Manuel Ricardo Sapien Segoviano
Expediente 161/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 161/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 18/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Manuel Ricardo Sapien Segoviano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 5209/2019, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en el cual obra inserto el acuerdo dictado el dieciséis de julio del año en curso, en el toca de amparo en revisión 192/2019, del que se advierte que la superioridad ordenó acusar recibo del oficio a través del cual se le remitió el original y copia del escrito de expresión de agravios, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo 161/2019-III, así como los autos originales del mismo; de igual manera, se desprende que admitió el recurso de revisión interpuesto por dicha parte, de lo que enterado queda este juzgado federal. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ****************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obran agregadas las constancias de notificación realizadas a las partes, respecto de la sentencia emitida dentro del presente juicio de amparo, así como de la interposición del recurso de revisión que se formuló en su contra. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo, y en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, al encontrarse debidamente integrado el recurso de revisión, remítanse al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, los autos originales del presente juicio de amparo; el escrito original de expresión de agravios y copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Tribunal Colegiado. Cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida en el presente juicio. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87 y 89 de la Ley de Amparo vigente, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que consten la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia, como del recurso de revisión, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítase dentro del plazo de tres días al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad en turno, los autos originales de este juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al citado Tribunal, para la substanciación del recurso hecho valer. Notifíquese personalmente a las partes, y por oficio a la autoridad responsable, entregándoles copia del escrito de agravios. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de mayo de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 161/2019-III. RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el uno de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado al día siguiente hábil, por razón de turno, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de: [.] III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: C. Encargado del Departamento Administrativo de la Comisión Estatal de Seguridad, Zona Norte, (.). IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA. Del Encargado del Departamento Administrativo de la Comisión Estatal de Seguridad, Zona Norte, la inconstitucional falta de pago y/o retención de pago de la compensación correspondiente al mes de febrero de 2019, compensación que he estado percibiendo de manera mensual, permanente y continua desde aproximadamente el mes de septiembre del año 2010, mismo que es parte de mi salario integrado ya devengado y al que tengo derecho como Agente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, adscrito a Ciudad Juárez, Chihuahua. La Violación de los Derechos Humanos a la Dignidad Humana, a la Alimentación y a la Salud del quejoso y su familia, limitándoles de manera inconstitucional e inhumanamente el acceso a la Alimentación y a la Salud. [.] Posteriormente, por escrito presentado el cinco de abril de dos mil diecinueve, en la oficialía de partes de este juzgado el quejoso amplió su demanda de amparo y señaló como autoridad responsable a la Dirección de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a quien le reclamó los mismos actos. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLENTADOS. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 4º, 14, 16, 123 y demás preceptos normativos aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 161/2019-III y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue diferida. Seguido el trámite del juicio, por auto de ocho de abril del año en curso, se tuvo por ampliada la demanda respecto a diversa autoridad y se requirió a la responsable su informe justificado; se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: La falta o retención de pago de la compensación correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve. Para la fijación del acto reclamado, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. No se soslaya que en la demanda de amparo la parte quejosa precisó como acto reclamado destacado la violación de los Derechos Humanos a la Dignidad Humana, a la Alimentación y a la Salud del quejoso y su familia; sin embargo, más que acto reclamado ello en su caso formaría parte del estudio de fondo del asunto como parte de los conceptos de violación, de ahí que no se fije como acto reclamado para efectos de esta resolución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Jefe del Departamento Administrativo de la Comisión Estatal de Seguridad, Zona Norte con residencia en esta ciudad (foja 29); al rendir su informe justificado negó categóricamente el acto que le atribuyó el accionante del amparo, sin que éste haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa. Por ende, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, por lo que a dicha autoridad se refiere, en términos de lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Dirección de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que le fue requerido oportunamente por medio del oficio 11074/2019, tal y como se advierte del acuse de recibo que obra a foja 68 de autos, por lo que se tiene por presuntivamente cierto el acto que le reclama la parte quejosa, y que quedó precisado en el