Manuel Jacinto Chiclin Aguayo

Expediente 482/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
482/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
23/11/2017

Partes del expediente

  • Manuel Jacinto Chiclin Aguayo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el contenido de la primera certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que a la parte quejosa le transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de octubre del año en curso, en la que se negó el amparo solicitado; sin que haya hecho valer medio de impugnación alguno; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada, para todos los efectos legales. En esa tesitura, toda vez que de la segunda certificación de cuenta se advierte que el presente expediente se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el punto Octavo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración una vez transcurrido cinco años, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo. .

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 482/2017, promovido por ******, contra actos del Magistrado Unitario adscrito a la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral del Estado de Quintana Roo; y otra autoridad, y RESULTANDO 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, el catorce de julio de dos mil diecisiete, ****** promovió juicio de amparo contra actos de las autoridades precisadas en el proemio de esta resolución. 2. Admisión de la demanda. Por razón de turno, la demanda correspondió conocer a este juzgado de Distrito, y mediante acuerdo de dieciocho de julio de dos mil diecisiete (fojas 68 a 70), se admitió la demanda de amparo en los términos planteados, se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, y se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 3. Emplazamiento a tercero interesado. El veinticinco y veintisiete de julio de la presente anualidad, de manera respectiva, fueron debidamente emplazados a este juicio de derechos fundamentales los terceros interesados ******, Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Juzgado de origen y ****** (fojas 92 y 101). Seguido el juicio por todas sus etapas legales, se dio inicio a la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede y que forma parte de esta resolución, por lo que ahora se dicta la sentencia que en derecho procede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue dictado por una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la demarcación territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada y la intención de la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Al respecto, del análisis íntegro de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución dictada por el Magistrado Unitario adscrito a la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral del Estado de Quintana Roo, en autos del toca ****, que confirma el auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en la carpeta administrativa ****. En consecuencia, los actos reclamados precisados en este considerando constituyen la Litis en el presente asunto, sin que ello haya implicado cambiar el alcance o contenido de la queja constitucional, sino sólo se procedió a determinar con exactitud la intención de la parte quejosa a fin de impartir una recta administración de justicia. Al caso se invoca la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Sirve de apoyo también a lo anterior, la Tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, abril de dos mil cuatro, tomo XIX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Una vez establecidos los actos reclamados sobre los que versará la presente instancia constitucional, procede determinar su existencia o inexistencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y cinco, del Tomo V de enero a junio de mil novecientos noventa, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral del Estado de Quintana Roo, por conducto del administrador de Gestión Judicial de Segunda Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de esta ciudad, por así haberlo manifestado en su informe. Es aplicable en la especie la tesis de jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI-Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con las constancias certificadas que acompañó a su informe justificado, entre las que se encuentra la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado Unitario adscrito a la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral del Estado de Quintana Roo, en autos del toca ****, en cumplimiento a la ejecutoria de sentencia, relativa al recurso de revisión ****, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. Documental a la que se le otorga pleno valor probatorio pleno, conforme a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, que expresa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Igual resolución debe adoptarse respecto del acto que se reprocha al Juez de Control del Sistema Acusatorio adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia de esta ciudad, por conducto de la Secretaria en funciones de Juez de Despacho del Juzgado para Adolecentes, no obstante que al rendir informe justificado hubiese negado su existencia, dicha negativa se desvirtúa con lo señalado por el Magistrado responsable, toda vez que si la autoridad ordenadora admitió la existencia, lo mismo debe ocurrir con las ejecutoras. Motivo por el cual, se tiene por acreditada la existencia del acto reclamado a dicha autoridad responsable. Apoya el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, materia común, página 56, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen la obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo del presente asunto, se procede a examinar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, máxime que el numeral 63, fracción V, de la propia normatividad, dispone que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Parte TCC, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro IUS 394770, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, no existe causal de improcedencia hecha valer por las partes o que este juzgado de Distrito advierta de oficio, por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, los cuales se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, del tomo XXXI, mayo de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Sin embargo, en síntesis hizo valer los siguientes motivos de agravio: a) Que se transgredieron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; b) Que fue incorrecta la desestimación, por parte de la Sala responsable, respecto de la declaración de ******; c) Que la Sala responsable indebidamente valoró el dato de prueba consistente en el título de propiedad ******, dado que existen dos copias de títulos de propiedad que se contradicen en relación al nombre del propietario, y d) Que entre la fecha en que el ofendido tuvo conocimiento de la comisión del delito (cuatro de octubre de dos mil catorce) y la de ejercicio de la acción penal (ocho de enero de dos mil dieciséis) transcurrió en exceso el plazo de un año a que se refiere el artículo 79 del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, y por ende, ha prescrito la acción penal en su favor. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. En el caso a estudio, los conceptos de violación son infundados sin que se advierta materia para suplir su deficiencia, conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En principio y por cuestión de técnica jurídica, se analizará el concepto de violación planteado por el promovente, en el sentido de que en el caso operó la prescripción de la acción penal, atento a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Amparo, es de estudio preferente. No escapa a la atención de este juzgado de Distrito que mediante resolución de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el Segundo Tribunal Colegiado al resolver el recurso de revisión 66/2016 (hecho valer contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 626/2016-II-C, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, promovido contra la resolución que decretó auto de no vinculación a proceso en favor del aquí quejoso por parte de la Sala responsable) afirmó que no había transcurrido el plazo de un año establecido el artículo 79 del Código Penal de esta entidad federativa para la presentación de la querella, y por ende, que no se encontraba prescrita la acción penal. Afirmación que realizó el órgano colegiado tomando en consideración la fecha en que el ofendido tuvo conocimiento de la comisión del delito (cuatro de octubre de dos mil catorce) y la fecha de presentación de la querella (catorce de enero de dos mil quince). Sin embargo, en la presente instancia constitucional, el motivo de agravio hecho valer por el quejoso difiere del cómputo realizado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el amparo en revisión 66/2016, razón por la cual este juzgado de Distrito emprenderá el análisis de tal concepto de violación. El promovente del amparo aduce que la acción penal prescribió en virtud que de la fecha en que el ofendido tuvo conocimiento de la comisión del ilícito (cuatro de octubre de dos mil catorce) a la diversa en que se ejercitó acción penal y se solicitó audiencia inicial de imputación (ocho de enero de dos mil dieciséis) transcurrió en exceso el plazo de un año a que se refiere el artículo 79 del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, para la procedencia de la prescripción de la acción penal. Motivo de agravio que resulta infundado. A efecto de robustecer esa afirmación, resulta necesario trascribir el contenido de los numerales 79, 81 y 82 de la citada legislación, los cuales disponen: "ARTICULO 79.- Cuando la Ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que solo pueda perseguirse por querella de la víctima o del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año, contado a partir del día en que quienes puedan formular querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito, y en tres, fuera de esta circunstancia. Pero si llenado el requisito inicial de la querella o del acto equivalente, ya se hubiese ejercido la acción ante los tribunales, se observarán las reglas señaladas por la Ley para los delitos que se persiguen de oficio." "ARTICULO 81.- Cuando para ejercitar o continuar el ejercicio de la acción penal sea necesario una declaración o resolución previa de autoridad competente, la prescripción no comenzará a correr, sino hasta que sea satisfecho ese requisito. La prescripción de la acción penal se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen para la averiguación del delito, aunque, por ignorarse quién o quiénes sean los delincuentes, las diligencias no se practiquen contra persona o personas determinadas. Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a correr de nuevo desde el día siguiente de la última actuación. Se interrumpirá igualmente la prescripción cuando el inculpado cometiere nuevo delito." "ARTICULO 82.- Lo prevenido en el artículo anterior, no comprende el caso en que las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido ya la mitad del lapso necesario para la prescripción. Entonces, ésta continuará corriendo y no se interrumpirá, sino por la aprehensión del inculpado." De los preceptos legales trascritos, se desprende que el término de la prescripción de la acción penal se interrumpe por las actuaciones que se practiquen para la investigación del delito, aunque, por ignorarse quién o quiénes sean los delincuentes, las diligencias no se practiquen contra persona o personas determinadas; sin embargo, una vez que haya transcurrido la mitad del término, sólo se interrumpe con la querella de la víctima. Ahora, de una interpretación integral del capítulo relativo a la prescripción de la acción penal, este juzgado de Distrito considera que contrario a lo sostenido por el quejoso, durante la etapa de investigación inicial el término de la prescripción de la acción penal respecto de delitos perseguibles por querella, no se interrumpe únicamente con la querella realizada por la víctima, siendo también de conformidad con los artículos 81 y 82 del Código Penal del Estado de Quintana Roo, con cualquier actuación que se practique para la investigación del delito. Luego, tal como lo sostuvo el solicitante de tutela constitucional, de las constancias valoradas por el Magistrado responsable se desprende que el cuatro de octubre de dos mil catorce el ofendido tuvo pleno conocimiento de la existencia del delito imputado al aquí quejoso; asimismo, que el ocho de enero de dos mil dieciséis, en que se solicitó la audiencia de la formulación de imputación, datas en las que transcurrió en exceso el plazo de un año establecido por el artículo 79 de la ley sustantiva penal de la entidad, para la procedencia de la prescripción de la acción penal. Sin embargo, contrario a lo afirmado por el quejoso, el pasivo del delito presentó su querella el catorce de enero de dos mil quince, la cual, en términos del segundo párrafo del numeral 81 del citado ordenamiento legal, interrumpe la prescripción de la acción penal. Es así, ya que la querella es un acto formal preprocesal por el cual el ofendido, víctima, o bien, la persona legítimamente autorizada para ello, da noticia de un hecho (noticia criminal) que probablemente constituya un delito, con la solicitud de que sea investigado y se imponga al responsable la sanción correspondiente. Efectivamente, la querella constituye la manifestación de la voluntad y el ejercicio de un derecho realizado ante una autoridad competente a fin de que ésta ejerza la acción penal ante un órgano jurisdiccional y de este modo obtener la reparación del daño causado. De igual forma, debe decirse que la querella, en los delitos que no se persiguen de oficio, es un presupuesto o condición indispensable para el ejercicio válido de la acción penal, de ahí que se le considere un requisito de "procedibilidad". En ese sentido, debe estimarse que la querella constituye un acto dentro de la carpeta de investigación tendente a la persecución del delito y al ejercicio de la acción penal, pues sin aquélla ésta no podría realizarse; por lo que, se tiene que considerar como