Manuel Jesús Castro Murillo

Expediente 1306/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1306/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • Manuel Jesús Castro Murillo
  • Dimas Medrano Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    (.) DECISIÓN Única. Se concede la protección constitucional solicitada por Héctor Eduardo Chapa García, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de ***, para el efecto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: i) Deje insubsistente el emplazamiento realizado a la quejosa Comisión Federal de Electricidad, en el expediente laboral 282/2019, así como todo lo actuado, incluyendo el laudo dictado y su ejecución. ii) Hecho que sea lo anterior, en lo subsecuente respete el derecho de audiencia de la hoy quejosa Comisión Federal de Electricidad, procediendo conforme a derecho. (.)

  2. Principal

    1. Demanda. Visto el escrito de demanda presentado vía electrónica por Diego ****, contra actos del Representante Legal de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, con sede en esta ciudad y otras autoridad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1036/2021, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2.1 Autoridades responsables llamadas a juicio. Se tiene como autoridades responsables al Representante Legal de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, y al Director del Centro de Readaptación Social, ambos con sede en esta ciudad. 2.2 Autoridades que no tienen carácter de responsables. En relación a las autoridades que la parte quejosa señala como responsables denominadas Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado del Estado de Coahuila y Director de Control y Verificación de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila; y Director y/o Encargado de la(s) Estación(es) Migratoria(s) del Estado de Coahuila, todas con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, este órgano de justicia considera ocioso incorporarlas con ese carácter para efectos del juicio de amparo en virtud de que se encuentra señalada una autoridad de representación local. Además, en cumplimiento al deber de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional, el llamamiento a juicio de tales autoridades retardaría el acceso de los quejosos a una sentencia definitiva, por la lentitud de las comunicaciones mediante correo postal que estilan esas autoridades. De ahí que este órgano de justicia actuando en beneficio de los quejosos considera no vincular a las indicadas autoridades para efectos del trámite de este juicio de amparo. 3. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de la libertad personal, dignidad e integridad física de la parte agraviada, se adoptan como medidas urgentes que deben cumplir las autoridades, las siguientes: 3.1 Cese de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 3.1.1 Orden de deportación. Por consiguiente, con fundamento en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 15, 126 y 160 de la Ley de la Materia, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados previamente mencionados en favor de los quejosos Dimas Medrano Rivera y Manuel de Jesús Castro Murillo, al tratarse de un acto que tiene relación directa y se involucra la libertad personal de los mismos, pues tiene como finalidad la deportación del país, por lo que hace a los efectos y consecuencias, esto es, para efecto de que, no se le obligue a abandonar el país a los quejosos. Es decir, se abstengan las autoridades responsables de deportar a su lugar de origen a los quejosos, quedando en el lugar donde se encuentren a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto reciba notificación de la sentencia ejecutoriada que se dicte en el presente juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido que la suspensión concedida no constituye un obstáculo para que, de ser voluntad expresa del aquí quejoso, pueda retornar a su país de origen. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia I.3º.A.J/7 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3.2 Si la detención de los quejosos fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora sean puestos en libertad o a disposición de éste último; Si la detención no tuvo relación con la comisión de un hecho contemplado por la ley como ilícito, sean puestos inmediatamente en libertad. 3.3 Si los quejosos se encuentran a disposición de autoridades del Ministerio Público como probables responsable en la comisión de un delito y por haber sido detenidos en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sean consignados ante el juez penal correspondiente o puestos en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que los hoy quejosos hayan sido detenidos en flagrancia, el delito que se les atribuya no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad de los quejosos o imponerles una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sean puestos en inmediata libertad. 3.4 Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que los quejosos queden a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que se señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que los quejosos no sean detenidos, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evadan la acción de la justicia y se presenten al proceso penal para los efectos de su continuación y puedan ser devueltos a la autoridad responsable en caso de que no obtengan la protección de la justicia federal. Cuando los quejosos ya se encuentren materialmente detenidos por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de los imputados en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando los quejosos estén siendo procesados o hayan sido sentenciados previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto I. Si los quejosos incumplen las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 3.5 Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de las personas detenidas; en caso de que las autoridades responsables hayan efectuado la detención o los tengan a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado a los quejosos, desde que fueron detenidos hasta que fueron puestos a disposición del representante social. 