedad que la autoridad responsable se encuentra en plenitud de jurisdicción para declarar la imposibilidad para su desahogo o en su caso deserción de la misma...". Ahora bien, la resolución concesoria de amparo causó ejecutoria mediante proveído del cinco de septiembre de dos mil veintitrés. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, mediante oficio JE3/1268/2023, de once de septiembre de dos mil veintitrés, remite copia certificada de las audiencias señaladas para el doce, veinte y veintiséis de julio del dos mil veintitrés, en el juicio laboral 01/442/16-III, relativas al desahogo de la prueba testimonial ofertada por la parte demandada a cargo del ateste Francisco Javier Espinosa Olalde (nombre completo y correcto), destacando de las dos primeras, que señaló hora y fecha para el desahogo de la citada probanza, para las nueve horas con treinta minutos del veinte de julio y nueve horas con treinta minutos del veintiséis de julio, ambos del año en curso, con el apercibimiento en la segunda actuación en el sentido de que en caso de no comparecer y estar preparada la audiencia para su desahogo, a la oferente y al testigo, se declarará desierta la referida prueba; en consecuencia, en audiencia del veintiséis de julio de la presente anualidad, consta la certificación de que no compareció el testigo Francisco Javier Espinosa Olalde, asimismo, no comparecieron la parte actora y la parte demandada, oferente de la prueba testimonial y encargada de la presentación del ateste, por lo que la responsable, procedió hacer efectivo el apercibimiento decretado en actuación del veinte de julio de dos mil veintitrés, declarando a la parte demandada la deserción del posible testimonio que pudo haber rendido el aludido testigo, y por no aportar los elementos necesarios para su desahogo. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al decretar con plenitud de jurisdicción y atendiendo al apercibimiento decretado en la audiencia del veinte de julio de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 01/442/16-III, la deserción de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo del testigo Francisco Javier Espinosa Olalde, lo cual quedó asentado en la audiencia del veintiséis de julio del dos mil veintitrés. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, al acatar en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realice todas las gestiones necesarias para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Francisco Javier Espinosa Olalde (nombre completo y correcto., según señalamiento de la responsable), ofrecida por la demandada en el juicio de origen; debiendo desahogar la misma en la fecha señalada para que se lleven a cabo la audiencia relativa, para lo cual deberá notificar a las partes intervinientes, lo anterior dentro de los plazos y términos que marca la ley; y en su caso, hacer efectivos los apercibimientos para lograr su debido desahogo, o en su caso, provea sobre la imposibilidad para tal efecto; y, en caso de que se llegue la fecha del desahogo de la audiencia de referencia, y esta no se encuentre preparada, la responsable deberá señalar nueva fecha para su desahogo, lo anterior respetando los plazos y términos que marca la ley; habida cuenta, que la autoridad responsable se encuentra en plenitud de jurisdicción para declarar la imposibilidad para su desahogo o en su caso deserción de la misma. En ese sentido, este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que la responsable decretó con la plenitud de jurisdicción concedida y atendiendo al apercibimiento emitido en la audiencia del veinte de julio de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 01/442/16-III, la deserción de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo del testigo Francisco Javier Espinosa Olalde, lo cual quedó asentado en la audiencia del veintiséis de julio del dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. En relación al incidente de suspensión se hace constar que no se formó por no haber sido solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Yuridia Ibarra Rojas, Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada del auto de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, donde declaró la deserción de la prueba testimonial a cargo de Javier Espinosa Olalde ofrecida por la demandada en el juicio laboral 01/442/2016. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo , promovido por Marcela García Meza contra actos de Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Marcela García Meza solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos La omisión de desahogar la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el juicio laboral 01/442/16-III SEGUNDO. El nueve de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 612/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la omisión de desahogar la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el juicio laboral 01/442/16-III. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto que se le reclama; por tal motivo, se tiene como cierto, lo que se corrobora con las documentales que al efecto exhibió y que, al ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2o. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el numeral 62 del citado cuerpo normativo. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". La quejosa considera que la conducta omisiva de la responsable, viola en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El concepto de violación expuesto por la parte quejosa es esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en razón de las siguientes consideraciones. Conviene destacar que, al ser el acto de molestia de carácter omisivo, la carga de la prueba no corresponde al peticionario de amparo, sino que se revierte a la autoridad señalada como responsable el demostrar que no incurrió en esa abstención. