Manuela de Jesús Puc Pech

Expediente 872/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
872/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
18/01/2021

Partes del expediente

  • Manuela de Jesús Puc Pech

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil veinte, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en su punto resolutivo primero, sobreseyó en el presente asunto; para todos los efectos legales que correspondan. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del referido Acuerdo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo número 872/2020-I-B, promovido por ***; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ***, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Delegado y Registrador, ambos del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento al requerimiento efectuado el uno de octubre de dos mil veinte, por proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le competía; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de la nombrada autoridad: La omisión de expedir y entregar el título de propiedad a su favor, del solar urbano número cuarenta y nueve de la manzana treinta y seis, del ejido de Cholul, municipio de Mérida, Yucatán, como legitima sucesora del difunto Ancelmo Ku Pérez o Ancelmo Ku. TERCERO. Inexistencia del acto. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables encargada del despecho y el registrador, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, por las razones que a continuación se exponen. En efecto, la omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. Por tanto, cuando se reclaman actos omisivos, la carga de la prueba se constituye, por regla general, en contra de las autoridades, quienes se encuentran obligadas a demostrar que no existe tal omisión y que han dado respuesta al derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional o al derecho de justicia pronta y expedita a que se refiere el numeral 17 de nuestra Constitución Suprema, en los términos establecidos en las legislaciones o reglamentos que prevean el caso concreto; pero esto aplica cuando, (i) teniendo conocimiento o (ii) estando en el momento procesal oportuno, la autoridad está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de proceder con base en sus atribuciones. Sobre el tema en cuestión, se precisa que para la existencia de la omisión, debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido. Así, uno de los presupuestos para la existencia de un acto omisivo es que exista una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. Es aplicable la jurisprudencia (V Región) 2o. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, que dice: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia." (Énfasis añadido). Así, cuando dentro de un juicio de amparo se reclama la omisión por parte de una autoridad, vulnerando el derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, el derecho de justicia pronta y expedita a que se refiere el numeral 17 de la propia Constitución, el quejoso debe acreditar precisamente que hizo la solicitud o petición correspondiente a dicha autoridad, o bien, que se encuentra en el momento procesal oportuno, y solo una vez que se haya acreditado esa existencia, corresponderá a la autoridad demostrar que no existe omisión en dar respuesta a la misma, es decir, que ya se pronunció sobre lo que le fue solicitado. En ese sentido, como se adelantó, en este juicio Manuela de Jesús Puc Pech reclama del Delegado y Registrador, ambos del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, la omisión de expedirle y entregar el título de propiedad del solar urbano número cuarenta y nueve de la manzana treinta y seis, del Ejido de Cholul, municipio de Mérida, Yucatán; pues, refiere, así le fue ordenado por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y cuatro, mediante sentencia dictada en controversia agraria. En ese sentido, los artículos 89, 90 y 92, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, disponen: "Artículo 89. El Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. El Registro expedirá, a petición de la asamblea, los títulos de propiedad de solares urbanos que resulten de la regularización de la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, realizadas en los términos de los artículos 38 y 39 de la Ley General de Asentamientos Humanos. Los títulos de propiedad se turnarán al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Entidad Federativa de que se trate para su inscripción, una vez satisfechos los requisitos a que se refiere el artículo 92 de este Reglamento. Artículo 90. Se expedirán certificados de derechos agrarios siempre que así se ordene por resolución jurisdiccional. Cuando dicha resolución no determine la expedición del certificado se expedirá constancia que ampare la calidad de ejidatario o posesionario. Esto se aplicará únicamente para los núcleos agrarios que no hubieren regularizado la tenencia de su tierra conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Ley. Artículo 92. Tanto los certificados como los títulos, serán autorizados y firmados por el Director en Jefe y contendrán los datos generales del beneficiario, fecha del acto jurídico que originó el documento, datos de identificación del predio y de su inscripción, así como la fecha de su expedición. También podrán ser firmados dichos certificados y títulos por los Delegados del Registro, previa autorización del Director en Jefe." De la interpretación armónica de los preceptos