Manuel Humberto Valencia Pique

Expediente 216/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
216/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Manuel Humberto Valencia Pique

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con veintinueve minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, autoriza y da fe, licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, procede a celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierta la audiencia de ley, la Secretaría hace constar la inasistencia de las partes. Acto continuo, hace una relación de todas y cada una de las constancias que se encuentran integradas al juicio de amparo en que se actúa, y da cuenta con los informes justificados, mismos que se pusieron a la vista con conocimiento de las partes. A lo que el Juez acuerda: téngase por rendidos en tiempo y forma los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, los cuales se pusieron a la vista de las partes. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, no se da cuenta con promoción alguna. A lo que el Juez acuerda: en atención a lo informado por la Secretaría, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE PRUEBAS. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS, la Secretaria da cuenta con el alegato ministerial 172/2023, de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; asimismo la Secretaria certifica que las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: téngase por formulado el alegato ministerial, el cual podrá ser tomado en consideración al momento de resolverse este asunto, y por hecha la certificación secretarial, para los efectos legales correspondientes. Con lo anterior, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE ALEGATOS. Luego, no habiendo diligencias por desahogar, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto para resolver el juicio de amparo número 216/2023-V-A, promovido por Manuel Humberto Valencia Pique, contra los actos que reclama del Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el día trece de febrero siguiente, a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Manuel Humberto Valencia Pique, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Fiscal General del Estado de Yucatán (en su carácter de ordenadora) y Director de la Policía Estatal de Investigación (en su carácter de ejecutora), ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, la que quedó registrada con el número 216/2023-V-A; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus correspondientes informes justificados; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión y/o detención dictada en su contra y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Yucatán (registrado con el número de promoción 2799) y Director de la Policía Estatal de Investigación (registrado con el número de promoción 2657), ambos con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes justificados, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dichas negativas con prueba en contrario. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Equivalencia de las constancias que integran el expediente electrónico a copias certificadas. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Manuel Humberto Valencia Pique, en contra de las autoridades responsables, respecto de los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial número 172/2023, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, en relación a su solicitud de copias certificadas, estese a lo acordado en el auto de radicación dictado en este juicio de amparo, el catorce de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales conducentes, el oficio número 73, signado por la Subdirectora Divisional de Amparos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con sede en la Ciudad de México, en representación de la autoridad responsable Inspector del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con el que solicita se revoque a Néstor García Aguilar, el carácter de delegado de la citada autoridad responsable. Al respecto, como lo solicita la autoridad responsable, téngase por revocado el carácter de delegado a Néstor García Aguilar, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, la cual por razón de turno correspondió conocer a este Órgano de Control Constitucional, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las siguientes autoridades responsables: 1.- Fiscal Investigador o Encargado de la Fiscalía Investigadora Especializada en Atención de Colaboraciones y Extravío de Documentos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (antes Agente Investigador de la Agencia de Colaboraciones y Extravío de Documentos del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Yucatán). 2.- Registrador Inmobiliario de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. 3.- Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Mérida, Yucatán. 4.- Fiscal Investigador de la Dirección General de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (antes Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección General de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco). 5.- Director de Liquidación del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Tabasco también conocido como Director de Liquidación del Sistema Tradicional de la Dirección General de Delitos Comunes de la Vicefiscalía de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 6.