Mara Barragan Gonzalez

Expediente 751/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
751/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/06/2022

Partes del expediente

  • Mara Barragan Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de junio de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de seis de junio de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de documento original. Finalmente, de las constancias que obran en autos, se advierte que existe un documento original exhibido por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; en tales condiciones requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, comparezca a las instalaciones que ocupa este recinto judicial a recoger dicha documental; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, esta sede constitucional procederá a su destrucción junto con el expediente principal. En tal virtud, a continuación se explica de manera detallada las instrucciones que debe seguir para que se lleve a la entrega de los documentos. Instrucciones para su obtención. a) Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de documentos. Día de entrega: martes y jueves. En el presente asunto, las copias solamente se entregaran en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite solicitado. b) Generación de cita y código QR. Para recoger las copias solicitadas en asuntos no urgentes siempre deberán generar citas a través del sistema "Agenda OJ" en los días señalados (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Todo lo relativo al procedimiento de generación de citas y del código QR, se encuentra detallado en el capítulo respectivo del cuerpo del presente acuerdo. c) Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a recoger copias físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de junio de dos mil veintidós. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda firmada por ***, por propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Morelos, y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 751/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de la demanda. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata: Autoridad responsable. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Morelos. Subdelegación de Prestaciones en el Estado de Morelos. Departamento y Prestaciones Económicas, Dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Precisión de los actos reclamados. La tramitación irregular del préstamo especial, así como los descuentos vía nomina efectuados a la parte quejosa. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que, de su estudio integral, se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracciones XlV, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 17 y 18 de la invocada ley. Sin embargo, antes de analizar la causal de improcedencia que se advierte, es pertinente señalar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, antes citado, establece que para la presentación de las demandas de amparo, será de quince días, con excepción de aquellas que se reclamen normas generales o el procedimiento de extradición, que será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será hasta en un término de ocho años; tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, ya sea en forma temporal o definitiva la propiedad o posesión o disfrute de derechos agrarios a grupos de población comunal o ejidal, será de siete años y, tocante a los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, incluso, de aquellos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, su presentación podrá efectuarse en cualquier tiempo. De lo antes expuesto, se obtiene que para efectos de la temporalidad de la presentación de la demanda de amparo en el presente asunto, el término será de quince días, ello, atendiendo al acto que se reclama en esta instancia constitucional, siendo este, como se precisó en párrafos que anteceden, la tramitación irregular del préstamo especial, así como los descuentos vía nomina efectuados a la parte quejosa. Sentado lo anterior, este juzgado federal se avoca a estudiar la causal de improcedencia que nos ocupa. Los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, y 113 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso concreto, la parte quejosa reclama la tramitación irregular del préstamo especial, así como los descuentos efectuados vía nómina. En ese sentido, resulta importante indicar que, de una análisis minucioso del escrito que se provee, se advierte que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó lo siguiente: [.] Es el caso que en fecha 15 de noviembre de 2014, me percato en mi talón de pago que tengo un descuento por la cantidad de $2,892.11 (dos mil ochocientos noventa y dos 11/100 M.N.), con código 03, PRÉSTAMO A LA CORTO PLAZO, así mismo en fecha 30 de noviembre de 2014 me doy cuenta que tengo un descuento por la cantidad de $2,892.11 (dos mil ochocientos noventa y dos 11/100 M.N.), con código 03, PRÉSTAMO A LA CORTO PLAZO. [.] Por lo que en fecha 2 de diciembre del año 2014, acudí a el (sic) DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y PRESTACIONES ECONOMICAS, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, que en ese entonces tenía domicilio ubicado en (...) para exponerles mi situación, por lo que fui atendida por el Arquitecto Gilberto Méndez Reveles, quien dijo ser el JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y PRESTACIONES ECONOMICAS, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD YSERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO, enseguida me elaboró un ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS, con la misma fecha (...)" De lo anterior, se aprecia que desde el quince de noviembre de dos mil catorce, la parte quejosa tuvo conocimiento del primer descuento efectuado por la cantidad de $2,892.11 (dos mil ochocientos noventa y dos 11/100 M.N.), identificado con código 03, préstamo a la corto plazo, autorizado y ejecutado por las autoridades señaladas con responsables. Confesión expresa que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 195, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo que, se robustece con el acta circunstanciada de dos de diciembre de dos mil catorce, adjuntada por la parte quejosa a su escrito de demanda, y con el escrito de la misma fecha, por el que solicitó la suspensión de dicho descuento. Lo anterior origina que su demanda resulte extemporánea, pues debe decirse que el cómputo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de amparo (quince días), empezó a contar a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, esto es, a partir del quince de noviembre de dos mil catorce, de conformidad con el artículo 19 de la ley en consulta, pues fue en esa data, fue cuando la quejosa, tuvo conocimiento de la existencia del acto que pretende atacar en esta instancia constitucional. Luego entonces, si la demanda de amparo fue presentada el día uno de junio de dos mil veintidós, como se advierte de la boleta expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, resulta notoriamente extemporánea, pues el término que tuvo para interponerla transcurrió del diecisiete de noviembre al ocho de diciembre de dos mil catorce, toda vez que tuvo conocimiento del acto reclamado el día quince de noviembre de dos mil catorce y para efectos del cómputo del plazo que nos ocupa y, por ende, el acto reclamado debe tenerse por tácitamente consentido para los efectos de este juicio de amparo, lo que hace que se actualice en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada. Sirve de sustento el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia número VI.2o. J/21, consultable en la página número 291, Tomo II, Agosto de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." No obsta a la presente determinación, el hecho de que la parte quejosa, haya referido que el veinticinco de febrero dos mil veintidós, le fue expedido un estado de cuenta del que advirtió que actualmente adeuda por concepto del préstamo referido en párrafos precedentes la cantidad de trescientos dieciséis mil doscientos noventa y tres pesos, con quince centavos. Empero, tomando en cuenta dicha data (veinticinco de febrero de dos mil veintidós), la promoción de la presente instancia, resulta a todas luces extemporánea, pues, aún en ese supuesto, su plazo transcurrió del veintiocho de febrero al dieciocho de marzo de la presente anualidad. En consecuencia, al quedar demostrado que la demanda en cuestión se hizo valer fuera del plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la misma ley, por lo que en términos del ordinal 113 de la legislación en consulta, procede desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Domicilio procesal. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto el domicilio o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificarán por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Medios especiales para establecer contacto. Por otra parte, indíquese a la promovente que no ha lugar a tener como medio de notificación el correo electrónico que proporciona en su escrito, pues la Ley de Amparo, no contempla dichos medios para oír y recibir notificaciones. No obstante, de conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalado como forma especial de contacto para entablar comunicaciones no procesales, el cual podrá ser utilizados por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Autorizados. Además, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, no ha lugar a tener por autorizados en términos amplios a las profesionistas que indica, es decir, con todas las facultades que dicho precepto legal confiere, toda vez que no colman los extremos establecidos en los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Autorizados restringidos No obstante, a fin de no vulnerar derechos fundamentales de la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, se autoriza en términos restringidos a todas las personas que mencionadas en su escrito de demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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