Manuel Martínez Cruz

Expediente 373/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
373/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Manuel Martínez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; mediante el cual el secretario de acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en esta Ciudad remite testimonio de la ejecutoria dictada por dicho Tribunal en los autos del conflicto competencial 6/2022, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y este órgano jurisdiccional, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "Primero. Si existe conflicto competencial. Segundo. Se declara legalmente competente al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo promovida por MANUEL MARTÍNEZ CRUZ Atento a lo anterior, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, visto el estado procesal del presente juicio de amparo, evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por lo tanto, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente cuaderno es destruible y que no existen documentos originales exhibidos por las partes, en términos del artículo 21, inciso j), de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; mediante el cual la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, recibe el diverso oficio por el cual, se remitieron las constancias respectivas a fin de sustanciar el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y este órgano jurisdiccional, mismo que registró como conflicto competencial 6/2022 de su estadística; circunstancia de la cual se toma conocimiento.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos), a través del cual, la actuaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, remite los autos del juicio de amparo 373/2022-VIII de este índice, en atención a que no aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito, para conocer de la demanda de amparo promovida por Manuel Martínez Cruz, por propio derecho, contra actos del Juez de Control adscrito a la Unidad de Gestión Judicial doce, del Poder Judicial de la Ciudad de México y otras autoridades, por las razones que expone. En consecuencia, acúsese recibo de estilo a la autoridad oficiante y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En tal virtud, no obstante los argumentos que vierte el juzgado oficiante, de conformidad con el artículo 48 de la ley de Amparo, este Juzgado de Distrito insiste en declinar competencia, por las consideraciones establecidas en proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno. Así las cosas, dado que este órgano jurisdiccional no podría válidamente pronunciarse respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que por esta vía se combaten, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito plantea conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, a fin de que resuelva a qué órgano jurisdiccional le corresponde conocer y resolver del juicio de amparo en que se actúa; para tal efecto, remítase el juicio de amparo 373/2022-VIII y comuníquese lo anterior al Homologo Federal oficiante, para los fines legales conducentes.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo, promovida por ****, por derecho propio contra actos del Juez de Control adscrito a la Unidad de Gestión Judicial doce, del Poder Judicial de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 373/2022-VIII. Sin embargo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que para conocer de la demanda de garantías será competente el juez de distrito: Que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. El del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material. Que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el quejoso Manuel Martínez Cruz, reclama de las autoridades responsables las ordenes de aprehensión, comparecencia, citación, intervención de comunicaciones privadas, detención, búsqueda, localización y presentación y su ejecución, así como, la entrega de datos conservados por los concesionaros y telecomunicaciones, la orden o autorización de localización geográfica en tiempo real y la omisión de acceso al carpeta de investigación. Aunado a lo anterior, del análisis integral de la demanda, se advierte que señala como autoridades las siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU CARÁCTER DE LA QUE DICTA Y ORDENA EL ACTO RECLAMADO: C. JUECES DE CONTROL ADSCRITOS AL JUZGADO DE CONTROL ESPECIALIZADO EN CATEOS Y ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN TOLUCA (.) C. JUECES DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. JUECES DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLÁN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. JUECES DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. JUECES DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL ORO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. JUECES DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE IXTLAHUACA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. JUECES DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE JILOTEPEC DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. JUECES DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. JUECES DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEZAHUALCÓYOTL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. JUECES DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE OTUMBA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. JUECES DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SULTEPEC DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. JUECES DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEMASCALTEPEC DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. JUECES DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANGO DEL VALLE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. JUECES DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TENANCINGO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. JUECES DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEXCOCO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. JUECES DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. JUECES DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. JUECES DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALLE DE BRAVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. JUECES DE CONTROL ADSCRITOS AL CENTRO NACIONAL DE JUSTICIA ESPECIALIZADO EN CONTROL DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN, ARRAIGO E INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO (.) C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. FISCAL CENTRAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS VINCULADOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. FISCAL ESPECIAL DE HOMICIDIOS DE VALLE DE TOLUCA (.) C. FISCAL ESPECIAL DE HOMICIDIOS DEL VALLE DE MÉXICO (.) C. FISCAL DE ASUNTOS ESPECIALES (.) C. FISCAL REGIONAL DE ATLACOMULCO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. FISCAL