- Director General de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco también conocido como Director General de Delitos Comunes de la Vicefiscalía de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (antes Director General de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco). 7.- Vicefiscal de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 8.- Fiscal General del Estado de Tabasco. Villahermosa, Tabasco. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó a las responsables su informe justificado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Ampliación de demanda. Por auto de once de julio de dos mil veintidós, se amplió la demanda respecto de la nueva autoridad señalada como responsable Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 60 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, cumpliendo con lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar: La orden de cierre de registro también conocido como cierre de partida y/o aseguramiento de folio electrónico del inmueble marcado con el número ********************, de la calle ********************, de la localidad y municipio de Kanasín, Estado de Yucatán, en la averiguación previa ********************, de la que no es parte la directa quejosa. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados al Director de Liquidación del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (promoción 148********************), Director General de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (promoción 14830), Vicefiscal de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (promoción 14304) y Fiscal General del Estado de Tabasco (promoción 4517), pues así lo manifestaron en sus informes justificados, sin que la quejosa hubiese aportado prueba en contrario para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al Fiscal Investigador de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tabasco (promoción 1625), Fiscal Investigadora Especializada en Atención de Colaboraciones y Extravío de Documentos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (promoción 3285), Registradora Inmobiliario de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (promoción 2172) y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (promoción 2173), pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que además se corrobora con las constancias que las señaladas autoridades acompañaron al mismo. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. No obstante la certeza de los actos reclamados, debe decirse que el análisis de la procedencia del juicio de amparo es de oficio, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es previo y preferente lo aleguen o no las partes, acorde por analogía jurídica a lo dispuesto por la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el página 95 del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el número de registro 222780, que es del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, la autoridad responsable Fiscal Investigador de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tabasco, señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico ya que el documento exhibido no cuenta con inscripción registral, por lo que no surte efectos a terceros y por ende debe prevalecer la inscripción de las anotaciones de cierre de registro. Dicha causa de improcedencia se desestima, ya que los motivos que indica, serán materia de análisis con base en los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, a fin de determinar si el acto impugnado es o no violatorio de derechos fundamentales; es decir, involucra cuestiones de fondo del asunto. Cobra aplicación la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 287 del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Materia Común, de la Novena Época, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." En tales circunstancias, en el caso, no se actualiza la causa de improcedencia propuesta. Por consiguiente, al no existir otra causal de improcedencia prevista por el artículo 61 de la Ley de Amparo, hecha valer por las partes, ni advertir de oficio la actualización de alguna, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de la litis constitucional. Resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. En sus conceptos de violación, la quejosa aduce en esencia, que se conculcan en su perjuicio sus derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que sin tener calidad alguna dentro de la averiguación previa ********************, se le restringe su derecho de propiedad al haberse ordenado el aseguramiento y cierre de cualquier inscripción o registro sobre un bien inmueble de su propiedad. De igual manera arguye que se invade la esfera de su persona y propiedad sin que exista causa legal que así lo justifique, toda vez que es ajena al procedimiento de origen, es decir, es tercera extraña a la averiguación previa antes señalada. Ahora bien, es preciso señalar que de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende lo siguiente: 1.- Que en fecha dos de enero de dos mil catorce, la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Dirección General de Investigación, adscrita a la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, en autos de la averiguación previa ********************, decretó un acuerdo de aseguramiento de bienes inmuebles como medida cautelar; inmuebles entre los que figura el predio marcado con el número ********************, de la calle ******************** diagonal, del Municipio de Kanasín, Yucatán; medida que emitió con el objeto de que los bienes inmuebles a nombre de ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, no fuesen enajenados, traspasados, donados o dilapidados, pues los mismos habían sido obtenidos en calidad de producto de la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, delitos cometidos por particulares en relación con servidores públicos, y los que resultaren; motivo por el cual solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, a fin de que hicieran las anotaciones preventivas del aseguramiento en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, (fojas 69 a 80). 