Marcela Rivera Hernandez

Expediente 711/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
711/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
21/05/2018

Partes del expediente

  • Marcela Rivera Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual informa los actos que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; al respecto, téngase por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificado del presente proveído informe si en atención al oficio 9656/2018, signado por la Junta Especial Número Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, ha realizado el emplazamiento a juicio de la persona moral demandada "Operaciones Versátiles en Negocios Modernos, S.A. de C.V.", o en su caso las gestiones que ha realizado para llevar a cabo el mismo, en los autos del juicio laboral 534/2013, de lo anterior, remita constancias con las que acredite su dicho

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el ocho de mayo de dos mil dieciocho, que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a ocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el oficio signado por el Actuario Adscrito al Tribual Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito en el Estado, por el cual remite el juicio de amparo directo 349/2018, de su índice y un anexo en copias certificadas, en virtud de la incompetencia planteada por ese órgano colegiado. Acúsese recibo de las constancias remitidas. Ahora bien, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento para conocer de la demanda de amparo promovida por Marcela Rivera Hernandez, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Jojutla, Morelos. REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 711/2018, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la misma, toda vez que de su estudio integral, este Juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En la especie la parte quejosa señala como acto reclamado, lo siguiente: ".Reclamo de la autoridad responsable, el acuerdo de fecha veintiuno de marzo del año en curso, acuerdo que de acuerdo al Código de Comercio no admite recurso ordinario alguno.". En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, dispone: ".El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Por su parte, el dispositivo 107, fracción V, Ibídem, prevé: ".El amparo indirecto procede: V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Conforme a lo anterior, se considera que la demanda de amparo es notoria e indudablemente improcedente, en razón de que atendiendo a lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, en la cual aduce que el veintiuno de marzo del año en curso, el Juez Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, desechó de plano el recurso de revocación que interpuso la quejosa, en contra del diverso proveído en el que negó su petición de señalar nuevo perito en materia de caligrafía, grafoscopía y documentoscopía, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 602/2016-1. Cabe precisar que, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 107 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, 170 y 172 fracciones III en relación con la fracción XII de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tal violación afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y, como excepción procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento, en tales condiciones los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, por lo que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, porque los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Los numerales invocados establecen: "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: ".V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" El ordinal 172 fracciones III y XII de la Ley de Amparo la ley de Amparo, dispone: "..En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se consideran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, transcendiendo al resultado del fallo cuando: "...III Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;." "..XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De lo anterior, y de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que en el juicio natural aún no se ha cerrado el periodo probatorio, destacando en la parte que interesa que en esa etapa, la parte quejosa interpuso recurso de revocación en contra del auto dictado el trece de marzo de dos mil dieciocho, por el cual el Juez responsable negó a la parte quejosa su petición de señalar nuevo perito en materia de caligrafía, grafoscopia y documentoscopia, dentro del juicio ejecutivo mercantil 602/2016. En consecuencia lo anterior no constituye propiamente un acto en el juicio que tenga una ejecución que sea de imposible reparación, sino que se trata de una simple violación eminentemente procesal cometida dentro del juicio de donde emana el acto que en esta instancia constitucional se reclama, toda vez que por su naturaleza es propia de repararse en el momento de dictarse la resolución definitiva, que bien pudiera ser favorable a los intereses del quejoso, o en el supuesto de resultarle adverso, puede promover el amparo directo, en el cual es propio el análisis y la consiguiente reparación a tal violación, aunado a que se está procurando el desahogo de la citada probanza. En ese sentido así se advierte de lo dispuesto por el ordinal 172 fracción III, en relación con la fracción XII de la Ley de Amparo, por lo tanto el negar la petición de señalar nuevo perito, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues la determinación judicial combatida no tiende a privar a la parte quejosa de un derecho, bien o posesión, ya que sería hasta el dictado del fallo que resuelva, cuando podría darse el perjuicio, siempre que tales violaciones afecten a la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo, o sea cuando afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos; de lo anterior se advierte que el acto que aquí se reclama no puede ser otra cosa más que violaciones del procedimiento que pueden impugnarse en amparo directo al promoverse la demanda contra la resolución que llegara a poner fin al juicio, para el caso de que tal resolución resultara adverso al aquí quejoso, conforme a lo dispuesto por el artículo 170, de la propia Ley Reglamentaria del juicio de amparo. Lo anterior es así, en virtud de que resulta evidente que el acto reclamado, por su sentido, efectos y naturaleza misma, no viola en forma directa e inmediata algún derecho subjetivo público contenido en nuestra Ley fundamental, sino que en todo caso afecta sólo cuestiones meramente procesales, lo que no constituye un acto de ejecución irreparable, que no afecta de manera real y material la esfera jurídica de la parte quejosa. Por ende, el acto reclamado en esta vía constitucional al no infringir en forma directa e inmediata algún derecho humano, no puede considerarse como un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, y por ello, no es factible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, puesto que no se actualiza lo previsto por el numeral 107 fracción V de la Ley de Amparo. En las narradas circunstancias, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del ordinal 61, fracción XXIII en concordancia con los preceptos 113, 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, 170, 172 fracción III en relación con la fracción XII y 170 de la propia Ley Reglamentaria del juicio de amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR MARCELA RIVERA HERNANDEZ. Transparencia y acceso a la información pública. Luego, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, se hace de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva el consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Domicilio procesal y autorizados. Por otra parte, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y por autorizados en términos de la última parte del artículo 12 de la ley de amparo a Elizabeth Aridai Guzmán Obispo, toda vez que no cuenta cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; al igual que la otra persona que señala, en términos por Así haberlo solicitado. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Finalmente, dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la superioridad (copias certificadas del juicio mercantil 602/2016 del Juez Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Jojutla, Morelos) para un mejor manejo del expediente en que se actúa, se ordena formar por cuerda separada un anexo, el cual se tiene a la vista de las partes para su consulta. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que a la letra dice: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". Ahora, lo anterior no causa un perjuicio de naturaleza trascendental y grave a la parte quejosa, pues las citadas constancias podrán ser consultadas en las Instalaciones que ocupa este Juzgado Federal, además que las mismas deberán ser analizadas y valoradas al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado al momento que se emita la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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