Manuel Salazar González

Expediente 945/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
945/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
25/11/2021

Partes del expediente

  • Manuel Salazar González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    PRAL.945/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubiese hecho. 1.1 Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 1.2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento alguno respecto al plazo de diez días que tenían las diversas partes procesales para interponer algún recurso, pues en la referida sentencia se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, ningún agravio les genera el sentido de esa determinación. Se invoca como apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 2. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Relevancia documental. Se estima que este asunto no es de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción a la Secretaría. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda referida en el apartado que antecede (destruible). Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se hizo constar en el auto de admisorio, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.945/2021.MESA-6 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con treinta y seis minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, estando presente el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco; ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico. Acto seguido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la misma, por lo que el secretario hace relación de las constancias que existen en el expediente electrónico, entre las que se encuentran: 1) escrito de demanda, 2) auto admisorio de cinco de octubre de este año, y 3) informe justificado rendido por la administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio. Asimismo, da cuenta con el oficio signado por la encargada del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca, con folio de recepción 13900. Además, CERTIFICA: I. Que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en el auto admisorio. A lo anterior se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. III. Respecto al oficio de cuenta, toda vez que la autoridad oficiante remite copia certificada de diversas constancias, acuérdese lo relativo en el capítulo de pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio; por lo que en este acto, se reciben las documentales que remitió la parte quejosa y que recabó este órgano jurisdiccional, consistentes en: a) Copia de diversas constancias que obran en el procedimiento de ejecución PECOAX/0001278/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. b) Copia certificada de la resolución dictada el quince de octubre de este año, en la petición administrativa aperturada con motivo de la solicitud de atención médica en la especialidad de psiquiatría y suministro de medicamento al aquí quejoso Manuel Salazar González. Documentales que, conforme a lo dispuesto en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desahogan dada su propia y especial naturaleza y se tomarán en cuenta en la consideración respectiva; al no existir alguna otra probanza que desahogar, se cierra este periodo. Enseguida, se abre el periodo de alegatos, y se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho por escrito o a través de algún medio electrónico, pues no se tiene registro de que hayan promovido ante la Oficialía de partes común, buzón judicial o en el correo institucional; por ello, se cierra este periodo; se declaran vistos los autos y se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 945/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito recibido el tres de octubre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada a este órgano jurisdiccional, el seis, el quejoso Manuel Salazar González, por propio derecho, promovió juicio de amparo contra un acto del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de juez de Ejecución; que hizo consistir en: La omisión de no darle trámite a la controversia que presentó ante el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de juez de Ejecución, el cinco de julio de dos mil veintiuno, relativo a la solicitud de atención médica en la especialidad de psiquiatría y suministro de medicamento. Acto que estimó violatorio del derecho fundamental contenido en los artículos 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de cinco del actual se admitió la demanda de amparo, previa prevención, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde; de igual manera, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsables, así como se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que una vez integrado el expediente, se llevó a cabo la audiencia, en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales números 45/2016 y 46/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, por tratarse de un asunto listo para dictar sentencia, en el que se reclama un acto de naturaleza penal, además de que las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta del acto reclamado, el cual se hace consistir en la omisión de no darle trámite a la controversia que presentó ante el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de juez de Ejecución, el cinco de julio de dos mil veintiuno, relativo a la solicitud de atención médica en la especialidad de psiquiatría y suministro de medicamento; como lo ilustra la tesis del rubro siguiente:. "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama. Sin embargo, de su contenido se advierte la existencia del mismo, toda vez que de las constancias que remitió se deduce que el once de este mes y año le dio trámite a la controversia formulada por el quejoso Manuel Salazar González, en la que solicitó valoración en la especialidad de psiquiatría, y que radicó con el número (PEC) 1278/2021 (expediente de procedimiento de ejecución de controversia). Es decir, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo no se había dado trámite a la controversia planteada por la parte quejosa. Por tanto, con dichas manifestaciones se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable y se tiene por cierto el acto que se le reclama; como así lo ilustra la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994, materia Común, página 391, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". CUARTO. Estudio de la causa de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente sobre aquel aspecto, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, conviene precisar que la improcedencia en el juicio de amparo debe entenderse como una institución por virtud de la cual el juzgador se encuentra impedido para establecer si los actos reclamados son inconstitucionales o no; es decir, la actualización de una causal provoca una limitación para el estudio y pronunciamiento de la cuestión de fondo que importa a la litis constitucional sujeta a su potestad, la cual, como ya se dijo, debe analizarse aun de oficio, pues constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente. Así, en cuanto al acto reclamado, consistente en la omisión de no darle trámite a la controversia que presentó ante el juez responsable, en funciones de juez de Ejecución, el cinco de julio de dos mil veintiuno, relativo a la solicitud de atención médica en la especialidad de psiquiatría y suministro de