Manuel Velueta Villavicencio
Expediente 614/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 614/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Manuel Velueta Villavicencio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
PRAL 614/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, advirtiéndose que ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia autorizada el once de septiembre de este año en la que, por unos actos, sobreseyó en el juicio de amparo promovido por ********************, y, por otros, se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que hubiese interpuesto ese medio de impugnación en dicho plazo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 3. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia ejecutoriada haya sido integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Archivo del expediente. Como no existe asunto pendiente por diligenciar, archívese el expediente como asunto concluido. 5. Destino (conservable). Al haberse sobreseído en este juicio de amparo y negado el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es CONSERVABLE. 6. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. 8. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 9. Incidente de suspensión. Del auto inicial se advierte que se ordenó formar el incidente de suspensión; por tanto, acuérdese lo conducente en la referida pieza incidental. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC 614/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído dictado en esta fecha en el expediente principal del que deriva este incidente de suspensión, causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo y se ordenó su archivo; lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida al quejoso********************, en este incidente de suspensión. 2. Archivo del expediente. Ahora, como no existe asunto pendiente por diligenciar, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Destino (único cuaderno original). Se comunica a las partes que, por haberse negado y concedido la medida cautelar definitiva a la parte quejosa, este expediente es CONSERVABLE, en términos de los artículos 1, 6, 12, 14 y 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por ello, una vez que transcurran tres años a partir de la fecha en que se ordena el archivo, será transferido en términos del mencionado numeral. 4. Instrucción a Secretaría. Se instruye a la secretaria que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula del expediente incidental obre la leyenda referida (conservable) y b) que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 9, párrafo segundo, del acuerdo general citado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 614/2023 MESA 1 Sentencia. Visto, para resolver el juicio de amparo número *************; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, *******************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: Del juez Primero Familiar del distrito judicial del Centro: a) La orden de arresto por seis horas dictada en diligencia de carácter familiar efectuada el *************. b) La orden de arresto por doce horas dictada en diligencia de carácter familiar efectuada el ****************. c) Las consecuencias de hecho y derecho que se deriven de la orden de arresto por seis horas dictada en diligencia de carácter familiar efectuada con fecha ******************. d) Las consecuencias de hecho y derecho que se deriven de la orden de arresto por doce horas dictada en una diligencia de carácter familiar efectuada con fecha *******************. Del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Inspector director de las Fuerzas de Reacción de la Policía Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Comisario director de la División de Fuerzas Estatales de Apoyo de la Policía Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: a) La ejecución de la orden de arresto por seis horas en diligencia de carácter familiar efectuada el ***************. b) La ejecución de la orden de arresto por doce horas dictada en diligencia de carácter familiar efectuada el ************************. c) Las consecuencias de hecho y derecho que se deriven de la orden de arresto por seis horas dictada en una diligencia de carácter familiar efectuada con fecha **********************. d) Las consecuencias de hecho y derecho que se deriven de la orden de arresto por doce horas dictada en una diligencia de carácter familiar efectuada con fecha *******************. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y prevención. Por acuerdo de fecha veintiséis de junio de dos mil veintitrés se ordenó formar el juicio de amparo; se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada **************** y se citó a las partes para la audiencia constitucional. Tercero. Audiencia constitucional. Y, previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, reformado por el diverso Acuerdo General 30/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre de dos mil veintidós, por tratarse de un asunto de naturaleza civil y el domicilio en el que se pretende ejecutar el acto reclamado se encuentra en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar en el que tiene jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se establece que del análisis a la demanda de amparo y constancias remitidas por la responsable, los actos reclamados que serán analizados son: 1º Del juez Primero Familiar del distrito judicial del Centro: a) La orden de arresto por seis horas dictada en diligencia de carácter familiar efectuada el *****************. b) La orden de arresto por doce horas dictada en diligencia de carácter familiar efectuada el ****************. c) Las consecuencias de hecho y derecho que se deriven de la orden de arresto por seis horas dictada en diligencia de carácter familiar efectuada con fecha ********************. d) Las consecuencias de hecho y derecho que se deriven de la orden de arresto por doce horas dictada en una diligencia de carácter familiar efectuada con fecha ************************. 