el acto más importante dentro de la fase de investigación. Luego, si la prescripción de la acción penal se interrumpe con cualquier actuación que se practique para la averiguación del delito, así como con el ejercicio de la acción penal; por mayoría de razón, también debe interrumpirse cuando se presenta la querella, pues constituye un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal sin la cual, la propia investigación del delito carecería de sentido. En ese tenor, es de concluirse que la querella sí es un acto que interrumpe la prescripción de la acción penal. Por otra parte, este órgano de control constitucional advierte que el Magistrado de la Sala responsable tomó en consideración querella realizada por la víctima y que interrumpió el término prescriptivo. Ello en razón de que la querella fue tendente a la investigación del delito. En consecuencia, si la querella fue presentada dentro del plazo de un año autorizado legalmente para ese efecto (catorce de enero de dos mil dieciséis), a partir del día siguiente reinició el cómputo del citado término para efectos de la prescripción de la acción penal y, dado que el representante social solicitó la audiencia de imputación el ocho de enero de dos mil diecisiete, es indudable que no transcurrió el plazo de un año establecido en artículo 79 del código punitivo de la entidad, y por ende, no operó la citada figura jurídica, contrariamente a lo aseverado por el quejoso. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo I, Noviembre de 2015, página 778, registro 2010475, del rubro y texto siguientes: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE ÉSTA OPERE EN LOS DELITOS QUE SE PERSIGUEN A INSTANCIA DE PARTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO Y OAXACA). Los artículos 79 y 124 de los Códigos Penales para los Estados de Quintana Roo y Oaxaca disponen, en términos similares, que la acción penal en los delitos perseguibles a instancia de parte prescribe en un año, contado a partir de que la parte afectada tiene conocimiento del delito y en tres años fuera de esa hipótesis. De dichos numerales también se advierte que, una vez satisfecho el requisito de la querella, así como el ejercicio de la acción penal, se deben observar las reglas señaladas por la ley para los ilícitos penales que se persiguen de oficio, lo cual es acorde con lo establecido por esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 54/2009, (1) de rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. TRATÁNDOSE DE DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA, SÓLO SON APLICABLES LAS REGLAS GENERALES PREVISTAS PARA LOS QUE SE PERSIGUEN DE OFICIO SI SE INTERRUMPIÓ EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN Y, MEDIANDO QUERELLA, SE CONSIGNÓ LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).". Pues bien, a juicio de esta Sala, lo anterior no significa que únicamente la consignación de la averiguación previa interrumpe la prescripción. La formulación de la querella dentro del término de un año también la interrumpe, pues no es lógico estimar que un derecho prescribe mientras se ejerce y que el plazo relativo continúa su curso si el afectado ya hizo valer su derecho a que el Estado investigue una conducta delictiva. Por ende, una vez que la víctima acude a excitar al órgano ministerial, el término inicia nuevamente". No se soslaya que el solicitante de tutela constitucional, a efecto de sustentar su manifestación, citó la jurisprudencia del rubro "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA DE LA VÍCTIMA O DEL OFENDIDO, SÓLO SE INTERRUMPE POR LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)", emitida por el Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito al que pertenece este órgano de control constitucional; empero, ese criterio fue superado por el diverso emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transcrito en párrafos precedentes, la cual es de observancia obligatoria para este juzgado de Distrito en términos del numeral 215 de la Ley de Amparo, incluso para el Pleno de Circuito emisor del criterio citado por el quejoso. Por tal motivo, se insiste, es infundado el motivo de disenso planteado por el quejoso, en el sentido de que operó en su favor la prescripción de la acción penal. Ahora, se procede al análisis de los diversos conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Conviene establecer que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como eje toral del nuevo proceso penal mexicano, en su primer párrafo establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. ." Conforme al aludido texto Constitucional, se tiene que los principios rectores del sistema de justicia penal acusatorio son: la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, cuyas características definen detalladamente los artículos 4 a 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, con la aplicación de dichos principios se cumple con los objetivos del sistema penal acusatorio que son: determinar la verdad real, histórica o procesal, determinar la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, resolver el conflicto suscitado entre las partes, procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. Ahora, se tiene que el artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los efectos de las sentencias dictadas en la apelación -como la que en esta instancia constitucional se reclama- son confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada, o bien ordenar su reposición. Para efectos de la presente resolución conviene aludir al esquema del sistema penal acusatorio, contenido en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de identificar la naturaleza jurídica y la fase procesal en que fue dictada la resolución reclamada en la presente instancia constitucional, mismo que comprende las siguientes etapas: I. Etapa de investigación, que corre a cargo del Ministerio Público y comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para que se le formule imputación. b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. II. Etapa intermedia o de preparación de juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. En esta etapa, el Juez de Control debe calificar, en su caso, la detención; además, resolver -si es formulada imputación- sobre la vinculación a proceso, así como las solicitudes de medidas cautelares; depura y admite las pruebas ofrecidas por las partes en audiencia en que la que resuelve sobre excepciones procesales y la apertura del juicio oral, entre otras facultades, y III. Etapa de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento, cabe resaltar que el proceso se tendrá por concluido cuando la referida sentencia quede firme. Como puede apreciarse, la vinculación a proceso, y por ende su confirmación por parte del tribunal de apelación, se decreta dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio. Asimismo, el auto de vinculación a proceso, homólogo al de formal prisión en el anterior sistema penal, cuya denominación denotaba justamente una coacción que por lo general llevaba aparejada alguna afectación a derechos (privación provisional