medicamento, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" De la lectura del artículo y fracción transcritos, se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al interpretar el texto del artículo 73, fracción XVI, de la anterior Ley de Amparo, que es idéntico al antes transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado, radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tales razonamientos encuentran sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En efecto, la improcedencia invocada se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso, conforme a las constancias que obran en autos, específicamente en las relativas al juicio natural, se advierte que el once de este mes y año, la administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, le dio trámite a la controversia formulada por el quejoso Manuel Salazar González; y el quince de octubre de este año, la encargada del despacho de la dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 13, "CPS Oaxaca", resolvió la petición administrativa aperturada con motivo de la solicitud de atención médica en la especialidad de psiquiatría y suministro de medicamento al aquí quejoso, en los términos ahí señalados. En ese contexto, se estima que han quedado extinguidas las violaciones a los derechos fundamentales que pudieron haberse cometido con la abstención reclamada a la autoridad responsable, con lo que los efectos desaparecieron, pues las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así que al haberse resuelto la petición administrativa respectiva, cesaron los efectos del acto reclamado. No es inadvertido, que la autoridad responsable no envió la constancia en la que hubiera quedado notificado la parte quejosa, pues se estima que ello no es motivo suficiente para diferir y dar vista, pues al notificarse de esta resolución se hará sabedora de la contestación que dieron a su petición administrativa. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 36/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, Tomo IX, Mayo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro digital 194060, de rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA". Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia señalada, se sobresee en este juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es importante mencionar que el sobreseimiento impide emprender el análisis de alguna cuestión de fondo planteada; atento a la tesis 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Registro 394465, del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver el asunto, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. SEXTO. Notificación. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y no obstante que ese centro de reclusión se encuentra aproximadamente a cien kilómetros de distancia, se comisiona al (la) actuario (a) adscrito (a) a este juzgado, para que, con las medidas de seguridad debidas, se haga presente a ese lugar, en un día de la semana que específicamente programe para tal fin y notifique personalmente este proveído, así como le haga entrega de copia certificada de esta resolución. En el entendido que dicha comisión fuera de la zona urbana y de donde este juzgado ejerce jurisdicción territorial para realizar diligencias, es única y exclusivamente para ese efecto y es con el fin evitar esa encomienda a otro juzgado del orden común y que con ello se vea retrasada la pronta administración de justicia, en contravención a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por el quejoso Manuel Salazar González, contra el acto reclamado al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de juez de Ejecución; en términos de los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento a los considerandos últimos de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.945/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Se agrega oficio. Agréguese el oficio signado electrónicamente por la administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada el quince de octubre de este año, en la petición administrativa aperturada con motivo de la solicitud de atención médica en la especialidad de psiquiatría y suministro de medicamento al aquí quejoso Manuel Salazar González. Prueba. Por ello, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la citada documental que anexó al oficio de cuenta, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al celebrar la audiencia respectiva, y que queda a disposición de las partes para su consulta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL.945/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese el oficio signado electrónicamente por la administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Correo electrónico. Con fundamento el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar las subsecuentes determinaciones a la autoridad responsable, a través del correo electrónico que se proporcionó en el oficio de cuenta. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable, las documentales que anexó a su informe relativo, mismas que se desahogan en razón de su propia naturaleza, para ser consideradas al celebrar la audiencia respectiva, y que quedan a disposición de las partes para su consulta. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa para que exprese lo que a su interés legal convenga. Notificación personal. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y no obstante que ese centro de reclusión se encuentra aproximadamente a cien kilómetros de distancia, se comisiona al (la) actuario (a) adscrito (a) a este juzgado, para que, con las medidas de seguridad debidas, se haga presente a ese lugar, en un día de la semana que específicamente programe para tal fin y notifique personalmente este proveído, así como le haga entrega de copia certificada del informe justificado citado y sus anexos. En el entendido que dicha comisión fuera de la zona urbana y de donde este juzgado ejerce jurisdicción territorial para realizar diligencias, es única y exclusivamente para ese efecto y es con el fin evitar esa encomienda a otro juzgado del orden común y que con ello se vea retrasada la pronta administración de justicia, en contravención a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. 2. Se solicita información a autoridad no responsable. Por otro lado, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se solicita al (la) encargado (a) de la Dirección del Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS-Oaxaca", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca (autoridad no responsable), para que dentro del plazo de tres días, informe lo siguiente: Si a la fecha ya dio trámite a la petición administrativa formulada por el quejoso Manuel Salazar González, en la que solicitó valoración en la especialidad de psiquiatría, dentro del expediente de procedimiento de ejecución de controversia (PEC) 1278/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca; y en su caso, remita copia certificada de las constancias relativas. 2.1. Apercibimiento. Se le apercibe que, de no cumplir con lo anterior o de no informar la imposibilidad que para ello tuviera, se le impondrá, como medio de apremio, multa por el equivalente a cincuenta unidades del valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 237 y 238 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

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