Manuel Rodríguez Vega

Expediente 1000/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1000/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
05/11/2018

Partes del expediente

  • Manuel Rodríguez Vega

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación a que se refiere la razón de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que el quejoso omitió impugnar el acuerdo de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, que desechó la demanda origen de este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido acuerdo ha quedado firme (causó estado). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo y carece de relevancia documental. Por último, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.

  2. Principal

    Se recibe la demanda de protección de derechos signada por el quejoso ++++ por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Orientador adscrita al Cuartel Metropolitano C5 de la ciudad de Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece la obligación de examinar el escrito de demanda, porque de encontrarse causa indudable y manifiesta de improcedencia, será desechada de plano. De la lectura integral de la demanda presentada por el quejoso, se advierte que reclama: ". el auto de fecha dieciséis de octubre de 2018 que le fue notificado el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación número +++++ emitido por la Agente del Ministerio Público Orientador adscrita al Cuartel Metropolitano 'C5' de la ciudad de Puebla, en el cual se ordena se me prive de la posesión del domicilio que actualmente poseo y que es el ubicado en calle +++++, Puebla .". Sin embargo, se considera que la acción de amparo ejercida en contra de dicho acto resulta improcedente, porque de las constancias acompañadas a la demanda de amparo se advierte que el quejoso es causahabiente de +++ persona contra quien se dictó la medida de protección prevista en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenida en el proveído impugnado por el quejoso dentro la carpeta de investigación anteriormente aludida y por tanto el quejoso no resulta tercero extraño por equiparación en la misma y por ello se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia. Ciertamente, debe mencionarse que en el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo , se encuentra contenido el principio jurídico de la iniciativa o instancia de parte agraviada. De una interpretación a tales preceptos se advierte que, el principio de instancia de parte agraviada consiste en que el afectado o agraviado es a quien incumbe directamente el ejercicio de la acción de amparo, cuando ve lesionados sus derechos en los casos previstos por el artículo 103 constitucional. Por perjuicio, para los efectos del amparo, debe entenderse una lesión directa en los intereses jurídicos de una persona; o bien, una ofensa, un daño, una afectación indebida que derivada de una ley o de un acto de autoridad, se hace a los derechos o intereses de un particular. Sirve de apoyo a lo anterior y en lo conducente, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 310, del Informe de 1977. Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO" . Así como la jurisprudencia número 294, publicada a foja 243, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Séptima Época con el rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO" . Por otra parte, de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo , se desprende que, el juicio de protección de derechos debe ser solicitado precisamente por la persona que estime que se le afecte en su interés jurídico por la privación de algún derecho, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que el quejoso corresponde, en relación con el o los derechos reconocidos por la ley. Resulta aplicable al caso en lo conducente, la jurisprudencia número VI. 3°. J/26, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece publicada en la página 117, del Tomo VIII, correspondiente al mes de diciembre, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO" . Ahora bien, en la especie se estima que el acto que fundamentalmente reclama el quejoso, no afecta su interés jurídico por las siguientes consideraciones: De la lectura de la demanda de amparo se desprende que el impetrante del amparo ++++ pretende ostentarse como tercero extraño por equiparación dentro de la carpeta de investigación ++++ del índice de la Agente del Ministerio Público Orientador adscrita al Cuartel Metropolitano 'C5' de la ciudad de Puebla, en la cual se dictó la medida de protección prevista en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales a favor la agraviada ++++., que pudieran ser víctimas del delito de violencia intrafamiliar y atribuidos al imputado ++++ ya que bajo protesta de decir verdad, substancialmente manifiesta como antecedentes de los actos reclamados lo siguiente: Ser arrendatario del inmueble ubicado en calle +++++, Puebla, el cual dice le fue arrendado el uno de enero de dos mil dieciocho por +++, como lo demuestra con el original del contrato de arrendamiento que acompañó a su demanda de amparo. Inmueble del cual se tiene que ausentar por tiempo indefinido por razones de trabajo y parcialmente llega a habitar de morada tal domicilio cuando se encuentra en la ciudad de Puebla. Por ello tiene que dejar a una persona al cuidado de dicho inmueble y el diecinueve de octubre del año en curso, al llegar a su domicilio después de trabajar la persona que le hace el aseo lo enteró de que llegaron unas