Manuel Octavio Mendoza Basurto

Expediente 1413/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1413/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
15/01/2016

Partes del expediente

  • Manuel Octavio Mendoza Basurto
  • Patricia Vázquez Vega
  • Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de treinta de diciembre de dos mil quince (fojas 47 a 51), mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ******************** y******************** contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, y otras autoridades.- En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la ley en consulta, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina:-{ De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó en el juicio.- En cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de esta juzgadora no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta presentado por los quejosos ********** y *********no obstante que el primero de ellos no firma al calce del mencionado escrito, pero lo hace al margen del mismo; sin embargo, se les tiene por desahogada la prevención formulada en proveído de diecisiete de diciembre del año en curso (fojas 35 a 38). Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo planteada, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue:"El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. "Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de los promoventes de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."En ese orden lógico, se tiene que en la especie los quejosos ************y ********reclaman conjuntamente entre otros actos:La falta e ilegal notificación de la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio *******, por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo.Asimismo, de los antecedentes de la demanda de amparo, específicamente el marcado con el 1, se establece lo siguiente:"Los suscritos desde el año del 2000 hemos rentado diversos bienes inmuebles, y no habíamos tenido problema alguno, sin embargo, desde el 2012, nuestra situación de interrelación se tornó un poco tensa por algunos problemas, toda vez que enfrentamos un juicio en el Juzgado Primero de Primera Instancia en el Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo donde teníamos una defensa común, pero el C. **********daba opiniones diversas y además dijo que no estaba conforme con la asesoría que nos estaban brindando y que como él no estaría de manera permanente en la capital del estado de Guerrero, preferiría tener sus propios abogados que le generaran confianza por lo que señalo nuevos abogados para él y un nuevo domicilio para oír y recibir citas y notificaciones revocando a los anteriores y la quejosa **********me quedé con la asesoría que tenía."De ahí que se advierta que los promoventes del amparo, resulten con el carácter de parte en el juicio *************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, y no como terceros extraños a juicio.En ese tenor, el Secretario del Juzgado Encargado del Despacho, advierte que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que obedece al principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, al establecer que será improcedente cuando se reclamen resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; sin embargo, establece la salvedad de que el acto reclamado no carezca de fundamentación y que las mismas leyes suspendan los efectos de los actos combatidos, exigiendo mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión definitiva, lo que significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, como consecuencia de ello, previamente al juicio de amparo, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación.****Lo anterior encuentra justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo en un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que afirma le produce afectación a su esfera jurídica, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente y que se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Carta Magna.Luego, atendiendo a que los actos reclamados, en específico, los consistes en la falta e ilegal notificación de la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio ***********, por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo; se estima que en su contra procede el incidente de nulidad de notificaciones, previsto por el artículo 167, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, que establece:"Artículo 167.- Nulidad de las notificaciones. Las notificaciones serán nulas cuando no se hagan en la forma prevista en los artículos precedentes, para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes:I.- La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o la que deje de recibir la notificación; II.- La notificación surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento; III.- La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiera que la ha conocido, pies de lo contrario, queda revalidada aquélla, de pleno derecho, y IV.- Los juzgadores pueden en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes.La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo podrá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos cuando se trate del emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juzgador puede sancionar con multa hasta de veinte salarios mínimos generales y el doble en caso de reincidencia, a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad. La resolución que decida el incidente de nulidad de notificación y el auto que la decrete de oficio, no serán recurribles. Sin embargo si alguna de las partes considera que cualquiera de estas resoluciones le causa agravio, podrá hacerlo valer al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva.De lo antes expuesto y transcrito, se desprende que la irregular notificación reclamada en esta vía constitucional, resulta impugnable mediante el incidente de nulidad en contra de las notificaciones que no se verifiquen de acuerdo con la ley, a través del cual las partes pueden impugnar las notificaciones que a su juicio adolecen de vicios; ya que de no hacerlo así se llegaría al desconocimiento de los procedimientos previamente establecidos en las leyes aplicables; de tal manera que los tribunales de amparo no deben ignorar ni pasar sobre las notificaciones realizadas por la autoridad responsable en el procedimiento donde emanan los actos reclamados; porque ello equivaldría a declararlos nulos sin que medie el procedimiento adecuado, lo cual no corresponde realizar a un tribunal constitucional; por lo que si no se agota este medio de defensa, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueva en contra de una notificación, ello aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente De acuerdo con los artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, procede el incidente de nulidad, en contra de las notificaciones que no se verifiquen de acuerdo con la ley, por lo que si no se agota este medio de defensa, resulta improcedente el juicio de garantías que se promueva en contra de una notificación; sin que sea óbice que además se reclamen acuerdos posteriores a la notificación, porque de proceder el incidente de nulidad, quedará insubsistente todo lo actuado con posterioridad a la notificación ilegal El término para promover el juicio de garantías, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación por lista de acuerdos de la sentencia reclamada, cuando así se haya hecho, sin que sea óbice lo alegado en el sentido de que tal acto debió de haberse notificado personalmente, ya que atento a la técnica del juicio de garantías éste no resulta ser el medio idóneo para declarar la nulidad de la notificación de los actos reclamados, sino en todo caso el incidente de nulidad, a través del cual las partes pueden impugnar las notificaciones que a su juicio adolecen de vicios; ya que de no hacerlo así se llegaría al desconocimiento de los procedimientos previamente establecidos en las leyes aplicables; de tal manera que los tribunales de amparo no deben ignorar ni pasar sobre las notificaciones realizadas por la autoridad responsable en el procedimiento donde emanan los actos reclamados; porque ello equivaldría a declararlos nulos sin que medie el procedimiento adecuado, lo cual no corresponde realizar a un tribunal constitucional." Así como la jurisprudencia número 241, visible a foja 410, del Apéndice 1917-1985, al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo."De igual forma, se estima que en contra de los diversos actos reclamados que se hacen consistir en cualquier orden de desalojo y/o desocupación que se pretendan llevar a cabo respecto de cualquier bien inmueble de los quejosos; se actualiza en la especie la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.".Del contenido del precepto legal transcrito, se desprende la notoria improcedencia de la demanda en estudio, toda vez que debe tenerse presente que conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada; además, debe entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad.Es decir, resulta de explorado derecho que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a los gobernados que resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, de lo que se colige que para los efectos del amparo, el perjuicio supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir al órgano de control constitucional a solicitar el cese de esa transgresión. del acto que estima inconstitucional, esto es, la legitimación para poder instar la protección constitucional respecto de actos que se vinculen directamente con él; es decir, la condición particular y concreta que se deriva del objeto del proceso en que se actúa. Ante tal circunstancia, es evidente que se actualiza de manera notoria e indudable una causal de improcedencia del juicio que se plantea. Por todo lo anterior, al advertirse que los actos reclamados antes precisados no afectan algún interés que tenga públicamente tutelado la parte quejosa; por ello, con fundamento en los artículos 61, fracciones XII y XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, y al haberse acreditado de forma notoria e indudable las causales de improcedencia antes señaladas, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por *********y **********. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1413/2015. Ahora bien, de la demanda se advierte que no se cumple con los requisitos establecidos en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, por lo que resulta procedente prevenir a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que le surta efectos legales la notificación del presente proveído, aclare y precise la demanda de amparo por las consideraciones siguientes: La parte quejosa señala como autoridades responsables: JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD CAPITAL......En ese contexto se tiene que los peticionarios señalan como actos reclamados esencialmente la orden de desalojo y desocupación y su ejecución que afirman pretenden llevar a cabo dichas autoridades en relación ****y la ilegal notificación de la sentencia definitiva dictada en el juicio 44-1/2012, por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad; consecuentemente resulta necesario que los peticionarios señalen de manera clara y precisa los actos que reclaman de cada una de las autoridades responsables, tomando en consideración que designaron como autoridades responsables a los Jueces de Primera Instancia del Ramo Civil de los Distritos Judiciales de Álvarez, Altamirano, La Montaña, con sede en Chilapa, San Luis Acatlán y Malinaltepec, Guerrero, respectivamente así como a sus secretarios adscritos, no obstante que el inmueble motivo de la controversia está ubicado Chilpancingo, Guerrero, por lo que resulta inconcuso que su ejecución se llevara en esta ciudad capital; razones por las cuales como se dijo, deberán indicar los actos imputados a cada una de las responsables de manera clara y precisa, al no advertirse porque un mismo acto se lo reclama a distintas autoridades. Además, dado que las documentales que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo se aprecia que los peticionarios son demandados en el juicio ordinario civil (rescisión de contrato de arrendamiento) 44/2012-I, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, por lo que son parte procesal del juicio de origen y resulta inconcuso que tienen la facilidad de imponerse de los autos y ante la imprecisión de los antecedentes, deberán completar bajo protesta de decir verdad la narrativa de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados, a cada una de las autoridades para que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de acordar lo conducente. Lo anterior, en virtud que es obligación de las partes con fundamento en el artículo 108 fracciones IV y V de la Ley de Amparo, señalar en el escrito de demanda de manera clara y precisa el acto u omisión que reclamen, así como señalar bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado. Entonces, en concreto los quejosos deben: Indicar los actos imputados a cada una de las responsables de manera clara y precisa. Completar bajo protesta de decir verdad, la narrativa de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados, a cada una de las autoridades. Apercibidos que de no hacerlo así en el lapso indicado, se tendrá por no interpuesta la demanda. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican los quejosos en su escrito de demanda, y únicamente como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a

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