Manuel Rodríguez Luevano

Expediente 226/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
226/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Manuel Rodríguez Luevano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual, se declaró por cumplida la ejecutoria dentro del presente sumario constitucional; en consecuencia, se decreta que dicho auto ha causado estado. En ese sentido, del estado de autos se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra debidamente integrado; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, el quejoso Manuel Rodríguez Luevano, en atención a la vista otorgada hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que la autoridad responsable señalada en el presente juicio, está cumpliendo cabalmente con la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que el quejoso realizó manifestaciones en el término concedido para tal efecto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de emitir el dictamen de actualización de pensión, solicitado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno y registrado con el número de folio 2, 194, 595, 42102. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso para los siguientes efectos: ". Se concede al quejoso Manuel Rodríguez Luevano el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), se pronuncie en el ámbito de su competencia con relación a solicitud de actualización de pensión presentado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, y notifique el mismo al solicitante ahora quejoso; debiendo remitir copia certificada de dicha respuesta y notificación a este Juzgado de Distrito." Asimismo, el tres de mayo del año en curso, causo ejecutoria la referida sentencia, y se requirió al Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que dentro del plazo de tres días diera total cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y remitiera copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Luego, en fecha trece de mayo de dos mil veintidós, se recibió el oficio sin número (con anexos) signados por el representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), mediante el cual, remitió copias constatadas del dictamen CP/76905/2022, de veintidós de abril del año en curso. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión de amparo, es decir, emitió el dictamen de pensión en respuesta a la solicitud hecha por el quejoso Manuel Rodríguez Luevano. A las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora en su totalidad; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO POR MEDIO DE LISTA, LA DETERMINACION DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, TODA VEZ QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS Toluca, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, el quejoso Manuel Rodríguez Luevano, en atención a la vista otorgada hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que la autoridad responsable señalada en el presente juicio, está cumpliendo cabalmente con la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que el quejoso realizó manifestaciones en el término concedido para tal efecto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de emitir el dictamen de actualización de pensión, solicitado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno y registrado con el número de folio 2, 194, 595, 42102. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso para los siguientes efectos: ". Se concede al quejoso Manuel Rodríguez Luevano el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), se pronuncie en el ámbito de su competencia con relación a solicitud de actualización de pensión presentado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, y notifique el mismo al solicitante ahora quejoso; debiendo remitir copia certificada de dicha respuesta y notificación a este Juzgado de Distrito." Asimismo, el tres de mayo del año en curso, causo ejecutoria la referida sentencia, y se requirió al Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que dentro del plazo de tres días diera total cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y remitiera copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Luego, en fecha trece de mayo de dos mil veintidós, se recibió el oficio sin número (con anexos) signados por el representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), mediante el cual, remitió copias constatadas del dictamen CP/76905/2022, de veintidós de abril del año en curso. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión de amparo, es decir, emitió el dictamen de pensión en respuesta a la solicitud hecha por el quejoso Manuel Rodríguez Luevano. A las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora en su totalidad; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual, el representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, remite copia debidamente constatada del dictamen de pensión CP/76905/2022 de veintidós de abril del año en curso, empero por cuanto hace a la notificación del dictamen antes señalado, refiere su imposibilidad para remitir dicha constancia. Ahora bien, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales y a fin de que la parte quejosa Manuel Rodríguez Luevano, tenga conocimiento del referido dictamen, se pone a la vista el mismo para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; por lo que, una vez que transcurra dicho plazo, provéase lo que en derecho corresponda.

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