3.6 No sea exhibidos en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 3.7 Se mantenga a los quejosos en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma y acorde a la edad del mismo. 3.8 Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que éstos sea sometidos. 3.9 Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso a los detenidos; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentren sujetos, pues tampoco pueden ser contactados en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometidos a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 4. Cumplimiento de la suspensión. Comuníquese de inmediato esta determinación a las autoridades responsables, a fin de que den pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. Las autoridades responsables dentro del plazo de veinticuatro horas, siguientes a que surta efectos la notificación de este proveído, deberán rendir su informe sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada, así como indicar la fecha y hora exacta en que fue detenida la parte quejosa, si la detención ocurrió en flagrancia o en cumplimiento a una orden de privación legal de la libertad, para lo cual deberán agregar al informe copia certificada de las constancias que guardan relación con el acto reclamado. Asimismo, deberán informar los nombres de las personas responsables de la detención y que figuren como autoridades competentes para ello, indicando de manera puntual las autoridades a cuyo cargo se asignó la custodia y el tiempo que permanecieron bajo la guarda de cada una de ellas, en caso de existir varias, anexando para tal efecto las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, en virtud de que la cadena de custodia de personas y línea de mando son establecidas con la finalidad de identificar al servidor público que en cada momento tiene la responsabilidad de custodiar a los detenidos, para efectos de establecer la calidad de garante que sirve como condición para los delitos de comisión por omisión, y así, en caso de quebrantamiento, estar en aptitud de determinar la autoría o complicidad respectiva. Se previene a las autoridades responsables, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia precisado en párrafos precedentes, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que en el término de veinticuatro horas, informen todo lo conducente que pueda servir para la localización de los quejosos directos Dimas Medrano Rivera y Manuel de Jesús Castro Murillo; con el apercibimiento que de no hacerlo así o no informar oportunamente la causa legal que se los impida, se les impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 5. Comisión al Actuario de la adscripción. Se comisiona al Actuario de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades responsables con residencia en esta ciudad; o bien, en cualquier centro de detención o reclusión de dicho municipio, en aras de lograr la ubicación de Dimas Medrano Rivera y Manuel de Jesús Castro Murillo; una vez localizada, se encomienda al funcionario adscrito a realizar de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, y conforme a los artículos 107 y 109 de la Ley de Migraciónlo siguiente: 5.1 Dé fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberá actuar de manera especial, tratándose de menores de edad o algún otro grupo de personas que se ubique en estado de vulnerabilidad. 5.2 Dé fe del estado físico de los quejosos directos al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlos sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentran y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. 5.3 Dé cuenta de inmediato para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato contra los quejosos. Se hace del conocimiento a las autoridades que están obligadas a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. 5.4 Requiera a los quejosos para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos su notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Se hace saber a las autoridades responsables que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este Juzgado para aplicar medidas de apremio a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se les impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se autoriza al Actuario de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de las autoridades mencionadas en el presente auto y se le proporcione la correcta proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 5.5 Requerimiento al promovente. Se hace del conocimiento del promovente Diego Medrano, que en términos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo, en caso de que los quejosos Dimas Medrano Rivera y Manuel de Jesús Castro Murillo, no sean encontrados por el personal del juzgado en el lugar que refirió se encuentran detenidos, deberá comunicar a este Juzgado de Distrito si estos fueron puestos en libertad o si tiene algún dato adicional con el que se pueda lograr su paradero, puesto que tal circunstancia pudiera generar una causa de sobreseimiento del asunto. Bajo el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 6. Atención médica. Una vez que el Actuario adscrito tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición a los quejosos, y en caso de que así se amerite, habrá de requerirla para que ordene a quien corresponda, se de atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en la persona de Dimas Medrano Rivera y Manuel de Jesús Castro Murillo, debiendo de informar dicha autoridad las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior, en el plazo de veinticuatro horas. Con el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio del delito en que se pueda incurrir por el desacato a este mandato judicial. 7. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 8. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria encargada del trámite del expediente las gestionará sin mayor proveído. 9. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido de la Secretaria Siva Visnú López González, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe.SvlgPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a treinta de octubre de dos mil veintiuno. 1. Demanda. Visto el escrito de demanda presentado vía electrónica por Diego Medrano en representación de Dimas Medrano Rivera y Manuel de Jesús Castro Murillo, contra actos del Representante Legal de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, con sede en esta ciudad y otras autoridad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1036/2021, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2.1 Autoridades responsables llamadas a juicio. Se tiene como autoridades responsables al Representante Legal de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, y al Director del Centro de Readaptación Social, ambos con sede en esta ciudad. 2.2 Autoridades que no tienen carácter de responsables. En relación a las autoridades que la parte quejosa señala como responsables denominadas Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado del Estado de Coahuila y Director de Control y Verificación de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila; y Director y/o Encargado de la(s) Estación(es) Migratoria(s) del Estado de Coahuila, todas con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, este órgano de justicia considera ocioso incorporarlas con ese carácter para efectos del juicio de amparo en virtud de que se encuentra señalada una autoridad de representación local. Además, en cumplimiento al deber de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional, el llamamiento a juicio de tales autoridades retardaría el acceso de los quejosos a una sentencia definitiva, por la lentitud de las comunicaciones mediante correo postal que estilan esas autoridades. De ahí que este órgano de justicia actuando en beneficio de los quejosos considera no vincular a las indicadas autoridades para efectos del trámite de este juicio de amparo. 3. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de la libertad personal, dignidad e integridad física de la parte agraviada, se adoptan como medidas urgentes que deben cumplir las autoridades, las siguientes: 3.1 Cese de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 3.1.1 Orden de deportación. Por consiguiente, con fundamento en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 15, 126 y 160 de la Ley de la Materia, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados previamente mencionados en favor de los quejosos Dimas Medrano Rivera y Manuel de Jesús Castro Murillo, al tratarse de un acto que tiene relación directa y se involucra la libertad personal de los mismos, pues tiene como finalidad la deportación del país, por lo que hace a los efectos y consecuencias, esto es, para efecto de que, no se le obligue a abandonar el país a los quejosos. Es decir, se abstengan las autoridades responsables de deportar a su lugar de origen a los quejosos, quedando en el lugar donde se encuentren a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto reciba notificación de la sentencia ejecutoriada que se dicte en el presente juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido que la suspensión concedida no constituye un obstáculo para que, de ser voluntad expresa del aquí quejoso, pueda retornar a su país de origen. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia I.3º.A.J/7 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3.2 Si la detención de los quejosos fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora sean puestos en libertad o a disposición de éste último; Si la detención no tuvo relación con la comisión de un hecho contemplado por la ley como ilícito, sean puestos inmediatamente en libertad. 3.3 Si los quejosos se encuentran a disposición de autoridades del Ministerio Público como probables responsable en la comisión de un delito y por haber sido detenidos en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sean consignados ante el juez penal correspondiente o puestos en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que los hoy quejosos hayan sido detenidos en flagrancia, el delito que se les atribuya no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad de los quejosos o imponerles una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sean puestos en inmediata libertad. 3.4 Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que los quejosos queden a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que se señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que los quejosos no sean detenidos, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evadan la acción de la justicia y se presenten al proceso penal para los efectos de su continuación y puedan ser devueltos a la autoridad responsable en caso de que no obtengan la protección de la justicia federal. Cuando los quejosos ya se encuentren materialmente detenidos por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de los imputados en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando los quejosos estén siendo procesados o hayan sido sentenciados previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto I. Si los quejosos incumplen las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 3.5 Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de las personas detenidas; en caso de que las autoridades responsables hayan efectuado la detención o los tengan a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado a los quejosos, desde que fueron detenidos hasta que fueron puestos a disposición del representante social. 