Marbi Antunez Rogel
Expediente 867/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 867/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Marbi Antunez Rogel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior comuníquese a las partes y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que en caso de que sea se les haga entrega de los documentos originales que haya exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos ÓSCAR ALEJANDRO LÓPEZ CRUZ, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Vistos los autos del presente juicio, se advierte que no obra la constancia de notificación a las autoridades responsables respecto de la sentencia dictada en el presente juicio. Por tanto, a fin de integrar debidamente el presente expediente, reenvíese a las responsables copia de la sentencia definitiva, para su conocimiento. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 867/2020, promovido por Marbi Antúnez Rogel contra actos de la Directora del Hospital General Regional Medica Familiar número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Morelos y Delegado del Estado de Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Marbi Antúnez Rogel solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL MEDICA FAMILIAR NÚMERO 1 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN MORELOS Y, DELEGADO DEL ESTADO DE MORELOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Acto reclamado: ".LA OMISIÓN de dar respuesta a mi petición que formulé por escrito de fecha 31 de agosto de 2020, a través de la cual el expediente clínico del suscrito debido a que fui intervenido quirúrgica mente y no fui informado en ningún momento del tipo de problema que presentaba y el tipo de intervención que se me realizaría, por lo tanto al no tener ningún tipo de respuesta a la fecha, me están violando mi derecho de petición..." SEGUNDO. El treinta de octubre de dos mil veinte, previa aclaración, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 867/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, dirigido a las autoridades responsables. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Directora del Hospital General Regional Medica Familiar Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Morelos, (aunado a que esta, haya negado el acto) pues la existencia se advierte del contenido de su informe justificado y de las constancias que se acompañaron al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido que el Delegado del Estado de Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado, haciendo referencia que el escrito que refiere el quejoso, no fue dirigido a dicha autoridad, sino a la Directora del Hospital General Regional Medica Familiar Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Morelos; de la cual, ya se hizo pronunciamiento. CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el treinta de noviembre de dos mil veinte, la autoridad responsable acordó el escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, y mediante acta administrativa de tres de diciembre de dos mil veinte, la responsable manifestó, que estando reunidos con la parte quejosa, ésta se negó a recibir la contestación de su escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, lo que quedó asentado en el acta administrativa correspondiente. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el aquí quejoso reclama en la instancia constitucional la omisión de la autoridad señalada como responsable de acordar el escrito de treinta y uno de agosto de dos mil veinte; sin embargo, con las actuaciones señaladas en los párrafos que anteceden, la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al pronunciarse sobre su ejecución, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que el treinta de noviembre de dos mil veinte, la autoridad responsable acordó el escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, y mediante acta administrativa de tres de diciembre de dos mil veinte, la responsable manifestó, que estando reunidos con la parte quejosa, ésta se negó a recibir la contestación de su escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, lo que quedó asentado en el acta administrativa correspondiente Por tanto, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y en consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el escrito signado por ANEL DEL ROSARIO GARCÍA RAMOS, perito en materia contable de la quejosa, a través del cual acepta y protesta el cargo conferido de perito en materia contable de la quejosa; atento a lo anterior, agréguese el escrito de cuenta para que obre como legalmente corresponda y téngase por hecha la comunicación aludida; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, se le hace saber que tiene cinco días hábiles para rendir su dictamen pericial, contados a partir de este momento, con el apercibimiento para el caso de no hacerlo, o no informar dentro del mismo lapso el impedimento legal o material que tuviere para no hacerlo, con tenerlo por adherido al dictamen que emita el perito oficial que designe este Juzgado Federal. Notifíquese personalmente al perito ANEL DEL ROSARIO GARCÍA RAMOS . Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del siete al veintiuno de diciembre de dos mil veinte, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de noviembre de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2636/2020, asistido del Licenciado Jaime Cesar Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. JAIME CESAR
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