Manuel Garduño Ramírez

Expediente 1944/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1944/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
28/02/2023

Partes del expediente

  • Manuel Garduño Ramírez
  • Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que el auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se proceda a su destrucción. Además, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta; a través del cual, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, rinde informe justificado; asimismo, remite copia certificada de las razones actuariales de dieciséis y diecisiete de agosto de dos mil veintidós respecto de la parte demandada en el expediente laboral ******************** de su índice. Ahora bien, de dichas constancias, se evidencia que el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable emplazó a la parte demandada, esto es, el Ayuntamiento de Mexicaltzingo. Luego, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada en el expediente laboral ******************** del índice de las autoridades responsables, y como se advierte del párrafo precedente el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable emplazó a la parte demandada correspondiente al expediente laboral ******************** de su índice; en consecuencia, se surte la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y, (.)". En efecto, las constancias del expediente laboral ******************** del índice de la responsable, dada su naturaleza de documentales públicas, por ser emitidas por servidor público en uso de sus facultades, hacen prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles (de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2), para demostrar que las violaciones de las que se duele el impetrante de amparo, no existen, ni existían en la forma planteada a la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el veintiocho de diciembre del dos mil veintidós, en virtud de que el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable emplazó a la parte demandada en el expediente laboral ********************; de ahí que se actualiza la causal de sobreseimiento aludida. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, consultable en la página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Consecuentemente, como ya se dijo, se encuentra plenamente demostrada la causa de sobreseimiento a que se refiere el artículo 63, fracción IV, de la legislación de la materia, relativa a la inexistencia del acto reclamado. En ese sentido, toda vez que se ha advertido la actualización notoria, manifiesta e indudable de la causa de sobreseimiento aludida, puesto que en el caso se actualiza la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado, pues aún y cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada, pues ninguna prueba podría servir para concluir lo contrario; por tanto, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo IV, Libro 62, Enero de 2019, página 2646, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se deja sin efectos en razón a la determinación anterior.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la comparecencia de dieciséis de enero del año en curso, se advierte que el quejoso ********************, compareció ante este órgano jurisdiccional a fin de ratificar el contenido y firma de su escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el nueve de enero de la presente anualidad; registrado en el libro de correspondencia interna bajo el número de folio 220, correspondiente a su escrito de desahogo de prevención. Atento a lo anterior, téngase por cumplido el requerimiento efectuado y se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora bien, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir la quejosa. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la parte quejosa está encaminada a reclamar el acto que se hace consistir en: La omisión de emplazar a juicio a la parte demandada en el expediente laboral ********************del índice de las autoridades responsables. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo promovida por el quejoso ********************, contra el acto antes precisado; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación, solicitando que privilegien el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe, de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá, en lo individual, una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también le será aplicada en el supuesto de que no rindan su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en caso de que dentro de la información que remitan como sustento al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberán enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado de Distrito; apercibidas que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá, en lo individual, una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberán hacer comunicación alguna. Por otra parte, no obstante que el quejoso señaló como tercero interesado al ********************, se estima que no reviste tal carácter, en virtud de que no ha sido llamado al juicio de origen; por tanto, una eventual concesión de la Justicia Federal no le depararía perjuicio alguno. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 67/2009, consultable en el Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 265, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender" Por otra parte, respecto de las pruebas que oferta la parte quejosa, consistentes en: Las actuaciones de la autoridad responsable en el juicio laboral número ********************. La presuncional legal y humana. La instrumental pública de actuaciones. En ese contexto, en relación a la prueba referida en el arábigo 1, únicamente se tiene por ofrecida, y una vez que las autoridades responsables rindan su informe justificado se proveerá respecto a su admisión y desahogo. Luego, respecto a la prueba referida en el punto 2, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la celebración de la audiencia constitucional. Y tocante a la prueba, referida en el punto 3, se reserva acordar sobre su admisión hasta en tanto se encuentre debidamente integrado el presente sumario. Se faculta a la secretaria adscrita a este juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.

  4. Principal

    Comparecencia del quejoso para ratificación de firma y contenido escrito

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