considerando segundo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, cuyo contenido establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, este órgano federal, considera que se actualiza de la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre los miembros de las instituciones policiales y las dependencias para las que prestan sus servicios, cuando dichas controversias surgen únicamente con motivo del desarrollo de esos servicios y no se vinculan con el procedimiento administrativo de separación del cargo del servidor público. En efecto, en el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el artículo 1o, fracción I, de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5o, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Bajo ese orden de ideas, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamados no se relacione con una vulneración a derechos humanos por parte de una autoridad que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto. En el caso, el hecho de que el quejoso sea integrante de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no implica que todos los actos de esa dependencia vinculados con la prestación de servicios se conviertan automáticamente en actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es preciso recordar que existen dos regímenes jurídicos de relaciones laborales previstos a nivel constitucional, a saber: (i) las reguladas por el artículo 123, Apartado A, entre los patrones y los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todos los obligados por un contrato de trabajo, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo; y, (ii) las reguladas por el apartado B, que se refieren el régimen jurídico de las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es fundamental precisar que aunque en dichas relaciones intervienen distintas partes, ambas tienen la misma naturaleza jurídica; esto es, ambos tipos de relaciones laborales constituyen relaciones de coordinación. Si bien las relaciones laborales que regula el apartado A se suscitan entre particulares, y las relaciones laborales que regula el apartado B se suscitan entre particulares y órganos públicos, lo cierto es que, con independencia de las partes que las configuran, ambos tipos de relaciones laborales tienen la misma naturaleza: relaciones de coordinación. Ahora bien, el hecho de que las relaciones laborales que regula el apartado B se susciten entre particulares y entidades públicas, no incide en forma alguna en la naturaleza de la relación; es decir, el hecho de que el patrón sea un ente público no significa que automáticamente la relación laboral se convierta en una relación de supra subordinación. Lo anterior es así, pues más allá de la subordinación jerárquica estrictamente laboral derivada de una relación de trabajo, entre las partes de ésta (patrón y trabajador) no existe una relación de supra a subordinación, sino de mera coordinación en la que ambas partes se encuentran en un mismo plano. Así, tratándose de las relaciones laborales que el Estado establece con sus trabajadores, se obliga como cualquier patrón lo podría hacer, por lo que en dichas relaciones no ejerce su imperio propio del derecho público, sino los derechos y obligaciones que ahí surgen deben entenderse en un plano de coordinación; de ahí que ambos tipos de relaciones, tanto las relaciones que se rigen por el apartado A, como las que se rigen por el apartado B, constituyan en ambos casos relaciones de coordinación. Ya desde la octava época, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el cese de los trabajadores al servicio del estado no puede estimarse como un acto de autoridad estatal, ya que en términos del artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley reglamentaria, el Estado se ubica en una posición jurídica similar a la de un patrón; lo que evidencia que en las relaciones que entabla con sus trabajadores no actúa con su poder de imperio -característica distintiva de los actos de autoridad-. Lo anterior, se advierte de la jurisprudencia P./J. 10/90, que lleva por rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE". Más recientemente, puede verse la tesis I.6o.T. J/28 (10a.), que lleva por rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN". Así como del criterio que ha sostenido el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/2015, en el sentido de que para la procedencia del juicio de amparo en contra de los actos del Estado dentro de las relaciones 'administrativas', aquél no actúa en calidad de autoridad, sino en un 'plano de coordinación', en tanto que se exige que se agote la instancia respectiva, cuya parte considerativa en lo que aquí interesa señala lo siguiente: [.] "Finalmente, es conveniente destacar criterios relevantes que sobre la materia, ha fijado la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en similares análisis de la evolución legislativa y jurisprudencial del tema en estudio: La relación que se establece entre el Estado y los servidores públicos referidos en la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 constitucional es de índole administrativa; sin embargo, a fin de conciliar dicho régimen de excepción con el demás marco normativo, sea constitucional, sea secundario, se ha procurado matizar tal afirmación para efecto de aducir que tal naturaleza deviene propiamente de la naturaleza de las normas que rigen tales vínculos; el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, constitucional prevé que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales se rigen por sus propias normas, excluyendo la aplicación de los derechos generales del Apartado B y, en consecuencia, de la aplicación, en principio, de la legislación secundaria de mérito, a saber, la Ley Burocrática y, por mayoría de razón, de la Ley Federal del Trabajo. Empero, la Segunda Sala, en ejercicio de esa labor interpretativa, ha reconocido que, para efecto, por ejemplo, de la procedencia del juicio de amparo en contra de los actos del Estado dentro de estas relaciones 'administrativas', aquél