Marcela Aida Corona Huerta
Expediente 1247/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1247/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marcela Aida Corona Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3.1. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se tramitó. 4. DOCUMENTOS EXHIBIDOS. Toda vez que la tercera interesada María Esther Enriqueta Mascot Villa exhibió diversas constancias al expediente, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger las documentales que allegó al presente juicio, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Por otro lado, no ha lugar a ordenar la devolución de constancias a la responsable Juez Cuarto en Materia Oral Familiar del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y la autoridad del registro civil, toda vez que se trata de copias certificadas, de ahí que resulta innecesaria su devolución, debiendo ser destruidas junto con el expediente, en el momento oportuno. 5. CUADERNO POR SEPARADO. Del estado que guardan los presentes autos, se desprende retraso injustificado en el seguimiento del trámite de este asunto, por tanto, con las constancias de este expediente se da cuenta al titular por separado para que determine lo que en derecho corresponda.
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VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1247/2019 promovido por Marcela Aida Corona Huerta, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto en Materia Oral Familiar del distrito Judicial de Morelia, Michoacán; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, residentes en Morelia, el seis de noviembre de dos mil diecinueve, contra la autoridad y acto que se indican a continuación: AUTORIDAD ACTO RECLAMADO Juez Cuarto en Materia Oral Familiar del distrito Judicial de Morelia, Michoacán. El auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 776/2018, que sobre declaración de estado de interdicción promovió respecto de su progenitor Alfredo Corona Gamiño, proveído en que denegó la admisión del recurso de apelación promovido contra la interlocutoria dictada dentro del incidente de remoción de tutora. Actos que la parte peticionaria considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales protegidos por las garantías contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, conocer de la demanda de referencia, en donde se registró con el número 1247/2017 y en proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de referencia, en el que se solicitó a la responsable su informe con justificación, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se reservó lo conducente a la designación de terceros interesados, hasta en tanto se contara con el informe de referencia. En el curso del procedimiento, en auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió reconoció el carácter de terceros interesados a María Esteher Enriqueta Mascot Villa y/o María Esther Enriqueta Mascot Villa, Yurell, Berenice y Anabel, estas últimas de apellidos Corona Mascot, y al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del distrito judicial de Morelia, Michoacán, a quienes se ordenó llamar a juicio en la forma y términos que se indican en esa determinación, quienes fueron emplazadas en los términos y condiciones que se observan de las actas correspondientes. De igual modo, en el referido acuerdo se consideró que para efecto de ampliar el espectro de protección de los derechos humanos del presunto interdictado Alfredo Corona Gamiño o Alfredo Benito Corona Gamiño, se solicitó al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública en Michoacán, con sede en esta ciudad, la designación de un representante especial para tal persona. Así, en proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo al delegado de referencia por designando con el carácter de representante especial del sujeto a interdicto, a la licenciada Olivia Reyes Benítez, a quien en la propia fecha se le tuvo compareciendo a realizar alegatos a favor de su representado. Por otro lado, en auto de ocho de enero de dos mil veinte, se recibió noticia sobre el fallecimiento del interdictado Alfredo Corona Gamiño o Alfredo Benito Corona Gamiño, por lo que tanto en ese proveído como en diversos subsecuentes se emitieron las providencias necesarias para obtener certeza de esa información; así, en auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, una vez reanudado el procedimiento del presente juicio, se tuvo por recibida copia certificada del acta de defunción de Alfredo Corona Gamiño, para los efectos legales pertinentes. Una vez concluidos los trámites del caso, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede, en la que se dejaron los autos en estado para dictar la sentencia definitiva correspondiente, la que en este acto se emite; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que se ubica dentro del lugar donde ejerce su jurisdicción este órgano federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En principio, se considera oportuno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, precisar con claridad los actos que se reclaman en este juicio y que serán materia de la litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este sentido, del estudio integral de la demanda de amparo promovida, se advierte que la quejosa reclama de la Juez Cuarto en Materia Oral Familiar del distrito Judicial de Morelia, Michoacán: - El auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro del procedimiento especial oral familiar 776/2018, derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre declaración de estado de interdicción promovió la quejosa respecto de su progenitor Alfredo Corona Gamiño, proveído en que denegó la admisión del recurso de apelación promovido contra la interlocutoria dictada dentro del incidente de remoción de tutora. Al caso se invoca la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Una vez establecido el acto reclamado sobre el que versará la litis constitucional, procede determinar su existencia o inexistencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y