Manuel Enrique Ramirez Y Montero

Expediente 448/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 28 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
448/2023
Año
2023
Actuaciones
28
Última actuación
29/06/2023

Partes del expediente

  • Manuel Enrique Ramirez Y Montero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Incidental

    VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 448/2023-IV-A, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, ********************, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; del Congreso de la Unión integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, todos con residencia en la Ciudad de México, así como del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con seden en esta ciudad. SEGUNDO. Formación del cuaderno incidental. Por acuerdo dictado en el juicio principal el veintisiete de marzo de este año, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, y, en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Así mismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, que hace consistir en: Del 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 2. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la 3. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, todos con residencia en la Ciudad de México: - La discusión, aprobación, promulgación, expedición y publicación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. De las cuales de manera particular se impugna de dicho Decreto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 4. Del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con residencia en esta ciudad: - El Acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, por el que se da formal inicio a la organización y aprobación de los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos del Instituto y se crea el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, en particular, los acuerdos primero, cuarto y séptimo; y, - El Acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, por el que se aprueba el plan de trabajo y cronograma para la realización de las actividades necesarias para el cumplimiento de la Reforma Electoral 2023, en particular, el considerando tercero, fracción I, incisos 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), y 9). SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables: 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos [registro 8182]; 2. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión [registro 6771]; 3. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión [registro 5965], todos con residencia en la Ciudad de México; y 4. el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través del Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de dicho Instituto en el Estado de Yucatán [registro 6189], con residencia en la ciudad, al rendir sus respecticos informes previos aceptaron la existencia de los actos reclamados dentro de su ámbito de competencia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,820, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERO. Análisis de la suspensión definitiva. En este sentido, es menester destacar como hecho notorio con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la resolución de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dictada en la acción de inconstitucionalidad ********************y ********************, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Determinación cuyo contenido se obtiene del video relativo a la trasmisión de la sesión pública celebrada por el Máximo Tribunal del País el veintidós de junio de dos mil veintitrés; de la que se advierte, en lo sustancial: 1.- Que fueron procedentes y fundadas las acciones de inconstitucionalidad planteadas; y, 2.- Se declaró la invalidez en su totalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. Asimismo, se observa que los efectos de la resolución, se sustentan en los siguientes puntos: "Declaratoria de invalidez. En el apartado relativo al estudio de fondo se determinó que resultaban fundados los conceptos de invalidez relacionados con el procedimiento legislativo, e incluso parcialmente fundado el relacionado con la falta de consulta tanto a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad. Toda vez que algunos de estos motivos de inconstitucionalidad afectan a todas las disposiciones del Decreto impugnado, se declara la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, en su totalidad. Vigencia de las normas anteriores al decreto. Tal como se resolvió en la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, este Tribunal Pleno estima conveniente precisar que, toda vez que se determinó la invalidez del decreto impugnado en su totalidad, éste deja de tener eficacia por completo. En consecuencia, las normas vinculadas por él recuperan su vigencia con el texto que tenían al dos de marzo de dos mil veintitrés. Esto abarca, desde luego, las disposiciones reformadas, adicionadas y derogadas de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la totalidad de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que se encontraban vigentes hasta antes de la entrada en vigor del decreto impugnado. Adicionalmente, tal como se hizo en la acción de inconstitucionalidad 142/2022 y sus acumuladas, resulta pertinente aclarar que, de conformidad con el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, la legislación electoral que recupera su vigencia por virtud de esta ejecutoria ya no puede ser objeto de modificaciones legales fundamentales para su aplicación en el proceso electoral a nivel federal que, en términos del artículo 225, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, iniciará partir de la primera semana de septiembre de dos mil veintitrés. Asimismo, si el Congreso de la Unión decide en ejercicio de sus facultades legislar nuevamente sobre la materia del decreto invalidado con posterioridad, no deberá incurrir en el vicio de inconstitucionalidad relativo a la ausencia de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad. [.] Notificaciones. Por último, esta resolución deberá ser notificada, además de a las partes, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República". Luego, en relación con la votación, se observa que se aprobaron dichos puntos de efectos (1:34:51) por mayoría de nueve votos de los ministros integrantes del Pleno del Máximo Tribunal, con dos votos particulares; asimismo, respecto a la decisión final, la votación fue en igual proporción mayoritaria de nueve votos (1:35:04). Ahora bien, de una revisión a lo planteado en la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa solicitó la suspensión definitiva del Decreto impugnado, así como de los acuerdos de tres y dieciséis de marzo de dos mil veintitrés impugnados, para que no se le apliquen, ya que los efectos de las normas reclamadas previsiblemente podrían impactar en su derecho al trabajo ante el riesgo de desaparecer su fuente de empleo. Asimismo, la parte quejosa refiere que el interés social no se afecta con el hecho de que continúe