no actúa en calidad de autoridad, sino en un 'plano de coordinación', en tanto que, se exige, se agote la instancia respectiva, para efecto de promover el juicio constitucional, actualizándose la excepción cuando el acto reclamado sea el acuerdo de inicio del procedimiento, puesto que tal criterio responde a la irreparabilidad del daño que se ocasiona al servidor público si se inicia el procedimiento y se le separa de su cargo, en virtud de que no podrá ser posible, aun ante lo injustificado de tal separación, reincorporarlo al servicio, al existir una restricción constitucional. [.] Asimismo, la propia Segunda Sala de este Alto Tribunal, ha matizado los criterios sobre la naturaleza de las relaciones entre los miembros de las instituciones policiales y el Estado para efecto de no desconocer que, en ocasiones, es posible, con la finalidad de conceptualizar la indemnización prevista en el párrafo segundo de la fracción XIII del Apartado B del precepto 123 constitucional, la aplicación de lo establecido en las diversas fracciones del citado apartado B, e incluso del Apartado A -así como de su ley reglamentaria Ley Federal del Trabajo-, para concluir que dicha indemnización comprende el pago de 3 meses y 20 días por año efectivamente laborado. Esto, no por considerar que la relación se torna laboral, sino atendiendo a criterios de equidad respecto de situaciones jurídicas similares, ante la ausencia de norma expresa. De lo argumentado hasta este momento, es posible concluir que antes de la reforma de cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, la relación entre los trabajadores y el estado no era considerada de naturaleza laboral, sino administrativa, derivado ello, entre otras cosas, de la distinta manera de acceso al puesto para un servidor público, frente al de un trabajador privado; el primero como consecuencia de un acto administrativo de nombramiento (acto condición), el segundo como consecuencia de la celebración de un contrato o de la simple realización en el tiempo de un trabajo personal subordinado. Incluso, el apartado "B" del artículo 123 constitucional adicionado en mil novecientos setenta, deriva de la idea de equiparar la relación del Estado con sus trabajadores, a una relación de trabajo, pero precisamente partiendo de la diferencia que existe entre empleados del Estado y trabajadores en general. [.] Es la Suprema Corte de Justicia, mediante jurisprudencia, en una interpretación de esta fracción XIII, la que como arriba se ha ilustrado, mantiene la naturaleza administrativa de la relación de esos cuatro grupos con el Estado. Lo anterior, en principio, deja a los citados grupos de servidores públicos (considerados en la fracción XIII), fuera de la cobertura de los derechos laborales del apartado "B", del artículo 123. El criterio se contiene en la tesis P./J. 24/95, arriba transcrita, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA". -postura que se ha reiterado hasta la presente Décima Época-, aunque conviene aclarar que, en suma, si bien ha prevalecido la idea de que los funcionarios referidos en la propia fracción XIII están regulados en un régimen distinto al del resto de los servidores públicos, esto es, que no están sujetos a una relación simple y pura de servidor público y Estado, lo cierto es que dicha relación, en el caso, por su especialidad y características propias, presenta matices administrativo-laborales. [.] Por tanto, el artículo 123, apartado "B", fracción XIII, debe entenderse en el sentido de que los seis grupos enunciados se regirán por sus propias leyes y se encuentran bajo un régimen de exclusión del propio apartado, sujeto a restricciones constitucionales expresas e implícitas. Expresas en lo que se refiere al rubro de permanencia, e implícitas en lo que se refiere a lo que cada ley especial prevea respecto a cada grupo regulado. [.] Entonces, la idea fundamental de este régimen de exclusión es particularmente el que este tipo de servidores públicos no pertenece a ninguna de las situaciones en las que está regulado ni el apartado "A" ni el apartado "B", sino que se establece una regulación específica en relación a sus propias leyes, mismas que tendrían además que considerar las bases que la propia fracción XIII que nos ocupa contiene y ha empezado a desarrollar con mayor precisión. Ahora bien, el que este tipo de servidores públicos no cuenten con derechos laborales propiamente dichos, no impide como se ha dicho, que puedan gozar de garantías mínimas en el desempeño de su función, y por ello, la fracción en análisis ha concedido a este tipo de servidores públicos determinadas prestaciones e incluso, el derecho a una posible indemnización. Prestaciones que desde luego, pueden ampliarse o precisarse en la ley especial correspondiente. Conviene en ello citar la Tesis 2a./J. 8/2013 (10a.) de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se afirma que los policías tienen una relación administrativa con el estado, lo cual los excluye del régimen de trabajo: "AGENTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE TABASCO. SU RELACIÓN JURÍDICA CON EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. [Se transcribe]. [.] De hecho, para el cálculo de la indemnización que, en su caso, corresponda en términos de la fracción XIII, apartado "B" del artículo 123 constitucional, la Segunda Sala de este Alto Tribunal, como ya se dijo, ha reconocido que tiene carácter prioritario al respecto establecido en la legislación especializada que regula a los grupos de servidores públicos a que se ha hecho referencia, sobre lo que pudiese plasmar la Carta Magna respecto de trabajadores en general o trabajadores del Estado, aunque a falta de lo previsto en la ley correspondiente, sí resulta necesario acudir a una interpretación constitucional: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)]." [se transcribe]. [.] Ante lo señalado, no queda duda que quienes son miembros de las instituciones policiales, están sujetos a un régimen de excepción constitucional expreso, que impide a los mismos disfrutar de los