cinco, del Tomo V de enero a junio de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Es cierto el acto reclamado a la Juez Cuarto en Materia Oral Familiar del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, toda vez que así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado. En efecto, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable sostuvo que ante dicho juzgado se ventila el juicio especial oral familiar 776/2018, derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre declaración de estado de interdicción promovió la quejosa respecto de su progenitor Alfredo Corona Gamiño. Asimismo, señala que en dicho expediente la ahora peticionaria de amparo presentó incidente de remoción de albacea, mismo que fue resuelto en el sentido de ser infundado; motivo por el cual, la incidentista ahora quejosa interpuso recurso de apelación en su contra; sin embargo, tal medio de impugnación fue de desechado en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por los motivos que se indican en el propio auto. Siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Jurisprudencia SCJN, Apéndice 2000, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiera la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las constancias que envió la Juez Cuarto en Materia Oral Familiar del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, como justificación a su informe, consistentes en copia certificada de las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento en el juicio especial oral familiar 776/2018, derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre declaración de estado de interdicción promovió la quejosa respecto de su progenitor Alfredo Corona Gamiño. Documentales que, dada su naturaleza de públicas, tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. IV.1. Actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII. Al respecto, en el caso que nos ocupa, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;". La referida fracción dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando a pesar de la subsistencia jurídica del acto reclamado, éste no surta efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Para comprender con amplitud el supuesto que contiene la norma referida, es conveniente analizar los elementos que la componen, siendo el caso que de su contenido se deduce que las condiciones para que opere la citada causa de improcedencia son: Que el acto reclamado subsista. Que no pueda surtir efecto legal o material alguno. Que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o la materia del mismo. De acuerdo con el primero de los elementos enunciados, para que se actualice el referido motivo de improcedencia es necesario que el acto reclamado sea cierto y subsista durante la tramitación del juicio de amparo, esto es, que las autoridades señaladas como responsables en realidad hayan expedido el acto cuya inconstitucionalidad se propuso. Por lo que respecta al segundo de los componentes, cabe señalar que se refiere a la irrealizabilidad de los efectos legales o materiales del acto reclamado a pesar de su subsistencia, es decir, el acto atacado por inconstitucional resulta inocuo en la esfera jurídica del gobernado, porque sus consecuencias materiales o jurídicas jamás podrían concretarse en perjuicio del quejoso. Finalmente, el tercero de los elementos se encuentra ligado estrechamente con los dos primeros, ya que la acción de extinción del objeto o la materia recae precisamente sobre el acto reclamado y, por ende, surge con posterioridad a la emisión de éste, y por razones naturales o reflejo de otros actos jurídicos, ya es imposible que surta efectos legales o materiales. La actualización de la hipótesis contenida en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, torna improcedente el juicio de derechos humanos ya que a nada práctico conduciría estudiar la constitucionalidad del acto reclamado. Esto se explica, toda vez que no obstante subsista en el mundo jurídico el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte, por existir alguna modificación del entorno jurídico dentro del cual se emitió el acto reclamado, podrían operar en caso de concluirse que es inconstitucional, dos consecuencias lógicas: Que fuera jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime vulnerado; o, Que no tuviera ningún efecto jurídico la sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, ya sea porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación o, bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. En ese sentido, previo a comprobar la actualización de la causal de improcedencia invocada, es menester destacar su naturaleza objetiva para una mejor comprensión del presente asunto. En efecto, la emisión de cualquier acto de autoridad conlleva el establecimiento de una situación jurídica concreta del gobernado frente al Estado, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse de alguna manera en su esfera jurídica. Como un medio de control contra esos actos de autoridad, surge a favor del gobernado el juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto respectivo por vulnerar su esfera de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Federal. De esa manera, el juicio de amparo funge como medio de control constitucional cuyo objeto es reparar esas violaciones y restituir al gobernado en el pleno goce de sus prerrogativas constitucionales vulneradas, para lo cual el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia que condicionan el juicio de garantías a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". IV.2. Análisis del caso concreto. Ahora, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio especial oral familiar 776/2018 derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre declaración de estado de interdicción promovió la quejosa respecto de su progenitor Alfredo Corona Gamiño; proveído en el cual se denegó la admisión del recurso de apelación promovido contra la interlocutoria dictada dentro del incidente de remoción de tutora promovido por la ahora peticionaria de