Manuel Jesus Coronado Sosa
Expediente 726/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel Jesus Coronado Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otra parte, ya que no existe objeto alguno para que sigan permaneciendo en este Juzgado un legajo, remitido por la autoridad responsable en autos del presente asunto; en consecuencia, devuélvasele a la referida autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibieron dichas constancias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 601/2023-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ***, contra actos de la Jueza Tercero Mercantil del Estado. (...) QUINTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Este Órgano de Control Constitucional considera que en el juicio de amparo que se actualiza la causa de improcedencia atinente definitividad, ya que en contra del auto reclamado procede el recurso de revocación, el cual no agotó el quejoso antes de acudir al juicio constitucional. A fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia, es pertinente recordar que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, cuya procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios rectores que lo estructuran como el medio idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre los entes del poder público (autoridades) y las personas. Dichos principios o normas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, están previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional, limitando la procedencia del juicio únicamente contra actos definitivos. A través de éste principio, antes de acudir a los Tribunales de la Federación debe darse la posibilidad a que las autoridades del Estado, tanto jurisdiccionales como administrativas, de dirimir la controversia, a fin de que los primeros únicamente actúen tratándose de actos definitivos que no sean susceptibles de modificarse, anularse o revocarse; es decir, que únicamente se puede acudir a los Tribunales de amparo cuando la violación que se alega no pueda ser examinada a través de otros medios legales de impugnación. Cabe referir que el incumplimiento al deber de agotar previamente todos los recursos y medios de defensa que la ley establezca para combatir un acto de autoridad antes de ejercitar la acción constitucional hace surgir la improcedencia del amparo. El referido principio, tratándose de actos de los tribunales judiciales, se encuentra reglamentado en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual dispone que, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda contra ellos algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el caso, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia referida, toda vez que en contra del proveído dictado por la autoridad responsable, procede un medio ordinario de defensa legal, que tiene como finalidad, confirmar, revocar o modificarlo; esto es, el recurso de revocación. En efecto, los artículos del 1334 y 1335 del Código de Comercio prevén que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los haya dictado. De lo anterior, se desprende que contra del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que la jueza responsable acordó la petición de la parte actora Manuel de Jesús Coronado Sosa por conducto de su endosatario en procuración Carlos Herrera Villanueva, en donde solicitó se ordenara que las notificaciones al codemandado David Augusto Contreras Canto se le realizaran conforme a las reglas para las no personales, determinando la juzgadora no ha lugar ni acceder a dicha petición conforme a la constancia actuarial adscrita a la central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado. (foja 67 del juicio de amparo), acuerdo respecto del cual procedía el recurso de revocación. Lo anterior, tomando en consideración que no resultaba apelable, al no tratarse de una sentencia definitiva o de algún auto, interlocutorias o resoluciones que se dicten en el procedimiento al no contar con disposiciones especial de la ley conforme al artículo 1339 del Código de Comercio. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente respecto del referido auto reclamado, al no ser susceptible de análisis por esta vía, en virtud de que previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé, esto es, el de revocación. Además, no se surte alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio, ello es así pues el auto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni la parte quejosa es persona extraña al procedimiento. Además, definir la procedencia del recurso de revocación en contra del acuerdo como el reclamado, pues no se requiere una interpretación adicional, o que su fundamento sea insuficiente para determinarla, y que de esa manera la parte quejosa quedará en libertad para interponer dicho recuso o acudir de manera inmediata al juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ***, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por el motivo expuesto en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V. Mérida, Yucatán, trece de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de siete de marzo del año en curso, se advierte que la Fedataria de la adscripción indica los motivos por los que no pudo realizar la notificación correspondiente al proveído de siete de marzo último a la parte tercera interesada. En tal virtud, toda vez que la parte tercera interesada********************, no cumplió con la prevención que se le hizo en acuerdo de diez de enero del año en curso, en el sentido de señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; por tanto, llevando a efecto el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, hágase al referido tercero interesado, la notificación del acuerdo de siete de marzo del año en curso, esta, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y, por lista a la parte tercera interesada el proveído de siete de marzo de dos mil veintitrés. [...] Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos los oficios signados por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y por el actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, y anexo que acompañan, con el que atienden el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informan lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado, por el término de tres días hábiles legalmente computados, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si se dio cabal cumplimiento la sentencia ejecutoriada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesado. [...]
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario Jorge Luis Cueto Gómez, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
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