2º Del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. 3º Inspector director de las Fuerzas de Reacción de la Policía Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 4º Comisario director de la División de Fuerzas Estatales de Apoyo de la Policía Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: a) La ejecución de la orden de arresto por seis horas en diligencia de carácter familiar efectuada el *******************. b) La ejecución de la orden de arresto por doce horas dictada en diligencia de carácter familiar efectuada el *******************. c) Las consecuencias de hecho y derecho que se deriven de la orden de arresto por seis horas dictada en una diligencia de carácter familiar efectuada con fecha **********************. d) Las consecuencias de hecho y derecho que se deriven de la orden de arresto por doce horas dictada en una diligencia de carácter familiar efectuada con fecha ***********************. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del director general de Asuntos Jurídicos, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos de ejecución que se le reclamaron. Negativa que queda corroborada, pues de las constancias que remitió la autoridad judicial responsable, se advierte que la autoridad judicial envío oficios para ejecutar la orden de arresto que emitió, a la Policía Estatal, misma que, a su vez, envió diversa comunicación al director de la División de Fuerzas Estatales de Apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no al secretario. Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, respecto de dicha autoridad. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables: 1º Juez Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, no rindió su informe justificado, pese haber quedado notificado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés de esa petición, por tanto, en términos del párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le atribuyen. 2º Encargado de la Dirección de Fuerzas de Reacción de la Policía Estatal, sede Santa María Coyotepec, Oaxaca. 3º Director de la División de Fuerzas Estatales de Apoyo de la Policía Estatal, con residencia en Santa María Coyotepec, Oaxaca. Al rendir su informe justificado, convinieron en la existencia de los actos que se les atribuyen y señalaron que: 1. En el Juzgado Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, se tramita el juicio familiar ****************. 2. Por auto de ******************** se citó al demandado, aquí quejoso, ********************, a una audiencia familiar a llevarse a cabo el ******************, con el fin de que se tomaran acuerdos necesarios para resolver sobre la pensión alimenticia provisional decretada en favor del menor *********** y se le apercibió que, en caso de no comparecer, se le impondría un medio de apremio consistente en un arresto por seis horas, determinación que le fue notificada el ocho de mayo siguiente, a través de su autorizado legal. 3. Ante la incomparecencia del quejoso a la audiencia de ************* se hizo efectivo el apercibimiento respectivo y se ordenó girar oficio al comisionado de la Policía Estatal a efecto de que procediera a la localización y posterior arresto del demandado, aquí quejoso; además, se citó a este último a una audiencia a celebrarse el treinta de mayo siguiente, se le apercibió que para el caso de que no compareciera, se le impondría multa de doce horas, determinación que, dice la responsable, le fue notificada el veintidós de mayo de este año, a través de su autorizado legal. 4. En audiencia familiar de ***********, se hizo constar la inasistencia del quejoso, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento decretado, arresto por doce horas, y se ordenó girar oficio al Comisionado de la Policía Estatal a efecto de que procediera al arresto del quejoso. 5. Para cumplir con esos arrestos, el jefe de Departamento de Sector adscrito a la Dirección Jurídica de la Policía Estatal, remitió los oficios *******************************, con fecha seis de junio de dos mil veintitrés. Y como justificación de su informe, se tiene la copia certificada de diversas constancias. Quinto. Causa de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si, en la especie, existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por cuanto a los actos reclamados siguientes: 1º Del juez Primero Familiar del distrito judicial del Centro: a) La orden de arresto por seis horas dictada en diligencia de carácter familiar efectuada el ****************. b) Las consecuencias de hecho y derecho que se deriven de la orden de arresto por seis horas dictada en diligencia de carácter familiar efectuada con fecha *************************. 