Manuel Nuñez Gómez
Expediente 82/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 82/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Manuel Nuñez Gómez
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Finalmente, toda vez que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del expediente de origen, remítanse a su lugar de procedencia, esto es, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; y en atención a su contenido, téngase a la autoridad responsable desahogando el requerimiento que se le formuló en proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Ahora bien, mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió las constancias que integran el expediente laboral 745/2015, de su índice, documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que el presidente responsable adjuntó a su precitado informe, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Para comenzar, por escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, ********y protección de la justicia federal en contra de actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: ".LA OMISIÓN DE CONCLUIR EL DESAHOGO DE PRUEBAS Y DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE..." Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que ********, por conducto de su apoderado *******, reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, la omisión de 1concluir el desahogo de pruebas y 2dictar la resolución correspondiente, en el juicio laboral 745/2015. En ese orden, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La jurisprudencia resulta aplicable, no obstante de referirse a la Ley de Amparo anterior, porque en esencia, no se contrapone al sentido de la Ley de Amparo actual, en términos del artículo Sexto transitorio, del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En el caso, de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las cuales previamente se les confirió valor probatorio pleno, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de desahogar las pruebas en el juicio laboral de origen, se advierte que mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 745/2015, indicó que no era procedente dictar el laudo correspondiente, en razón de que únicamente se encontraba pendiente la reinstalación del actor Manuel Núñez Gómez y una vez que se lleve a cabo la misma se acordaría lo conducente. De lo anterior se colige que la autoridad responsable ya desahogó la totalidad de las pruebas que admitió a las partes en el juicio laboral de origen; circunstancia que se robustece con la manifestación que realizó en el oficio de cuenta, en donde precisó que en el juicio laboral de origen ya concluyó el desahogo de las pruebas ofrecidas por ambas partes. Como resultado de lo anterior, se considera que cesó en sus efectos la omisión en la que había incurrido la autoridad responsable al haberse pronunciado sobre el acto reclamado por la parte quejosa; por lo cual, los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la omisión de dictar el laudo respectivo en el juicio laboral de origen, se tiene que dicho acto reclamado es inexistente. Lo anterior, dado que debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En ese orden, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, y." En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las cuales previamente se les concedió valor probatorio pleno, se advierte al momento de la presentación de la demanda la autoridad responsable no se encontraba en aptitud de dictar el laudo respectivo, en razón de que aún se encontraban desahogadas la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes; además, no se había dado lugar a la etapa de alegatos. Con lo anterior, es evidente que la omisión reclamada es inexistente; en esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintidós Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por medio del cual pretende desahogar el requerimiento que se le formuló mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, para lo cual informa que aún se encuentra pendiente la reinstalación de la parte actora, por lo que señaló las once horas del once de mayo de dos mil veintidós, para su verificativo, remitiendo para tal efecto copia certificada del proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 745/2015. En ese sentido, mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del aludido proveído, informara si en el juicio laboral de origen 745/2015, ya concluyó el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes contendientes, en caso de ser así, lo acredite con las constancias respectivas. En ese sentido, dado que la autoridad responsable no informó lo solicitado, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, INFORME SI EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN 745/2015, YA CONCLUYÓ EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES CONTENDIENTES. Se apercibe a Miriam Cortes Cisneros, Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que en caso de no cumplir con el requerimiento antes indicado, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de la unidad de medida y actualización de referencia es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), lo anterior de conformidad con los artículos 237,fracción I y 2381 en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de trece de febrero de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, rindiendo informe justificado, en donde indicó que en el juicio laboral de origen 745/2015, ya había concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes contendientes. Sin embargo, de las constancias que remitió no se corrobora esa afirmación, así dado que la parte quejosa reclamó la omisión de desahogar las pruebas en el juicio laboral 745/2015, se debe requerir a la responsable a efecto de que informe si efectivamente ya desahogó la totalidad de las pruebas en el juicio laboral de origen y acredite su dicho con la constancia correspondiente. En ese sentido, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe si en el juicio laboral de origen 745/2015, ya concluyó el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes contendientes, en caso de ser así, lo acredite con las constancias respectivas. Se apercibe a Miriam Cortes Cisneros, Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que en caso de no cumplir con el requerimiento antes indicado, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de la unidad de medida y actualización de referencia es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), lo anterior de conformidad con los artículos 237,fracción I y 238 en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
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