Manuel Neftali Hernandez Villegas

Expediente 1167/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1167/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
02/12/2021

Partes del expediente

  • Manuel Neftali Hernandez Villegas

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1167/2021-VII. Puebla, Puebla, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que promueve el quejoso *** por su propio derecho, contra actos de la Unidad de Investigación de Acajete Puebla Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. ...Para demostrarlo, se hace notar que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: ".la orden de aprehensión dictada por alguna de las autoridades señaladas, así como la ejecución que pretendan hacer a la misma, las autoridades ejecutoras.". Las autoridades responsables ordenadoras, consisten en 108 (ciento ocho) Unidades de Investigación en el Estado de Puebla, es decir, autoridades ministeriales que corresponden al sistema procesal penal acusatorio. Mientras que las autoridades señaladas como ejecutoras, son el Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, así como como los Comandantes de la Policía Ministerial adscritos a las 108 (ciento ocho) unidades de investigación señaladas como autoridades responsables ordenadoras. Ahora bien, el tercer párrafo del artículo 16 Constitucional2, así como la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales3, establecen que a petición del Ministerio Público, sólo la autoridad judicial -Juez de Control- es quien podrá librar orden de aprehensión, que precisamente consituye el acto reclamado en este juicio. Sin embargo, el quejoso no señaló a juez de control alguno -a quien atribuirle la emisión de la citada orden de aprehensión-; y, tampoco manifestó en su demanda, la existencia de alguna causa penal instruida en su contra. Por tanto, resulta improcedente el presente juicio de amparo ya que las autoridades señaladas como responsables, tanto ordenadoras como ejecutoras, carecen de facultades para ordenar una orden de aprehensión, puesto que dichas facultades convergen en forma exclusiva a una autoridad judicial. Asimismo, no pasa por alto para el suscrito el contenido del párrafo seis del artículo 16, el cual establece que en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. No obstante, de los antecedentes narrados no se advierte la actualización de esa hipótesis, ni menos aún existan algún dato o circunstancia que pueda hacer llegar a esa conclusión. Lo anterior resulta así, puesto que el quejoso en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad manifestó que personas quienes dijeron ser agentes de la Policía Ministerial, se presentaron en su domicilio particular con el propósito de privarlo de su libertad, manifestando que contaban con una orden de aprehensión en su contra, pero sin mostrarla; empero, el supuesto de detención por caso urgente, previsto en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, exige, entre otras cosas, que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia la autoridad ministerial no pueda acudir ante el juez de control a solicitar el libramiento de un mandato de captura. Por ende, es inconcuso que en el caso particular no se trata de una detención urgente que pudiera haber sido ordenada por alguna de las unidades de investigación que se señalan en la demanda de amparo; pues, si refiere que los elementos de policía han realizado actos encaminados a aprehenderlo; ello, implica que no existe una circunstancia que justifique la emisión de un mandato de captura sin la autorización previa de un juez de control. De lo que concluye que la orden de aprehensión reclamada, no se le puede atribuir a ninguna de las autoridades responsables -108 (ciento ocho) Unidades de Investigación en el Estado de Puebla - ya que de ninguna parte de la demanda en estudio, se advierta que se trata de una caso urgente, tal y como lo prevé el párrafo sexto del artículo 16 Constitucional4, en relación con el diverso 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionado con los párrafos tercero y sexto del diverso 16 Constitucional y fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desecha de plano la demanda de amparo del quejoso Manuel Neftalí Hernández Villegas, porque el acto que reclama conforme a la esfera de competencia legal de las autoridades responsables -orden de aprehensión-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el escrito de demanda (ubicado en la ciudad de puebla). Luego, no ha lugar a tener por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la profesionista señalada en el escrito de cuenta, toda vez que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, se le tiene como autorizada en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la ley de la materia. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa y cúmplase.

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