2º Inspector director de las Fuerzas de Reacción de la Policía Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 3º Comisario director de la División de Fuerzas Estatales de Apoyo de la Policía Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: a) La ejecución de la orden de arresto por seis horas en diligencia de carácter familiar efectuada el ****************. b) Las consecuencias de hecho y derecho que se deriven de la orden de arresto por seis horas dictada en una diligencia de carácter familiar efectuada con fecha ***************************. Se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con el diverso numeral 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Así, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el numeral 17 transcrito. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por lo que son tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Así, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis, pues son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno; es decir, el plazo dentro del cual debe ejercerse la acción de amparo puede contarse indistintamente a partir de que se actualice cualquiera de los citados supuestos normativos; como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163172, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, con pleno valor probatorio en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se advierte que: 1º En audiencia familiar de *******************, el juez Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro hizo constar que el demandado, aquí quejoso, *************, no compareció a esa audiencia, que tenía como finalidad que con la actora tomaran los acuerdos necesarios y trataran lo relativo a la pensión alimenticia de su menor hija ***************, ya que había sido reincidente con la falta de pago de la pensión alimenticia provisional, como se acordó el ***************; por tanto, hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado y ordenó girar oficio para que se ejecutara el arresto por el término de seis horas, en los separos de la dependencia del comisionado de la Policía Estatal. 2º De esa determinación el quejoso quedó notificado, a través de su autorizado, el ********************. Por su parte, el artículo 119 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca dispone: "Artículo 119. Todos los plazos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento. Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten efectos al día siguiente, de aquel en que se hubieren enviado por correo electrónico, publicado por boletín judicial, en la página electrónica oficial del Poder Judicial o fijado en los estrados de los tribunales que no cuenten con internet, al igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la última publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca". Entonces, la notificación realizada al quejoso surtió efectos al día siguiente en que se practicó, al no existir prueba ofrecida por el quejoso que demostrara lo contrario. En esas consideraciones, el término de quince días para presentar la demanda de amparo transcurrió del veinticuatro de mayo al trece de junio de dos mil veintitrés, sin contar los sábados y domingos que intermediaron, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, es obvio que resulta extemporánea; razón por la cual lo determinado en la audiencia de ***************, que hizo efectivo el apercibimiento y ordenó el arresto del quejoso, por el término de seis horas, es un acto consentido tácitamente, por haberse reclamado fuera del plazo de quince días establecido en la Ley de Amparo. Sin que dicho acto se encuentre en los casos de excepción para promover en diversa temporalidad como lo refieren las fracciones I a IV del numeral 17 invocado, pues no se trata de normas generales autoaplicativas o derivan del procedimiento de extradición, tampoco son una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; ni son actos que tenga o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, o que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ante ello, con apoyo, además, en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo se sobresee en este juicio de amparo promovido por *******************, respecto de dichos actos. Sobreseimiento que impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sexto. Análisis de fondo. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos , sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar . Antecedentes del asunto. Previo al análisis respectivo, es de establecerse que de las constancias de autos del juicio familiar ***********, que en copia certificada remitió la autoridad judicial responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se advierte que los antecedentes del asunto, son: 1. El ***************** el juez Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro acordó el escrito de la actora **************, y ordenó al actuario judicial se hiciera presente en el domicilio particular del demandado y procediera a requerir de manera personal al demandado **************, en términos del auto de ***************** y efectuara el embargo ahí decretado. Así también, señaló ****************** para la celebración de una audiencia familiar, a desahogar en presencia de la agente del Ministerio Público, con el fin de que fueran escuchadas las partes, para que tomaran los acuerdos necesarios y trataran lo relativo a la pensión alimenticia de su menor hijo con iniciales ***********, ya que había sido reincidente con la falta de pago de la pensión alimenticia provisional decretada en ese juicio ********; apercibió al demandado que, de no comparecer sin causa justificada, se le impondría un medio de apremio consistente en un arresto por seis horas. 