Manuel Jesús Cruz Sánchez
Expediente 75/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 26 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 75/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel Jesús Cruz Sánchez
- Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que no ampara ni protege a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues se negó el amparo a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en términos del artículo 10 del acuerdo antes referido. INCIDENTE ORIGINAL. Es conservable conforme el artículo 17, fracción III, inciso b), toda vez que se concedió la suspensión definitiva; por lo que deberá transferirse una vez transcurridos tres años. DUPLICADO DEL INCIDENTE. Es destruible atendiendo a lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a); lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. DEVOLUCIÓN DE LEGAJO. Finalmente, toda vez que no existe objeto alguno para que siga permaneciendo en este Juzgado los legajos que remitió la autoridad responsable, en apoyo a su informe de ley; en consecuencia, devuélvanse un legajo consistente en copia certificada de diversas constancias relativas a la carpeta administrativa ******************** del índice del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado y dos discos compactos a la referida autoridad, sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dichas constancias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veinte minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario hace constar que se tiene a la vista el expediente electrónico y el registro físico correspondiente de promociones y CERTIFICA: que no se encuentra promoción pendiente de acordar; asimismo, HACE CONSTAR que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para dictar la sentencia; por lo que se hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo, el acuerdo de admisión, el informe con justificación rendido por las responsables. Asimismo, se emplazó a *****, y al Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, la cual será analizada al dictar sentencia. Luego, se abre el período probatorio en el cual se da cuenta al Juez con las documentales ofrecidas por la Jueza del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Mérida, consistentes en fotocopia certificada de la carpeta administrativa *****, así como copia de los registros de audio y video de las audiencias de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, cuatro y nueve de noviembre de dos mil veintidós. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la documental aportada por la autoridad responsable, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que el quejoso y tercero interesado no los formularon, y el Agente del Ministerio Público de la Federación presentó pedimento. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al Ministerio Público formulando pedimento, pero las manifestaciones que realizó no serán analizadas toda vez que constituyen una opinión la materia del amparo, las cuales no forman parte de la Litis constitucional que se integra con los conceptos de violación y el acto reclamado; aunado a que no se invocó alguna causa de improcedencia. Finalmente, no habiendo cuestión pendiente de dilucidar, se declara cerrada la audiencia constitucional, turnándose los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 75/2022 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ***********, por conducto de su defensor ******, contra actos de la Jueza del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Mérida, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El quince de noviembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por **********, por conducto de su defensor **********, contra actos de la Jueza del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Mérida, y otras autoridades, consistente en la resolución que lo declaró sustraído dentro del proceso penal que se sigue en su contra, la orden de aprehensión, y su ejecución. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. En auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se registró con el número de expediente 2674/2022, y se admitió a trámite. En el curso del procedimiento, se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito quien formuló pedimento. Se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables. A través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos putos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. El veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, se recibió el juicio amparo del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por lo que se formó expediente 75/2022. Se continuó con el procedimiento, en el que se emplazó a ********, y al Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, terceros interesados en términos de los artículos 5, fracción III, incisos c) y d), de la Ley de Amparo. Finalmente, hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, toda vez que se reclama una orden de aprehensión que fue dictada por una autoridad judicial con sede en el territorio en el que se ejerce jurisdicción; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, primer párrafo, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Jueza del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. Mérida Las resoluciones dictadas en la audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintidós, celebrada dentro de la carpeta administrativa 278/2022, a través de la cual: A. Se negó otorgar una prórroga para presentarse para la continuación del proceso, y B. La declaratoria de sustraído. La orden de aprehensión dictada el once de noviembre de dos mil veintidós. Fiscal General del Estado de Yucatán. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Mérida La ejecución de la orden de aprehensión. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado Son ciertos los actos reclamados a la Jueza del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, y al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, ya que así se desprende del contenido de su informe con justificación. Además, anexos a su informe con justificación la Jueza de Control responsable remitió fotocopia certificada de la carpeta administrativa ***, así como copia de los registros de audio y video de las audiencias de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, cuatro y nueve de noviembre de dos mil veintidós; documentales a las que se les concede pleno valor legal, de conformidad con los artículos 130, 129, 202, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 43/2013 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Ante la certeza de la autoridad ordenadora, se desvirtúa la inexistencia el expuesta por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por la Suplencia del Fiscal General, Coordinadora Jurídica de la Zona Dos de la Dirección Jurídica, en representación del Fiscal General del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, pues fue señalada como autoridad responsable ejecutora. CUARTO. Hipótesis de procedencia del juicio de amparo En el presente asunto se reclaman actos dentro del proceso penal que afectan la libertad personal; consecuentemente, la procedencia de la acción constitucional se ubica en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues constituye un acto dentro de juicio que causa una afectación de imposible reparación. QUINTO. Oportunidad para presentar la demanda de amparo La demanda de demanda se presentó oportunamente, se explica: A. En términos del artículo del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, porque se reclama dictada dentro de un proceso penal. B. El plazo para ejercer la acción de amparo se computará conforme a la primera hipótesis del diverso 18 de la Ley de Amparo, pues la resolución reclamada se emitió en la audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintidós, y se notificó en la misma, por lo que en términos de los artículos 63, y 82, fracción I, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, surtió sus efectos al día hábil siguiente en que se practicó, es decir, el diez de noviembre del año pasado. C. Excluyendo los sábados y domingos, así como el veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, al ser inhábiles por disposición del artículo 19 de la Ley de Amparo, el plazo para ejercer la acción constitucional trascurrió del once de noviembre al dos de diciembre de dos mil veintidós. D. La demanda se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, el quince de noviembre de dos mil veintidós, es decir, la acción de amparo se ejerció oportunamente. En esa lógica, igualmente es dable concluir que respecto de la orden de aprehensión, la acción de amparo se ejerció oportunamente, ya que si bien la parte quejosa no señaló cuándo tuvo conocimiento de su dictado, ésta se emitió el once de noviembre de dos mil veintidós, por lo que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, apenas había trascurrido un día hábil. SEXTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento al mandato legal, no se actualiza alguna causa de improcedencia que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Antecedentes del acto reclamado (.....) En la demanda de amparo, el quejoso argumenta que fue incorrecto que la Jueza lo declarara sustraído, ya que la audiencia de revisión de medidas cautelares a la que no asistió fue solicitada por la asesora de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, quien no tiene legitimación para solicitarla. Es así, dice, porque en términos del artículo 174 del Código de Nacional de Procedimientos Penales, cuando el imputado incumple con alguna medida cautelar, es facultad exclusiva del Ministerio Público solicitar la revisión. Es infundado el concepto de violación, porque la solicitud de la revisión de la medida cautelar no es una facultad exclusiva del Ministerio Público, también está legitimada la víctima. Ciertamente, el artículo 174 del Código de Nacional de Procedimientos Penales, establece que cuando el supervisor de las medidas cautelares detecte el incumplimiento de alguna medida, informará a las partes para que en su caso puedan solicitar la medida cautelar. Además, impone al Ministerio Público la obligación de solicitar la revisión en el plazo más breve posible Como se observa, adverso a lo que argumenta el quejoso, el citado precepto no restringe a que sólo el Ministerio Público esté legitimado para solicitar la revisión de la medida cautelar, pues se advierte que la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la medida informa a las partes cuando haya incumplimiento, a fin de que puedan solicitar la revisión correspondiente. Así, contrario a lo que alega el quejoso, la asesora de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctima, sí