de la libertad), alude a la información formal que el Ministerio Público realiza al indiciado para los efectos de que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación y para que el Juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental. Dicha figura jurídica se encuentra regulada por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que en lo conducente señala: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. ... La redacción del numeral transcrito revela, en atención a los objetivos perseguidos por la reforma constitucional en materia penal, no sólo la modificación en la denominación del auto de formal prisión, ahora llamado auto de vinculación a proceso, sino un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. Por lo que, de la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A), del Pacto Federal, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Legislador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido, y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho o hechos que la ley señale como delitos (hecho ilícito, núcleo del tipo), y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Luego, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de Control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. En esa línea, al igual que en una orden de aprehensión, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, debiéndose incluir las modificativas o calificativas del hecho delictuoso; máxime que tiene como efecto procesal establecer el ilícito por el cual habrá de seguirse la formal investigación. Ello, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos; es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Sin embargo, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio (oral). En ese orden, para el dictado de una orden de aprehensión o de un auto de vinculación a proceso, el Juez de Control debe analizar y resolver, según sea el caso, únicamente con base en los datos de prueba que en la solicitud de una orden de aprehensión o en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en la aludida audiencia. Corolario a ello, la segunda instancia en el juicio penal oral, se abre preponderantemente para resolver agravios, respecto de los cuales el tribunal de apelación tiene la obligación de pronunciarse, sin ir más allá de los límites del recurso, salvo que se adviertan actos violatorios de derechos fundamentales. Establecida la fase del procedimiento en que se pronuncia el auto de vinculación a proceso, así como su naturaleza jurídica; a efecto de determinar los requisitos que en su dictado deben reunirse, es necesario reproducir el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, complementario del artículo 19 de la Constitución Federal, que establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Aunado a lo anterior, debe agregarse que como todo acto de autoridad, además de ajustarse a las premisas legales anteriores, debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. .." De lo anterior se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso, atento a lo establecido en la Carta Magna y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo. Los requisitos formales son los siguientes: A. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente; B. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor; C. Que se haya formulado imputación; D. Que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; Por otra parte, los requisitos de fondo que debe colmar son: I. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; II. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y III. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal. Al respecto, se cita, por identidad, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro y texto dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." Así como la tesis XIII.P.A.30 P, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, que a la letra indica: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." Ahora, atendiendo a la importancia que reviste el derecho fundamental de libertad que se ve afectado de manera indirecta con la resolución reclamada, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional, el deber de circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el Magistrado de la Cuarta Sala y resolver respecto de la constitucionalidad o no de dicho acto; sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, pues únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la misma, para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. Bajo esa premisa, en el presente asunto, se advierte que el peticionario de amparo reclama la resolución de diecinueve de junio dos mil diecisiete pronunciada por el Magistrado Unitario adscrito a la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral, en autos del toca ****, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso decretado al aquí quejoso ****** por el Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en la carpeta administrativa ****, por su probable intervención en el hecho delictuoso de ******, previsto por el numeral 153, fracción IX, y sancionado por el artículo 152, párrafo segundo, primera parte, en relación a los ordinales 12, 13, fracción II, 14, párrafo segundo y 16, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Quintana Roo, cometido en agravio de ******. Expuesto lo anterior, de la resolución controvertida se advierte que el Magistrado responsable, estuvo en lo correcto al confirmar el auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control, dado que determinó que se encontraban satisfechos los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso que prevé el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es: A. Que la resolución conste por escrito y se dicte por una autoridad competente en una audiencia pública y oral. Requisito que la Sala responsable estimó satisfecho, puesto que refirió que el auto de vinculación a proceso emitido el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, cuenta con su versión escrito, como se aprecia de las constancias que integran la carpeta administrativa **** del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Asimismo, que en la resolución impugnada se indicó que el Juez de Control precisó los numerales en los que fundó su competencia, a saber, 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 65, 68, fracción I, 70 Bis, fracción VI y 75, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en correlación con los arábigos 1 y 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, señaló que la resolución recurrida cumple con la formalidad de ser emitida en una audiencia pública y oral, como lo es la audiencia de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, lo que se corrobora con el registro de audio y video contenido en el disco versátil digital. B. Que se pronuncie dentro del plazo de setenta y dos horas, o su ampliación, o que el imputado previamente hubiese renunciado a dichos plazos y solicite se resuelva su situación jurídica en la propia audiencia con los datos que obran en la carpeta de investigación. Presupuesto que el tribunal de segunda instancia consideró actualizado, pues señaló que el imputado, previa consulta con su defensa, solicitó que se resolviera su situación jurídica en la propia audiencia inicial, por lo que se le dictó auto de vinculación. C. Formulación de la imputación. En lo concerniente al requisito consistente en que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno hecho determinado; dicho requisito quedó satisfecho. Lo anterior, como lo sostuvo el tribunal de apelación, se desprende de la audiencia de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en la que el Ministerio Público formuló imputación sin detenido en contra de ******, por su probable intervención en el hecho delictuoso de ******. D. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Tal requisito lo tuvo por satisfecho la Sala responsable, en virtud que desde el principio de la audiencia de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, el Juez de Control hizo saber al imputado su derecho a declarar o guardar silencio, contenido en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 113, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que el aquí quejoso emitió su declaración, procediendo el Juez de Control a resolver su situación jurídica en la propia audiencia. En otro orden, por cuanto hace a los requisitos de fondo, la Sala responsable los tuvo por demostrados con lo siguiente: I. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso que fue desahogada el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se desprenden datos que permiten establecer que se cometió un hecho que se considera delito, concretamente ******, previsto por el numeral 153, fracción IX, y sancionado por el artículo 152, párrafo segundo, primera parte, en relación a los ordinales 12, 13, fracción II, 14, párrafo segundo y 16, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Quintana Roo, cometido en agravio de ******; así como la probabilidad de que el imputado ****** lo cometió. Para corroborar lo anterior, la Sala responsable precisó el contenido de los artículos 152, párrafo segundo y 153, fracción IX, del Código Penal del Estado de Quintana Roo-vigente en la época de los hechos-, que prevé el ilícito que se atribuye al quejoso, los cuales son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 152. Comete el delito de fraude el que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se encuentra, obtenga alguna cosa ajena o alcance un lucro indebido para sí o para otro. Se aplicará de seis meses a tres años de prisión y de veinticinco a doscientos días multa al que cometa el delito de fraude cuyo monto no exceda de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Si excede de dicha cantidad, la sanción será de tres a doce años de prisión y de cincuenta hasta cuatrocientos días multa. ARTÍCULO 153. Se impondrá las mismas penas previstas en el artículo anterior: . IX.- Al que por título oneroso, enajene alguna cosa ajena con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de ella, o la arrende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier forma, si ha recibido el precio, la renta o alquiler, la cantidad en que la grave, parte de ellos o un lucro equivalente o disponga de una cosa propia, como libre, con el conocimiento de que está gravada. .". Del numeral transcrito y resaltando el hecho de que a partir del precepto transcrito, el Tribunal de apelación responsable desprendió su análisis respecto de los elementos del delito, como sigue: a) Un sujeto, sin calidad específica, enajene, a título oneroso, una cosa ajena; b) Teniendo conocimiento de que no tiene derecho para disponer de esa cosa ajena; y c) Que haya recibido el precio del mismo. Así respecto a la exigencia que prevé el código adjetivo penal para el dictado del auto de vinculación a proceso, atingente a la existencia de datos de prueba suficientes para establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, resulta necesario establecer que tales extremos se acreditan con base en los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, los cuales no tiene la autoridad judicial en su poder ni a la vista al momento de resolver la situación jurídica del imputado con el auto de vinculación a proceso, sino únicamente la mención que de ellos realiza el agente del Ministerio Público en el momento de formular imputación y solicitar la vinculación a proceso. En efecto, una vez que el Ministerio Público solicitó el auto de vinculación a proceso y expuso los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación de mérito, el Magistrado de la Sala responsable al resolver el recurso de apelación hecho valer en contra del auto de no vinculación a proceso emitido por el Juez de Control, estimó que los mismos eran idóneos y pertinentes para demostrar el hecho circunstanciado. Es así, pues expresó que para tener acreditado el hecho delictivo se tomaban en cuenta los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, específicamente la querella de ****** quien estableció, que pactó la venta de un terrero ubicado ******, con ****** por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N), cantidad que pagaría en plazos diferidos (veinticinco de enero de dos mil trece); por lo que al terminar de pagar el precio total acordado respecto del bien inmueble (cuatro de octubre de dos mil quince), ambos se presentaron a la notaría, sin embargo, no pudieron firmar documento alguno, en virtud de que ****** no era el dueño del bien inmueble, sino su padre, pero que contaba con un poder especial para efectuar la compraventa, acordando presentarse a la notaría de nueva cuenta una vez que contara con tal documento, lo que no aconteció. De igual modo, tomó en consideración lo manifestado por ******, en su ampliación de entrevista de veintisiete de enero de dos mil quince, en la que refirió que el día del último pago, su esposa acudió al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, pidiendo informes sobre el predio objeto de la venta, a lo que ésta se percató que dicho terrero no estaba a nombre de ******, sino de ******. También, las entrevistas de ******, realizadas en distintas fechas éste refirió, que acompañó a su hermano (victima) a entregar cierta cantidad de dinero a ******, ya sea en su domicilio o en cualquier parte de la ciudad, así como que estos tres acudieron a ver el terreno objeto de la venta, teniendo conocimiento que ****** le ofreció en venta ese terreno y cuando termino de pagarle, el imputado no le entrego el bien inmueble. Igualmente, en la entrevista de ******, manifestó ser testigo de los hechos que denunció ******, siendo que le consta que éste último le compró una terrero a ******, pues en varias ocasiones acompañó a la víctima a abonar cierta cantidad de dinero. En la entrevista de ******, esposa de la víctima, señaló que le consta que ****** le compró un terrero a ******, y que ella le sugirió a su esposo que acudieran al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ya que estaba por terminar de pagar el bien inmueble, por lo que citaron al imputado a verificar quién era el dueño, pero nunca llegó, siendo que al consultar la información del terreno se percataron que no estaba a nombre del imputado, sino de su padre ******, percatándose del engaño. Con la inspección del terreno objeto de la venta, la cual se realizó por una Agente de la Policía Ministerial el diez de noviembre de dos mil quince. Así, con el informe del policía homologado realizado por la Agente de la Policía Ministerial quien efectuó la inspección, así como la ampliación de entrevista de la víctima, señaló que acudió a las oficinas del ejido de Bacalar y se entrevistó con el presidente del Comisariado Ejidal del Ejido de Bacalar, quien le manifestó que el legítimo dueño del terreno objeto de la venta es ****** y que en ningún momento autorizó a su hijo a vender el terreno. En efecto, los datos de prueba relacionados anteriormente son suficientes para evidenciar que el aquí quejoso ****** dispuso un bien inmueble que no es de su propiedad, pues le pertenece a ****** (padre del quejoso), con pleno conocimiento de ello, para vendérselo a ******, con el objeto de recibir dinero. Consecuentemente, fue correcto que el Tribunal de Segunda Instancia responsable confirmara el auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control en contra del imputado, al haberse demostrado el hecho delictuoso que se le atribuye. II. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan la probabilidad de que el imputado cometió el delito o participó en su comisión. Por otro lado, por lo que atañe a la probable participación del imputado, se tiene que con los datos de prueba expuestos hasta el momento procesal de la audiencia de vinculación, ******, es la persona que cometió la conducta en calidad de autor directo en la comisión del delito de ****** que se le atribuye en agravio de ******. En esas condiciones, no causa agravio alguno a la parte quejosa la determinación del Magistrado de la Sala responsable, al considerar el auto de vinculación reclamado ajustado a los lineamientos constitucionales y procesales que para su dictado se requieren, y que a la postre resultaron suficientes para confirmar la resolución sometida a su jurisdicción. Es así, ya que no se exige la plena comprobación de los elementos del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino únicamente debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, lo que en el caso aconteció. III. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal. Finalmente, el tribunal de segunda instancia responsable estimó que no se encontraba demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación a que se refiere el artículo 20 del Código Penal del Estado de Quintana Roo. En ese tenor, los relacionados datos de prueba, debidamente asociados permiten establecer razonablemente la existencia de una acción dolosa y punible de su parte, que amerita justificadamente la intervención del derecho penal, sin que esté demostrada por encima de toda duda razonable, al menos hasta el momento que se analiza, una causa de extinción de la acción penal o alguna excluyente de incriminación. De ahí que se concluya que el Magistrado responsable estuvo en lo correcto al confirmar el auto de vinculación a proceso reclamado, ya que analizó correctamente la imputación formulada y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social a partir de la investigación inicial, y ponderados por el Juez de Control al dictar el referido auto de vinculación. En el contexto anotado, el pronunciamiento respecto a que existe la probabilidad de su autoría en el evento delictivo en el auto reclamado, no implica en lo absoluto su responsabilidad penal, pues bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio que se instruye, los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y en su caso, la contra-argumentación o refutación que vertió como imputado o los de su defensa, constituyen elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente el dictado del auto de vinculación reclamado, tal como ya se dijo en párrafos anteriores. Así, este Juzgado de Distrito advierte que las consideraciones de la responsable contenidas en el acto reclamado, resultan esencialmente lógicas y acordes a la exposición que formuló la agente del Ministerio Público, porque el Magistrado de la Sala responsable, una vez que escuchó los datos de prueba que constan en la carpeta de investigación, normó su arbitrio judicial en observancia a las reglas fundamentales de la lógica y las máximas de la experiencia; así, concluyó que la idoneidad y pertinencia de los datos ya relatados, contemplados en su conjunto permiten establecer la existencia de un hecho delictuoso y, además, la probabilidad de que el imputado lo cometió; por tanto en términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confirmó la vinculación a proceso decretada al quejoso. El anterior análisis realizado por la Sala responsable debe entenderse como una revisión de la valoración de la prueba hecha por el juez de primer grado, determinando la legalidad de dicha actuación, por lo que no puede considerarse como un estudio directo de la prueba y menos aún una sustitución del juez natural en la apreciación de los datos de prueba. Cobra aplicación al respecto, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, página 3100, registro 2014909, que dice: "RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 468, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, SE ANALIZARÁN CONSIDERACIONES "DISTINTAS A LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA", ES CONTRARIO AL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL QUE CONSAGRAN LOS DERECHOS A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y A LA DOBLE INSTANCIA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE RECURSO EFICAZ Y, POR TANTO, DEBE INAPLICARSE. El precepto mencionado en la porción normativa que establece que en la apelación contra la sentencia definitiva emitida por el tribunal de enjuiciamiento, se analizarán consideraciones "distintas a la valoración de la prueba", limita el examen de los agravios que tengan relación con la valoración de la prueba, la cual constituye una actuación del Juez de primera instancia que rige el sentido del fallo, por lo que debe inaplicarse por ser contrario al parámetro de control de regularidad constitucional, específicamente a los artículos 17 y 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen los derechos humanos a la presunción de inocencia en su interpretación amplia y extensiva, que se traduce en la oportunidad de recurrir el fallo condenatorio a través de un medio de impugnación que permita el reexamen de toda la materia entera del juicio; así como a la doble instancia en materia penal, en su vertiente de recurso eficaz, el cual consiste en la obligación para los tribunales de resolver sin obstáculos, evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo, por lo que en los medios ordinarios de defensa debe existir la posibilidad de analizar cuestiones no sólo jurídicas, sino también fácticas y probatorias en las que se sustentó la sentencia impugnada, a fin de evaluar en forma diversa la prueba obtenida en la primera instancia. Sin que sea óbice que