Manuel Roberto Garza Crosby

Expediente 825/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
825/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
03/01/2018

Partes del expediente

  • Manuel Roberto Garza Crosby

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio 4572, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y anexo que se acompaña; en su atención, se provee: Téngase al Tribunal de Alzada remitiendo testimonio de la resolución pronunciada el once de diciembre de dos mil diecisiete, que emitió con motivo del conflicto competencial 11/2017, del que se advierte que se resolvió lo siguiente: ".PRIMERO. Es legalmente COMPETENTE el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, para conocer conforme con sus atribuciones, el juicio de amparo 1253/2017, de su índice, promovido por ***; por tanto, remítanse los autos relativos al juzgador aludido, a fin de que se avoque a su conocimiento. SEGUNDO. Con testimonio de la presente ejecutoria, hágase del conocimiento lo resuelto a los Jueces Segundo y Tercero de Distrito, ambos en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad y en Piedras Negras, respectivamente, para los efectos legales a que haya lugar." En consecuencia, acúsese el recibo respectivo, efectúense las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno y archívese el presente juicio como asunto concluido. Como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda, el oficio 15758/2016, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza; en su atención, se provee: Téngase al Tribunal de Alzada, comunicando que admitió a trámite la contienda de competencia suscitada entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado Coahuila de Zaragoza y este órgano jurisdiccional, el cual fue radicado bajo el número 11/2017, de su índice, de lo que este Juzgado quedó enterado.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta; agréguese a los autos el el oficio 45836/2017, que remitió por la vía electrónica el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo; en su atención, se provee: Téngasele informando que remitió al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en esa ciudad, los autos del juicio de amparo 1253/2017 (de su índice), con motivo del conflicto competencial que interpuso, de lo que este juzgado quedó enterado.

  4. Principal

    I. Recepción de incompetencia. Vista la cuenta, con fundamento en el artículo 48 , segundo párrafo de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 436111/2017, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a través del cual remite los autos originales del juicio de amparo 825/2017, índice del Juzgado oficiante, promovido por ***, contra actos de la autoridad responsable denominada Titular del Órgano Desconcentrado, Comisión Nacional del Agua, y otras autoridades, a través del cual declina competencia a este Juzgado. II. Formación de expediente. Fórmese expediente y regístrese con el número progresivo 825/2017, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. No se acepta la competencia. En el asunto, la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "La norma de carácter general que se reclame en esta vía jurisdiccional de amparo y de tutela a los derechos universales del hombre son los artículos 4, 8 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el acto que se reclama es la omisión de la entrega y legal notificaciones del título de concesión para la ocupación de terrenos federales cuya administración compete a la Comisión Nacional del Agua, que se deriva del expediente administrativo COA-L-0670-16-07-15" Ahora bien, como antecedentes del acto reclamado, se narró lo siguiente: "PRIMERO.- En fecha 16 de julio de 2015, el suscrito, presentó la solicitud de concesión para la ocupación de terrenos federales cuya administración compete a la Comisión Nacional del Agua. SEGUNDO.- Que dicho trámite, fue catalogado bajo el expediente administrativo COA-L-0670-16-07-15. A mi nombre MANUEL ROBERTO GARZA GROSBY. TERCERO.- Que de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, este trámite se regula por los artículos 113 y 118 de la Ley de Aguas Nacionales. CUARTO.- Que a la fecha la Comisión Nacional del Agua, no se ha pronunciado de ninguna manera, respecto del título de concesión o documento de inscripción, encuadrando la hipótesis de negativa ficta de acuerdo a la regla que señala el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, atento a lo cual ocurro a esta instancia judicial, en principio para alegar la violación de la garantía de petición, y en segundo impugnar en vía de la negativa ficta, la renuencia del órgano administrativo para otorgar el Título de Concesión. QUINTO.- Que a la fecha no he recibido el título de concesión, que valide la ocupación de la zona federal que solicité en concesión" Por tanto, como se desprende, el acto que se reclama en esta instancia es la omisión de las autoridades responsables en pronunciarse respecto a la solicitud de concesión para la ocupación de terrenos federales, que dio origen al expediente COA-L-0670-16-07-15, de la Comisión Nacional del Agua, y la omisión de notificarle respecto a ello. Es aplicable la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y dos, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Igualmente la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 181810, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora bien, el argumento toral del Juzgado en declinar la competencia planteada a este órgano jurisdiccional, es que si bien el acto que se reclama en esta instancia es una omisión que se les atribuye a las responsables, el mismo tendrá ejecución material en el predio ubicado en colindancia con Carretera Estatal "Piedras Negras-Ejido Remolino", sin número, en el municipio de Zaragoza, Estado de Coahuila de Zaragoza. En ese contexto, debe decirse que este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sustentado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en el sentido de que éste órgano jurisdiccional, sea el competente para conocer de la demanda. Para ello, es menester destacar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del precepto legal se desprende que las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, son: a) La primera regla competencial se refiere que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda se refiere que cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, ante quien se presente la demanda; y c) La regla número tres se aplica cuando el acto reclamado es meramente declarativo, que no requiera ejecución material, hipótesis en la que corresponderá conocer al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, si el acto reclamado por la quejosa consiste en la omisión de las autoridades responsables en pronunciarse respecto a la solicitud de concesión para la ocupación de terrenos federales, que dio origen al expediente COA-L-0670-16-07-15, de la Comisión Nacional del Agua, y la omisión de notificarle la misma, es inconcuso que lo aquí reprochado, encuadra en la última de las hipótesis que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, ya que lo que combate no tiene ejecución material, toda vez que se trata de una conducta omisiva o una abstención de dejar de hacer de las autoridades señaladas como responsables. Sin que obste lo anterior, que el Juzgado declinante, manifestó que la conducta omisiva de las responsables, tendría ejecución en la jurisdicción de este órgano constitucional; sin embargo, al abstenerse en contestarle su petición, no conlleva una ejecución material en el predio ubicado Carretera Estatal "Piedras Negras-Ejido Remolino", sin número, en el municipio de Zaragoza, Estado de Coahuila de Zaragoza, pues en nada afecta al inmueble mencionado. Por ende, la regla que opera para fijar la competencia del Juez de Distrito, en el presente asunto, es la contenida en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que como ya se expuso, dispone que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado el escrito de demanda de amparo. En este orden de ideas y en virtud de la naturaleza del acto reclamado, se considera que la competencia legal se surte a favor del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, ante quien se presentó la demanda. Máxime, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia en el sentido de que el artículo 37 referido, deber ser interpretado literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro para desentrañar su sentido y alcance; ello, con la intención de evitar conflictos competenciales, la cual aplica al caso, contrario a lo expuesto por el órgano declinante, siendo del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." En consecuencia de lo expuesto, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, no se admite la competencia declinada, por tanto, se ordena devolver la demanda y sus anexos, solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo, así como la decisión adoptada al respecto. IV. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. V. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · 8,673 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano