Marbella Herrejón Rodríguez

Expediente 293/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
293/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
17/04/2018

Partes del expediente

  • Marbella Herrejón Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARIBEL HERREJÓN RODRÍGUEZ. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por la quejosa Marbella Herrejón Rodríguez; en atención a su contenido, téngasele cumpliendo con la prevención que se le formuló en proveído de diez de abril del año en curso, toda vez que indicó bajo protesta de decir verdad el estado procesal que guarda la tercería excluyente de dominio 147/2018. ? Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; [.].". De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; para lo cual deben actualizarse las circunstancias siguientes: a) Que sea el inconforme quien lo haya interpuesto contra el acto de autoridad del cual solicite la protección constitucional; b) Que haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto en el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 144/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de dos mil, página quince, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". En el caso que nos ocupa, el juicio de amparo promovido por Marbella Herrejón Rodríguez es improcedente, al existir un medio de defensa ordinario en trámite con el cual puede anular los actos de autoridad combatidos, a saber, se encuentra en trámite una tercería excluyente de dominio. A fin de evidenciar lo anterior, es conveniente citar que el quejoso acude al presente juicio de amparo a reclamar: ? La orden dictada por el Juez de Primera Instancia Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro del juicio ejecutivo mercantil 22/2017, para que el actuario se constituyera en su domicilio, a fin de poner los bienes embargados en posesión del depositario designado; y, ? La ejecución de dicha orden. Cabe destacar que la orden reclamada en esta instancia, es consecuencia del embargo practicado sobre bienes de los que aduce son de su propiedad; esto es, una vez trabado el embargo de mérito, el juez responsable emitió la orden para ponerlos en posesión del depositario. Asimismo, los actos antes citados los combate partiendo de la perspectiva consistente en que ella no forma parte del juicio ejecutivo mercantil subyacente, ya que en dicho procedimiento le reviste el carácter de parte demandada a Óscar Galván Lira y, por tal motivo, el embargo se pretendió trabar sobre bienes de dicha persona y, en su lugar, dicho embargo se proyectó indebidamente sobre bienes propiedad de la quejosa. En ese orden, debe decirse que el juicio de amparo indirecto constituye un medio de defensa extraordinario que tiene como finalidad proteger derechos humanos contra actos de autoridad. Luego, en términos del artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo, el juicio de derechos humanos procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Así, la ley permite que las personas que no formen parte del juicio subyacente acudan al juicio de amparo cuando con motivo de la tramitación de un proceso jurisdiccional en el que no forman parte se afecte alguno de sus derechos. Sin embargo, cuando la persona que se vea afectada en su esfera de derechos en su calidad de tercera extraña al procedimiento decide acudir directamente a dicho juicio a hacer valer un medio de defensa ordinario a fin de restablecer el derecho que le hubiese sido vulnerado, entonces el juicio de amparo será procedente contra la resolución final que se dicte en dicho medio de defensa, donde podrá combatir todas las violaciones que hubiese sufrido, a saber, las procedimentales y las de fondo. De ahí que la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece como supuesto de improcedencia de la acción de amparo cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, hipótesis que tiene como finalidad asegurar el principio de definitividad que constituye una parte sustancial del núcleo básico del juicio de amparo . En el caso que nos ocupa, del capítulo de antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad, así como del escrito aclaratorio, la quejosa señala que la diligencia reclamada emana del juicio ejecutivo mercantil 22/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de lo Civil de este distrito judicial promovido por Giovanni Silva Trejo frente a Oscar Galván Lira sobre pago de pesos. Agrega que cuenta con la calidad de tercera en dicho sumario, donde se señaló como domicilio del demandado el mismo que tiene la parte quejosa en arrendamiento, por lo que el ministro ejecutor de dicho órgano jurisdiccional se constituyó en el domicilio de la quejosa y embargó bienes de su propiedad, los cuales, a su decir, son necesarios para la realización de su trabajo. Embargo que se proyectó sobre bienes de su propiedad, toda vez que, a su decir, en el momento del desahogo de dicha diligencia no contaba con las facturas de los bienes secuestrados. Después, menciona que se dio a la tarea de recabar las facturas relativas a los bienes que le fueron embargados y, una vez