2. En audiencia de *************** la autoridad judicial hizo constar la incomparecencia del demandado ************, por lo que hizo efectivo el apercibimiento efectuado en acuerdo de ***************, y ordenó su arresto por seis horas, además, señaló las catorce horas del *************, para la celebración de la audiencia familiar que se desahogaría en presencia de la agente del Ministerio Público, actora y demandado, con el fin de que sean escuchadas las partes, para que con la debida madurez tomen acuerdos necesarios y traten lo relativo a la situación familiar de su hija menor de edad; y se apercibió al demandado que, de no comparecer, se le impondría como medio de apremio un arresto por doce horas, pues se está afectando el derecho que tiene la menor para que se resuelva en breve lo relativo a su derecho alimentario. 3. De esa determinación se notificó al demandado, aquí quejoso, el *****************. 4. A las catorce horas del **************** se llevó a cabo la audiencia, con asistencia de la agente del Ministerio Público, sin que hubiere comparecido el demandado, por lo que la parte actora, a través de su autorizada, pidió se hiciera efectivo el apercibimiento decretado en audiencia de nueve de ese mes de mayo, además de que se dictaran nuevas y necesarias medidas para hacer cumplir sus determinaciones en beneficio de la menor de edad; por lo que la autoridad judicial hizo efectivo el referido apercibimiento y ordenó el arresto por doce horas, para lo cual giró el oficio al comisionado de la Policía Estatal para que ejecutara ese arresto. 5. El jefe de Departamento de Sector adscrito a la Dirección Jurídica de la Policía Estatal, remitió los oficios números ******************************, con fecha seis de junio de dos mil veintitrés, para ejecutar el arresto reclamado. Ahora, el quejoso refiere a manera de concepto de violación que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque la orden de arresto debe reunir los requisitos ahí contenidos, en tanto que el mandato dictado en su contra carece de fundamentación y motivación, así como las garantías -sic- de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, porque no fue apercibido de forma personal y desconocía del requerimiento de asistencias a las audiencias de carácter familiar, además de que la orden de arresto por doce horas carece de razonamiento y de una explicación detallada de su actuar. Resulta infundado el referido concepto de violación. El segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en un derecho fundamental de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa de los afectados. Por su parte, el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca dispone: "Artículo 79.- Los Jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio que juzguen eficaz: I. La multa hasta el importe de veinticinco unidades de medidas y actualización, que se duplicará en caso de reincidencia; II. El auxilio de la fuerza pública; III. El cateo por orden escrita, y IV. El arresto hasta por treinta y seis horas. Si el caso exige mayor sanción, se dará vista el Ministerio Público. Es decir, la ley que rige la materia del acto reclamado, Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, faculta al juez para que durante el juicio dicte todas las medidas que estime pertinentes a fin de que sus mandatos sean obedecidos, aun con las medidas coercitivas, puesto que se trata de una de las características de la potestad judicial, entre las que se encuentra el arresto hasta por treinta y seis horas. Esto es, la autoridad judicial puede dictar la serie de determinaciones que considere suficientes, necesarias y eficaces para que se cumpla con sus determinaciones; que se aplican, no sólo a las partes en el proceso, sino también a los terceros que se oponen o desobedecen el mandato judicial, para sustentar sus funciones públicas, mantener el estado de derecho. De ahí que la legalidad y, por ello, la constitucionalidad de la aplicación de las medidas de apremio estriba en que la persona a quien se le imponga haya tenido conocimiento previo del apercibimiento correspondiente y que, no obstante ello, no cumpla con lo que la autoridad ordena, se oponga u obstaculice impidiendo el cumplimiento del mandato del juez. Así también, para ordenar una medida de apremio con la finalidad de hacer cumplir una determinación de carácter judicial, se deben observar los siguientes extremos: a). La existencia de una determinación, justa y fundada en derecho, que deba ser cumplida por las partes, o por alguna de las personas involucradas en el litigio. b). La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. c). Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial; y, d). Una razón grave, a juicio del juzgador, para decretar el medio de apremio. Atento a la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 203524 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: I.4o.C. J/4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero de 1996, página 157 Tipo: Jurisprudencia MEDIOS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICION Y LA OBLIGACION A CUMPLIMENTAR DEBEN NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Por lo que ve a los medios de apremio, doctrinariamente se considera que su aplicabilidad está sujeta a las siguientes condiciones: 1a. La existencia de una determinación, justa y fundada en derecho, que deba ser cumplida por las partes, o por alguna de las personas involucradas en el litigio. 2a. La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. 3a. Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u omisión ilícitos. 4a. Una razón grave, a juicio del juzgador, para decretar el medio de apremio. De las anteriores condiciones, debe destacarse la segunda, consistente en que se comunique mediante notificación personal, a quien se exija, el cumplimiento de la determinación judicial, el requerimiento o disposición judicial a cumplimentar, así como el apercibimiento de la aplicación de la medida de apremio para el caso de incumplimiento. La finalidad de tal exigencia consiste en dejar constancia fehaciente de que la persona vinculada pudo conocer, con toda oportunidad, tanto la obligación que le impuso el juzgador como el apercibimiento de la imposición de una concreta medida de apremio, en caso de no dar cumplimiento, a fin de que pueda impugnarla si la considera lesiva de su derecho y quiere evitarla, o bien, para que pueda preparar lo necesario para proceder al cumplimiento, o que quede clara su resistencia al cumplimiento. Además, existe un fundamento directo para la procedencia de la notificación personal, que es el artículo 114, fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes, el requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo, toda vez que en los casos en comento se contiene un requerimiento. Tal situación se justifica, además, porque para estar en aptitud de cumplir un requerimiento, éste debe conocerse con anterioridad a la fecha en que deba cumplirse, pues de lo contrario pueden presentarse múltiples situaciones que impidan al requerido el cumplimiento, como por ejemplo, que el obligado tuviera en lugar distinto el objeto o documento cuya exhibición se exigiera; que se encontraran en posesión de persona distinta, a la que en el momento de la diligencia no fuera posible localizar; que el directamente obligado no se encuentre al momento de la diligencia, etcétera; casos todos en que no se puede atribuir incumplimiento culpable, si no se proporcionó la posibilidad de preparar el cumplimiento". En tanto que, tratándose de juicios naturales en el que se encuentran inmersos derechos de menores, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte sustancial, señala expresamente lo siguiente: "Artículo 4º. . En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez". Por su parte, los artículos 3.1 y 3.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen que en cualquier medida que tomen las autoridades estatales deben tener en cuenta de forma primordial el interés superior del niño, que los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas; el texto de esas disposiciones dice: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas". Mientras que la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha considerado que, a partir de la doctrina de la protección integral, sustentada en la misma Convención de los Derechos del Niño, por interés superior del niño debe entenderse la efectividad de todos y cada uno de sus derechos humanos y afirma: ". La expresión interés superior del niño, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el pleno ejercicio de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. La protección de los niños en los instrumentos internacionales tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquéllos y el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos. Corresponde al Estado precisar las medidas que adoptara para atender ese desarrollo en su propio ámbito de competencia y apoyar a la familia en la función que ésta naturalmente tiene a su cargo para brindar protección a los niños que forman parte de ella" . En el ámbito interno, el legislador ha señalado que el interés superior es un principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del niño, lo que está reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, específicamente en el artículo 3 . Por su parte, en jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha determinado que el interés superior del niño es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores tanto a nivel nacional como en el marco internacional ; lo que constituye un mandato de observancia general para todas las autoridades involucradas en un asunto de tal naturaleza . Así, los tribunales mexicanos deberán atender primordialmente en el dictado de sus resoluciones, el interés superior del niño; y en el pleno ejercicio de los derechos inherentes a los menores y en el eje rector de los litigios donde se vean involucrados; además, deberá privilegiarse la verdad