Marcela Nateras Sandoval
Expediente 1186/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1186/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 07/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marcela Nateras Sandoval
Actuaciones
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Marcela Nateras Sandoval, por derecho propio, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1186/2021. 2. PRECISION DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juez de Amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud, la intención del promovente y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que el acto reclamado en la presente instancia es, esencialmente: La sentencia interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se declaró improcedente el incidente criminal por el delito de alteración de documentos. Dicha incidencia fue planteada por la quejosa, en su calidad de codemandada en los autos del juicio ejecutivo mercantil número 725/2021 seguido en su contra y otro. 2.1. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se advierte, en lo conducente, que el juicio de amparo procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emitidos dentro de juicio, únicamente cuando su ejecución sea de imposible reparación, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, para lo cual debe entenderse por "imposible reparación" los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con relación a la reforma al artículo 107 Constitucional y lo relativo a los actos de imposible reparación, debe tomarse en cuenta la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013 aprobada en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, que es de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". De acuerdo con las consideraciones antes expuestas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se obtienen las siguientes premisas: a) Previo a la emisión de la nueva Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. b) En el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. c) Un acto será calificado como de imposible reparación si produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En el caso concreto, la parte quejosa reclamó la resolución interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se declaró improcedente el incidente criminal que promovió en el juicio ejecutivo mercantil 725/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, residente en esta ciudad. Acto que tiene el carácter de una violación adjetiva o procesal, que no constituye un acto de imposible reparación en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que este último precepto otorga dicha categoría únicamente a aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que no ocurre en el caso. Cierto, el acto reclamado por el solicitante del amparo tiene, como efecto, que no se tome en consideración al pronunciarse la sentencia, el documento exhibido por el actor. Por tanto, los efectos del acto reclamado dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen, no causan una afectación material a algún derecho sustantivo del solicitante del amparo, toda vez que el que se declarara que no es falsos el documento exhibido por el actor y que en consecuencia, al dictarse la sentencia en el juicio ejecutivo mercantil de origen, el juez natural deba tomarlo en consideración, sólo constituye una violación de carácter adjetivo o intraprocesal. Lo anterior es así, ya que la solicitante del amparo puede obtener sentencia favorable a sus intereses, toda vez que el juez al dictar la sentencia que resuelva el fondo de la litis principal puede considerar que no se demostró la acción ejecutiva mercantil que se intentó, a pesar de que el incidente penal que promovió se declarara improcedente. Y en el supuesto de que el juez llegase a dictar sentencia en la que lo condene como demandado del pago de las prestaciones reclamadas, el ahora quejoso puede hacer valer como violación procesal la interlocutoria reclamada, en el juicio de amparo directo que llegase a promover en contra de esa resolución. Cabe hacer notar que si bien el supuesto de objeción de pruebas no está previsto por las primeras once fracciones del artículo 172 de la Ley de Amparo, lo cierto es que en su última fracción se prevé que los tribunales de amparo deben considerar como violaciones cometidas dentro del juicio que deben ser impugnadas en amparo directo, aquellos casos análogos a los contemplados en dicho numeral, de manera que este órgano jurisdiccional estima que la interlocutoria reclamada es un caso similar al supuesto previsto por la fracción VII, que prevé que sin la culpa del quejoso se reciban, sin su conocimiento, las probanzas que ofrezcan las otras partes. De esta forma, será hasta que se dicte la sentencia correspondiente cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas del ahora quejoso y, en su caso, si la supuesta violación procesal trascendió al resultado del fallo, y hasta ese momento tendrá la posibilidad de combatirla conjuntamente con la resolución definitiva si ésta resultara desfavorable a sus intereses. Por consiguiente, se estima que, en el caso, el amparo indirecto no es la vía idónea para impugnar la interlocutoria por la que se declaró infundado el incidente criminal promovido por el ahora inconforme en el juicio ejecutivo mercantil de origen, sino el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, en caso de que ésta sea desfavorable a los intereses del ahora inconforme, en el que podrá hacer valer tal cuestión como violación procesal dentro de los conceptos de violación que se planteen. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda de amparo de que se trata, por notoria e indudable improcedencia, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia. Lo anterior se robustece, por similitud jurídica, con la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, mayo de 1998, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente expone: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". 1.4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica, asimismo, autorizando a las personas que indica, de las cuales, unicamente Jesús Aguilar Albor y Mauricio López Ramírez gozarán de las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, se registran cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho.
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