Manuel Jacinto Chichin Varguez

Expediente 845/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
845/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
19/12/2017

Partes del expediente

  • Manuel Jacinto Chichin Varguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la primera certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que a la parte quejosa le transcurrió el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado en siete de diciembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por ****, sin que hayan hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En esa tesitura, toda vez que de la segunda certificación de cuenta se advierte que el presente expediente se encuentra concluido y no existen documentos originales por devolver, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento artículo Vigésimo Primero, fracción I, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción una vez transcurrido cinco años, por haberse desechado la demanda de amparo.

  2. Principal

    Con la demanda de amparo de cuenta, Manuel Jacinto Chiclín Varguez solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44; regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el número 845/2017. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I. 60. C. J/19, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 1999, Tomo X, Materia Común, Novena Época, visible en la página 730, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Ahora bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "4.- ACTOS QUE RECLAMO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: El resolutivo primero del Acta de Audiencia celebrado el día 13 de noviembre de 2017, por el cual se resolvió improcedente el incidente de falta de legitimación ad procesum promovido por el suscrito en contra del reconocimiento del interés jurídico, personalidad y legitimación de MARÍA ELENA IUIT UC en el juicio agrario 13/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44; este acto se los atribuyo a MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 44 y al SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 44 ." Asimismo, en el capítulo de "antecedentes" estableció lo siguiente: " Bajo protesta de decir verdad, manifestó que en fecha 13 de febrero del año 2017 fui notificado del auto de fecha 25 de enero de 2017 por el cual fui emplazado a juicio agrario debiendo comparecer a la audiencia programada para las trece horas del día 09 de marzo del año 2017 en relación al expediente 13/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 derivado de la demanda interpuesta por el C. SANTIAGO ALVAREZ QUEME, en el cual reclamó la prestación consistente en la desocupación y entrega de su supuesta parcela interna o trabajadero de hecho. .pero es el caso que el 20 de junio de 2017 falleció el referido Santiago Álvarez Quemé, sin que a la fecha de su fallecimiento haya podido ratificar su demanda en la audiencia inicial agraria, ni pudo exponer sus pretensiones en términos de la Ley Agraria, y en consecuencia en la audiencia de 13 de julio de 2017 se apersonó MARÍA ELENA IUIT UC, quien manifestó ser sucesora de los derechos ejidales de Santiago Álvarez Quemé, por esa razón se difirió la audiencia para el 20 de septiembre de 2017, llegada esa fecha y estando en la celebración de la audiencia en cita, las autoridades responsables reconocieron el interés jurídico, la capacidad y personalidad de MARÍA ELENA IUIT UC para que se defienda los intereses del fallecido SANTIAGO ÁLVAREZ QUEMÉ en el Juicio Agrario 13/2017. Contra ese acuerdo, el suscrito promoví el incidente por falta de legitimación ad causam en contra del reconocimiento que realizaron las autoridades responsables a favor de la ahora tercera interesada, esto en razón de que la tercera interesada no puede estar defendiendo intereses del fallecido actor, es decir no puede actuar como representante sustituta sino que tiene que ser de calidad de agraviada. .sin embargo, la autoridad responsable en la audiencia de 13 de noviembre de 2017 dictó acuerdo por el cual desechó por improcedente el incidente de falta de legitimación ad procesum que promoví; argumentando la responsable que el reconocimiento del interés jurídico, capacidad y personalidad de MARIA ELENA IUIT UC, debió ser haber sido impugnado mediante el recurso de reclamación en el término de tres días como lo prevé el Articulo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, pero es el caso el fundamento que me aplicaron las autoridades responsables son equivocadas ya que ese dispositivo refiere el término para ofrecer pruebas y termino de 3 días para otros casos, sin embargo en el mismo Código Federal de Procedimientos Civiles únicamente permite el recurso de revocación de manera supletoria a la Ley Agraria. [.]" Esto es, del análisis integral de la demanda de amparo así como de las transcripciones que anteceden, se tiene que el quejoso reclama a las autoridades señaladas como responsables el resolutivo primero de la acta de audiencia de trece de noviembre del año de dos mil diecisiete efectuada dentro del expediente agrario 13/2017, en la cual se determinó improcedente el incidente de falta de legitimación ad procesum, que promovió en contra del reconocimiento del interés jurídico, capacidad y personalidad de María Elena Iuit Uc, en dicho procedimiento agrario. Asentado lo anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo; esto es, resulta improcedente el juicio de amparo contra actos en juicio que no sean de imposible reparación. Causa de improcedencia que se actualiza, toda vez que la audiencia efectuada en el expediente agrario 13/2017 el trece de julio de dos mil diecisiete, no constituye un acto dentro de juicio considerado como de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que con el mismo no se afecta materialmente un derecho sustantivo en perjuicio de la parte quejosa. Inicialmente, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del precepto antes citado, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos llevados a cabo dentro de un juicio; sin embargo, la procedencia de este medio de control constitucional se encuentra restringida a que los actos que se reclamen dentro de un procedimiento judicial sean de imposible reparación. En torno a los actos denominados como de imposible reparación, el legislador introdujo que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas que tutela la Carta Magna, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. En otras palabras, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado de fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Así, los actos procedimentales que no tienen una ejecución irreparable, no tocan o lesionan por sí mismos los citados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, sino que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones trasciendan al resultado del fallo definitivo y ocasionen que éste resulte adverso a los intereses de la parte agraviada, caso en el cual, puede reclamar tales violaciones con el medio de defensa que resulte procedente, pero únicamente hasta que dicha resolución final se dicte. Por lo que efectivamente no existe la posibilidad de considerar que dentro del concepto de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación se incluyan los actos que producen efectos meramente formales. Ahora, en el caso concreto, el juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que el acto reclamado consistente en el resolutivo primero del acta de audiencia de trece de noviembre de dos mil diecisiete efectuada dentro del expediente 13/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, en la cual la autoridad responsable determinó desechar por improcedente el incidente de falta de legitimación ad procesum que constituye el acto reclamado, en virtud de haber reconocido el interés jurídico, capacidad y personalidad de María Elena Iuit Uc en dicho procedimiento. Así las cosas, se colige que tal acto reclamado no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues tal determinación no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso contenidos en la Constitución General de la República, por tanto, no es una acto de imposible reparación, toda vez que sólo entrañan posibles infracciones a sus derechos adjetivos que, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. Se cita al caso, la Jurisprudencia VI. 2o. J/258 de Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página cincuenta y tres, octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo.". De igual forma, en lo conducente, la Jurisprudencia 3a./J. 58 8/90, visible en la página doscientos treinta y seis, del tomo V, Primera Parte, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del informe de labores del presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." Bajo tal condición, dicho acto no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues la determinación decretada por el Magistrado y Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con residencia en Chetumal, Quintana Roo, no vulnera alguno de los derechos sustantivos del promovente contenidos en la Constitución General de la República. En consecuencia, si el acto reclamado no satisface la condición para que sean considerados como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, resulta inconcuso que el juicio de amparo indirecto es improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; y por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo que se analiza. Domicilio procesal. Tal como lo solicita el quejoso notifíquese el presente proveído y los subsecuentes, aun los de carácter personal, por medio de lista que para tal efecto se fije en los estrados de este Juzgado. Habilitación de horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Se autoriza a los Secretarios de este órgano jurisdiccional para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, agréguese el escrito del quejoso Manuel Jacinto Chiclín Varguez, por el cual adjunta el alcance copias de traslado de la demanda de amparo que se provee, sin que se realice mayor pronunciamiento por las razones expuestas en párrafos que anteceden.

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