la finalidad de esa restricción sea salvaguardar el principio de inmediación, pues éste no se verá transgredido, ya que el análisis que efectuará la autoridad de segunda instancia debe entenderse como una revisión de la valoración de prueba hecha por el Juez de primer grado, determinando la legalidad de dicha actuación, vista desde la perspectiva de una consideración del fallo reclamado. De ahí que no pueda considerarse como un análisis directo de la prueba y menos aún una sustitución al Juez natural en la apreciación de los elementos de convicción." Así como la diversa tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, Décima Época, registro 2015452, que establece: "RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DEBA RESOLVERLO, EN ACATAMIENTO AL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO, PUEDE ANALIZAR LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA REALIZADA POR EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA, SIN QUE ELLO COMPROMETA EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 468, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). De una interpretación restrictiva y literal del precepto mencionado, se concluye que el tribunal de segunda instancia, en el recurso de apelación, no puede analizar las consideraciones relativas a la valoración de la prueba en la sentencia de primer grado; sin embargo, esa forma de interpretación limita el derecho a recurrir y contraviene la naturaleza del recurso de apelación, cuya nota distintiva es permitir la reasunción de la jurisdicción originaria; siendo que la interpretación de las normas implica un ejercicio ponderativo a la luz de principios axiológicos que rigen el orden jurídico nacional; y si de la porción normativa referida, en relación con los diversos 458, 461, 468, 471, 476, 477, 479 y 481 del propio código, se advierte que son materia de la resolución de apelación aquellas violaciones graves al debido proceso, ello debe entenderse en un sentido amplio con una connotación sustantiva, pues es obligación de los órganos de alzada analizar la determinación recurrida y vigilar que no exista ninguna transgresión a los derechos fundamentales, lo que es acorde con los artículos 461 y 481 citados, que obligan al tribunal de apelación a realizar un análisis oficioso para determinar si hubo violaciones al debido proceso. Por ende, la restricción de no analizar la valoración de la prueba realizada por el a quo no tendría sentido si se parte de la base de que el tribunal de apelación debe estudiar oficiosamente el debido proceso, que se define como el estándar constitucional con implicaciones sustantivas en que no solamente se debe ser juzgado por tribunales previamente establecidos, de acuerdo con las leyes vigentes y exactamente aplicables al caso, sino que en materia probatoria, se decanta por el respeto al núcleo esencial del derecho humano que versa sobre la admisión, desahogo y valoración de las pruebas; de manera que el tribunal de apelación, en acatamiento a este derecho, y atento a la interpretación conforme del artículo 468, fracción II, indicado, puede analizar la valoración de la prueba realizada por el tribunal de enjuiciamiento de primera instancia, sin que ello comprometa el principio de inmediación, porque el artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala la obligación de videograbar el desarrollo de todas las audiencias en las distintas fases del procedimiento penal acusatorio, a través de las cuales se apreciará el desarrollo de la prueba; sin que sea óbice para dicho criterio, la existencia del sistema de nulidad y la reposición, contenidos en los artículos 97 a 102 del código mencionado, que establecen la facultad de las partes para depurar actuaciones ilícitas o tenerlas por consentidas ante su falta de impugnación, pues aun así, en el recurso de apelación se prevé un sistema de análisis oficioso, en que el órgano revisor reasume jurisdicción para resolver el asunto planteado." Motivo por el cual se considera que el acto reclamado en esta vía -resolución que confirma el auto de vinculación a proceso-, se encuentra ajustado a derecho, porque como se ha dicho, existen datos de prueba suficientes para vincular al quejoso como la persona que probablemente cometió el ilícito que se le imputa. Sobre la base de lo expuesto se concluye que la determinación de segunda instancia reclamada cumple con los requisitos de los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ello, procede afirmar que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado y, en consecuencia, infundado el motivo de agravio hecho valer en ese sentido. Establecido lo anterior, se procede a dar contestación a los diversos conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de amparo, marcados con los incisos b) y c) del considerando quinto de esta sentencia. Por cuestión de técnica se analizarán en forma conjunta, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo. Sobre ese tema, véase la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Tales motivos de agravio consisten en: b) Que fue incorrecta la desestimación, por parte de la Sala responsable, de la declaración de ******, y c) Que la Sala responsable indebidamente valoró el dato de prueba consistente en el título de propiedad ******, dado que existen dos copias de títulos de propiedad que se contradicen en relación al nombre del propietario. Los anteriores conceptos de violación se estiman infundados. Se considera lo anterior, toda vez que, contrario a lo aseverado por el quejoso, en la resolución reclamada no se desestimó la declaración de su padre ******, sino que se afirmó que ésta resultaba insuficiente para revocar el auto de vinculación a proceso decretado, pues aunque con ella se acreditara que la diversa entrevista realizada al propio ******, se hubiese recabado con malos tratos o tortura psicológica, subsisten los demás datos de prueba que acreditan la existencia del delito y la probable responsabilidad del amparista en su comisión. Además, en atención a lo manifestado, ordenó al Juez de Control para que a su vez ordenara al agente del Ministerio Público a efecto de que se inicie una investigación a efecto de determinar si efectivamente la entrevista realizada a ****** fue recabada mediante la utilización de malos tratos o tortura de cualquier índole y, en caso afirmativo, se desestime en el futuro este dato de prueba y se inicie una diversa investigación por la probable comisión del delito de tortura. Respecto de este tópico, debe tenerse presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la resolución del amparo directo en revisión 90/2014, que conforme a lo dispuesto en el vigente artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Concluyó que, en función de las circunstancias en que se alegue algún tipo de maltratos, corresponde al juzgador ordenar la investigación correspondiente al Ministerio Público; lo que obliga a actuar en ese sentido a este órgano de control constitucional. Sin embargo, ello resulta ocioso, en función de que, como quedó precisado en líneas superiores, el Magistrado responsable ordenó se realizara la