personas a dicho inmueble identificándose como agentes ministeriales del "C5" de la ciudad de Puebla, con la finalidad de dejar la notificación contenida en el proveído de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho que anexó con la demanda de amparo y dirigida a su arrendador ++++. Auto en el cual se ordena a esta última persona que desocupe el inmueble que dice habitar el aquí quejoso y deje de ver y acercarse a unos menores y a +++++ Sin embargo, argumenta desconocer lo tramitado dentro de dicha carpeta de investigación y dejarlo en estado de indefensión porque el inmueble que indica habitar le fue arrendado por ++++ en su calidad de propietario, desde el uno de enero de dos mil dieciocho. Ahora, el quejoso +++ para acreditar que es arrendatario del inmueble ubicado en calle ++++++, Puebla, y por ello se le transmitió la posesión derivada o el uso del mismo, ofrece como prueba el original del contrato de arrendamiento que dice celebró con ++++ en su carácter de arrendador (fojas 8 a 11) el uno de enero de dos mil dieciocho. Documental privada que resulta de fecha incierta porque si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena. Empero, esta regla, no es aplicable tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo cual la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal ha estimado que ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Supuestos que de ninguna manera acredita el aquí quejoso y por ello resulta lógico establecer que dicha documental privada consistente en el contrato de arrendamiento de uno de enero de dos mil dieciocho exhibido por el quejoso resulta ineficaz para justificar su interés jurídico para promover este juicio de protección de derechos. Lo anterior encuentra apoyo en lo conducente en la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 11, del Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia Civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO" . Asimismo en la diversa jurisprudencia 1a./J. 46/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee a foja 78, del Tomo X, Diciembre de 1999, Materia Civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO" . En ese orden de ideas, al tomar en consideración que ese contrato de arrendamiento resulta de fecha incierta, pues no existe prueba alguna de que fue celebrado ante fedatario público o funcionario autorizado, de que haya sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, o bien que hubiera sido exhibida el acta de defunción del supuesto arrendador +++ Por ello es posible concluir que con dicho contrato de arrendamiento no se puede tener por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo. Porque la circunstancia de ser de fecha incierta, impide determinar si el reclamo que sobre el bien inmueble ubicado en calle ++++, Puebla, realiza el aquí quejoso, es derivado de actos anteriores o posteriores a la celebración de dicho contrato de arrendamiento y evitar así se utilice con fines desleales hacia la parte +++A., que pudieran ser víctimas del delito de violencia intrafamiliar y atribuidos al imputado +++; ello dentro de la carpeta de investigación ++++ del índice de la Agente del Ministerio Público Orientador adscrita al Cuartel Metropolitano 'C5' de la ciudad de Puebla. Por consiguiente, resulta innegable que el quejoso, no puede ser considerado como tercero extraño por equiparación dentro de la referida carpeta de investigación +++ iniciada contra ++++ pues en todo caso sólo es causahabiente de este último al sólo existir una sustitución procesal respecto a su causante, y por ende, carece de interés jurídico para ejercer la acción constitucional. Lo anterior encuentra apoyo en lo conducente en la Tesis, que se lee a foja 692, del Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, Materia Civil, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con el epígrafe: "CAUSAHABIENTES. NO DEBEN SER LLAMADOS AL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DE SUS CAUSANTES" . Al no poder considerarse a ++++ como tercero extraño por equiparación a la carpeta de investigación ++++ del índice de la Agente del Ministerio Público Orientador adscrita al Cuartel Metropolitano 'C5' de la ciudad de Puebla, iniciada contra +++++, las consecuencias del proveído reclamado no le afectan. En ese orden de ideas, acreditada la causahabiencia que le resulta al quejoso, es indudable que carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, por no poder ostentarse como tercero extraño a la carpeta de investigación de la que deviene el acto reclamado, por tanto lo procedente es con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda de derechos fundamentales, presentada por el quejoso ++++dado que se encontró con una causal indudable y manifiesta de improcedencia, en términos de la fracción XII del numeral 61 de la ley de la materia, en concordancia con los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6°de la Ley de Amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a las consideraciones expuestas en la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." Por otro lado, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señaló en la demanda de amparo y quedan autorizadas para los mismos efectos e imponerse de los autos las personas nombradas por aquél, dado que omitió conferirles en forma expresa los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Por último, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido.

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