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 60, Tercera Parte, página 27, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". Precisado lo anterior, el artículo 17 de la Constitución Política Federal, determina lo siguiente: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del análisis al precepto de referencia se desprende, medularmente, lo siguiente: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que la impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en la legislación procesal, de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo la tesis 2ª L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 299, tomo XV, mayo de 2002, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.". En este contexto, es preciso transcribir el contenido de los artículos 685, 735, 803 y 883, de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los principios que rigen en materia laboral y los plazos procesales que deben observar las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 735.- Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles." "Artículo 803.- Cada parte exhibirá los documentos u objetos que ofrezca como prueba para que obren en autos. Si se trata de informes, o copias, que deba expedir alguna autoridad, la Junta deberá solicitarlos directamente." "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días.". Como puede verse de los preceptos trascritos, el procedimiento laboral se rige por principios que procuran la mayor sencillez y prontitud en su tramitación y ejecución, lo que se traduce en cumplimiento al derecho fundamental de justicia pronta consagrada en el artículo 17 constitucional. En ese contexto normativo, la responsable a través de las constancias remitidas en apoyo a su informe justificado, las cuales integran el expediente laboral 01/442/16-III, que hacen prueba plena de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Ahora bien, del informe justificado remitido por la responsable se advierte la existencia del acto reclamado y se desprende que no se han desahogado la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de la siguiente persona: Javier Espinosa Olalde. Lo anterior evidencia, que el medio de prueba mencionado con anterioridad únicamente se tuvo por admitido, sin que se haya desahogado el mismo. Así, resulta innegable que la autoridad laboral ha sido omisa en realizar las gestiones necesarias a efecto de desahogar la prueba ofertada tanto por la parte actora como la demandada en el expediente 01/442/16-III, lo que constituye una dilación del procedimiento laboral en contravención al citado artículo 17 constitucional. Se afirma lo anterior, porque la dilación u omisión en el desahogo de las pruebas causa un retraso que afecta el desarrollo normal y oportuno del juicio; de ahí que se haga patente la violación al referido numeral, desde el momento en que la autoridad laboral incumplió con los términos y plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que tratándose de la materia laboral, para estimar que se ha causado una abierta dilación en el procedimiento, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Así las cosas, si se toma en consideración que la última vez que se difirió el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Javier Espinosa Olalde ofrecida por la demandada en el juicio de origen, lo fue el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, la cual fue admitida el tres de noviembre de dos mil diecisiete; resulta inconcuso que ha transcurrido el plazo de diez días previsto en la Ley Federal del Trabajo para la audiencia de desahogo, y en consecuencia, el periodo de cuarenta y cinco días fijado por el Máximo Tribunal. Las consideraciones anteriores quedaron plasmadas en la Jurisprudencia 2a./J.33/2019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." SEXTO. Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por Marcela García Meza, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Realicen todas les gestiones necesarias para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Javier Espinosa Olalde ofrecida por la demandada en el juicio de origen; debiendo desahogar la misma en la fecha señalada para que se lleven a cabo la audiencia relativa, para lo cual deberá notificar a las partes intervinientes, lo anterior dentro de los plazos y términos que marca la ley; y en su caso, hacer efectivos los apercibimientos para lograr su debido desahogo, o en su caso, provea sobre la imposibilidad para tal efecto. En caso de que se llegue la fecha del desahogo de la audiencia de referencia, y esta no se encuentren preparadas, la responsable deberá señalar nueva fecha para su desahogo, lo anterior respetando los plazos y términos que marca la ley. Lo anterior con la salvedad que la autoridad responsable se encuentra en plenitud de jurisdicción para declarar la imposibilidad para su desahogo o en su caso deserción de la misma. Se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la responsable dé cumplimiento a lo anteriormente precisado, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. Lo así considerado encuentra apoyo en la tesis 2ª CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, del Libreo 1, diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2005150, que es del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y protege a Marcela García Meza, respecto de la omisión reclamada a la Junta Especial Número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para los efectos señalados en el último considerando de la misma. Notifíquese Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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