tiene legitimación para solicitar la revisión de la medida cautelar. Por otro lado, el quejoso alega que debió otorgarse una prórroga para estar en aptitud de justificar su inasistencia a la audiencia de revisión de medida cautelar, ya que no trascurrieron veinticuatro horas entre la notificación y la fecha de celebración de la audiencia. Además, argumenta que si bien se notificó legalmente, materialmente no tuvo conocimiento de la audiencia, pues la comunicación se realizó en domicilio que señaló en autos, pero él radica en Champotón, Campeche, y labora en las obras del Tren Maya, por lo que no tuvo oportunidad de conocer de la citación. Es infundado el concepto de violación, ya que no procedía otorgar la prórroga solicitada. En primer lugar, el quejoso consintió la notificación de ocho de noviembre de dos mil veintidós, ya que no la impugnó a través del incidente de nulidad de notificación que prevé el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual estaba obligado a agotar. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 60/2023 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de "NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNAR COMUNICACIONES PROCESALES, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios discrepantes sobre si previo a promover el juicio de amparo indirecto en contra de una notificación que se estima que causa indefensión y que no cumple con las formalidades legales, es necesario agotar la nulidad de la notificación a que se refiere el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales; o se actualiza la excepción al principio de definitividad, prevista en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto, uno de los órganos jurisdiccionales consideró que la citada norma procesal penal no establecía la forma, los términos y el plazo, ni remitía a algún otro precepto legal para la tramitación de la nulidad de la notificación; por lo que la parte quejosa no estaba obligada a interponerla de forma previa a la promoción del juicio constitucional, al actualizarse la excepción al principio de definitividad, prevista en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El otro Tribunal Colegiado estimó que ese supuesto de excepción al principio de definitividad no se actualizaba porque los artículos 88, 97 y 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecían los requisitos para tramitar el medio ordinario de defensa, de manera que su procedencia no se encontraba sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal era insuficiente para determinarla. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la nulidad de la notificación prevista en el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un medio ordinario de defensa idóneo para combatir las comunicaciones procesales que se practican en el proceso penal acusatorio y oral; y por tanto, debe agotarse previamente a promover el juicio de amparo indirecto, al no actualizarse la causa de excepción al principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo. Justificación: La figura jurídica de la nulidad de la notificación que se prevé en el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenido en el Título IV, del Libro Primero, denominado: "Actos Procedimentales", dentro del Capítulo V, que se intitula: "Notificaciones y Citaciones", se erige como un medio de defensa idóneo para los efectos del principio de definitividad en el juicio de amparo porque tiene el potencial de nulificar las notificaciones que se practican en el proceso penal acusatorio y oral, y sobre todo, los efectos jurídicos que producen, cuando las partes estimen que las coloca en estado de indefensión y no se ajustan a las correspondientes formalidades legales. Asimismo, ofrece seguridad jurídica porque no requiere que el justiciable acuda a algún ejercicio de interpretación adicional para entender, con suficiente claridad, sobre su procedencia. Ello, porque su sentido gramatical es simple, pues se desprende que su propósito es que las notificaciones que se realicen en el proceso penal acusatorio y oral, se declaren nulas cuando coloquen a los promoventes en estado de indefensión y no se ajusten a las correspondientes formalidades legales. De igual forma, sus requisitos de procedencia se encuentran concreta y suficientemente determinados, ya que para conocerlos, basta con remitirse al capítulo VII, titulado "Nulidad de Actos Procedimentales", que se ubica dentro del mismo Título IV, al que sistemáticamente pertenece el citado artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que el legislador federal, a través de los artículos 97, 98, 101 y 102, señala de manera precisa el plazo, la forma, los sujetos legitimados y la autoridad ante quien se tramita la nulidad de los actos procesales en general, a cuya especie pertenece la nulidad de las notificaciones, y por tanto, le resultan perfectamente aplicables. Consecuentemente, no se actualiza el supuesto previsto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que incorpora un régimen especial de excepción al principio de definitividad haciendo optativo para el justiciable hacer valer el medio ordinario de defensa, o bien, acudir directamente a la instancia constitucional porque el fundamento legal de la nulidad de la notificación, no es insuficiente para determinar su procedencia como medio ordinario de defensa y no requiere de una interpretación