histórica frente a la jurídica, lo que obliga también a los tribunales a valorar de manera integral todo el material probatorio que resulte de mayor conveniencia para preservar dicho interés del menor. Ahora, la orden de arresto decretada contra el quejoso tuvo su origen en el hecho de que no cumplió con el requerimiento formulado mediante determinación de ****************, en el juicio familiar **********, por el juez Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, en comparecer el *************, con la finalidad de llevar a cabo la audiencia de carácter familiar en el que el quejoso, en su carácter de demandado, y la actora, tomaran los acuerdos necesarios y trataran lo relativo a la situación familiar de su hija menor de edad ***********, quien no ha recibido el pago de la pensión alimenticia respectiva, y en el que se le apercibió que, de no comparecer, se le impondría un arresto por doce horas, en términos del artículo 79, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Esa determinación fue notificada a la parte quejosa el ********************. Pese a ello, el demandado, aquí quejoso, no compareció a la audiencia. Ello conlleva a determinar que: 1. Existió una resolución justa y fundada en derecho como lo es el auto que señaló fecha y hora para que el quejoso, como demandado en el juicio natural, compareciera ante la autoridad judicial responsable a efecto de que fuera exhortado a fin de que, junto con la actora, tomaran los acuerdos necesarios y trataran lo relativo a la situación familiar de su hija menor de edad *********, pues ha sido reincidente en la falta de pago de la pensión alimenticia por parte de su progenitor. 2. De autos se desprendió con claridad que la conducta asumida por el quejoso, fue la de no comparecer a la audiencia, en contraposición al mandamiento judicial hecho por el Juzgador de origen, sin justificar de forma alguna esa situación. 3. Lo que consideró el juez responsable una razón suficiente para decretar el medio de apremio. Por tanto, la autoridad judicial responsable actuó conforme a derecho, dado que las medidas de apremio son facultades coactivas otorgadas a la autoridad judicial para obtener el cumplimiento de sus determinaciones, las cuales pueden dictarse dentro o fuera de un procedimiento judicial, pudiendo afectar tanto a las partes, como a terceros, y su imposición ocurre cuando el obligado presenta una conducta contumaz frente a la orden que contiene el apercibimiento respectivo, por lo que es desde el momento en que se hace este requerimiento previo cuando el afectado se encuentra en aptitud de cumplirlo o de ejercer las defensas que tenga a su alcance o manifestar al juez los impedimentos que tuviere para acatar la orden relativa, contando con la oportunidad de ser oído en relación con la sanción de que se le apercibe. Además, se advierte que no se siguió un orden para la imposición del arresto, pero ello no contraviene derecho fundamental alguno, porque el legislador no estableció un orden para la imposición de las medidas de apremio enumerada en la norma respectiva, pues en tal aspecto ha de considerarse que corresponde al arbitrio del juzgador, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzgue eficaz para compeler al contumaz al cumplimiento de una determinación judicial. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 200117 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 21/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Mayo de 1996, página 31 Tipo: Jurisprudencia MEDIOS DE APREMIO. SI EL LEGISLADOR NO ESTABLECE EL ORDEN PARA SU APLICACION, ELLO CORRESPONDE AL ARBITRIO DEL JUZGADOR. De la interpretación del artículo 17 constitucional se llega a la conclusión de que las Legislaturas Locales tienen facultades para establecer en las leyes que expiden los medios de apremio necesarios de que dispondrán los Jueces y Magistrados para hacer cumplir sus determinaciones, en aras de la administración de justicia pronta y expedita que a cargo de éstos establece el precepto constitucional supracitado; luego, si el legislador no establece un orden para la imposición de las medidas de apremio que enumere en la norma respectiva, ha de considerarse que corresponde al arbitrio del juzgador, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzgue eficaz para compeler al contumaz al cumplimiento de una determinación judicial, debiendo en ello, como en cualquier acto de autoridad, respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, esto es, expresando las razones (debida motivación) por las que utiliza el medio de que se trate". Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, por motivación se entiende la exposición precisa de los motivos especiales, razones particulares o causas inmediatas que la responsable haya tenido en consideración para la emisión del acto y por fundamentación, la expresión concreta del precepto aplicable al caso, debiendo además existir adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable; atento al criterio siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 176546 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 139/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162 Tipo: Jurisprudencia FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". En el caso, la determinación reclamada cumple con ese derecho fundamental, ya se encuentra fundada y motivada, al invocar el artículo 79, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, y explicó la responsable que el demandado ha sido renuente en suministrar la pensión alimenticia provisional decretada en el juicio en favor de una menor de edad, por tanto, su incomparecencia a la audiencia familiar para convenir con la actora para ese efecto, ha afectado el derecho que tiene esta última para que se resuelva a la brevedad lo relativo a ese derecho alimentario. Respecto de lo que alega el quejoso de que no fue apercibido de forma personal y desconocía del requerimiento de asistencias a las audiencias de carácter familiar, es de señalar que, contrario a lo que afirma, existe en autos del juicio de origen, la razón de notificación efectuada el **************, realizada por el ejecutor adscrito al Juzgado responsable, por el que se le notificó sobre la comparecencia que debía realizar el treinta de mayo siguiente, a través de su autorizado, por haberlo designado para tal efecto. v De ahí que fue correcto que el juez responsable ordenara el arresto del demandado, porque, además, observó el principio del interés superior del menor, por tanto, no se violó en perjuicio del quejoso, el derecho fundamental previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando, por tanto, infundado el concepto de violación que al efecto se formuló. Y al no existir queja que suplir, ni la determinación reclamada vulneró derecho fundamental en perjuicio del quejoso, se le niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Séptimo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************* contra: a) La ejecución de la orden de arresto por seis horas en diligencia de carácter familiar efectuada el ****************. b) La ejecución de la orden de arresto por doce horas dictada en diligencia de carácter familiar efectuada el ******************. c) Las consecuencias de hecho y derecho que se deriven de la orden de arresto por seis horas dictada en una diligencia de carácter familiar efectuada con fecha *********************. d) Las consecuencias de hecho y derecho que se deriven de la orden de arresto por doce horas dictada en una diligencia de carácter familiar efectuada con fecha *******************. Que se reclama del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en términos del considerando tercero de esta sentencia. e) La orden de arresto por seis horas dictada en diligencia de carácter familiar efectuada el **********************. f) Las consecuencias de hecho y derecho que se deriven de la orden de arresto por seis horas dictada en diligencia de carácter familiar efectuada con fecha *******************. Que se atribuye al juez Primero Familiar del distrito judicial del Centro: g) La ejecución de la orden de arresto por seis horas en diligencia de carácter familiar efectuada el *******************. h) Las consecuencias de hecho y derecho que se deriven de la orden de arresto por seis horas dictada en una diligencia de carácter familiar efectuada con fecha *******************. Reclamadas al: Inspector director de las Fuerzas de Reacción de la Policía Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Comisario director de la División de Fuerzas Estatales de Apoyo de la Policía Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: En términos del considerando quinto de esta sentencia. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a ***************** contra: a) La orden de arresto por doce horas dictada en diligencia de carácter familiar efectuada el *********************. b) Las consecuencias de hecho y derecho que se deriven de la orden de arresto por doce horas dictada en una diligencia de carácter familiar efectuada con fecha ****************************. Que se reclaman del juez Primero Familiar del distrito judicial del Centro. a) La ejecución de la orden de arresto por doce horas dictada en diligencia de carácter familiar efectuada el ********************. b) Las consecuencias de hecho y derecho que se deriven de la orden de arresto por doce horas dictada en una diligencia de carácter familiar efectuada con fecha *******************. Atribuidas al: 3º Inspector director de las Fuerzas de Reacción de la Policía Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 4º Comisario director de la División de Fuerzas Estatales de Apoyo de la Policía Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: En términos del considerando sexto de esta sentencia. Tercero. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 614/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Remite constancia. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de la autoridad responsable, juez Primero de la Familiar del distrito judicial del Centro, por el que cumple con el requerimiento formulado el dieciséis de agosto del año en curso y remite copia certificada de diversas constancias que integran el juicio familiar ******************** de su índice, relacionadas con la orden de arresto reclamada en esta instancia constitucional, para los efectos legales procedentes. Vista. Dése vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a sus intereses convenga. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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