amparo . En ese tenor, de las constancia remitidas por la responsable, se puede apreciar que en dicha determinación la autoridad responsable negó la admisión del recurso de apelación presentado por la incidentista -quejosa-, al no encontrarse dentro de los supuestos que establece el numeral 1092 del Código Familiar del Estado de Michoacán, porque no se trataba de una sentencia definitiva, auto o interlocutoria que ponga fin al procedimiento, ni tener excepción a la regla para el trámite de apelación. Todo lo cual, desde la perspectiva de la ahora quejosa, es violatorio de derechos dado que la responsable para desechar la apelación que hizo valer contra la interlocutoria que declaró infundado el incidente de remoción de albacea, se apoyó en un precepto legal inaplicable al caso concreto, dado que para pronunciarse sobre la procedencia del recurso de apelación que hizo valer, debió aplicar una diversa disposición legal -artículo 1177 del Código Familiar del Estado- que al ser un precepto específico excluye la aplicación de la norma general, contrario a lo realizado por la autoridad responsable. Empero, durante la tramitación del juicio de amparo que ahora nos ocupa, en auto de ocho de enero de dos mil veinte, se recibió noticia sobre el fallecimiento del interdictado Alfredo Corona Gamiño o Alfredo Benito Corona Gamiño, por lo que tanto en ese proveído como en diversos subsecuentes se emitieron las providencias necesarias para obtener certeza de esa información. Así, en auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, una vez reanudado el procedimiento del presente juicio, se tuvo por recibida copia certificada del acta de defunción de Alfredo Corona Gamiño, para los efectos legales pertinentes. De dichas documentales se obtiene que la persona a quien se pretendía declarar en estado de interdicción en el juicio especial familiar de origen, que en vida respondió al nombre de Alfredo Corona Gamiño, falleció el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, con la subsecuente repercusión en el aludido juicio oral familiar, es decir, que lo ha dejado sin objeto, precisamente porque ya no puede emitirse la referida declaratoria ante el deceso de la persona a quien se pretendía sujetar a la misma. En esas circunstancias, se advierte que si bien el acto reclamado subsiste jurídicamente, lo cierto es que las consecuencias que éste produjo ya no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo que resulta de ese modo, porque el juicio en el que fue emitido, con motivo del fallecimiento de la persona quien se pretendía declarar en estado de interdicción, ya no tiene objeto de pronunciamiento; luego, es evidente que las determinaciones emitidas en el transcurso de dicho juicio especial familiar -como lo es el acto reclamado-, al estar encaminadas a lograr la conclusión natural del mismo a través del dictado de la sentencia correspondiente, ya no pueden surtir efecto jurídico sobre los intervinientes en tal contencioso. En otras palabras, toda vez que falleció Alfredo Corona Gamiño, a quien se pretendía declarar en estado de interdicción, es inconcuso que ya no puede otorgarse, prorrogarse o cancelarse el nombramiento de tutor de dicha persona, precisamente por el deceso del tutelado, incluso, porque aun cuando pudiera haber tenido derechos patrimoniales que en vida correspondió a tal persona, éstos ya no serán objeto de dicho procedimiento de interdicción sino ahora será ahora responsabilidad de quien se nombre albacea de su sucesión, sin perjuicio de las determinaciones inherentes al desempeño del cargo de tutor que se hubiese desempeñado a favor del interdictado, pero ya sin posibilidad de que se ejerza el cargo de tutor a futuro por persona alguna. Por lo que, con independencia de que el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio especial oral familiar 776/2018 sobre declaración de estado de interdicción de Alfredo Corona Gamiño fuera inconstitucional por haberse apoyado en un precepto legal que no es aplicable al caso concreto, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria -con la que se persigue que una autoridad de alzada revise la interlocutoria emitida en el incidente de remoción de tutor en dicho juicio-, precisamente porque ha fallecido la persona sujeta a dicha tutela. IV.3. Conclusión. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley en cita, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio por cuanto hace al acto reclamado a la autoridad responsable. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO" Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Marcela Aida Corona Huerta, por propio derecho, contra el acto reclamado a Juez Cuarto en Materia Oral Familiar del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL REPRESENTANTE ESPECIAL DEL TERCERO ALFREDO CORONA GAMIÑO: LICENCIADO ALEJANDRO LEÓN CORTÉS, la siguiente resolución: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1247/2019 promovido por Marcela Aida Corona Huerta, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto en Materia Oral Familiar del distrito Judicial de Morelia, Michoacán; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, residentes en Morelia, el seis de noviembre de dos mil diecinueve, contra la autoridad y acto que se indican a continuación: AUTORIDAD ACTO RECLAMADO Juez Cuarto en Materia Oral Familiar del distrito Judicial de Morelia, Michoacán. El auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 776/2018, que sobre declaración de estado de interdicción promovió respecto de su progenitor Alfredo Corona Gamiño, proveído en que denegó la admisión del recurso de apelación promovido contra la interlocutoria dictada dentro del incidente de remoción de tutora. Actos que la parte peticionaria considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales protegidos por las garantías contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, conocer de la demanda de referencia, en donde se registró con el número 1247/2017 y en proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de referencia, en el que se solicitó a la