adicional para determinarla. Así, cuando alguna persona inmersa en un proceso penal acusatorio y oral pretenda impugnar una notificación que estima la coloca en estado de indefensión y no cumpla con las formalidades legales, previo a promover el juicio de amparo indirecto, le es obligatorio agotar el señalado medio ordinario de defensa, a fin de que su pretensión constitucional no se declare improcedente." En segundo lugar, porque fue correcto que la Jueza no accediera a la prórroga, toda vez que en términos del artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la audiencia de revisión de medidas cautelares debe llevarse a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a su solicitud, sin que en el caso las razones expuestas en la audiencia justifiquen la amplitud de ese plazo. Ello, toda vez que en la propia audiencia se manifestó que el imputado, aquí quejoso, no se ha comunicado con su defensor a pesar de que ha tratado de localizarlo; es decir, no se advierte que aun con la prórroga, vaya a comparecer para la continuación del proceso. En consecuencia, al no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar la protección constitucional a Manuel Jesús Cruz Sánchez, respecto de la negativa de otorgar una prórroga para presentarse para la continuación del proceso, y la declaratoria de sustraído, emitidas en la audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintidós. ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA EL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. El quejoso sostiene que la orden de aprehensión es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es infundado el concepto de violación. En efecto, la orden de aprehensión reclamada en esta instancia por el quejoso, cumple con las exigencias previstas en los parágrafos tercero y cuarto del postulado 16 de la Legislación Suprema de la Nación, concomitante con los numerales 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 16 [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Código Nacional de Procedimientos Penales Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia." De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, así como de lo precisado en párrafos precedentes, se advierten como requisitos generales de procedencia para la emisión de una orden de aprehensión, los siguientes: A. Ser emitida por una autoridad judicial competente. B. Exista una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. C. Dicho ilícito sea sancionado con pena privativa de libertad. D. El Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De igual modo se obtiene, que la norma adjetiva penal prevé cuatro supuestos para que proceda la emisión de una orden de aprehensión, a saber: 1. Cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela. 2. Cuando el imputado resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de libertad. 3. Se declare al imputado sustraído de la acción de la justicia; y, 4. El imputado incumpla con alguna medida cautelar. Así, cuando se actualiza alguno de los supuestos antes mencionados, procede emitir la orden de aprehensión. Cabe destacar que los supuestos para librar una orden de aprehensión contemplados en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen distintas finalidades. Los supuestos que se indicaron con los numerales 1 y 2, tienen como fin específico llevar a cabo la audiencia inicial, en la cual el Agente del Ministerio Público formulará la imputación, esto es, como una forma de conducción del imputado al proceso. Mientras que la orden de aprehensión solicitada porque se declaró al imputado sustraído de la acción de la justicia (punto 3), tiene como objeto, volver a someterlo a la jurisdicción del juez, hacerlo comparecer a alguna audiencia - continuación de la audiencia inicial de formulación de la imputación, de suspensión condicional del proceso o intermedia- o volverlo a internar en el lugar en el que se encontraba, según sea el caso. Por último, en el supuesto indicado en el numeral 4, la orden de aprehensión tiene como fin la revisión de la medida cautelar impuesta, ante el incumplimiento por parte del imputado. En el caso, se está en presencia de la hipótesis establecida en el párrafo cuarto del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, por haberse declarado al imputado sustraído de la acción de la justicia. En ese tenor, la orden de aprehensión reclamada se estima que se encuentra debidamente fundada y motivada; ya que ésta contiene las circunstancias y fundamentos que se tomaron en cuenta para la emisión del acto. Esto es así, pues la autoridad judicial actuó conforme a derecho al dictar la respectiva orden de aprehensión en su contra, ello considerando que el imputado no acudió a la audiencia de revisión de la medida cautelar, no obstante que fue requerido debidamente para ello, pues incluso se declaró legal su notificación. Además, lo declaró sustraído de la acción de la justicia, lo cual -a juicio de quien resuelve- se estima correcto, toda vez que el numeral 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece expresamente la facultad del juzgador de emitir una orden de aprehensión en dicho supuesto. De ahí que, la determinación que se analiza, sea ajustada a derecho, pues la Jueza de Control siguió el procedimiento respectivo a fin de que el quejoso acudiera a la citada audiencia, practicó su citación en la forma prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales; empero, éste desacató la determinación judicial, no obstante tener conocimiento que era su obligación comparecer a las citaciones que se derivaran de su proceso, por no atender a la diligencia de la audiencia de revisión de medida cautelar sin que hubiese justificado su inasistencia. En ese contexto, la orden de aprehensión no infringió en perjuicio del demandante de amparo los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de I.6o.P.125 P (10a.) de la Sexto Tribunal Colegiado En Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA HIPÓTESIS PARA LIBRARLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 141, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE ACTUALIZA SI EL IMPUTADO ES DECLARADO SUSTRAÍDO DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, AL HABER OMITIDO ASISTIR A LA CITACIÓN QUE SE LE EFECTUÓ PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA INTERMEDIA, A PESAR DE ESTAR DEBIDAMENTE NOTIFICADO. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé dos hipótesis de procedencia para librar una orden de aprehensión para la etapa inicial, previstas en sus artículos 141 y 310, los cuales son que: 1. El indiciado, sin causa justificada, no atienda una citación u orden de comparecencia judicial; y, 2. La Representación Social lo considere necesario para lograr la comparecencia del imputado, a fin de que se le formule imputación. Así, se estima actualizada la primera hipótesis (conforme al párrafo cuarto del artículo 141 mencionado), cuando el Juez de Control declara sustraído de la acción de la justicia al imputado, al hacer caso omiso a la citación que se le efectuó, para que compareciera a la audiencia intermedia, a pesar de estar debidamente notificado; máxime que existe incumplimiento de las medidas cautelares impuestas, en el caso, la relativa a su presentación semanal ante el Juez." No pasa inadvertido que la orden de aprehensión fue emitida en forma escrita, sin embargo, ello con constituye una violación, ya que está permitido por el legislador federal en el código nacional aplicable a la materia. En efecto, la petición la formuló por escrito y en esos términos le fue contestada, sin que se advierta que el que no se haya celebrado audiencia oral constituya una violación en perjuicio del quejoso, lo que así lo permiten los artículos 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, conforme al párrafo último del numeral 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si la resolución de aprehensión se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. Aunado a lo anterior, en el caso, la declaración de sustracción se realizó en audiencia en la que intervinieron las partes, incluido el defensor del imputado, por lo que la orden de aprehensión es sólo una consecuencia de esa declaratoria. En atención a lo expuesto, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada por Manuel Jesús Cruz Sánchez, por conducto de su defensor Moisés Velázquez Cuevas, contra actos de la Jueza del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Mérida, y otras autoridades, consistente en la resolución que lo declaró sustraído dentro del proceso penal que se sigue en su contra, la orden de aprehensión, y su ejecución; negativa que se hace extensiva a los acto reclamados a las autoridades ejecutoras. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, R E S U E L V E: ÚNCIO. La Justicia de la Unión No ampara ni protege a *****, por conducto de su defensor ******, contra actos de la Jueza del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Mérida, y otras autoridades, consistente en la resolución que lo declaró sustraído dentro del proceso, la orden de aprehensión, y su ejecución, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, remite las constancias requeridas, por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho oficio y sus anexos, y háganse relación de dichas constancias al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y del anexo del oficio 5600/2023 signado por la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, se advierte que la autoridad oficiante refiere que la orden de aprehensión dictada en autos de la carpeta administrativa ********************, fue solicitada por la Representación social, mediante escrito de fecha diez de noviembre del año dos mil veintidós, sin anexar las constancias pertinentes relativas al referido escrito. En mérito de lo anterior, a fin de contar con los elementos necesarios para resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 75, de la Ley de Amparo, requiérase al juez responsable, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado, copia debidamente certificada del escrito de fecha diez de noviembre de dos mil veintidós, signado por el fiscal adscrito a los Juzgados de Control del Primer Distrito del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado, ********************, mediante el cual solicitó se librara orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, mismo que obra en la carpeta administrativa número ******************** de su índice. Con el apercibimiento, que de no hacerlo dentro del término fijado o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con los diversos numerales 238 y 259, ambos de la Ley de Amparo. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
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