hecho lo anterior, presentó tercería excluyente de dominio, la cual se admitió el veintitrés de febrero del año en curso por el Juzgado Primero de lo Civil de este distrito judicial, registrándose bajo el número 147/2018, procedimiento que aún se encuentra en trámite. Cabe referir que la parte quejosa adujo que el juez dio entrada a la citada tercería: "sin suspensión del procedimiento ejecutivo mercantil, pero con suspensión del remate de tales bienes, tomando en cuenta las facturas que se exhibe". Posteriormente, refiere que el juez responsable ordenó la diligencia reclamada a fin de que la actuaria entregara los bienes embargados al depositario designado en el juicio ejecutivo mercantil de origen, llevándose a cabo tal diligencia el veintidós de marzo del año en curso, siendo el caso que se hizo la entrega al depositario de los bienes embargados con excepción de un horno, sin embargo, fue informado que con posterioridad se realizaría tal entrega, esto último que constituye lo aquí reclamado. Ahora bien, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la solicitante de aparo, antes de promover el presente juico de garantías, con el objeto de defender sus intereses respecto de los bienes muebles que manifiesta son de su propiedad, promovió tercería excluyente de dominio, la cual fue admitida el veintitrés de febrero del año en curso. En el entendido de que, conforme a lo sostenido por la Tercera Sala del Alto Trtibunal de la Nación, la tercería excluyente de dominio tiene por objeto que se declare que el tercero opositor es titular de los bienes o derechos que defiende y que han sido afectados en el juicio en el que se promueve, que se levante el embargo recaído sobre los mismos, y que se condene a los que lo tengan a devolvérselos al tercerista con todos sus frutos y accesorios cuando se le ha privado de la posesión En ese orden, cabe señalar que en torno a la naturaleza jurídica de las tercerías excluyentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que constituyen un juicio autónomo tanto en la forma como en el fondo y no un mero incidente, puesto que se deduce una acción distinta a la del juicio seguido por dos o más personas, esto es, porque en ellas se ejercita una verdadera acción que se resuelve mediante la sustanciación de un procedimiento judicial, observándose en el mismo las formas esenciales de todo juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 126/2005, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de dos mil cinco, página novecientos cincuenta y dos, de rubro y texto siguientes: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo". De modo que, cuando en un procedimiento jurisdiccional se afectan bienes respecto de los cuales un tercero afirma detentar la propiedad, éste puede oponerse invocando su derecho de dominio, por lo cual se le autoriza por la ley a deducir la acción de tercería excluyente de dominio y que, si ésta prospera, la sentencia debe reparar la violación al derecho de propiedad; y, tal reparación debe concederse en todos sus aspectos, es decir, no sólo en cuanto al dominio, sino también respecto a la posesión. Así las cosas, cuando el quejoso se ostente como tercero extraño típico y promueva de manera simultánea un juicio de amparo indirecto en contra actos de autoridades jurisdiccionales que argumente afectan bienes respecto de los cuales se ostente como propietario; y, una tercería excluyente de dominio para combatir la referida afectación, se actualizará la causal de improcedencia en comento, puesto que dicha tercería resulta idónea para provocar la insubsistencia legal de los aludidos actos de autoridad y sus consecuencias. En efecto, la tercería excluyente de dominio que sea promovida por el propio quejoso, contra actos que den origen al que se impugna en un juicio de amparo indirecto, sí constituye una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal de los actos de autoridad reclamados, en la medida que, de resultar fundada tal tercería, se dejarán sin efectos todas aquellas actuaciones judiciales que afectaron el bien respecto del cual el tercerista demostró ser propietario, siendo tales efectos idénticos a los que produciría una eventual concesión de amparo. Conviene reiterar que, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ? La orden dictada por el Juez de Primera Instancia Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro del juicio ejecutivo mercantil 22/2017, para que el actuario se constituyera en su domicilio, a fin de poner los bienes embargados en posesión del depositario designado; y, ? La ejecución de dicha orden. La orden reclamada en esta instancia es consecuencia del embargo practicado sobre bienes de su propiedad, esto es, una vez trabado el embargo sobre bienes de su propiedad, el juez responsable emitió la orden para ponerlos en posesión del depositario, lo cual es un acto que deriva del embargo, por lo que esta orden y su ejecución está directamente relacionado con el acto primigenio -el embargo, respecto del cual la parte quejosa promovió tercería excluyente de dominio. Por lo tanto, dado que el quejosa promovió