Manuel Padrón Castillo

Expediente 459/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
459/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
24/08/2018

Partes del expediente

  • Manuel Padrón Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de siete de agosto de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo que remite el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, por el cual informa que en acatamiento a lo ordenado por la Magistrada del Cuarto Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta localidad, giró oficio al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de cinco días proceda a la cancelación de la ficha de identificación antropométrica del aquí quejoso *******. Ahora, del contenido del oficio 18754/2018 que remite el Juez Quinto de Distrito en el estado de Chihuahua y de la copia la copia certificada del oficio 533/2018 de tres de agosto de dos mil dieciocho, que anexa, se advierte de manera manifiesta e indudable, que en el caso, han cesado los efectos del acto negativo que se impugna, como a continuación se pone de relieve. En el caso, quien resuelve considera que se actualiza, de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte lo siguiente: Por oficio recibido en este órgano jurisdiccional de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, la Secretaria del Tercer tribunal Unitario remitió la demanda de amparo promovida por *******, quien solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, a quien le reclamó el auto de dos de julio de dos mil dieciocho por el que desechó de plano la petición de cancelación o levantamiento de la ficha signalética. Asimismo, en acuerdo de dieciocho de julio de dos mil dieciocho se ordenó formar expediente bajo el consecutivo 459/2018-I; se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado. Al rendir el informe justificado la autoridad responsable informó que *******, mediante escrito presentado el veintinueve de junio del año en curso, solicito la cancelación y/o levantamiento del registro administrativo. Ante tal solicitud por acuerdo de dos de julio del presente año, dictado en la causa penal *******, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, desechó de plano lo solicitado por el *******, por considerar notoriamente improcedente, al encontrarse en ninguno de los supuestos al que alude el numeral 165 bis, del código adjetivo federal. Como se observa de los antecedentes narrados en esta vía el quejoso combate un acto negativo, dado que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, se negó a ordenar la cancelación de la ficha signalética que se elaboró con motivo de la tramitación de la causa penal ******* iniciada en su contra. Ahora, por oficio 18754/2018 el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, informó que la Magistrada del Cuarto Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, también con morada en esta localidad, le ordenó la cancelación de la ficha de identificación antropométrica del aquí quejoso *******, por lo cual, en auto de tres de agosto de dos mil dieciocho giró oficio al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de cinco días proceda a acatar la orden de cancelación. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas que remitió la autoridad responsable; documentales a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Así, lo informado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesaron en sus efectos los actos negativos reclamados, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues por auto de tres de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó la cancelación de la ficha de identificación antropométrica del quejoso; por ende, la negativa reclamada, cesó en sus efectos, debido a que la autoridad responsable hizo aquello que se negaba a efectuar. En las apuntadas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXI; con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Apoya esta conclusión la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas con diez minutos del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diez de julio de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada del acuerdo de siete de agosto de dos mil dieciocho que a la letra dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo que remite el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, por el cual informa que en acatamiento a lo ordenado por la Magistrada del Cuarto Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta localidad, giró oficio al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de cinco días proceda a la cancelación de la ficha de identificación antropométrica del aquí quejoso *******. Ahora, del contenido del oficio 18754/2018 que remite el Juez Quinto de Distrito en el estado de Chihuahua y de la copia la copia certificada del oficio 533/2018 de tres de agosto de dos mil dieciocho, que anexa, se advierte de manera manifiesta e indudable, que en el caso, han cesado los efectos del acto negativo que se impugna, como a continuación se pone de relieve. En el caso, quien resuelve considera que se actualiza, de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte lo siguiente: Por oficio recibido en este órgano jurisdiccional de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, la Secretaria del Tercer tribunal Unitario remitió la demanda de amparo promovida por *******, quien solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, a quien le reclamó el auto de dos de julio de dos mil dieciocho por el que desechó de plano la petición de cancelación o levantamiento de la ficha signalética. Asimismo, en acuerdo de dieciocho de julio de dos mil dieciocho se ordenó formar expediente bajo el consecutivo 459/2018-I; se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado. Al rendir el informe justificado la autoridad responsable informó que *******, mediante escrito presentado el veintinueve de junio del año en curso, solicito la cancelación y/o levantamiento del registro administrativo. Ante tal solicitud por acuerdo de dos de julio del presente año, dictado en la causa penal *******, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, desechó de plano lo solicitado por el *******, por considerar notoriamente improcedente, al encontrarse en ninguno de los supuestos al que alude el numeral 165 bis, del código adjetivo federal. Como se observa de los antecedentes narrados en esta vía el quejoso combate un acto negativo, dado que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, se negó a ordenar la cancelación de la ficha signalética que se elaboró con motivo de la tramitación de la causa penal ******* iniciada en su contra. Ahora, por oficio 18754/2018 el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, informó que la Magistrada del Cuarto Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, también con morada en esta localidad, le ordenó la cancelación de la ficha de identificación antropométrica del aquí quejoso *******, por lo cual, en auto de tres de agosto de dos mil dieciocho giró oficio al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de cinco días proceda a acatar la orden de cancelación. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas que remitió la autoridad responsable; documentales a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Así, lo informado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesaron en sus efectos los actos negativos reclamados, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues por auto de tres de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó la cancelación de la ficha de identificación antropométrica del quejoso; por ende, la negativa reclamada, cesó en sus efectos, debido a que la autoridad responsable hizo aquello que se negaba a efectuar. En las apuntadas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXI; con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Apoya esta conclusión la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas con diez minutos del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diez de julio de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social Estatal Tres, en Ciudad Juárez, Chihuahua; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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