responsable su informe con justificación, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se reservó lo conducente a la designación de terceros interesados, hasta en tanto se contara con el informe de referencia. En el curso del procedimiento, en auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió reconoció el carácter de terceros interesados a María Esteher Enriqueta Mascot Villa y/o María Esther Enriqueta Mascot Villa, Yurell, Berenice y Anabel, estas últimas de apellidos Corona Mascot, y al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del distrito judicial de Morelia, Michoacán, a quienes se ordenó llamar a juicio en la forma y términos que se indican en esa determinación, quienes fueron emplazadas en los términos y condiciones que se observan de las actas correspondientes. De igual modo, en el referido acuerdo se consideró que para efecto de ampliar el espectro de protección de los derechos humanos del presunto interdictado Alfredo Corona Gamiño o Alfredo Benito Corona Gamiño, se solicitó al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública en Michoacán, con sede en esta ciudad, la designación de un representante especial para tal persona. Así, en proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo al delegado de referencia por designando con el carácter de representante especial del sujeto a interdicto, a la licenciada Olivia Reyes Benítez, a quien en la propia fecha se le tuvo compareciendo a realizar alegatos a favor de su representado. Por otro lado, en auto de ocho de enero de dos mil veinte, se recibió noticia sobre el fallecimiento del interdictado Alfredo Corona Gamiño o Alfredo Benito Corona Gamiño, por lo que tanto en ese proveído como en diversos subsecuentes se emitieron las providencias necesarias para obtener certeza de esa información; así, en auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, una vez reanudado el procedimiento del presente juicio, se tuvo por recibida copia certificada del acta de defunción de Alfredo Corona Gamiño, para los efectos legales pertinentes. Una vez concluidos los trámites del caso, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede, en la que se dejaron los autos en estado para dictar la sentencia definitiva correspondiente, la que en este acto se emite; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que se ubica dentro del lugar donde ejerce su jurisdicción este órgano federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En principio, se considera oportuno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, precisar con claridad los actos que se reclaman en este juicio y que serán materia de la litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este sentido, del estudio integral de la demanda de amparo promovida, se advierte que la quejosa reclama de la Juez Cuarto en Materia Oral Familiar del distrito Judicial de Morelia, Michoacán: El auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro del procedimiento especial oral familiar 776/2018, derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre declaración de estado de interdicción promovió la quejosa respecto de su progenitor Alfredo Corona Gamiño, proveído en que denegó la admisión del recurso de apelación promovido contra la interlocutoria dictada dentro del incidente de remoción de tutora. Al caso se invoca la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Una vez establecido el acto reclamado sobre el que versará la litis constitucional, procede determinar su existencia o inexistencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y cinco, del Tomo V de enero a junio de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Es cierto el acto reclamado a la Juez Cuarto en Materia Oral Familiar del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, toda vez que así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado. En efecto, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable sostuvo que ante dicho juzgado se ventila el juicio especial oral familiar 776/2018, derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre declaración de estado de interdicción promovió la quejosa respecto de su progenitor Alfredo Corona Gamiño. Asimismo, señala que en dicho expediente la ahora peticionaria de amparo presentó incidente de remoción de albacea, mismo que fue resuelto en el sentido de ser infundado; motivo por el cual, la incidentista ahora quejosa interpuso recurso de apelación en su contra; sin embargo, tal medio de impugnación fue de desechado en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por los motivos que se indican en el propio auto. Siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Jurisprudencia SCJN, Apéndice 2000, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiera la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las constancias que envió la Juez Cuarto en Materia Oral Familiar del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, como justificación a su informe, consistentes en copia certificada de las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento en el juicio especial oral familiar 776/2018, derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre declaración de estado de interdicción promovió la quejosa respecto de su progenitor Alfredo Corona Gamiño. Documentales que, dada su naturaleza de públicas, tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. IV.1. Actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII. Al respecto, en el caso que nos ocupa, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;". La referida fracción dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando a pesar de la subsistencia jurídica del acto reclamado, éste no surta efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Para comprender con amplitud el supuesto que contiene la norma referida, es conveniente analizar los elementos que la componen, siendo el caso que de su contenido se deduce que las condiciones para que opere la citada causa de improcedencia son: Que el acto reclamado subsista. Que no pueda surtir efecto legal o material