Manuel Guillen Quintero

Expediente 795/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
795/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Manuel Guillen Quintero

Actuaciones

  1. Principal

    1. Causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia por la que se sobreseyó en este juicio de amparo, no fue recurrida por alguna de las partes; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de control. 1.1 Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, se considera que este expediente judicial de acuerdo a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, se encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 1.4 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 34 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá plasmar mediante sello en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  2. Principal

    SENTENCIA DEFINITIVA Este Juzgado resuelve el juicio de amparo indirecto 795/2023, emitiendo la siguiente: DECISIÓN Única. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Manuel Guillén Quintero, contra la autoridad responsable Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el que se emitió resolución al recurso de inconformidad bajo el número A.CC.COA.170423/302.C.I., en la que se ratifica el contenido de la Resolución para el Otorgamiento de Pensión de Cesantía en Edad Avanzada No. ******************** de nueve de febrero de dos mil veintitrés. ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, ante la oficialía de partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, Manuel Guillén Quintero solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto ahí precisados. 2. Trámite. En esa misma fecha, se admitió a trámite la demanda de amparo. La audiencia constitucional tuvo verificativo el día de hoy. RAZONES Y FUNDAMENTOS 3. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo. 4. Precisión de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se puntualiza que la parte quejosa reclama: 4.1 Autoridad responsable. Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 4.2 Acto reclamado. El acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el que se emitió resolución al recurso de inconformidad bajo el número A.CC.COA.170423/302.C.I., en la que se ratifica el contenido de la Resolución para el Otorgamiento de Pensión de Cesantía en Edad Avanzada No. ******************** de nueve de febrero de dos mil veintitrés. Es aplicable la tesis VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Procedencia. En esta parte considerativa se estudiará la existencia de los actos y las causales de improcedencia alegada por las responsables, o bien, las que de oficio advierta este órgano de justicia. 5.1 Existencia del acto reclamado. El Titular del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en el Estado de Coahuila de Zaragoza del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto que se le atribuye; lo que resulta suficiente para tenerlo por cierto, en términos de la jurisprudencia 749. Circunstancia que se corrobora con la copia certificada de algunas constancias del expediente de Inconformidad CC. COA. 160/2023 del índice de la autoridad responsable; documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 5.2 Causal de improcedencia propuesta por la autoridad responsable. Al rendir informe justificado la autoridad responsable manifestó que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o, fracción II, de la ley de la materia, toda vez que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es fundada su propuesta por las siguientes consideraciones. 5.3 Premisas argumentativas de la causal de improcedencia. Los artículos 1, 5 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo disponen que la instancia constitucional tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El acto de autoridad para efectos del amparo tiene las siguientes características: i) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; ii) Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; iii) Emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, iv) Para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, conforme a la tesis 2a. CCIV/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5.4 Estudio de la causal de improcedencia. En ese orden de ideas y considerando además el actual marco legal, es autoridad responsable la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Es importante destacar que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa; es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. De ahí que sea oportuno distinguir entre las relaciones de i) supra a subordinación; ii) supraordinación; y iii) de coordinación. i) Las relaciones de supra a subordinación: son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizaba por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual suponía la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, vencieran cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Aunque con el nuevo marco legal serían aquellas que con su actuación crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien por la omisión del acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ii) Las relaciones de supraordinación: son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. iii) Las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. De lo anterior se colige, que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. 5.5 Caso concreto. En esa línea de pensamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2011 estableció que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Consideró que al resolver cuestiones respecto de prestaciones de seguridad social con sus asegurados o beneficiarios, no actúa con el carácter de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación. Por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por el Tribunal Laboral correspondiente, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. De la citada contradicción de tesis se creó la jurisprudencia con registro digital 160995. Conforme a lo expuesto, resulta incuestionable que la resolución reclamada, a través de la cual se ratificó el contenido de la Resolución para el Otorgamiento de Pensión de Cesantía en Edad Avanzada No. ******************** de nueve de febrero de dos mil veintitrés, no es un acto de autoridad para efectos del amparo, debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social está actuando en su carácter de ente asegurador, por lo que dicho conflicto debe ser dirimido ante el Tribunal Laboral correspondiente. Lo anterior, tal como lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia citada, misma que resulta ser de aplicación obligatoria para este Juzgado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. 6. Conclusión. Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1o y 5o, fracción II, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio. 7. Notifíquese en términos de ley.8. Secretario encargado del despacho y homóloga que da fe. Así lo resolvió y firma Francisco Alejandro López Rodríguez, Secretario encargado del despacho por vacaciones del titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2388/2023, de quince de mayo de dos mil veintitrés, asistido de la Secretaria Siva Visnú López González, quien certifica que esta resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. 9. Versión pública. La Secretaria certifica que se integró la versión pública para cumplir lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, y el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Certifico y doy fe.

  3. Principal

    1. Informe justificado y vista. Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en el Estado de Coahuila de Zaragoza del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación de la autoridad señalada como responsable de dicho instituto, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, se ordena poner dicho documento a la vista de las partes para que se impongan del mismo, de conformidad con el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. 1.1 Instrucción. La Secretaría encargada de la mesa de trámite deberá hacer relación puntual de este informe en la audiencia constitucional, en observancia del artículo 124 del citado ordenamiento legal. 1.2 Delegados. Con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable antes mencionada, a los que indica en su informe de cuenta. 1.3 Domicilio. De conformidad en lo establecido en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la autoridad responsable antes mencionada el que señala en su oficio de cuenta. 1.4 Pruebas. Como lo dispone el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe la autoridad responsable en cita, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional.

  4. Principal

    1. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo que promueve ...contra actos del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 795/2023, en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Incidente de suspensión. En el presente caso la parte quejosa no solicitó la suspensión del acto reclamado, razón por la que se tramitará sin incidente de suspensión. 4. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Asimismo, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 5. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Morelos, número 606, Norte, zona centro, de esta ciudad. Se tiene por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Raúl Pilas Rivadeneira, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Jesús Enrique Martínez Castro, Armando Garza Martínez y Jorge Enrique Martínez de los Santos. 6. Ministerio Público. En términos del artículo 5o, fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 7. Señalamiento de autoridad. Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 8. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del momento en que reciban la notificación del presente proveído, con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. En caso de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que el peticionario de amparo manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibido que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. 8.1 Correo electrónico oficial. Ahora bien, a fin de respetar los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia, así como del acceso a la misma, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable se sirva a proporcionar correo electrónico oficial al rendir su informe justificado, con la finalidad de establecer comunicación entre la dependencia que representan y este órgano jurisdiccional, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, simplificando y agilizando los juicios en beneficio de las personas justiciables. 9. Prueba. La parte quejosa ofrece pruebas documentales. La Secretaría deberá hacer relación de las mismas en audiencia constitucional, conforme a lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. 10. Tercero interesado. La parte quejosa manifestó que desconoce si existe tercero interesado. 11. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 12. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 13. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 14. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 15. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE) DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS.

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