Manuel Jr Noynay Velasco

Expediente 659/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
659/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
15/03/2016

Partes del expediente

  • Manuel Jr Noynay Velasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda el escrito signado por el licenciado ***************, autorizado de la parte quejosa, como lo solicita, hágasele la devolución de los documentos que anexó a su demanda la parte quejosa. Asimismo, expídasele la copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el presente expediente; así como del incidente de suspensión deducido del presente juicio de amparo; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicaciones supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.*cnv

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de diciembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de once de noviembre de dos mil quince, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; once de noviembre de dos mil quince. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 659/2015-II, promovido por****, contra actos del Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintidós de septiembre de dos mil quince, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua y del Delegado Regional Norte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de quienes reclamó: [.] La ley o acto que a cada autoridad se reclame: Al Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, le reclamo: la futura e inminente orden de transferencia comúnmente conocida como orden de destino que dé a mi vehículo, lo anterior, en virtud del decomiso decretado sobre el mismo, en su modalidad de embargo precautorio. Al Delegado Regional Norte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, le reclamo: la ejecución materia de la Orden de Transferencia o Destino que dicte la autoridad responsable ordenadora Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez. SEGUNDO. Derechos humanos que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil quince, se admitió la demanda, la cual se registró como juicio de amparo 659/2015-II, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y termina con el dictado de la presente resolución. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio sobre el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario precisar los actos reclamados que se desprendan del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, toda vez que los actos se reclaman a autoridades que tienen su residencia en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. En ese sentido, al realizar el análisis citado, se obtiene que la parte quejosa reclama: 1. Del Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, la orden de transferencia (orden de destino) del vehículo marca Nissan, línea Sentra, modelo 2005, tipo sedán, número de serie 3N1CB51D95L548002, matrícula de circulación MUJ3116 del Estado de México, que afirma es de su propiedad; y su respectiva ejecución, que atribuyó al Delegado Regional Norte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 2. Del Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua: el embargo precautorio sobre el vehículo marca Nissan, línea Sentra, modelo 2005, tipo sedán, número de serie 3N1CB51D95L548002, matrícula de circulación MUJ3116 del Estado de México, decretado en el acta de inicio del procedimiento administrativo instaurada el treinta y uno de agosto de dos mil quince. Sirve de sustento jurídico a lo antes señalado la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, de Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Inexistencia de la orden de transferencia reclamada. Al rendir su informe con justificación, el Delegado Regional Norte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con residencia en esta ciudad, negó la ejecución de la orden de transferencia que le fue atribuida, sin que la parte quejosa haya aportado prueba tendente a desvirtuar tal negativa, por lo que debe reputarse inexistente. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por otro lado, al rendir su informe justificado el Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez del Servicio de Administración Tributaria, fue omiso en referirse al citado acto de transferencia; por lo que debería tenerse por presuntivamente cierta su existencia; empero, de las consideraciones que dejó vertidas en su propio informe, así como de las constancias que remitió para sustentarlo, se advierte que no ha dictado resolución en que ordene dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 157, primer párrafo, de la Ley Aduanera, que le atribuyó la parte quejosa, conforme al cual los vehículos automotores, serán transferidos para su venta al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a su embargo, siempre que no se hubiere comprobado su legal estancia o tenencia en el país, tan es así, que informó que el procedimiento administrativo aduanero no había concluido a la fecha de presentación de la demanda, ni había transcurrido el plazo referido en el artículo en cita; de ahí que la referida presunción de certeza se encuentre desvirtuada. En tal tesitura, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio respecto del acto atribuido a las autoridades precisadas en este considerando, consistente en (1) la orden de transferencia (orden de destino) del vehículo marca Nissan, línea Sentra, modelo 2005, tipo sedán, número de serie 3N1CB51D95L548002, matrícula de circulación MUJ3116 del Estado de México, que el quejoso afirma es de su propiedad. No obsta para arribar a tal conclusión, que el quejoso haya señalado que la orden de destino reclamada constituya un acto inminente, concomitante al embargo precautorio al que se sujetó el aludido automóvil; toda vez que el mencionado artículo 157, párrafo primero, de la Ley Aduanera establece que los vehículos automotores serán transferidos para su venta al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a su embargo, siempre que no se hubiere comprobado su legal estancia o tenencia en el país; por ende, la sola existencia de un embargo, no tiene como efecto inmediato la transferencia para su venta, pues depende de que el gobernado demuestre su legal estancia en el país, por lo que al estar supeditado a la actuación del afectado, pierde el carácter de un acto inminente que, en el caso, a la fecha de presentación de la demanda de amparo no se había realizado. CUARTO. Existencia del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor y con lo señalado en la jurisprudencia XVIII.2°.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO", a continuación se analiza la certeza del acto reclamado. El Administrador Local Jurídico de Ciudad Juárez, en representación del Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez del Servicio de Administración Tributaria, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se les atribuyó, consistente en el embargo precautorio de treinta y uno de agosto de dos mil quince; por tanto, se tiene como plenamente probado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia del juicio. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa que de oficio se estima acreditada. En el caso, el suscrito resolutor determina que respecto del acto que reclama **** se actualiza la causa de improcedencia que se deduce del artículo 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se deduce que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los que no se formulen conceptos de violación en la demanda de amparo de que se trate. Esto es así, porque cuando se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio. En la especie, la parte quejosa señala de manera dogmática: a) Que deberá suspenderse la orden de transferencia o destino final, hasta que no cause estado la resolución que se dicte en el procedimiento administrativo en materia aduanera del que derivan los actos reclamados. b) Que la orden de transferencia es un acto futuro e inminente, porque de conformidad con el artículo 157 de la Ley Aduanera los vehículos automotores, serán transferidos para su venta al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a su embargo, lo que constituye un acto de privación, que vulnera el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se le privaría de su derecho de propiedad de su vehículo, con su eventual venta. Ahora, de la síntesis de los conceptos de violación y del resto la demanda de amparo, se advierte que el quejoso no expuso conceptos de violación para controvertir la legalidad del embargo precautorio trabado sobre el vehículo que afirmó es de su propiedad; por el contrario, sus motivos de disentimiento sólo están encaminados a evidenciar la inconstitucionalidad del diverso acto reclamado analizado en el considerando tercero de este fallo, consistente en la orden de transferencia (orden de destino) del vehículo marca Nissan, línea Sentra, modelo 2005, tipo sedán, número de serie 3N1CB51D95L548002, matrícula de circulación MUJ3116 del Estado de México. Lo anterior, evidencia que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deduce del artículo 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de la materia, lo que impone sobreseer en el juicio con relación a dicho embargo precautorio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 169, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, octava época, tomo VI, Parte SCJN, materia común, página 114, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 659/2015-II, promovido por*****, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado*****, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado*****. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de octubre de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el informe justificado que rinde Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, con la documental que acompaña; así como con la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones en los términos que las ofrece; como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita, lo anterior considérese en la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo se tiene a dicha autoridad, designando como delegados a la profesionista que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Ahora bien, en atención a que el citado informe no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las diez horas con treinta minutos del once de noviembre de dos mil quince, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Secretaría del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, licenciada ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.

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