2. En fecha nueve de enero de dos mil catorce, la Dirección de Investigación y Atención Temprana, a través de la Agencia de Colaboraciones y Extravío de Documentos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, tuvo por recibida la colaboración solicitada por la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Dirección General de Investigación, adscrita a la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, y ordenó la realización de las diligencias encomendadas, y solicitó al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, (fojas 416 a 429). 3. En cumplimiento a lo anterior, el nueve de febrero de dos mil catorce, la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, comunicó el cierre de registro de los predios solicitados, (foja 62). Sentado lo anterior, la parte quejosa apoya su demanda sobre la base de que sin ser parte dentro de la averiguación previa de origen, se le pretende afectar en sus derechos de propiedad y posesión sobre un bien inmueble de su propiedad, el cual obtuvo a través de un contrato de compraventa. Ahora bien, para acreditar su interés jurídico en el juicio de amparo, respecto del predio del cual se ordenó su aseguramiento y cierre registral, la parte quejosa ofreció como prueba: Acta número 513, de fecha veintidós de julio de dos mil trece, relativa al contrato de compraventa celebrado entre ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de sus apoderados, y la aquí quejosa, respecto del predio marcado con el número 4********************, de la calle ******************** diagonal, del Municipio de Kanasín, Yucatán, celebrado ante la fe del Notario Público Número Cuarenta y cinco en el Estado. Del análisis y valoración de la prueba señalada, en especial del contrato de compraventa, es preciso hacer notar, que el mismo fue celebrado en fecha veintidós de julio de dos mil trece, ante el Notario Público Número Cuarenta y cinco en el Estado, es decir, con anterioridad a la fecha en la que se ordenó el aseguramiento y cierre de registro sobre el inmueble de referencia cuya propiedad y posesión ostenta la aquí quejosa, documento con el que se acredita que, en efecto ya era de su propiedad cuando se emitió el acto reclamado. Asimismo, se aprecia con claridad meridiana, que es jurídicamente apto para justificar el interés jurídico de la aquí quejosa, como titular del derecho de propiedad y posesión del bien inmueble cuyo aseguramiento y cierre de registro se decretó en la averiguación previa de origen, en virtud de que se trata de un documento de fecha cierta que consigna un acto jurídico celebrado ante un fedatario público, dentro del marco legal de las funciones que desarrolla, investido de fe pública, en términos de los artículos 1397, 1398, 1403, 1406 y 1407 del Código Civil del Estado de Yucatán, el cual, además, tiene valor de documento público con peso convictivo pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además debe destacarse que la compraventa se perfecciona y surte sus efectos, desde el momento en que se pacta, tanto en la cosa como el precio, de conformidad con el artículo 1397 del referido código sustantivo. En efecto, los artículos 1397, 1398, 1403, 1406 y 1407 del Código Civil del Estado disponen por una parte, que la compraventa es un contrato por el cual una de las partes transfiere la propiedad de una cosa o la totalidad de un derecho y la otra paga un precio cierto y en dinero, y que es obligatoria para los contratantes por el sólo convenio de ellas en la cosa y en el precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho. Disponen de igual manera que la venta de un inmueble podrá hacerse en documento que firmarán la parte compradora y la vendedora ante Escribano público, si el valor catastral o precio convenido o el estimado para efectos fiscales, no excede del límite que les autoriza la ley del notariado vigente. Que cuando el avalúo catastral del inmueble, el precio de la venta o el estimado para efectos fiscales, exceda del límite autorizado por la ley a los escribanos públicos, el contrato deberá otorgarse ante Notario Público, ya sea que afecte todo el predio o sólo parte de él. Cuando se trate de enajenar el derecho de copropiedad de uno o más copropietarios se atenderá al valor proporcional que le o les corresponda, según el valor catastral del predio, el precio de la operación o el estimado para efectos fiscales. Por último señalan que desde el momento que la venta se perfecciona, pertenece la cosa al comprador y el precio al vendedor, teniendo cada uno de ellos derecho de exigir del otro el cumplimiento del contrato. Así pues, queda demostrado que el aseguramiento y cierre de registro decretado sobre el inmueble propiedad de la aquí quejosa, resulta conculcatorio de sus derechos fundamentales, puesto que sin tener el carácter de indiciada en la averiguación previa ********************, se ordenó el aseguramiento y cierre de registro del predio marcado con el número ********************, de la calle ******************** diagonal, del Municipio de Kanasín, Yucatán, el