MANUEL NEFTALl HERNÁNDEZ VILLEGAS

Expediente 1006/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1006/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • MANUEL NEFTALl HERNÁNDEZ VILLEGAS

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veinte de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; sin embargo, ninguna de las partes se inconformó contra el auto de treinta de septiembre del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares. Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión. Conforme al artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción por haberse negado la suspensión definitiva. En razón de lo anterior, glósense las constancias relativas del cuaderno original de dicho incidente de suspensión a este expediente, las cuales serán destruidas cuando hayan transcurrido [noventa días o treinta días] después de fenecido el plazo de conservación, esto es, pasados tres años del dictado de este acuerdo, al depurar o destruir el expediente principal -según sea el caso-. Por su parte en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), el duplicado será destruible dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de este acuerdo. Como en este proveído se acordó lo relativo al destino de los cuadernos incidentales, se ordena agregar copia de este proveído a dichos cuadernos para los efectos legales correspondientes. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno. Se instruye a la oficial judicial "A" para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación de este proveído. Por último, se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal puede ejercer dado que ha quedado firme el proveído que sobreseyó fuera de audiencia, por lo que este acuerdo habrá de notificarse por lista al peticionario de amparo, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Asimismo, se deja establecido que resulta innecesario girar oficio alguno que derive de este auto, porque todas las actuaciones que se generen, se notifican a través de la lista en las instalaciones de este juzgado, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, por lo que las partes están aptitud de consultar las mismas para imponerse de su contenido, aunado a que en este proveído no se otorgan derechos procesales a favor de ninguna de las partes en este expediente y porque no se ha hecho requerimiento alguno a éstas. Con independencia de lo anterior, si alguna autoridad requiere de copia de este auto podrá solicitarlo por oficio a este juzgado y se le expedirá.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Se ordena agregar al expediente, los oficios de cuenta del Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y del Juez de Control de la Región Judicial con sede en Tepeaca, donde rinden sus informes justificados. En consecuencia, se da a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga, y será relacionado con el valor que la ley les concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Téngasele informando (respecto al Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla) que no existe diverso juicio de amparo promovido contra el mismo acto por el ahora quejoso, ni tampoco tiene registro de tercero interesado alguno. Se tienen como medios de contacto el correo electrónico y números de teléfono que proporcionó dicho titular en su oficio de cuenta. Sin embargo, las notificaciones se realizarán conforme a las reglas previstas por la Ley de Amparo. Luego, respecto a la solicitud de copia certificada de la resolución que se dicte en el juicio principal, se le hace notar que en su momento se le informará por oficio la resolución que se dicte en este expediente. Por otra parte, del contenido del informe justificado del Juez de Control de la Región Judicial Centro, se advierte que aceptó el acto reclamado. Es así, pues del contenido de ese informe se desprende que en un inicio se radicó la causa penal * del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, cuyo Juez de Control adscrito libró orden de aprehensión el diecisiete de octubre de dos mil veintiuno en contra del aquí quejoso. Además, ese juzgador declinó competencia en razón de territorio, por lo que le tocó conocer del asunto natural al juez de control de la misma región judicial (Centro), con sede en Tepeaca, quien la radicó con el diverso número de causa penal * de su registro. No obstante, antes de acudir a esta instancia constitucional con motivo de este expediente (1006/2022), el propio quejoso * había promovido el diverso juicio de amparo indirecto *2021 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en donde reclamó la misma orden de aprehensión, librada en su contra el diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, y en el que se dictó sentencia negándole el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese orden de ideas, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes; o bien, las que oficiosamente se adviertan actualizadas, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. Esto, en aplicación de la jurisprudencia II.1°.J./51 del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". Así, con relación al acto reclamado ya precisado, consistente en la orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso *, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la ley de la materia que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios". Esa hipótesis establece la causal consistente en que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que ya fueron objeto de un diverso juicio de amparo, que está pendiente de resolución por el mismo quejoso, acto reclamado y autoridad responsable. En efecto, de las constancias agregadas al informe justificado de cuenta, rendido por el juez responsable (que tienen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia), se advierte