alguno. Que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o la materia del mismo. De acuerdo con el primero de los elementos enunciados, para que se actualice el referido motivo de improcedencia es necesario que el acto reclamado sea cierto y subsista durante la tramitación del juicio de amparo, esto es, que las autoridades señaladas como responsables en realidad hayan expedido el acto cuya inconstitucionalidad se propuso. Por lo que respecta al segundo de los componentes, cabe señalar que se refiere a la irrealizabilidad de los efectos legales o materiales del acto reclamado a pesar de su subsistencia, es decir, el acto atacado por inconstitucional resulta inocuo en la esfera jurídica del gobernado, porque sus consecuencias materiales o jurídicas jamás podrían concretarse en perjuicio del quejoso. Finalmente, el tercero de los elementos se encuentra ligado estrechamente con los dos primeros, ya que la acción de extinción del objeto o la materia recae precisamente sobre el acto reclamado y, por ende, surge con posterioridad a la emisión de éste, y por razones naturales o reflejo de otros actos jurídicos, ya es imposible que surta efectos legales o materiales. La actualización de la hipótesis contenida en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, torna improcedente el juicio de derechos humanos ya que a nada práctico conduciría estudiar la constitucionalidad del acto reclamado. Esto se explica, toda vez que no obstante subsista en el mundo jurídico el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte, por existir alguna modificación del entorno jurídico dentro del cual se emitió el acto reclamado, podrían operar en caso de concluirse que es inconstitucional, dos consecuencias lógicas: Que fuera jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime vulnerado; o, Que no tuviera ningún efecto jurídico la sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, ya sea porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación o, bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. En ese sentido, previo a comprobar la actualización de la causal de improcedencia invocada, es menester destacar su naturaleza objetiva para una mejor comprensión del presente asunto. En efecto, la emisión de cualquier acto de autoridad conlleva el establecimiento de una situación jurídica concreta del gobernado frente al Estado, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse de alguna manera en su esfera jurídica. Como un medio de control contra esos actos de autoridad, surge a favor del gobernado el juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto respectivo por vulnerar su esfera de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Federal. De esa manera, el juicio de amparo funge como medio de control constitucional cuyo objeto es reparar esas violaciones y restituir al gobernado en el pleno goce de sus prerrogativas constitucionales vulneradas, para lo cual el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia que condicionan el juicio de garantías a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". IV.2. Análisis del caso concreto. Ahora, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio especial oral familiar 776/2018 derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre declaración de estado de interdicción promovió la quejosa respecto de su progenitor Alfredo Corona Gamiño; proveído en el cual se denegó la admisión del recurso de apelación promovido contra la interlocutoria dictada dentro del incidente de remoción de tutora promovido por la ahora peticionaria de amparo . En ese tenor, de las constancia remitidas por la responsable, se puede apreciar que en dicha determinación la autoridad responsable negó la admisión del recurso de apelación presentado por la incidentista quejosa, al no encontrarse dentro de los supuestos que establece el numeral 1092 del Código Familiar del Estado de Michoacán, porque no se trataba de una sentencia definitiva, auto o interlocutoria que ponga fin al procedimiento, ni tener excepción a la regla para el trámite de apelación. Todo lo cual, desde la perspectiva de la ahora quejosa, es violatorio de derechos dado que la responsable para desechar la apelación que hizo valer contra la interlocutoria que declaró infundado el incidente de remoción de albacea, se apoyó en un precepto legal inaplicable al caso concreto, dado que para pronunciarse sobre la procedencia del recurso de apelación que hizo valer, debió aplicar una diversa disposición legal -artículo 1177 del Código Familiar del Estado- que al ser un precepto específico excluye la aplicación de la norma general, contrario a lo realizado por la autoridad responsable. Empero, durante la tramitación del juicio de amparo que ahora nos ocupa, en auto de ocho de enero de dos mil veinte, se recibió noticia sobre el fallecimiento del interdictado Alfredo Corona Gamiño o Alfredo Benito Corona Gamiño, por lo que tanto en ese proveído como en diversos subsecuentes se emitieron las providencias necesarias para obtener certeza de esa información. Así, en auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, una vez reanudado el procedimiento del presente juicio, se tuvo por recibida copia certificada del acta de defunción de Alfredo Corona Gamiño, para los efectos legales pertinentes. De dichas documentales se obtiene que la persona a quien se pretendía declarar en estado de interdicción en el juicio especial familiar de origen, que en vida respondió al nombre de Alfredo Corona Gamiño, falleció el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, con la subsecuente repercusión en el aludido juicio oral familiar, es decir, que lo ha dejado sin objeto, precisamente porque ya no puede emitirse la referida declaratoria ante el deceso de la persona a quien se pretendía sujetar a la misma. En esas circunstancias, se advierte que si bien el acto reclamado subsiste jurídicamente, lo cierto es que las consecuencias que éste produjo ya no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo que resulta de ese modo, porque el juicio en el que fue emitido, con motivo