cual desde el veintidós de julio de dos mil trece, le había sido vendido y entregado en posesión a la aquí quejosa. De ahí que resulte ilegal ese aseguramiento y orden de cierre de registro que se reclama en el presente juicio, porque el predio afecto a esa determinación, propiedad del tercero extraño al procedimiento de origen, aquí quejosa, ya había salido del patrimonio de la persona moral involucrada con los hechos que dieron origen a la averiguación previa. Por lo que, es claro que se transgredió en su perjuicio, sus derechos fundamentales de audiencia previa, legalidad y seguridad jurídicas, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, habida cuenta de que tal acto restringe el derecho de propiedad que tiene sobre el predio del que se decretó su cierre. Sin que influya a la anterior determinación, la circunstancia de que el referido contrato de compraventa no se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, ya que dicha inscripción no es constitutiva de derechos, sino únicamente reúne las características de dar publicidad a un acto, esto es, la inscripción sólo tiene efectos declarativos o de publicidad y no constitutivos, dado que los derechos provienen del acto jurídico declarado y no de la inscripción cuya finalidad, como se dijo, es dar publicidad al acto, conforme a lo dispuesto en el artículo 1408 del Código Civil del Estado de Yucatán. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "REGISTRO PUBLICO, EFECTOS DE LAS INSCRIPCIONES HECHAS EN EL. Conforme al criterio de la Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia, que el Pleno hace suyo, las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio no tienen efectos constitutivos, sino solamente declarativos, y las consecuencias provienen del acto jurídico celebrado pero no de la inscripción." Este criterio aparece en la tesis número 301 del Apéndice de Jurisprudencia al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1965, Cuarta Parte, Tercera Sala (tesis ********************7 de la Cuarta Parte del Apéndice 1917-1975 ). De igual manera resulta aplicable, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: "CONTRATO DE COMPRAVENTA. NO SE REQUIERE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El contrato de compraventa nace a la vida jurídica cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y la otra se compromete a pagar un precio cierto y en dinero, momento a partir del cual existe traslación de propiedad, aunque deban quedar a salvo los derechos de terceros con buena fe registral, incluso en los casos en que la ley exige cierta formalidad para la celebración del contrato, ya que la ausencia de dicha forma no produce la inexistencia del acto, sino un vicio subsanable. Así, si se demuestra la existencia del contrato de compraventa, y con él un derecho subjetivo existente y afectado mediante el acto reclamado en el juicio de amparo, debe tenerse por acreditado el interés jurídico, pues las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad sólo tienen efectos declarativos y no constitutivos, a fin de que los actos registrados surtan efectos contra terceros, de manera que los derechos que se tengan sobre los bienes, como el derecho de propiedad, provienen del acto jurídico celebrado entre las partes y no de su inscripción en dicho Registro. Esto es, no es indispensable que el contrato de compraventa esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad para demostrar el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo en que se reclame un acto de autoridad que afecte tales derechos, lo cual no implica prejuzgar sobre la concesión del amparo ni respecto de la eficacia del contrato de compraventa frente a las partes en el juicio de origen o frente a terceros". En consecuencia, lo que legalmente procede es conceder a la quejosa ******************** el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la Fiscal Investigador de la Dirección General de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, deje insubsistente el aseguramiento y cierre de registro decretados en la averiguación previa ********************, únicamente sobre el inmueble marcado con el número ******************** (********************), de la calle ******************** diagonal (********************), del Municipio de Kanasín, Yucatán. En el entendido que lo aquí resuelto no deja sin efectos las facultades de la representación social para continuar integrando la averiguación previa de origen, esto es, tiene expeditas las facultades de persecución del delito, lo cual deberá realizar diligentemente hasta su conclusión. SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto que reclamó al Director de Liquidación del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, Director General de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, Vicefiscal de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y Fiscal General del Estado de Tabasco, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión, AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra del acto que reclamó al Fiscal Investigador de la Dirección General de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, Fiscal Investigadora de la Fiscalía Especializada en Atención de Colaboraciones y Extravío de Documentos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, Registrador Inmobiliario de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en Mérida, por lo motivos y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

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