derechos que los trabajadores del Estado contempla el apartado "B" del artículo 123 constitucional, pues como reiteradamente se ha dicho, la naturaleza que rige la relación del Estado con los policías es de orden administrativo y no laboral ". En efecto, si bien, en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución se regulan las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores; lo cierto es que en la fracción XIII, se establece que las relaciones de trabajo de los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Lo anterior, implica que los miembros de las instituciones policiales tienen una relación administrativa con el Estado, esto es, que no se trata de una relación de índole laboral en sentido estricto [que se rija por el derecho del trabajo], sino que dichos servidores públicos están excluidos, por disposición constitucional, de la aplicación de las normas de trabajo para los demás servidores públicos del Estado . Esto quiere decir que los miembros de las instituciones policiales siguen siendo empleados públicos, solo que son designados mediante actos condición y no mediante contratos de trabajo y, por ende, no tienen derecho a reclamar estabilidad en el empleo ni a la inmutabilidad en las condiciones de permanencia. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los conflictos suscitados entre los elementos de seguridad pública estatales y sus dependencias, con motivo de la prestación de servicios públicos deben resolverse en el Tribunal Contencioso del Estado por ser dicho órgano el más afín dada su relación jurídica de naturaleza administrativa. En el caso, el quejoso se duele de la falta o retención de pago de la compensación correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve. Lo anterior pone de manifiesto que el problema jurídico aquí planteado únicamente se relaciona con cuestiones derivadas de la prestación de sus servicios, pero no tiene que ver con el procedimiento administrativo de separación del cargo del servidor público. En efecto, tratándose del procedimiento administrativo de separación del cargo del servidor público, la Segunda Sala del Alto Tribunal ha sostenido que el acuerdo de inicio constituye un acto de imposible reparación, porque puede culminar en la separación del servicio activo y, aun cuando con posterioridad se demuestre la ilegalidad de esa actuación, no podrán ser reinstalados, por la prohibición establecida en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución, por lo que el juicio de amparo es procedente. No obstante, en el caso, aun cuando el quejoso se desempeña como agente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y está sujeto al régimen de excepción previsto en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución, lo cierto es que la falta o retención de pago de la compensación que reclama no se vincula con "el derecho sustantivo al trabajo y a no ser separado injustificadamente de él" que la Segunda Sala del Alto Tribunal pretendió tutelar con la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.) -mencionada con anterioridad-, lo que lleva a concluir la improcedencia del juicio de amparo para dilucidar controversias relacionadas con aspectos suscitados con la prestación de servicios o con las prestaciones derivadas de ellos, pues para ello existen vías ordinarias. Entonces, en el juicio de amparo no se pueden analizar esas controversias, pues deben ventilarse en las vías ordinarias correspondientes. Al respecto, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia I.6o.T. J/39 (10a.), que lleva por rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA)". De igual manera, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 31/2019 (10a.), que lleva por rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECLAMO DE RECONOCIMIENTO DE UN RIESGO DE TRABAJO ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, FORMULADO POR AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES FEDERALES". Dicho de otra manera, el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la dependencia para la que presta sus servicios, con motivo del desarrollo de estos, si no se vinculan con el procedimiento administrativo de separación del cargo del servidor público. Lo anterior es así, ya que el control de constitucionalidad que se puede ejercer a través del juicio de amparo, no puede abarcar actos que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria [de supra a subordinación]; sobre todo si existen vías ordinarias para resolver esa clase de conflictos. Inclusive, de sostener lo contrario, implicaría afirmar que uno de los objetos del juicio de amparo es fungir como un "juicio laboral" para los elementos policiales, lo que es inadmisible desde un punto de vista constitucional. Se insiste, la procedencia de una vía ordinaria ante un Tribunal Administrativo, se da porque es un órgano jurisdiccional afín para resolver las controversias entre los servidores públicos que tienen una relación administrativa con el Estado y sus dependencias [en substitución de un tribunal laboral], más no por un tema de definitividad en el que implícitamente se reconozca la existencia de un acto de autoridad. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre los miembros de las instituciones policiales y las dependencias para las que prestan sus servicios, cuando dichas controversias surgen únicamente con motivo del desarrollo de esos servicios y no se vinculan con el procedimiento administrativo de separación del cargo del servidor público, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la citada ley. Resta decir que es innecesario analizar los conceptos de violación formulados en la demanda, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Es aplicable la Jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, contra el acto y autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, por los motivos expresados en los considerandos tercero y quinto. Notifíquese. Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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