del fallecimiento de la persona quien se pretendía declarar en estado de interdicción, ya no tiene objeto de pronunciamiento; luego, es evidente que las determinaciones emitidas en el transcurso de dicho juicio especial familiar -como lo es el acto reclamado-, al estar encaminadas a lograr la conclusión natural del mismo a través del dictado de la sentencia correspondiente, ya no pueden surtir efecto jurídico sobre los intervinientes en tal contencioso. En otras palabras, toda vez que falleció Alfredo Corona Gamiño, a quien se pretendía declarar en estado de interdicción, es inconcuso que ya no puede otorgarse, prorrogarse o cancelarse el nombramiento de tutor de dicha persona, precisamente por el deceso del tutelado, incluso, porque aun cuando pudiera haber tenido derechos patrimoniales que en vida correspondió a tal persona, éstos ya no serán objeto de dicho procedimiento de interdicción sino ahora será ahora responsabilidad de quien se nombre albacea de su sucesión, sin perjuicio de las determinaciones inherentes al desempeño del cargo de tutor que se hubiese desempeñado a favor del interdictado, pero ya sin posibilidad de que se ejerza el cargo de tutor a futuro por persona alguna. Por lo que, con independencia de que el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio especial oral familiar 776/2018 sobre declaración de estado de interdicción de Alfredo Corona Gamiño fuera inconstitucional por haberse apoyado en un precepto legal que no es aplicable al caso concreto, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria -con la que se persigue que una autoridad de alzada revise la interlocutoria emitida en el incidente de remoción de tutor en dicho juicio-, precisamente porque ha fallecido la persona sujeta a dicha tutela. IV.3. Conclusión. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley en cita, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio por cuanto hace al acto reclamado a la autoridad responsable. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO" Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Marcela Aida Corona Huerta, por propio derecho, contra el acto reclamado a Juez Cuarto en Materia Oral Familiar del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARRTE QUEJOSA Y PARTE TERCERA INTERESADA MARÍA ESTEHER ENRIQUETA MASCOT VILLA, MARÍA ESTHER ENRIQUETA MASCOT VILLA, EN CUANTO TUTORA PROVISIONAL DE ALFREDO CORONA GAMIÑO O ALFREDO BENITO CORONA GAMIÑO, ANABEL CORONA MASCOT, YURELL CORONA MASCOT Y BERENICE CORONA MASCOT, LA SIGUENTE SENTENCIA: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1247/2019 promovido por Marcela Aida Corona Huerta, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto en Materia Oral Familiar del distrito Judicial de Morelia, Michoacán; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, residentes en Morelia, el seis de noviembre de dos mil diecinueve, contra la autoridad y acto que se indican a continuación: AUTORIDAD ACTO RECLAMADO Juez Cuarto en Materia Oral Familiar del distrito Judicial de Morelia, Michoacán. El auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 776/2018, que sobre declaración de estado de interdicción promovió respecto de su progenitor Alfredo Corona Gamiño, proveído en que denegó la admisión del recurso de apelación promovido contra la interlocutoria dictada dentro del incidente de remoción de tutora. Actos que la parte peticionaria considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales protegidos por las garantías contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, conocer de la demanda de referencia, en donde se registró con el número 1247/2017 y en proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de referencia, en el que se solicitó a la responsable su informe con justificación, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se reservó lo conducente a la designación de terceros interesados, hasta en tanto se contara con el informe de referencia. En el curso del procedimiento, en auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió reconoció el carácter de terceros interesados a María Esteher Enriqueta Mascot Villa y/o María Esther Enriqueta Mascot Villa, Yurell, Berenice y Anabel, estas últimas de apellidos Corona Mascot, y al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del distrito judicial de Morelia, Michoacán, a quienes se ordenó llamar a juicio en la forma y términos que se indican en esa determinación, quienes fueron emplazadas en los términos y condiciones que se observan de las actas correspondientes. De igual modo, en el referido acuerdo se consideró que para efecto de ampliar el espectro de protección de los derechos humanos del presunto interdictado Alfredo Corona Gamiño o Alfredo Benito Corona Gamiño, se solicitó al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública en Michoacán, con sede en esta ciudad, la designación de un representante especial para tal persona. Así, en proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo al delegado de referencia por designando con el carácter de representante especial del sujeto a interdicto, a la licenciada Olivia Reyes Benítez, a quien en la propia fecha se le tuvo compareciendo a realizar alegatos a favor de su representado. Por otro lado, en auto de ocho de enero de dos mil veinte, se recibió noticia sobre el fallecimiento del interdictado Alfredo Corona Gamiño o Alfredo Benito Corona Gamiño, por lo que tanto en ese proveído como en diversos subsecuentes se emitieron las providencias necesarias para obtener certeza de esa información; así, en auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, una vez reanudado el procedimiento del presente juicio, se tuvo por recibida copia certificada del acta de defunción de Alfredo Corona Gamiño, para los efectos legales pertinentes. Una vez concluidos los trámites del caso, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede, en la que se dejaron los autos en estado para dictar la sentencia definitiva correspondiente, la que en este acto se emite; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que se