Manuel Gabriel Canché Cabrera
Expediente 1365/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1365/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Manuel Gabriel Canché Cabrera
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de junio de dos mil veintidós. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia autorizada del auto admisorio y de prevención y copia simple de la demanda de amparo y escrito aclatratorio, promovida por Sergio Alejandro Borges Toache, apoderado legal de la persona moral quejosa CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra del acto que reclama del Titular de la Coordinación de Abastecimientos y Equipamiento de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimientos y Equipamiento de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social y Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de los Servicios de la Coordinación de Abastecimientos y Equipamiento de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, todas con sede en esta ciudad. Que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, reclama esencialmente lo siguiente: ACTO RECLAMADO. El oficio No. 338001150900/CEA/DABCS/3469, por medio del cual la Coordinación de Abastecimientos y Equipamiento de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, emite el comunicado del resultado (fallo) número AA-050GYR011-E168-2021, desechando la proposición de su representada para las claves 060.439.0088.13.01 y 060.439.088.0001. Con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se forma por separado y duplicado este incidente de suspensión. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA MEDIDA SUSPENSORIA SOLICITADA. En cuanto a la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, es improcedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo cuando se pretende paralizar el procedimiento de adjudicación directa internacional bajo cobertura de tratados electrónica AA-050GYR011-E168-2021, en razón de que se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social, en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Esto, ya que se privaría a la colectividad de un beneficio que obtendría de manera directa con la adquisición de material quirúrgico y/o médico motivo de la convocatoria para dicha adjudicación y, por ello, se le inferiría un daño que de otra forma no resentiría, ya que de suspenderse los contratos que se hubiesen celebrado con las partes adjudicadas, se impediría la cobertura de las necesidades que el Estado procura satisfacer a la población. Por lo cual, bajo un principio de ponderación resulta mayor la afectación al colectivo que aquellas que pudiera sufrir la quejosa con la negativa de la medida cautelar, porque el interés particular no puede prevalecer sobre aquél. En efecto, tratándose de procedimientos administrativos de licitación de obra pública o contrato, ya sea de selección o concursales, no es posible su paralización mediante el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, ya que éstos representan en sí mismos, una actividad de la administración encaminada a la satisfacción de un interés que por provenir del propio órgano del Estado, constituyen una actividad de orden público, pues resulta innegablemente que la sociedad está interesada en que se protejan las actividades inherentes a contrataciones para proyectos de obras o servicios puestos en dichos procedimientos (licitación, invitación o adjudicación directa), por verse beneficiados en su conjunto social de forma indirecta con el ejercicio de la actividad propia del órgano de gobierno. Así, en casos donde implica el inicio, publicación, selección del mejor candidato para efectuar una obra o actividad y hasta el otorgamiento de la obra o contrato, tal actividad goza de la presunción de legalidad y validez típica de todo acto administrativo, de suerte que no bastaría deducir la pretensión de que existen irregularidades en dicha actividad o insumisión a las disposiciones que la regulan, sino que en todo caso correspondería a quien lo denuncie, demostrar esa falta de regularidad del acto, pues mientras esto no acontezca, prevalece aquella presunción de legalidad, situación que dicho sea de paso, corresponde al análisis del fondo del asunto. Es por ello que aunque se trate de procedimientos públicos y generalmente basados en convocatorias abiertas, los actos de la administración encaminados a la selección de personas, otorgamiento de contratos, realización de obra o la prestación de servicios a favor de la colectividad, generan en los particulares que se consideran por sí mismos aptos para ello, una simple expectativa de que al final del procedimiento, la voluntad de contratar del Estado, les favorezca. Por ello, en casos en que sea impugnado un procedimiento de licitación pública, de invitación o de adjudicación directa, en el cual por su especial situación del particular frente a la actividad contractual del Estado, tendrán un interés que se convalida -a lo sumo- en una mera expectativa de beneficiarse si eventualmente obtiene un resultado favorable y la adjudicación del contrato, según se dijo anteriormente, así como la contraprestación económica respectiva, lo cual, desde luego, no dota al particular de un interés calificado como legitimo para poder solicitar su paralización. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con registro digital 162971, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 157/2010, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 1402, Tipo: Jurisprudencia, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN O PARA CELEBRAR CONTRATOS PÚBLICOS. Debe negarse la suspensión solicitada en el amparo contra los efectos y consecuencias de la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de licitación o para celebrar contratos públicos en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, pues de concederse se contravendrían las disposiciones de orden público que desarrollan las bases y principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo fin es regular y vigilar que las acciones relativas a la adquisición, arrendamiento y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y contratación de obra por parte de la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos colectivos para los que están destinados, situaciones respecto de las cuales la sociedad está interesada en que se protejan, aunado a que esa sanción goza de la presunción de legalidad y validez de los actos administrativos, por lo que el interés particular se subordina al general, evitando que participe en una licitación o se otorgue un contrato público a la persona sancionada