3.6 No sea exhibidos en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 3.7 Se mantenga a los quejosos en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma y acorde a la edad del mismo. 3.8 Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que éstos sea sometidos. 3.9 Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso a los detenidos; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentren sujetos, pues tampoco pueden ser contactados en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometidos a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 4. Cumplimiento de la suspensión. Comuníquese de inmediato esta determinación a las autoridades responsables, a fin de que den pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. Las autoridades responsables dentro del plazo de veinticuatro horas, siguientes a que surta efectos la notificación de este proveído, deberán rendir su informe sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada, así como indicar la fecha y hora exacta en que fue detenida la parte quejosa, si la detención ocurrió en flagrancia o en cumplimiento a una orden de privación legal de la libertad, para lo cual deberán agregar al informe copia certificada de las constancias que guardan relación con el acto reclamado. Asimismo, deberán informar los nombres de las personas responsables de la detención y que figuren como autoridades competentes para ello, indicando de manera puntual las autoridades a cuyo cargo se asignó la custodia y el tiempo que permanecieron bajo la guarda de cada una de ellas, en caso de existir varias, anexando para tal efecto las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, en virtud de que la cadena de custodia de personas y línea de mando son establecidas con la finalidad de identificar al servidor público que en cada momento tiene la responsabilidad de custodiar a los detenidos, para efectos de establecer la calidad de garante que sirve como condición para los delitos de comisión por omisión, y así, en caso de quebrantamiento, estar en aptitud de determinar la autoría o complicidad respectiva. Se previene a las autoridades responsables, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia precisado en párrafos precedentes, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que en el término de veinticuatro horas, informen todo lo conducente que pueda servir para la localización de los quejosos directos Dimas Medrano Rivera y Manuel de Jesús Castro Murillo; con el apercibimiento que de no hacerlo así o no informar oportunamente la causa legal que se los impida, se les impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 5. Comisión al Actuario de la adscripción. Se comisiona al Actuario de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades responsables con residencia en esta ciudad; o bien, en cualquier centro de detención o reclusión de dicho municipio, en aras de lograr la ubicación de Dimas Medrano Rivera y Manuel de Jesús Castro Murillo; una vez localizada, se encomienda al funcionario adscrito a realizar de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, y conforme a los artículos 107 y 109 de la Ley de Migraciónlo siguiente: 5.1 Dé fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberá actuar de manera especial, tratándose de menores de edad o algún otro grupo de personas que se ubique en estado de vulnerabilidad. 5.2 Dé fe del estado físico de los quejosos directos al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlos sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentran y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. 5.3 Dé cuenta de inmediato para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato contra los quejosos. Se hace del conocimiento a las autoridades que están obligadas a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. 5.4 Requiera a los quejosos para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos su notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Se hace saber a las autoridades responsables que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este Juzgado para aplicar medidas de apremio a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se les impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se autoriza al Actuario de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de las autoridades mencionadas en el presente auto y se le proporcione la correcta proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 5.5 Requerimiento al promovente. Se hace del conocimiento del promovente Diego Medrano, que en términos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo, en caso de que los quejosos Dimas Medrano Rivera y Manuel de Jesús Castro Murillo, no sean encontrados por el personal del juzgado en el lugar que refirió se encuentran detenidos, deberá comunicar a este Juzgado de Distrito si estos fueron puestos en libertad o si tiene algún dato adicional con el que se pueda lograr su paradero, puesto que tal circunstancia pudiera generar una causa de sobreseimiento del asunto. Bajo el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 6. Atención médica. Una vez que el Actuario adscrito tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición a los quejosos, y en caso de que así se amerite, habrá de requerirla para que ordene a quien corresponda, se de atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en la persona de Dimas Medrano Rivera y Manuel de Jesús Castro Murillo, debiendo de informar dicha autoridad las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior, en el plazo de veinticuatro horas. Con el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio del delito en que se pueda incurrir por el desacato a este mandato judicial. 7. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 8. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria encargada del trámite del expediente las gestionará sin mayor proveído. 9. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.

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