transcritos se obtiene que corresponde al Registro Agrario Nacional la expedición de certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de los solares urbanos -como lo es el caso-, y el de colonias agrícolas o ganaderas, los cuales deberán ser firmados y autorizados por el Director en Jefe o los Delegados del Registro con autorización de aquel, en donde se contendrán los datos generales del beneficiario, la fecha del acto jurídico que originó el documento, los datos de identificación del predio inscrito, así como la fecha de su expedición; no obstante, tales certificados serán expedidos cuando así se ordene por resolución judicial. Esto es, el requisito previo o condición para que se pueda expedir en favor de una persona un certificado de título de propiedad, es precisamente que esa expedición se haya ordenado por autoridad competente, como lo es el Tribunal Unitario Agrario, pues de otra manera, el Registro Agrario Nacional, a través de sus Delegaciones, estará impedido en expedir dichos certificados. Por tanto, si a través de juicio constitucional se pretende atribuir a la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán, una omisión en expedir un título, para que se actualice tal omisión, corresponde a la parte solicitante de la salvaguarda constitucional, acreditar que la autoridad que señala como responsable se encuentra en el momento procesal oportuno para actuar y no lo hace, esto es, que se ha actualizado la condición de que exista una resolución jurisdicción por autoridad competente que ordene la expedición de certificados agrarios; pues de no acreditarlo no podrá atribuirse el acto omisivo tildado de inconstitucional. Luego, de las constancias que obran en autos no se advierte que con su escrito de demanda, la quejosa Manuela de Jesús Puc Pech exhibiera documento alguno con el que se demuestre que se ordenó a la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán, la expedición en su favor del título de propiedad a que se ha hecho alusión. S Por ello, si la quejosa Manuela de Jesús Puc Pech no acreditó en vía constitucional con documento idóneo que existe una resolución en la que se haya instruido a la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán a expedirle el título que reclama, y de los cuales se duele que no se le ha otorgado, como pudiera ser copia debidamente certificada de la resolución de veintidós de abril de dos mil diecinueve, la consecuencia será que no se puede tener por acreditada una omisión por parte de las responsables, la que incluso éstas negaron su existencia y que al ser así es a ella a quien le recae la carga de la prueba para demostrar la existencia del acto. Sostener lo contrario, implicaría que cualquier gobernado pudiera acudir a juicio de amparo doliéndose de un omisión sin acreditar haber hecho la petición correspondiente o que exista esa condición previa que conmine a la autoridad a actuar, y que de concedérsele el amparo, se obligara a una autoridad a actuar respecto de algo que no se le ha solicitado o a que no está obligada; pues se insiste, en este caso, la parte quejosa no demostró que existe una determinación jurisdiccional con la que se haya obligado a la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán a otorgarle el título de propiedad a que se ha hecho alusión. Tiene aplicación por analogía, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis Aislada 2a. CXLI/97, que dice: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Por tanto, al no haberse acreditado que las autoridades responsables Delegado y Registrador, ambos del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, está en condiciones de expedir en favor de Manuela de Jesús Puc Pech, el título de propiedad del solar urbano número cuarenta y nueve, de la manzana treinta y seis, del Ejido de Cholul, municipio de Mérida, Yucatán, tal como dice haberse ordenado en sentencia dictada en controversia agraria el veintidós de abril de dos mil diecinueve, por el Tribunal Unitario Agrario, no se puede tener por acreditada la existencia de la omisión que se reclama a dicha autoridad, y en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues como ya se dijo, no acreditó la existencia del acto reclamado. Así, al decretar el sobreseimiento en el juicio, resulta improcedente abordar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Tiene aplicación, la Jurisprudencia (Común), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido ***, en contra de los actos que reclama de la autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución, por los motivos expresados en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, se ordena agregar el alegato ministerial 373/2020, firmado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; el que se tomará en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. Así mismo, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídase la copia que se solicita y recábese la constancia correspondiente a su entrega. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense a los autos los informes justificados rendidos respectivamente por la Encargada del Despacho y el Registrador Integral, ambos del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompañan. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. De igual forma, como lo solicitan las citadas responsables, téngase como su domicilio el señalado para tal fin en sus informes de cuenta. Notifíquese y cúmplase.

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