respecto de la cual existe duda sobre su honradez." De igual manera sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, localizable con registro digital: 2006855, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Tesis: IV.2o.A.94 A (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1915, Tipo: Aislada, que señala: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA ORDEN DE SUSPENDER O CANCELAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON ÉSTA, POR AFECTARSE EL ORDEN PÚBLICO Y EL INTERÉS SOCIAL. Es improcedente conceder la suspensión cuando un participante de un procedimiento de licitación pública solicite amparo contra la orden de suspender o cancelar éste, al no cumplirse con el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues se afectarían el orden público y el interés social, concretizados en el procedimiento inherente a la realización de una obra pública. Esto es así, ya que los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, 31, párrafo segundo y 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas disponen que los recursos económicos de que dispongan la Federación, Estados, Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen dichas entidades, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria abierta para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; y, que las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables, o podrán cancelarla por caso fortuito, fuerza mayor, o porque existan circunstancias justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad, caso en que deberá precisarse el acontecimiento que motiva la decisión y se hará del conocimiento de los licitantes. De lo anterior se advierte que los procedimientos de licitación para la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, representan, en sí mismos, una actividad de la administración encaminada a la satisfacción de un interés colectivo y típicamente de orden público, pues innegablemente la sociedad tiene un interés en que se proteja el ejercicio de los recursos para la satisfacción de sus propias necesidades, tutelado por la ley reglamentaria del artículo constitucional referido, que permite la declaración de deserción de la licitación o su cancelación, en los supuestos indicados. Por otro lado, los particulares adquieren sólo la prerrogativa a participar en una competencia justa y la expectativa de que, al final del procedimiento, obtendrán la adjudicación del contrato y de la contraprestación económica respectiva, sin que tengan ningún derecho previamente constituido para ello, de lo que deriva, a lo sumo, el interés legítimo en llegar a ser adjudicatario, en la medida en que se cumplan los requisitos previstos en la convocatoria -los cuales deben ser razonablemente establecidos y no constitutivos de un notorio e injustificado trato discriminatorio, que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia o sean imposibles de cumplir-, como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a. CXXXVIII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 240, de rubro: "LICITACIONES PÚBLICAS. DERECHOS QUE DERIVAN A FAVOR DE LOS PARTICULARES QUE PARTICIPAN EN ELLAS.", y aun cuando en esa prerrogativa se funde la apariencia del buen derecho, es insuficientemente oponible ante el orden público inmerso en el propio procedimiento licitatorio, que resultaría vulnerado si se continúa, aun cuando las proposiciones no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables; exista caso fortuito, fuerza mayor, o circunstancias justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos." Así como el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Localizable con Registro digital: 2006645, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Tesis: IV.2o.A.83 A (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1923, Tipo: Aislada, cuyo rubro y texto señalan: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, DEBE NEGARSE CONTRA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS, PUES LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ÉSTE CUENTAN SÓLO CON UNA EXPECTATIVA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y A LA OBTENCIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE. De la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión, en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual, el órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Por otro lado, de los artículos 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, en vigor desde el 3 de abril de 2013, deriva que, hecha excepción de los casos en que deba concederse de oficio, la suspensión se otorgará siempre que: a) la solicite el quejoso y, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; pudiéndose conceder aun respecto de aquellos actos ejemplificados en el artículo 129 mencionado, si a estimación del juzgador, la negativa de la suspensión puede ocasionar mayor perjuicio al interés social y siempre en el entendido de que, cuando se aduzca un interés legítimo, la suspensión se concederá cuando también se acredite un daño inminente e irreparable a la pretensión del quejoso, en caso de que se niegue e igualmente se determine el interés social que justifique su otorgamiento, tomando en cuenta, finalmente, que la concesión de la medida cautelar no podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Por otro lado, del artículo 134, párrafos primero y tercero, constitucional, se colige que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los Estados, Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. En el contexto referido, se concluye que los procedimientos de licitación para la contratación de obra pública o servicios, representan una actividad de la administración, encaminada a la satisfacción de un interés colectivo y, por tanto, es a través de éstos que típicamente se efectúa una tarea de orden público; por eso, para efectos de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, es innegable que la sociedad está interesada en que se proteja el ejercicio de los recursos para la satisfacción de sus propias necesidades, aunado a que por el carácter de acto administrativo que corresponde a esa actividad, goza en principio de una presunción de legalidad y validez. Asimismo, dado que el objeto de la licitación es asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en la contratación de obra pública o servicios, los particulares participantes en los concursos o licitaciones no adquieren, con su sola participación y menos aún con la mera intención de participar en el concurso, el derecho a la adjudicación del contrato para la ejecución de la obra o la prestación