Manuel Melendez Crespo

Expediente 705/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
705/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
29/09/2016

Partes del expediente

  • Manuel Melendez Crespo
  • Manuel Melendez Crespo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial entre jueces de distrito 16/2016, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, para conocer de la demanda de amparo promovida por Manuel Meléndez Crespo, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Acúsese el recibo de estilo solicitado. Ahora bien y apareciendo que la superioridad resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO.- Se declara que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, Guerrero, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por MANUEL MELÉNDEZ CRESPO, respecto de la orden de reaprehensión emitida en la causa penal 235-IV/2014, del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Técpan, Guerrero. [.]" Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica.

  2. Principal

    Visto el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero; mediante el cual se informa que se admitió a trámite el conflicto competencial, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Manuel Meléndez Crespo, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, al que le fuera asignado el número de conflicto competencial entre jueces de distrito 16/2016; glósese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio de referencia mediante el cual el Jue Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, estima carecer de competencia para resolver el juicio de amparo al rubro indicado, promovido por Manuel Meléndez Crespo, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Técpan, Guerrero. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Como se establece en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, en esta misma pieza de autos, se procede a resolver si este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero insiste o no en declinar la competencia, para lo cual habrá de considerarse lo resuelto mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, así como lo manifestado por el referido Jue Sexto de Distrito en el Estado, residente en Acapulco, Guerrero. En primer lugar, referido juzgador estima carecer de competencia legal para conocer del juicio en que se actúa aduciendo que "si en la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, el quejoso no señaló ninguna autoridad a la que verdaderamente pueda revestir el carácter de ejecutora que tenga su residencia en esta ciudad de Acapulco, Guerrero, aunado a que la Sala ordenadora tiene residencia en la localidad de Chilpancingo, es palmario que este Juzgado Sexto de Distrito carece de competencia legal, en razón de territorio, en la medida de que en dicho lugar ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, lo cual estima suficiente para fincar la competencia legal a este Juzgado. Ahora bien, es necesario tomar en consideración lo establecido en el artículo 37, de la Ley de Amparo, estipula: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando el acto que se reclama no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por el quejoso, ello para determinar cuál de las hipótesis contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en este asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2001, Tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Del estudio de la demanda de garantías, se aprecia que el peticionario de amparo, reclama lo siguiente: "la SENTENCIA DEFINITIVA de fecha cinco de abril del año en curso, dictado en el Toca Penal núm. X-813/2015, formado con motivo del recurso de Apelación interpuesto por la Representación Social, en contra de la sentencia que declara procedente el Incidente de Libertad por Desvanecimiento de Datos, dictado en la causa penal núm. 235-IV/2014 por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana con residencia en Tecpan Guerrero y que la ahora responsable revoca y ordena mi reaprehensión." [Énfasis añadido] Ahora, del dispositivo legal transcrito, así como del análisis íntegro del acto reclamado en la demanda de garantías, se pone de manifiesto la notoria incompetencia legal de este órgano de control constitucional para conocer de la misma, pues como ya se dijo con anterioridad es evidente que el acto reclamado por la parte quejosa a las autoridades que señala como responsables, no conlleva ejecución material alguna que deba cumplirse o se haya cumplido dentro del ámbito jurisdiccional de este órgano jurisdiccional, toda vez que el acto reclamado principalmente se hace consistir en la orden de reaprehensión y su ejecución, en autos de la causa penal 235-IV/2014, del índice del Juez de Primera Instancia del Ramo penal del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Tecpan, Guerrero. En ese orden, al tener en consideración que la competencia se finca principalmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable; por tanto, para establecer la competencia el juez de distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es necesario analizarla de manera integral para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. La anterior conclusión cumple con el propósito que el legislador tuvo al establecer reglas de competencia, pues el mismo buscó facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pudiera disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. En esas condiciones, toda vez que la orden de reaprehensión se llevará a cabo por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Técpan, Guerrero, quien fue señalado como autoridad ejecutora, se actualiza lo dispuesto en el primer párrafo del citado numeral 37 de la Ley de la Materia, es decir, el acto reclamado por la parte quejosa no contiene ejecución material dentro de la jurisdicción de este juzgado federal; por tanto, resulta competente para conocer de dicha demanda el Juez Sexto Distrito en el Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, por ser quien ejerce jurisdicción territorial en donde tiene ejecución el acto reclamado, ello de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuitos y de los juzgados de distrito Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la informan, la tesis sustentada por la Sala Auxiliar, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación Séptima Época, Volúmenes 217-228, Séptima Parte, página 88, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Igualmente es aplicable por los motivos que la informan, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2a./J. 13/95, visible en la página 107, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." En