Manuel Omar Contreras Morales
Expediente 593/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Manuel Omar Contreras Morales
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que el directo agraviado en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente, contra el auto de dieciocho del mes y año en curso, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por xxxxa favor de xxxx. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción III, párrafo segundo, del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, toda vez que el presente expediente se encuentra clasificado como depurable, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse del presente asunto e intégrese, por separado, el tomo de las documentales que deberán ser destruidas, cuando sean transferidas al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado xxxx, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado xxxx. Doy fe.cnv*
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Agréguense únicamente como antecedente los informes que rinden el Juez Cívico en Turno y Director General de Tránsito Municipal de Juárez, residentes en esta ciudad, toda vez que el dieciocho de agosto del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo interpuesta por Francisco Eduardo San Cristóbal León en favor del directo agraviado ******************. Por otra parte, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades oficiantes, designando como delegados a las personas que indican y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refieren en sus informes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ******************. Doy fe.*
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por xxxx, a favor de xxxx, contra actos del Director General de Tránsito Municipal y otras autoridades, de quienes reclama la detención fuera de procedimiento e incomunicación. Se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotar en el Libro de Gobierno correspondiente de este juzgado como juicio de amparo 593/2019-VI. Se reserva la admisión de la demanda hasta que sea ratificada, en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 125, 126 y 169, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano respecto de los actos de detención fuera de procedimiento e incomunicación para que cesen de inmediato, medida que no se encuentra sujeta a condición alguna impuesta por la autoridad responsable. Asimismo, la autoridad responsable deberá de abstenerse de realizar cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que, si el quejoso no fue privado de la libertad en cumplimiento a una orden de detención o aprehensión, o por sorprenderlo en flagrante delito, la autoridad responsable debe ponerlo en inmediata libertad, sin imponerle pago alguno o carga diversa para poder estar libre. Esto, porque según los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de procurar que se mantenga viva la materia del amparo, de ahí que en el supuesto mencionado, de permitirse que la orden de detención fuera de procedimiento reclamada continúe surtiendo sus efectos, se corre el riesgo de que el acto reclamado se consume irreparablemente en perjuicio de la parte quejosa. Luego, resulta innecesario establecer alguna medida de aseguramiento a la parte quejosa, pues de los hechos narrados en la demanda no se advierte la probable comisión de un hecho delictivo o la existencia de un tercero interesado. Ahora, es importante destacar que la suspensión de plano que se concede respecto de la detención fuera de procedimiento e incomunicación no surtirá efectos si a la parte quejosa se le sorprendió en flagrante delito o con posterioridad se decreta su detención con base en lo establecido en el artículo 16 Constitucional. De igual manera, las autoridades responsables, en su caso, deberán informar la situación jurídica de la parte directamente agraviada, el motivo por el cual se encuentra privado de su libertad y si existió la comisión de un delito ponerlo a disposición, la autoridad policiaca del agente del Ministerio Público, y éste, de la autoridad jurisdiccional, en los plazos correspondientes. En tales condiciones, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del término de veinticuatro horas legalmente computado, informen a este órgano de control constitucional sobre el cumplimiento a la suspensión de plano; para lo cual, deberán agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de ser omisas en acatar la suspensión de plano que se concede, dejar de informar la forma en que lo hicieron o no manifestar la imposibilidad que tengan para ello, serán sancionadas en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone: 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; [.] Por otra parte, como de la demanda de cuenta se advierte que el directamente agraviado se encuentra privado de la libertad y de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, el que suscribe se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para lograr su comparecencia, se faculta a la Actuaria adscrita a este Juzgado Federal para que se constituya en las instalaciones que ocupa el Centro de Recuperación Cívica Total. Así, una vez que localice al directamente agraviado, dé fe del estado físico que presente a simple vista y de conformidad con el artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, lo requiera para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente, por sí o por medio de su representante ratifique la demanda de amparo promovida en su nombre; apercibiéndolo, de que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda, y se dejarán sin efecto las medidas provisionales que se han dictado. Atento a lo anterior, y dada la naturaleza de la diligencia encomendada a la fedataria judicial, se requiere a las autoridades encargadas de la custodia del directamente agraviado, se encuentren o no señaladas como responsables por la parte promovente, faciliten los medios necesarios para que el servidor público de la adscripción pueda dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído; esto es, para que le permitan el acceso a la totalidad de las instalaciones donde pueda estar recluida la parte quejosa, para lograr su localización y entrevista. Ello es así, toda vez que los actos reclamados se encuentran prohibidos constitucionalmente y, ante ello, es una consecuencia ineludible y forzosa por cualquier autoridad, aun cuando no se les haya señalado expresamente, cuenta habida que esa circunstancia no es obstáculo para que la suspensión de plano deba cumplimentarse, desde el momento en que se ordena el cumplimiento de la medida precautoria, contra todas aquellas autoridades que ejecuten tales actos. De igual manera, indíquese a las autoridades señaladas como responsables, que tienen la ineludible obligación de dirigirse, en una forma conveniente, a los funcionarios encargados de ejecutar su acto, a efecto de cumplimentar la suspensión decretada. En concomitancia con lo anterior, se faculta a la Actuaria Judicial adscrita para que de no localizar a la parte directamente agraviada en las instalaciones que ocupan las señaladas como responsables y, en su caso, sea informada que la parte quejosa pueda localizarse en un sitio diverso, se traslade al mismo sin previo acuerdo, para efecto de dar cumplimiento a la diligencia encomendada, levantando las constancias respectivas. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la normatividad invocada, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en este juzgado, es decir, los estrados de este Juzgado. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente al directamente agraviado y por medio de oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma el licenciado xxxx, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, xxxx. Doy fe.
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