Manuel Jaciinto Chiclin Aguayo
Expediente 684/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 684/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Manuel Jaciinto Chiclin Aguayo
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la primera certificación secretarial con que se da cuenta y en mérito al estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado veintinueve de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite lo siguiente: Copia simple del oficio 22688/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. Juicio de amparo indirecto 665/2017-II-D, promovido por Manuel Jacinto Chiclin Aguayo, por su propio derecho. Cuatro copias de la demanda. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, del contenido del oficio de cuenta, se desprende que el Juez remitente se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Manuel Jacinto Chiclin Aguayo, ello con fundamento en el numeral 38 de la Ley Amparo. Aceptación de competencia. Vista la demanda de amparo promovida por ***, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la Juez Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad; y otras autoridades, de lo que este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento, se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 684/2017. En primer término, resulta pertinente destacar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Así, el anterior precepto legal impone al órgano de control constitucional la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano; análisis que se lleva a cabo desde este momento ya que en el caso se estima que existe una causal de improcedencia manifiesta e indudable. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Ahora, del contenido de la demanda de amparo se desprende que la promovente se duele de lo siguiente: "ACTOS QUE RECLAMO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: DEL JUEZ DE PRIMERO DE DISTRITO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, reclamo: El auto de fecha 11 de septiembre del año 2017 dictado en el Juicio Ejecutivo Mercantil con número de expediente 46/2015 dentro del cual dicto el acuerdo por el que negó autorizar al embargo del treinta porciento sobre el excedente del salario que el deudor percibe de su labor como intendente, petición que solicité como ejecución para el cobro de la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 100/00 M.N.) por concepto de suerte principal y 21,960.00 (veitiun mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) por conceptos de intereses moratorios vencidos, siendo en suma un monto total de $ 71,960.00 (setenta y un mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N) al que fue condenado a pagar al deudor. El incumplimiento e inaplicación correcta y exacta de la Tesis de jurisprudencia 42/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de abril de dos mil catorce; publicada el viernes 13 de junio de 2014 a las 9:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. DEL C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO QUIEN AUTORIZO Y DIO FE DEL ACTO RECLAMADO, reclamo: A. La autorización y fe del acuerdo de fecha 11 de septiembre del año 2017 dictado por el Juez Primero de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito en el juicio ejecutivo mercantil 46/2015, proveído en el cual se negó autorizar el embargo del 30% treinta porciento sobre el excedente del salario mínimo que deudor percibe como sueldo de su labor como intendente; petición que solicite como ejecución para el cobro de la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 100(00 M.N.) por concepto de suerte principal y 21,960.00 (veitiun mil novecientos sesenta pesos 00(100 M.N.)por conceptos de intereses moratorios vencidos, siendo en suma un monto total de $ 71,960.00 (setenta y un mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N) al que fue condenado a pagar al deudor. B. El incumplimiento e inaplicación correcta y exacta de la Tesis de jurisprudencia 42/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de abril de dos mil catorce; publicada el viernes 13 de junio de 2014 a las 9:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." De lo anterior, se desprende que existe un juicio ejecutivo mercantil radicado ante el juez responsable registrado con el número 46/2015, dentro del cual dictó sentencia definitiva condenando a la parte demandada al pago de la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N), por concepto de suerte principal, a favor del aquí quejoso. Luego, la parte actora promovió el incidente de liquidación de intereses, el cual resultó procedente por acuerdo el diez de febrero de dos mil dieciséis, condenando al demandado al pago de la cantidad de $21,960.00 (veintiún mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N) por concepto de intereses moratorios. Luego, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de asuntos después de concluidos en juicio se condiciona a que previamente se hayan agotado los recursos que en su caso procedan. En mérito de tales consideraciones, este órgano constitucional está obligado a verificar que la parte quejosa haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. A partir de tales premisas, importa tener en cuenta que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Del precepto transcrito, se aprecia que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. La finalidad que persigue la norma legal es que la propia autoridad que dicta el acto reclamado o su superior jerárquico, según sea el caso, examine la legalidad de la resolución que se impugna, con lo que se busca por un lado la economía procesal, ante la propia autoridad y, por otro, evitar que proliferen los amparos innecesariamente, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de control constitucional que no constituye una instancia más, por lo que en principio el quejoso debe sujetarse a la competencia originaria de las autoridades del fuero común. Lo anterior permite concluir, que para que se actualice la causa de improcedencia referida, es indispensable que se cumplan con los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial puede ser modificada, revocada o nulificada. En relación al inciso a), tenemos que la parte quejosa reclama un acto dictado en ejecución de juicio ya que lo hace consistir en el proveído de once de septiembre de dos mil diecisiete, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 46/2015, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en el que se negó autorizar el embargo de sueldo del treinta por ciento sobre el excedente del salario que percibe la parte demandada, por lo que resulta evidente que dicho auto fue dictado por un tribunal judicial. Por lo que hace a los incisos b) y c), relativos a que la ley conceda un recurso y que por virtud de éste, el acto se pueda modificar, revocar o nulificar, también se actualizan por lo siguiente: Asimismo, debe tenerse presente que la parte quejosa reclama el proveído de once de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual el juez responsable negó autorizar el embargo de sueldo del treinta por ciento sobre el excedente del salario que percibe la parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 46/2015; sin embargo, bajo protesta de decir verdad el quejoso señaló en su demanda que la cuantía al que fue condenado la parte demandada es de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N), como suerte principal. Por tanto, es menester señalar que el acuerdo que reclama la quejosa es de cuantía menor, toda vez que el monto es inferior a los $562,264.43 (quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 moneda nacional), a que se refiere el artículo 1339 del Código de Comercio y, por ello las resoluciones y sentencias que dicten no son impugnables mediante el recurso de apelación. Ahora, se impone tener presente lo dispuesto por los artículos 1334 y 1339 del Código de Comercio, que establecen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $562,264.43 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente." (.) De la interpretación de los citados numerales, se infiere que los autos y sentencias dictados en aquellos negocios que por su cuantía no admitan el recurso de apelación, son impugnables mediante el recurso de revocación, que es susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto de molestia de que se queja el inconforme. En ese sentido, el proveído de once de septiembre de dos mil diecisiete reclamado, fue dictado en un juicio ejecutivo mercantil de cuantía menor, por lo que no es recurrible mediante apelación; empero, dicho auto es revocable conforme lo establece el referido numeral 1334 del citado código, es decir, procede en su contra el recurso de revocación. Lo anterior permite concluir, que se está en presencia de un acto reclamado respecto del cual el Código de Comercio prevé el recurso de revocación, a través del cual se puede combatir el acto reclamado. Por tanto, el peticionario de amparo, antes de acudir a este juicio constitucional en apego al principio de definitividad debió agotar el recurso que al efecto la ley le otorga para combatir el acto de autoridad, que en este caso en específico es el recurso de revocación, previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. Aunado a lo anterior, cabe destacar que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo prevé diversas excepciones al principio de definitividad, sin embargo, ninguna de ellas se actualiza en el caso concreto ya que no se está en presencia de actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, no es un acto que afecte la libertad personal y la parte quejosa no es tercero extraña al procedimiento, tan es así que contestó las prestaciones reclamadas en el juicio natural en el que es la parte demandada. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, respecto al acto que en este amparo se reclama, con apoyo en el numeral 62 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, gírese oficio al Jefe de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, para que realice la compensación respectiva, así como para que genere la boleta correspondiente.
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