efecto, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción VII, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Del numeral transcrito se desprende, como norma general de competencia, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. De acuerdo con dicho precepto, se desprende que la intención del legislador fue la de facilitar a las personas el acceso al juicio de amparo, al prever que podrá interponerse ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Luego, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 37 de la Ley de Amparo, transcrito en líneas que anteceden, se advierte, de manera específica, que cuando los actos reclamados tienen ejecución es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Además de lo señalado, para arribar a esa determinación, también se toman en consideración dos razones esenciales: a) Acorde con el artículo 37 de la Ley de Amparo, el acto reclamado requiere de ejecución material, por lo que será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, tal como lo señala la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 192/2007, de la Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209, cuyo rubro es: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". En esa tesitura, atendiendo que el acto reclamado se ejecutará fuera del domicilio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional, debe ponerse de manifiesto lo previsto en el primer párrafo del artículo 37, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, Constitucionales, dado que la intención del legislador fue fijar la competencia de los Jueces de Distrito, tomando en consideración la ejecución material del acto o actos reclamados. Ante ello, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, insiste en que la competencia legal para conocer del juicio de garantías que nos ocupa, le surte a dicho órgano jurisdiccional oficiante por las razones expuestas en el proveído de diecisiete de junio de dos mil dieciséis. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con residencia Acapulco, Guerrero, para que conozca del conflicto competencial. Hágase lo anterior del conocimiento del Jue Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    Visto el escrito firmado por el quejoso **********, mediante el cual desahoga la prevención de ocho de junio de dos mil dieciséis y al efecto formula la protesta de ley y manifiesta que es su deseo señalar como autoridad responsable ejecutora al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Técpan, Guerrero. Ahora bien, en principio, resulta preciso destacar que la competencia constitucional de los jueces de distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. . b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y.". Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.] De esta manera, se advierte que el caso concreto encuadra en la primera hipótesis contenida en el artículo 37, de la Ley de Amparo, que alude que es competente el juez de distrito residente en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, en la demanda de garantías, la parte quejosa señala como autoridad responsable ordenadora a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y como ejecutora al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Técpan, Guerrero. Asimismo, esencialmente señala como acto reclamado: "la SENTENCIA DEFINITIVA de fecha cinco de abril del año en curso, dictado en el Toca Penal núm. X-813/2015, formado con motivo del recurso de Apelación interpuesto por la Representación Social, en contra de la sentencia que declara procedente el Incidente de Libertad por Desvanecimiento de Datos, dictado en la causa penal núm. 235-IV/2014 por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana con residencia en Tecpan Guerrero y que la ahora responsable revoca y ordena mi reaprehensión." [Énfasis añadido] Ahora, del dispositivo legal transcrito, así como del análisis íntegro del acto reclamado en la demanda de garantías, se pone de manifiesto la notoria incompetencia legal de este órgano de control constitucional para conocer de la misma, pues como ya se dijo con anterioridad es evidente que el acto reclamado por la parte quejosa a las autoridades que señala como responsables, no conlleva ejecución material alguna que deba cumplirse o se haya cumplido dentro del ámbito jurisdiccional de este órgano jurisdiccional, toda vez que el acto reclamado principalmente se hace consistir en la orden de reaprehensión y su ejecución, en autos de la causa penal 235-IV/2014, del índice del Juez de Primera Instancia del Ramo penal del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Tecpan, Guerrero. En ese orden, al tener en consideración que la competencia se finca principalmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable; por tanto, para establecer la competencia el juez de distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es necesario analizarla de manera integral para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. La anterior conclusión cumple con el propósito que el legislador tuvo al establecer reglas de competencia, pues el mismo buscó facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pudiera disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. En esas condiciones, toda vez que la orden de reaprehensión se llevará a cabo por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero, quien fue señalado como autoridad ejecutora, se actualiza lo dispuesto en el primer párrafo del citado numeral 37 de la Ley de la Materia, es decir, el acto reclamado por la parte quejosa no contiene ejecución material dentro de la jurisdicción de este juzgado federal; por tanto, resulta competente para conocer de dicha demanda el Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco en turno, por ser quien ejerce jurisdicción territorial en donde tiene ejecución el acto reclamado, ello de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuitos y de los juzgados de distrito, que en lo que interesa dice: "ACUERDO General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. [.] PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: [.] XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Cópala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Técpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta." En consecuencia, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco en turno por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, residente en Acapulco, Guerrero, a fin de que decida dentro del lapso de cuarenta y ocho horas si acepta o no la competencia planteada, para así estar en aptitud de proveer lo relativo. Solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente.

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