Manuel Jesus Buenaventura Manzanilla Campos

Expediente 171/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
171/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Manuel Jesus Buenaventura Manzanilla Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la apoderada de la tercera interesada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad, mediante el cual comparece al presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonada al presente juicio. Domicilio y autorizados. Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito de cuenta y como autorizados con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo , a las personas que señala en el mismo, por así solicitarlo la ocursante. Reproducción electrónica. De conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la citada tercera interesada y a sus autorizados el uso de aparatos como cámaras, grabadoras o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    (...) V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 171/2022-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ***, contra los actos que reclamó al Magistrado Instructor Titular de la Primera Ponencia de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Yucatán. (...) QUINTO. Causas de improcedencia La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En el caso del juicio de amparo, en términos del artículo 62 de la ley de la materia, su estudio es de orden público y, por ende, se hace obligatorio aun de oficio, en cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Al respecto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia que se establece en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente: [.] Los elementos que integran la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el citado numeral, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causal de improcedencia de mérito, y sólo se contemplan como casos de excepción los establecidos en los incisos a), b), c) y d) del propio artículo, es decir, aquellos en que el acto reclamado importe peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se trate de órdenes de aprehensión reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución, o que establezca requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; cuando el quejoso se trate de tercero extraño al procedimiento; y, cuando para la procedencia del medio de impugnación se requiera interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. En este contexto, conviene traer a colación el contenido de los artículos 25, 58-8, 59 y 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, legislación que rige el acto reclamado, los cuales establecen: CAPÍTULO III De las Medidas Cautelares ARTÍCULO 25. El acuerdo que admita el incidente de petición de medidas cautelares, deberá emitirse dentro de las veinticuatro horas siguientes a su interposición, en dicho acuerdo se ordenará correr traslado a quien se impute el acto administrativo o los hechos objeto de la controversia, pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de setenta y dos horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Si no se rinde el informe o si éste no se refiere específicamente a los hechos que le impute el promovente, dichos hechos se tendrán por ciertos. En el acuerdo a que se refiere este párrafo, el Magistrado Instructor resolverá sobre las medidas cautelares previas que se le hayan solicitado. Dentro del plazo de cinco días contados a partir de que haya recibido el informe o que haya vencido el término para presentarlo, el Magistrado Instructor dictará la resolución en la que, de manera definitiva, decrete o niegue las medidas cautelares solicitadas, decida en su caso, sobre la admisión de la garantía ofrecida, la cual deberá otorgarse dentro del plazo de tres días. Cuando no se otorgare la garantía dentro del plazo señalado, las medidas cautelares dejarán de tener efecto. Mientras no se dicte sentencia definitiva el Magistrado Instructor que hubiere conocido del incidente, podrá modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. Capítulo XI Del Juicio en la Vía Sumaria ARTÍCULO 58-8. Los recursos de reclamación a que se refieren los artículos 59 y 62 de esta Ley, deberán interponerse dentro del plazo de cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente del Magistrado Instructor. Interpuesto cualquiera de los recursos se ordenará correr traslado a la contraparte y esta última deberá expresar lo que a su derecho convenga en un término de tres días y sin más trámite, se dará cuenta a la Sala Regional en que se encuentra radicado el juicio, para que resuelva el recurso en un término de tres días. TÍTULO III De los Recursos CAPÍTULO I De la Reclamación ARTÍCULO 59. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones del Magistrado Instructor que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero. La reclamación se interpondrá ante la Sala o Sección respectiva, dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de que se trate. ARTÍCULO 62. Las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Sala Regional que corresponda. El recurso se promoverá dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva. Interpuesto el recurso en la forma y términos señalados, el Magistrado ordenará correr traslado a las demás partes, por igual plazo, para que expresen lo que a su derecho convenga. Una vez transcurrido dicho término y sin más trámite, dará cuenta a la Sala Regional, para que en un plazo de cinco días, revoque o modifique la resolución impugnada y, en su caso, conceda o niegue la suspensión solicitada, o para que confirme lo resuelto, lo que producirá sus efectos en forma directa e inmediata. La sola interposición suspende la ejecución del acto impugnado hasta que se resuelva el recurso. La Sala Regional podrá modificar o revocar su resolución cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. El Pleno del Tribunal podrá ejercer de oficio la facultad de atracción para la resolución de los recursos de reclamación a que se refiere el presente artículo, en casos de trascendencia que así considere o para fijar jurisprudencia. Ahora bien, el acto reclamado, deriva de un juicio contencioso administrativo sustanciado en la vía sumaria, así, conforme al artículo 62, en relación con el 58-8, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende que, contra las resoluciones dictadas en torno a las medidas cautelares previstas en esa legislación, procede el recurso de reclamación, el cual podrá ser interpuesto dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo de que se trate. Por su parte, el diverso 25 de la citada legislación, prevé el trámite que deberá observarse tratándose de la petición de medidas cautelares, el cual deberá resolver el Magistrado Instructor del Tribunal de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En ese sentido, si bien el citado artículo 62 hace referencia a que el recurso de reclamación procede contra la "resoluciones" que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen las medidas cautelares previstas en ese ordenamiento, de acuerdo al análisis de los preceptos invocados se infiere que dicho concepto no se refiere sólo a las sentencias interlocutorias que den por terminada la controversia incidental, sino que incluye cualquier determinación que emita el Magistrado Instructor conforme al diverso numeral 25 de la misma ley, provisional o definitiva. Ello, porque el precepto 62, interpretado en su literalidad no distingue, por lo que no cabe al intérprete disociar o distinguir entre resoluciones provisionales y definitivas o interlocutorias, de modo que dicha expresión debe entenderse referida a cualquiera de éstas que resuelva sobre las medidas cautelares solicitadas. De ahí que se estime la procedencia del recurso de reclamación contra cualquier resolución que emita el Magistrado instructor, como la que aquí nos ocupa, que deberá dilucidarse ante la Sala o sección respectiva. Ahora bien, en la especie, la parte quejosa al momento de la interposición de este juicio de amparo, se encontraba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de reclamación contra el acto reclamado, que contempla la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque precisamente es parte del procedimiento natural y existe la certeza de tal medio de impugnación, como lo dispone el numeral 62 antes transcrito, y no se ubica en algún caso de excepción a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado de la interlocutoria en la que se negó la suspensión definitiva de los actos impugnados en el procedimiento contencioso administrativo, dictada por el Magistrado instructor de la Sala responsable en autos del juicio de nulidad de origen. Por tanto, es inconcuso que debió agotar el medio de defensa ordinario procedente (recurso de reclamación), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de acudir a esta instancia constitucional. Apoya lo anterior, la tesis IV.2o.A.147 A (10a.), con número de registro digital 2017378, de rubro y texto siguientes: [.] Esto es así, porque el juicio de amparo se rige, entre otros, por el principio de definitividad, lo que implica la ineludible obligación del afectado de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, cuando, como en el caso, los tiene a su alcance, pues así lo dispone la ley aplicable. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: [.] Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido ***, contra los actos que reclamó al Magistrado Instructor Titular de la Primera Ponencia de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Yucatán, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por el Magistrado Instructor Titular de la Primera Ponencia de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de ocho de los cursantes, y remite constancias de lo actuado posterior del acto reclamado en la carpeta de suspensión que derivó del expediente ******************** de su índice; asimismo, informa que la sentencia a que hace referencia la parte quejosa, fue notificada el nueve siguiente, mediante boletín jurisdiccional de dicho Tribunal, por lo que aún no ha quedado firme. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichas constancias, y hágase relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

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