REGIONAL DE TOLUCA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. FISCAL REGIONAL DE TLALNEPANTLA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. FISCAL REGIONAL DE ECATEPEC DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. FISCAL REGIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. FISCAL REGIONAL DE VALLE DE BRAVO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. FISCAL REGIONAL DE TEXCOCO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. FISCAL REGIONAL DE CUAUTITLÁN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. FISCAL REGIONAL DE TEJUPILCO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. FISCAL REGIONAL DE AMECAMECA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. FISCAL REGIONAL DE IXTAPAN DE LA SAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (.) AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU CARÁCTER DE LA QUE EJECUTA O TRATA DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO: C. COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.) COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL (.) JEFE GENERAL DE LA POLÍCIA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (.) C. SECRETARIO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO (.) C. SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (.) En ese sentido, se logra interpretar que las autoridades ejecutoras antes mencionadas, indicadas con los números 37 y 41, tienen ámbito de ejecución en todo el Estado de México, en tanto que las restantes están fuera de la plaza territorial de la cual este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción por lo que este órgano Jurisdiccional carece de competencia territorial. En diversa tesitura, de la demanda de amparo de cuenta, no consta dato alguno que ponga de manifiesto o aporte algún indicio de que el acto reclamado pudiera tener ejecución en este territorio jurisdiccional; aunado a que, el domicilio que señala el quejoso es en la Ciudad de México, esto en virtud de que en el apartado señalado como "HECHOS" hace mención de lo siguiente: ".tuve conocimiento por vecinos, que elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se constituyeron en mi domicilio, los cuales no se identificaron, refiriendo que venían a dar cumplimiento a una supuesta orden de aprehensión decretada en mi contra.. . se han presentado en mi domicilio diversas personas que portan armas de fuego que refieren ser policías..." (sic) En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado tendrá ejecución en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Sobre lo expuesto, por las razones que la informan, sirve de apoyo por identidad jurídica la tesis II.1o.P.152 P, publicada en la página 1925 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2010, Tomo XXXII, Materia Penal, Noventa Época, número de registro 164371, que establece: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. CRITERIOS PARA DETERMINARLA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. Para establecer la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, una vez que se sustanció un juicio de garantías promovido contra una orden de aprehensión, en términos del artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, debe atenderse, en principio, como dato determinante, a la aceptación que realice la autoridad ejecutora acerca de que tratará de cumplir la orden en una localidad concreta y si la competencia territorial corresponde a un solo Distrito Judicial del Poder Judicial de la Federación, con absoluta independencia del sitio donde la ejecutora tenga su residencia oficial, caso en el cual, corresponderá conocer del amparo a un Juez de Distrito de esa localidad. Sin embargo, cuando no se cuente con ese dato deberá obtenerse de los indicios que se deduzcan de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo, incluidas, desde luego, las correspondientes a la averiguación previa o al proceso penal instruido contra el quejoso, y que sean indicativos del lugar donde, objetiva y lógicamente, puede ejecutarse la orden de aprehensión, pues si ésta consiste en la privación de la libertad deambulatoria del probable responsable, resulta inconcuso que deben considerarse los datos que permitan establecer su ubicación personal, por ejemplo, su domicilio actual o más reciente, el lugar de trabajo, el principal asiento de sus negocios, entre otros. Sin que este criterio riña con la jurisprudencia 1a./J. 12/95 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de rubro: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA.", toda vez que en ésta se establece que para fijar la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, no debe atenderse al domicilio que hubiese señalado el quejoso en su demanda de garantías, pues ello equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar el domicilio donde quisiera promover; lo anterior es así, toda vez que dicho criterio no impide que para conocer el lugar donde tratará de ejecutarse la orden de aprehensión, pueda tomarse en consideración el domicilio que realmente aparezca probado en autos, una vez sustanciado el juicio de garantías y obtenido mediante la valoración de los indicios que deriven de la totalidad de las constancias existentes en él, incluidas claro está, aquellas que hubiese allegado la autoridad o autoridades que hayan aceptado la existencia de ese acto en concreto." Así también, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En las relatadas condiciones, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia para conocer del presente asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, ya que dentro de su jurisdicción se podría ejecutar el acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producirían sus efectos el acto reclamado. Por lo cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar inmediatamente a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), con el uso de su firma electrónica. Al mismo tiempo, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. En ese tenor, toda vez que se encontró registro de los usuarios "LUISALFONSOCHAVEZZEPEDA" y "Giovanni24", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autorizan para oír y recibir notificaciones; así como la consulta del expediente electrónico que deriven de este asunto; asimismo. En otro orden de ideas, se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Alfonso Chávez Zepeda y Edgar Giovanni Ibarra Luria ya que cuentan con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; y en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo a la diversa persona que refiere; limitación que se establece hasta en tanto cuente con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Así también, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. También se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.

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