del servicio, sino sólo la prerrogativa a participar en una competencia justa y la expectativa de que, al final del procedimiento, la voluntad de contratar del Estado, vaya a su favor, mediante la adjudicación del contrato y la obtención de la contraprestación económica respectiva. Por lo anterior, en los casos en que un aspirante a participar en un procedimiento licitatorio, por considerarse indebidamente excluido, solicita el amparo contra dicha exclusión y la suspensión del procedimiento licitatorio, ésta, por regla general, deberá negarse, pues mientras que el procedimiento de licitación representa en sí, típicamente, una cuestión de orden público e interés social, que debe salvaguardarse por disposición legal y constitucional, el particular cuenta sólo con un interés individual en que legítimamente se le permita intervenir en el procedimiento y con la mera expectativa de que eventualmente se le adjudique el contrato y se le otorgue la contraprestación económica respectiva, intereses cuya afectación no resulta de mayor trascendencia que la ocasionada al interés colectivo si el procedimiento licitatorio se paraliza, privando a la colectividad del beneficio concreto que, de continuar habría obtenido, máxime cuando se trata de una obra a ejecutarse con recursos de vigencia calendarizada, pues el riesgo de pérdida del beneficio colectivo es todavía mayor si la licitación se suspende, además de que acorde a la medida del derecho deducido por el quejoso, el perjuicio que resentiría es, en todo caso, uno que jurídica y materialmente es posible restaurar en las condiciones ordinarias mediante la sentencia de amparo, si se acredita en cuanto al fondo la violación alegada." FIJACIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Por otra parte, con fundamento en la fracción II, del artículo 138, de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con treinta y dos minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia incidental. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO. De conformidad con la fracción III, del artículo 138 de la citada Ley de la materia, pídase informe previo a las autoridades responsables, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este acuerdo. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá, a cada una, multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. En el entendido de que las autoridades responsables deberán comunicar, al momento de rendir el informe previo solicitado, el cumplimiento que den a esta determinación, debiendo remitir las constancias correspondientes que así lo avalen, apercibidas de que en caso de no acatar la presente medida cautelar, serán sancionadas en términos de lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de la materia aplicable. Mandamiento que deberán cumplir las autoridades responsables a través de la vía ordinaria (de manera física), entregando los informes ante la oficina de correspondencia respectiva; toda vez que la permisibilidad de hacerlo al correo institucional de este juzgado sólo fue por el periodo de suspensión contenido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como la Circular CAP/3/2020; de tal manera que de hacerlo de manera distinta se tendrá(n) por no rendido(s). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir las notificaciones relacionadas con este asunto, el que señala en el escrito de demanda y por autorizadas a las personas que señala en el escrito constitucional y en el ocurso aclaratorio, únicamente para los efectos precisados en dichos escritos. PRUEBAS Con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa, las documentales que obran en estos autos, las cuales deberán ser tomadas en consideración al celebrarse la audiencia de ley. JUSTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS SIN NECESIDAD DE GIRAR OFICIO Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la(s) autoridad(es) responsable(s) para notificarle(s) el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá(n) consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm Con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este incidente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." EXHORTACIÓN A LAS PARTES DE LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. En atención a lo indicado en el considerando Noveno, artículos 28, 29 y 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19; se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; estando a su disposición el aplicativo de firma electrónica en los enlaces señalados en el Transitorio Décimo Primero, del referido Acuerdo General 21/2020; reformado por el similar 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, en relación con el periodo de vigencia. Así como deberán proporcionar un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, en términos de lo dispuesto en el numeral 5, fracción I del multicitado Acuerdo General 21/2020; para establecer comunicaciones no procesales. Lo anterior a fin de estar en la posibilidad de continuar en todo momento con el juicio de amparo, pues de no ser así podría llegarse al supuesto de excepción de no poder continuar con el trámite del mismo hasta su conclusión, pues de presentarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 del citado Acuerdo General 21/2020, eventualmente, podría suspenderse el trámite del presente juicio de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este incidente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este incidente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ELECT Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el diez de mayo del año en curso, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado estado el acuerdo de diez de mayo de dos mil veintidós, el hecho que no obren en autos las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios 18727/2022-V-B, 18728/2022-V-B y 18729/2022-V-B, dirigidos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Salud del Gobierno de México y Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, todos con sede en la Ciudad de México, ya que el mismo sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda contra los actos que consideró violatorio de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Y en relación a las responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, dado el sentido de la presente determinación, dese cuenta con copia autorizada de este acuerdo en autos del incidente de suspensión derivado de este asunto, para que se acuerde lo que en derecho corresponda. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
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