Manuel Ramírez Sánchez y Otros.
Expediente 673/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Manuel Ramírez Sánchez
- Manuel Ramírez Sánchez y Otros.
- Justino Martínez Yescas y Otros.
- Justino Martínez Yescas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
PRAL 673/2021 MESA 3° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. 1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de once de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las 1) autoridades responsables y 2) agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa, se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, con supresión de los datos personales de la parte quejosa, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3.1 Instrucción Secretaría y Actuaria. Por otra parte, se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020 de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública de esta sentencia sea consultable por internet. 4. Devolución de tomo anexo. Devuélvase a la autoridad responsable, Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, las diversas constancias del expediente 25/2014 y acumulado 160/2014, que obran como tomos anexos I y II. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este expediente es destruible; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.673/2021.MESA-3 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con diecinueve minutos del once de octubre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 673/2021, como se ordenó en acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, Ponciano Velasco Velasco, titular de Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico autorizado. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Manuel Ramírez Sánchez y Justino Martínez Yescas, por propio derecho, e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta. Asimismo, hace constar que, únicamente la parte quejosa manifestó su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto de admisión Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente. ETAPA PROBATORIA. Acto continuo, abierto el periodo probatorio, se hace constar que la autoridad responsable, Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, ofreció como prueba la documental diversas constancias del expediente 25/2014 y acumulado 160/2014. Acto continuo, se acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la citada documental, la que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se cierra el periodo probatorio. ETAPA DE ALEGATOS. Abierto este periodo, se hace constar que ninguna de las partes los formuló; por ello, se cierra esta etapa y se procede a dictar la sentencia respectiva. Visto para resolver el juicio de amparo 673/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo recibida el veinticuatro de junio del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada en este Juzgado en la misma data, Manuel Ramírez Sánchez y Justino Martínez Yescas, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y de otra autoridad, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo con el expediente 673/2021, y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Previo desahogo a la prevención anterior, en auto de trece de julio de dos mil veintiuno se admitió la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró al tenor del acta que antecede C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 61 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 13/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de laboral, y el acto se reclama de autoridades residentes en el lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: Del 1) Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca: La omisión de cumplir con el laudo de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 25/2014 y acumulado 160/2014. De la 2) presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los poderes del Estado de Oaxaca: La omisión de dictar acuerdo de ejecución de requerimiento de pago a la parte demandada, en el citado expediente. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado, la autoridad responsable, presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, aceptó la existencia del acto que se le reclama. Certeza que queda acreditada con la documental que exhibió, consistente en diversas constancias del expediente laboral 25/2014 y acumulado 160/2014. El presidente Municipal Constitucional de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en representación del Ayuntamiento, al rendir el informe justificado, negó el acto reclamado, pues indicó que en ningún momento se ha inferido, ni se ha pretendido causar violación alguna a la parte quejosa, puesto que no ha pretendido eludir su responsabilidad. Sin embargo, dichas manifestaciones comprueban la certeza del acto que se le atribuye, de ahí que queda desvirtuada dicha negativa y se tiene por cierto. Resulta ilustrativa, por las razones que la integran y en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, página 391, con número de registro 211004, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". CUARTO. Improcedencia del juicio respecto al acto identificado con el punto I del considerando segundo. Sea que las partes lo aleguen o no se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, al rendir el informe justificado respectivo, manifestó que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que, en su caso, en este asunto le asiste la calidad de tercero interesado. En efecto, contra el acto que se le atribuye, consistente en la omisión de cumplir con el laudo de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 25/2014 y acumulado 160/2014, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que dicho acto no es impugnable en la vía constitucional, al provenir de una autoridad que no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo. Tales preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De conformidad con los preceptos citados se entiende por autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que se le reclama; en ese sentido, interpretados los citados preceptos a contrario sensu, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se promueva contra actos emitidos por quienes no cuenten con tales características. Con relación al tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enumeró las notas distintivas de una autoridad para efectos del juicio de amparo: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. c. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. d. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2011, tomo XXXIV, registro 161133, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Puntualizado lo anterior, en el particular, la autoridad responsable, Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, no reúnen esas características, toda vez que el reclamo deriva de un conflicto de naturaleza laboral, en el que las partes se encuentran en un plano de coordinación e igualdad procesal, ya que ambos (quejoso y Ayuntamiento) figuran como partes en el juicio del que deriva el acto reclamado. De ahí que no sea procedente instar esta vía, sino que será en el procedimiento de origen donde podrá alegar las violaciones u omisiones que considere, a efecto de que conforme a las disposiciones legales correspondientes, la Junta de Arbitraje haga uso de los instrumentos legales a su alcance para hacer cumplir la ejecución del laudo. En ese sentido, es claro que el incumplimiento a un laudo por parte del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en el que figuró como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.34/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página cuatrocientos setenta y ocho del tomo I, libro cincuenta y tres, abril de dos mil dieciocho, Décima Época, registro 2016588, de rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. Improcedencia del juicio respecto al acto reclamado identificado con el punto II del considerando segundo de esta sentencia. Respecto al acto reclamado consistente en la omisión de dictar acuerdo de ejecución de requerimiento de pago a la parte demandada, en el expediente 25/2014 y acumulado 160/2014, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ello, toda vez que la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, al rendir el informe justificado, entre otros, remitió copia certificada del auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 25/2014 y acumulado 160/2014, en la cual señaló fecha y hora para la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago. Por lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El referido artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - -- - (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la interpretación del citado precepto, se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado, se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si ésta nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Es aplicable por las razones que la sostienen, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 33, tomo IV, página 2522, agosto 2016, registro 2012413, del texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente. Se reitera, de la constancia remitida por la autoridad responsable, Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, se advierte que: Mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 25/2014 y acumulado 160/2014, se señaló el veintidós de octubre de dos mil veintiuno para el desahogo de la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago. Lo que demuestra la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesados los efectos del acto reclamado, en la medida de que desapareció la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por ende, sus efectos. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, con registro 197367, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". De igual forma, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, del texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Acceso a la justicia. Se precisa que la actualización de las causas de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la presentación de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Así como, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". SEXTO. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa, se opuso a la publicación de sus datos personales, considérese tal circunstancia en el momento procesal oportuno; con independencia de ello, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Manuel Ramírez Sánchez y Justino Martínez Yescas, contra los actos reclamados al 1) Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y 2) presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los poderes del Estado de Oaxaca; precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los diversos cuarto y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 673/2021-3 En treinta de septiembre de dos mil veintiuno, la secretaria da cuenta al juez con el oficio firmado por la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, con folio de recepción 12452; asimismo, con el estado de autos en los que se encuentra señalada esta data para la celebración de la audiencia constitucional. Conste. La secretaria. Lic. Soledad Méndez Cortés. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio firmado por la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, informa que el expediente 25/2014 y acumulado 160/2014, fue remitido a este órgano jurisdiccional el veinte de septiembre de este año; expediente que, en efecto, fue agregado en auto de la misma data; lo anterior, para los efectos legales conducentes. 2. Estado de autos. Por otra parte, vistos los autos, se advierte que en proveído de veinte de septiembre del año en curso, se agregaron diversas constancias del expediente 25/2014 y acumulado 160/2014, remitidas por la autoridad responsable, Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; acuerdo que se notificó por lista a las partes el veintiuno de septiembre siguiente. 3. Diferimiento de la audiencia. Por tanto, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que debe mediar entre la notificación a las partes de las referidas constancias y la de la celebración de la audiencia constitucional; por ello, a fin de no dejarlos en estado de indefensión, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las nueve horas con diecinueve minutos del once de octubre de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 673/2021-3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. 1. Se agregan oficios. Agréguense el oficio y copia certificada firmada por la presidenta y secretaria de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, respectivamente, mediante los cuales, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de diez de septiembre del año en curso, remiten diversas constancias del expediente 25/2014 y acumulado 160/2014; lo anterior, para los efectos legales procedentes. 2. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de dicha autoridad responsable, copia certificada del expediente 25/2014 y acumulado 160/2014, de su estadística, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. 2.1. Tomo anexo. Debido a la voluminosidad de las constancias que remite la referida autoridad, con las mismas se ordena formar el tomo de prueba II, que queda a disposición de las partes, respetando el folio y entresello correspondientes. En esas condiciones, dése vista a las partes con el tomo anexo, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en el mismo. Precisión. Se precisa a las partes que atendiendo la certificación que antecede, no fue posible la digitalización de las constancias relativas, por lo que no formarán parte del expediente electrónico, pero estarán a su disposición para su consulta, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Agenda de citas. Se precisa que, conforme a lo dispuesto por el artículo 3° del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrán agendar cita en el Portal de Servicios en Línea "Agenda OJ"", a fin de consultar el expediente y el tomo anexo ya mencionado, en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, sede San Bartolo Coyotepec, atendiendo los lineamientos establecidos en el acuerdo referido. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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