dicha tercería excluyente de dominio, la cual fue admitida a trámite, a través de la cual controvierte la propiedad y los derechos que afirma le corresponden respecto de los bienes muebles embargados, y, a la vez, promovió el presente juicio de amparo en el que ostentándose como tercero extraño pretende defender la posesión y propiedad de dichos bienes, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la finalidad que se persigue con la promoción de aquélla trae como consecuencia que se nulifiquen, revoquen o modifiquen las actuaciones judiciales que en el juicio de origen provocaron la afectación de su derecho de propiedad. Lo anterior con independencia que lo que en este juicio de amparo se señale como acto reclamado es la orden en la que el juez autoriza que los bienes embargados se pongan en posesión del depositario judicial, pues lo cierto es que tal actuación está vinculada estrechamente con el embargo practicado sobre bienes de la quejosa, pues es consecuencia de éste, respecto del cual la solicitante de amparo promovió tercería excluyente de dominio, con la cual podrá modificar, revocar o nulificar el embargo y, por ende, todas las actuaciones relativas a éste, como lo es la orden que aquí se reclama. Máxime que en términos del artículo 1368 del Código de Comercio, las tercerías excluyentes no suspenderán el curso del negocio en que se interponen, se ahí que, los actos expresamente señalados como reclamados son consecuencia directa del embargo contra del cual interpuso el medio de defensa aludido. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 188/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, página mil quinientos sesenta y ocho, cuyo rubro y texto son: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN TRÁMITE. EL HECHO DE QUE QUIEN LA PROMUEVA INTERPONGA, COMO TERCERO EXTRAÑO, JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO, ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando se encuentre en trámite ante una autoridad jurisdiccional una tercería excluyente de dominio donde el quejoso controvierte la propiedad y los derechos provenientes de un embargo, y a la vez intente un juicio de amparo en el que como tercero extraño no sólo reclama la posesión, sino que aduce que los bienes afectados por el embargo son de su propiedad, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque la finalidad perseguida con la promoción de la tercería tiene como consecuencia que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado. Por tanto, es incuestionable que no pueden coexistir el juicio de amparo indirecto y la tercería excluyente de dominio que se encuentra en trámite, en virtud de que ésta constituye un mecanismo de defensa que, de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal del acto reclamado, lo que provoca la improcedencia del juicio". Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe de ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la analizada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: MARIBEL HERREJÓN ROGRÍGUEZ. Agréguese a los autos el escrito signado por Miguel Castro Sánchez, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa Marbella Herrejón Rodríguez, a través del cual pretende desahogar la prevención realizada mediante proveído de diez de los corrientes, en el que se requirió a la parte quejosa, a fin de que cumpliera con lo siguiente: "ÚNICO: Manifieste, bajo protesta de decir verdad, el estado procesal que guarda la tercería excluyente de dominio 147/2018, esto es, deberá indicar si ya se dictó resolución definitiva en dicho procedimiento y, de ser así, indique cuál fue el sentido de ésta". Al respecto, dígasele al ocursante que no ha lugar a tenerlo por cumpliendo la prevención de mérito; esto, en virtud de que las facultades otorgadas por el artículo 12 de la ley de la materia no le autorizan para realizar cualquier acto en nombre de la parte quejosa o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada; en ese contexto, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal directo, esto es, por el titular de la acción, se evidencia que tratándose de prevenciones en las que para cumplir tenga que realizar manifestaciones bajo protesta de decir verdad también debe contar con la firma autógrafa de la directamente quejosa o en su caso de su representante legal y no puede ser sustituida por los autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Consecuentemente, no ha lugar a tener por cumplida la prevención formulada en proveído de diez de abril del año en curso, toda vez que, como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la jurisprudencia citada, el autorizado legal carece de atribuciones para cumplir con la prevención en la que tenga que realizar manifestaciones bajo protesta de decir verdad. Por tanto, toda vez que el presente ocurso se presentó con anterioridad a que iniciara el plazo concedido para el desahogo de la prevención, dígase a la parte quejosa que cuenta con los cinco días para su cumplimentación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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