ubica dentro del lugar donde ejerce su jurisdicción este órgano federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En principio, se considera oportuno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, precisar con claridad los actos que se reclaman en este juicio y que serán materia de la litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este sentido, del estudio integral de la demanda de amparo promovida, se advierte que la quejosa reclama de la Juez Cuarto en Materia Oral Familiar del distrito Judicial de Morelia, Michoacán: - El auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro del procedimiento especial oral familiar 776/2018, derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre declaración de estado de interdicción promovió la quejosa respecto de su progenitor Alfredo Corona Gamiño, proveído en que denegó la admisión del recurso de apelación promovido contra la interlocutoria dictada dentro del incidente de remoción de tutora. Al caso se invoca la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Una vez establecido el acto reclamado sobre el que versará la litis constitucional, procede determinar su existencia o inexistencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y cinco, del Tomo V de enero a junio de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Es cierto el acto reclamado a la Juez Cuarto en Materia Oral Familiar del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, toda vez que así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado. En efecto, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable sostuvo que ante dicho juzgado se ventila el juicio especial oral familiar 776/2018, derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre declaración de estado de interdicción promovió la quejosa respecto de su progenitor Alfredo Corona Gamiño. Asimismo, señala que en dicho expediente la ahora peticionaria de amparo presentó incidente de remoción de albacea, mismo que fue resuelto en el sentido de ser infundado; motivo por el cual, la incidentista ahora quejosa interpuso recurso de apelación en su contra; sin embargo, tal medio de impugnación fue de desechado en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por los motivos que se indican en el propio auto. Siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Jurisprudencia SCJN, Apéndice 2000, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiera la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las constancias que envió la Juez Cuarto en Materia Oral Familiar del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, como justificación a su informe, consistentes en copia certificada de las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento en el juicio especial oral familiar 776/2018, derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre declaración de estado de interdicción promovió la quejosa respecto de su progenitor Alfredo Corona Gamiño. Documentales que, dada su naturaleza de públicas, tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. IV.1. Actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII. Al respecto, en el caso que nos ocupa, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;". La referida fracción dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando a pesar de la subsistencia jurídica del acto reclamado, éste no surta efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Para comprender con amplitud el supuesto que contiene la norma referida, es conveniente analizar los elementos que la componen, siendo el caso que de su contenido se deduce que las condiciones para que opere la citada causa de improcedencia son: Que el acto reclamado subsista. Que no pueda surtir efecto legal o material alguno. Que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o la materia del mismo. De acuerdo con el primero de los elementos enunciados, para que se actualice el referido motivo de improcedencia es necesario que el acto reclamado sea cierto y subsista durante la tramitación del juicio de amparo, esto es, que las autoridades señaladas como responsables en realidad hayan expedido el acto cuya inconstitucionalidad se propuso. Por lo que respecta al segundo de los componentes, cabe señalar que se refiere a la irrealizabilidad de los efectos legales o materiales del acto reclamado a pesar de su subsistencia, es decir, el acto atacado por inconstitucional resulta inocuo en la esfera jurídica del gobernado, porque sus consecuencias materiales o jurídicas jamás podrían concretarse en perjuicio del quejoso. Finalmente, el tercero de los elementos se encuentra ligado estrechamente con los dos primeros, ya que la acción de extinción del objeto o la materia recae precisamente sobre el acto reclamado y, por ende, surge con posterioridad a la emisión de éste, y por razones naturales o reflejo de otros actos jurídicos, ya es imposible que surta efectos legales o materiales. La actualización de la hipótesis contenida en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, torna improcedente el juicio de derechos humanos ya que a nada práctico conduciría estudiar la constitucionalidad del acto reclamado. Esto se explica, toda vez que no obstante subsista en el mundo jurídico el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte, por existir alguna modificación del entorno jurídico dentro del cual se emitió el acto reclamado, podrían operar en caso de concluirse que es inconstitucional, dos consecuencias lógicas: Que fuera jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime vulnerado; o, Que no tuviera ningún efecto jurídico la sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, ya sea porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación o, bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. En ese sentido, previo a comprobar la actualización de la causal de improcedencia invocada, es menester destacar su naturaleza objetiva para una mejor comprensión del presente asunto. En efecto, la emisión de cualquier acto de autoridad conlleva el establecimiento de una situación jurídica concreta del