que - tal como se adelantó- en el diverso juicio de amparo 1098/2021 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por el ahora impetrante * y otros quejosos, se dictó sentencia en la que se analizó la constitucionalidad del acto ahí reclamado, consistente en la mencionada orden de aprehensión de diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal *, por el Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla; en la cual se negó la protección constitucional solicitada. En adición, debe decirse que está pendiente de dictarse resolución en el recurso de revisión que interpuso el quejoso en contra de la aludida sentencia dictada en ese juicio de amparo * del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Así pues, es evidente el acto aquí reclamado consistente en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso, ya fue materia de un diverso juicio de amparo. Por ello, es inconcuso que el acto combatido en la presente vía constitucional precisado con antelación (orden de aprehensión, librada el diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la otrora causa penal *) fue materia de estudio en un diverso juicio de amparo indirecto (*/2021 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla), promovido contra la misma autoridad judicial responsable (Juez de Control adscrito Juzgado de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla) y por la hoy parte quejosa. De ahí la actualización, como se ha dicho, de la causal de improcedencia de mérito. Sirve de apoyo, por similitud jurídica, la tesis2 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia. También sustenta lo anterior, por similitud jurídica, la tesis3 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. Si la materia que constituye la impugnación en el juicio de garantías, en el que no se hacen valer violaciones de fondo, se está refiriendo precisamente a los actos que ya fueron objeto de apreciación en la ejecutoria pronunciada por un Tribunal Colegiado de Circuito en ocasión de un amparo anterior, en que el quejoso es el mismo promovente, idénticas las autoridades responsables y por el propio acto reclamado, tales circunstancias hacen surgir la causal de improcedencia establecida por la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, y conforme a la cual el sobreseimiento es imperativa con fundamento en la fracción III del artículo 74 del invocado ordenamiento." Así como por similitud jurídica, la diversa tesis4 cuyo contenido es: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS RECLAMADOS EN DISTINTO JUICIO DE GARANTÍAS YA RESUELTO. Si del estudio de dos juicios constitucionales conexos aparece que ambos fueron promovidos por el mismo quejoso, contra igual autoridad, por idéntico acto reclamado y que en uno de ellos dictó resolución, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, debiéndose por tanto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de dicho ordenamiento, sobreseer el segundo juicio de garantías." No es óbice a lo anterior, el hecho de que el juez responsable que rinde el informe justificado de cuenta, le haya expresado que el Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, declinó competencia a su favor, en la causa penal * del registro de esta última, por lo que aquélla formó la diversa *. Esto es así, pues conforme al informe de cuenta, la orden de aprehensión reclamada en este juicio de amparo, es la misma que la que fue combatida en el diverso expediente constitucional amparo * del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Ello, al haber sido librada por la misma autoridad judicial. Además, en la demanda que da origen a este juicio de amparo se señaló -entre otras- a los jueces de control de la región judicial Centro, con sedes tanto en Puebla como Tepeaca. De ahí que es evidente que el acto librado por la propia autoridad y que aquí pretende combatir el ahora quejoso, ya fue analizado en cuanto a su constitucionalidad en diverso juicio de amparo promovido por el mismo impetrante, en donde se negó la protección solicitada; cuyo fallo se encuentra subjúdice al ser materia de un recurso de revisión. En consecuencia, ante la actualización de la causal de improcedencia analizada, es menester sobreseer fuera de audiencia constitucional en la especie, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Dicho sobreseimiento debe hacerse extensivo a las demás autoridades ejecutoras, por no reclamarse de éstas actos por vicios propios. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha señalada para las diez horas con seis minutos del veinte de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Por último, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Se ordena agregar al expediente el oficio de cuenta, remitido por el Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado, por el que rinde su informe justificado. En consecuencia, se da a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga, y será relacionado con el valor que la ley concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del contenido del informe justificado se advierte la manifestación relativa a que existe el registro de haberse decretado orden de aprehensión contra *, dentro de la carpeta judicial administrativa *, por los hechos con apariencia de delito de homicidio calificado en grado de tentativa; misma que fue librada por el Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Tepeaca. En tales condiciones, se tiene como autoridad responsable al Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Tepeaca, sin embargo, es pertinente precisar que el nombre de quien promueve la demanda de amparo es *(quejoso). Requerimiento de informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a dicha autoridad responsable su informe justificado, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación1. En este, deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados. También deberá remitir a este juzgado copia fotostática certificada de la totalidad de las constancias (incluidas videograbaciones, índice cronológico y versión escrita del acto reclamado), que tenga en la causa penal o carpeta judicial de la cual deriven los actos combatidos. Lo anterior bajo el apercibimiento que de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá a la omisa una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se prescinde remitir copia de la demanda, porque la misma será anexada al oficio por el cual se le requiera el informe previo, sin embargo, se ordena anexar una impresión del auto admisorio de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, para su conocimiento. Medidas especiales para rendir el informe justificado. Se hace saber a la autoridad responsable que a fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid-19, en el sentido de que debe privilegiarse el trabajo a distancia con las herramientas electrónicas que resulten necesarias, su informe 1 En términos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción I de la Ley de Amparo. justificado deberá ser remitido únicamente por vía electrónica, al correo electrónico oficial de este juzgado: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Por el mismo medio se le acusará recibo -el mismo día si el correo se recibe de nueve a quince horas, o al día siguiente si es con posterioridad-. Sin embargo, de ser necesaria la presentación física del mismo por contener anexos que no puedan digitalizarse y remitirse vía electrónica, deberán hacerlo en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Requerimiento de antecedentes. Se requiere a la autoridad responsable informe en un plazo de cinco días, si en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de desatender dicho requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Requerimiento de informe sobre terceros interesados. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a la autoridad responsable que en el plazo de cinco días2, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre y domicilio de las personas que puedan tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas), para ello deberá remitir las constancias de donde se desprenda tal información. Se insiste, dicho informe debe ser enviado al correo electrónico oficial del juzgado: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable que de no cumplir lo requerido en párrafos anteriores en el plazo señalado, sin causa justificada, se le impondrá a la omisa una multa de cien a mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Una vez que se reciba la información requerida, habrá de proveerse el emplazamiento de quien tenga el carácter de tercero interesado -si procede-, en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Notificación a la autoridad responsable. Con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, se hace saber a la responsable que en el presente juicio sólo le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito3. Además, de negarse a recibir alguna notificación ordenada en este juicio, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo. También, como lo ordena el artículo 2454 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la renuente una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se hace de su conocimeinto que están señaladas las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Requerimiento sobre causas de sobreseimiento. Se informa que de conocer alguna causa de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberá manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañe las constancias que la acrediten. No cumplir lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Requerimiento al quejoso Dado que del informe justificado se desprende la existencia del registro de haberse librado orden de aprehensión contra "*" dentro de la carpeta judicial administrativa (actual) *, por los hechos con apariencia de delito de homicidio calificado en grado de tentativa; misma que fue librada por el Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Tepeaca. Sin embargo, el nombre de quien promueve la demanda de amparo es * (quejoso). Por tanto, se quiere al quejoso para que en el plazo de tres días contado a partir del día siguiente a que surta efectos la diversa notificación del acuerdo en donde en su momento se reciba el informe justificado del Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Tepeaca, manifieste bajo protesta de decir verdad y acredite con las constancias idóneas para tal efecto, si la orden de aprehensión cuya existencia se señala con antelación puede o no ejecutarse en su contra. Lo anterior, bajo apercibimiento de que de no hacerlo así, se resolverá en su momento con las constancias que obren en el presente sumario constitucional.

  4. Incidental

    R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA al Quejoso *, contra los actos reclamados de las autoridades responsables referidos en los considerandos primero y segundo, conforme a lo expuesto en el diverso tercero de esta resolución. SEGUNDO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA al quejoso *, contra los actos reclamados de las autoridades responsables referidas en los considerandos primero y segundo, en términos del diverso considerando cuarto de esta interlocutoria. TERCERO. Se ha dispuesto una forma especial de notificación en términos del considerando quinto de esta decisión. CUARTO. Se ha formulado requerimiento al Juez de Control adscrito al Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución Penal de la Región Judicial Centro, con sede en Tepeaca, en términos del último considerando. Notifíquese;

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