desempeñando su cargo actual como Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Distrital SP.MM, del Instituto Nacional Electoral, con adscripción en la Junta Distrital ******************** Mérida, Yucatán, y siga percibiendo ingresos por la prestación de sus servicios. Sin embargo, de acuerdo con lo ya expuesto en párrafos precedentes, es menester declarar SIN MATERIA la suspensión definitiva solicitada, con motivo del dictado de la resolución de veintidós de junio de dos mil veintitrés, correspondiente a la acción de inconstitucionalidad ********************y ********************, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Determinación en la cual se declaró la invalidez en su totalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. En efecto, dicha determinación impacta en el presente asunto, ya que la parte quejosa combate en forma específica los artículos 30, 44, 61, 62, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 125 quater y 125 Septies de la Ley General de Procedimiento Electoral, y los Transitorios Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos involucrados con el Decreto impugnado. Por tanto, al declararse la invalidez por la inconstitucionalidad del Decreto, no es posible realizar un pronunciamiento en relación con la suspensión definitiva de los actos aquí reclamados, pues la declaratoria del Máximo Tribunal dejó sin materia qué suspender en el presente asunto, lo que trae como resultado que este Juzgado Federal no pueda emprender el análisis suspensional conforme a los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo. Determinación que impacta además, en los diversos actos de ejecución reclamados al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con residencia en esta ciudad, consistentes en: a) El acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, por el que se da formal inicio a la organización y aprobación de los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos del Instituto y se crea el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, en particular, los acuerdos primero, cuarto y séptimo; y, b) El acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, por el que se aprueba el plan de trabajo y cronograma para la realización de las actividades necesarias para el cumplimiento de la Reforma Electoral 2023, en particular, el considerando tercero, fracción I, incisos 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), y 9). Ya que son actos de aplicación del Decreto que fue declarado inválido en su totalidad mediante la resolución de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dictada en la acción de inconstitucionalidad ********************y ********************, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así las cosas, sobre la base de lo anteriormente expuesto, se DECLARA SIN MATERIA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, respecto de los actos aquí reclamados, pues como ya quedó expuesto, no existe materia para hacer pronunciamiento suspensional, en razón de que el Máximo Tribunal del País, declaró la inconstitucionalidad del Decreto aquí impugnado, y por tanto, decretó su invalidez, lo que también impacta a los actos de ejecución del mismo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se DECLARA SIN MATERIA la suspensión definitiva solicitada por ********************, respecto de los actos que reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, todos con sede en la Ciudad de México; así como del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través del Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de dicho Instituto en el Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución incidental. Notifíquese y regístrese.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán; trece de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de estos autos, se advierte que a la fecha las autoridades responsables Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ambos con residencia en la Ciudad de México, no han rendido su informe previo ni obran las tarjetas de acuse de recibo de los oficios por medio de los cuales se les requirió, dado que el domicilio de las citadas autoridades, se ubica fuera de la residencia de este Juzgado. En consecuencia, en aras de una expedita administración de justicia, se requiere a la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la notificación de este acuerdo, mediante escrito que presente vía ordinaria en la Oficialía de Partes Común, devuelva como anexo adjunto las tarjetas de acuse de recibo de los oficios 7257 y 7258, de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la ley de la materia, equivalente a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional). Por tal motivo, y para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para este día y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; nueve de junio de dos mil veintitrés. Vistos estos autos, se agrega el INFORME JUSTIFICADO rendido en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. En términos de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la responsable a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere. Asimismo, se tienen por ofrecidas como pruebas de la responsable, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; las cuales se reservan para ser relacionadas y consideradas al celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Vistos los autos y el escrito de cuenta presentado de manera electrónica en uso de la FIREL de Claudia Angélica Nogales Gaona, en representación de la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de admisión de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que ES CIERTO que por auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, este órgano federal admitió a trámite la demanda de amparo promovida por MANUEL ENRIQUE RAMÍREZ Y MONTERO. Hágase saber a las demás partes la interposición del citado recurso, con entrega de una copia del escrito de mérito y remítase vía interconexión, el escrito que contiene la expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que esa superioridad estime procedente resolver al respecto. En este sentido, cabe señalar que ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, se encuentra sustanciándose el diverso recurso de queja bajo el toca 176/2023, interpuesto en representación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, contra el propio proveído de admisión de la demanda de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico del presente asunto al Tribunal Colegiado que corresponda, a fin de que se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente incidente de suspensión. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Sin que sea pertinente ordenar la suspensión del procedimiento derivado del recurso de queja, ya que en auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó tal aspecto, con motivo de diverso medio de impugnación. Notifíquese y cúmplase.

Quedan 24 actuaciones en este expediente

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