gobernado frente al Estado, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse de alguna manera en su esfera jurídica. Como un medio de control contra esos actos de autoridad, surge a favor del gobernado el juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto respectivo por vulnerar su esfera de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Federal. De esa manera, el juicio de amparo funge como medio de control constitucional cuyo objeto es reparar esas violaciones y restituir al gobernado en el pleno goce de sus prerrogativas constitucionales vulneradas, para lo cual el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia que condicionan el juicio de garantías a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". IV.2. Análisis del caso concreto. Ahora, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio especial oral familiar 776/2018 derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre declaración de estado de interdicción promovió la quejosa respecto de su progenitor Alfredo Corona Gamiño; proveído en el cual se denegó la admisión del recurso de apelación promovido contra la interlocutoria dictada dentro del incidente de remoción de tutora promovido por la ahora peticionaria de amparo . En ese tenor, de las constancia remitidas por la responsable, se puede apreciar que en dicha determinación la autoridad responsable negó la admisión del recurso de apelación presentado por la incidentista -quejosa-, al no encontrarse dentro de los supuestos que establece el numeral 1092 del Código Familiar del Estado de Michoacán, porque no se trataba de una sentencia definitiva, auto o interlocutoria que ponga fin al procedimiento, ni tener excepción a la regla para el trámite de apelación. Todo lo cual, desde la perspectiva de la ahora quejosa, es violatorio de derechos dado que la responsable para desechar la apelación que hizo valer contra la interlocutoria que declaró infundado el incidente de remoción de albacea, se apoyó en un precepto legal inaplicable al caso concreto, dado que para pronunciarse sobre la procedencia del recurso de apelación que hizo valer, debió aplicar una diversa disposición legal -artículo 1177 del Código Familiar del Estado- que al ser un precepto específico excluye la aplicación de la norma general, contrario a lo realizado por la autoridad responsable. Empero, durante la tramitación del juicio de amparo que ahora nos ocupa, en auto de ocho de enero de dos mil veinte, se recibió noticia sobre el fallecimiento del interdictado Alfredo Corona Gamiño o Alfredo Benito Corona Gamiño, por lo que tanto en ese proveído como en diversos subsecuentes se emitieron las providencias necesarias para obtener certeza de esa información. Así, en auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, una vez reanudado el procedimiento del presente juicio, se tuvo por recibida copia certificada del acta de defunción de Alfredo Corona Gamiño, para los efectos legales pertinentes. De dichas documentales se obtiene que la persona a quien se pretendía declarar en estado de interdicción en el juicio especial familiar de origen, que en vida respondió al nombre de Alfredo Corona Gamiño, falleció el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, con la subsecuente repercusión en el aludido juicio oral familiar, es decir, que lo ha dejado sin objeto, precisamente porque ya no puede emitirse la referida declaratoria ante el deceso de la persona a quien se pretendía sujetar a la misma. En esas circunstancias, se advierte que si bien el acto reclamado subsiste jurídicamente, lo cierto es que las consecuencias que éste produjo ya no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo que resulta de ese modo, porque el juicio en el que fue emitido, con motivo del fallecimiento de la persona quien se pretendía declarar en estado de interdicción, ya no tiene objeto de pronunciamiento; luego, es evidente que las determinaciones emitidas en el transcurso de dicho juicio especial familiar -como lo es el acto reclamado-, al estar encaminadas a lograr la conclusión natural del mismo a través del dictado de la sentencia correspondiente, ya no pueden surtir efecto jurídico sobre los intervinientes en tal contencioso. En otras palabras, toda vez que falleció Alfredo Corona Gamiño, a quien se pretendía declarar en estado de interdicción, es inconcuso que ya no puede otorgarse, prorrogarse o cancelarse el nombramiento de tutor de dicha persona, precisamente por el deceso del tutelado, incluso, porque aun cuando pudiera haber tenido derechos patrimoniales que en vida correspondió a tal persona, éstos ya no serán objeto de dicho procedimiento de interdicción sino ahora será ahora responsabilidad de quien se nombre albacea de su sucesión, sin perjuicio de las determinaciones inherentes al desempeño del cargo de tutor que se hubiese desempeñado a favor del interdictado, pero ya sin posibilidad de que se ejerza el cargo de tutor a futuro por persona alguna. Por lo que, con independencia de que el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio especial oral familiar 776/2018 sobre declaración de estado de interdicción de Alfredo Corona Gamiño fuera inconstitucional por haberse apoyado en un precepto legal que no es aplicable al caso concreto, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria -con la que se persigue que una autoridad de alzada revise la interlocutoria emitida en el incidente de remoción de tutor en dicho juicio-, precisamente porque ha fallecido la persona sujeta a dicha tutela. IV.3. Conclusión. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley en cita, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio por cuanto hace al acto reclamado a la autoridad responsable. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO" Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Marcela Aida Corona Huerta, por propio derecho, contra el acto reclamado a Juez Cuarto en Materia Oral Familiar del distrito Judicial de Morelia, Michoacán, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia.
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