investigación correspondiente a la posible tortura y malos tratos aplicados a ****** durante su entrevista. Por lo que refiere al restante motivo de agravio relativo a que el tribunal de apelación responsable indebidamente valoró el dato de prueba consistente en el título de propiedad ******, éste deviene infundado pues contrario a lo argumentado por el solicitante de tutela constitucional, a fin de confirmar el auto de vinculación a proceso impugnado, la Sala responsable no tomó en consideración el referido dato de prueba a efecto de acreditar la existencia del delito ni la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, como se advierte de la resolución materia de la presente instancia constitucional. Establecido lo anterior, los datos de prueba involucran al hoy quejoso en el sentido de que probablemente cometió el hecho que la ley señala como ilícito y, desde el punto de vista opuesto, no es dable jurídicamente exonerarlo, de su probable comisión; de tal manera que será en otro momento procesal, cuando los elementos probatorios que se incorporen al juicio permitan, con mayores datos, efectuar una valoración de las pruebas incriminatorias, y en su caso de descargo, para definir si en el asunto existe reproche penal; ya que, tratándose de auto de vinculación a proceso, basta que los datos convictivos expuestos en la audiencia de control de detención sirvan de apoyo a la denuncia de hechos que la ley castiga con pena privativa de libertad y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, para que los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se satisfagan; probabilidad, con grado aproximado a la certeza, no únicamente posibilidad; que, en el caso, conforme a las constancias de autos, se actualizó. Además, es de suma importancia reiterar y hacer hincapié en que el referido artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí, como sucede en el sistema mixto, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso; de ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juzgador encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Por lo tanto, ya no es necesario que la autoridad judicial realice un juicio de tipicidad al momento de dictar un auto de vinculación a proceso. El anterior razonamiento encuentra sustento además, en la jurisprudencia 35/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 87/2016, pendiente de publicación, de contenido siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Así, contrario a lo que se aduce la parte quejosa, fue correcta la determinación dictada por el Magistrado Unitario adscrito a la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral del Estado de Quintana Roo, en autos del toca ****, que confirma el auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en la carpeta administrativa ****, al señalar que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprenden datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de ******, previsto por el numeral 153, fracción IX, y sancionado por el artículo 152, párrafo segundo, primera parte, en relación a los ordinales 12, 13, fracción II, 14, párrafo segundo y 16, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Quintana Roo, cometido en agravio de ******; así como la probabilidad de que el imputado aquí quejoso participó en su comisión. Por los motivos expuestos, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, aun suplidos en su deficiencia, lo que procede es negar a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal que insta, contra el acto que reclama del Magistrado Unitario adscrito a la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral del Estado de Quintana Roo, consistente en la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal ****, de su índice, que confirmó el auto de vinculación a proceso decretado al quejoso ******, por el Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Negativa que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución que se atribuyen al citado juzgador, toda vez que no se le reclaman por vicios propios, sino como una consecuencia del imputado a la ordenadora. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizada en la página 41, Tomo 82, Octubre de 1994, Octava Época, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación que dispone: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." SÉPTIMO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76, y demás relativos de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******, respecto de los actos que reclamó al Magistrado Unitario adscrito a la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral y Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia, ambos del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, por los motivos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución.

  3. Principal

    Agréguense a los autos los oficios signados por el Director Jurídico y de Vinculación Institucional en la Zona Sur, en representación del Fiscal General del Estado, mediante los cuales dan cumplimiento al requerimiento realizado en acuerdo de veintidós de agosto del año en curso (foja 137), toda vez que informa que requirió al Director de Investigación y Acusación Zona Sur, proporcione el nombre del nuevo Agente a cargo de la carpeta administrativa 2/2016 del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Distrito judicial de esta ciudad, por lo que, manifiesta que la Fiscal a cargo de dicha carpeta administrativa lo es ***. En mérito de lo anterior, se tiene que a ***, Fiscal del Ministerio Público encargada de la carpeta administrativa 2/2016, le reviste el carácter de tercero interesada en el presente asunto; por tanto, se ordena reenviar los oficios 19385/2017 y 19384/2017 a la citada tercero, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad del Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, de entregar los oficios siguientes: ***, Agente del Ministerio Público del Fuero Común, encargado de la carpeta administrativa 2/2016, Adscrito a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Agente del Ministerio Público Adscrito a la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal. Lo anterior, toda vez que manifestó que el oficio 19385/2017, está dirigido a un Ministerio Público que ahora se encuentra adscrito en la ciudad de Cancún Quintana Roo, en tanto que el oficio 19384/2017, no podía ser recibido en virtud de que no existe un Fiscal adscrito a dicha sala que se especialice en verificar todos los expedientes, sino que cada asunto tiene un Fiscal del Ministerio Público que le da seguimiento; por ello, es menester que el oficio esté dirigido al funcionario encargado del expediente en cuestión. Se acuerda. En ese contexto, requiérase al Fiscal General de Justicia del Estado de Quintana Roo, a fin de que proporcione el nombre del nuevo Agente a cargo de la carpeta administrativa *** del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Chetumal; lo anterior a fin de proveer lo que en derecho corresponda en relación a la parte tercera interesada. Requerimiento.

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