Manuel Armando Pérez Chow

Expediente 935/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
935/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
17/11/2017

Partes del expediente

  • Manuel Armando Pérez Chow
  • Manuel Armando Pérez Chow y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio 16117/2017, y anexo que remite el Secretario de Acuerdos adscrito al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en Ciudad Juárez, por medio del cual anexa el testimonio de la resolución dictada por ese Alto Tribunal, en los autos del juicio de amparo en revisión civil 114/2017 del índice del tribunal oficiante, asimismo, remite los autos originales del juicio de amparo 935/2016, promovido por xxxx , albacea de la Sucesión a Bienes de la señora xxxx ; ejecutoria que de su parte resolutiva se advierte: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 935/2016 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en los términos expuestos por el a quo. Acúsese recibo, agréguese el cuadernillo de antecedentes, y en su oportunidad envíese el juicio al archivo definitivo. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese Lo proveyó y firma la licenciada xxxx, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado xxxxx. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; nueve de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponda, el escrito del representante de *******; téngasele interponiendo recurso de revisión contra la resolución dictada el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I inciso e), 86 y 88 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que consten la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente auto, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, los autos del presente juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al citado Tribunal, para la substanciación del recurso hecho valer. Notifíquese, y a las demás partes, corriéndoles traslado con la copia del pliego de agravios exhibido. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS EL PROVEÍDO DE NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez Chihuahua; nueve de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponda, el escrito del representante de *******; téngasele interponiendo recurso de revisión contra la resolución dictada el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I inciso e), 86 y 88 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que consten la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente auto, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, los autos del presente juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al citado Tribunal, para la substanciación del recurso hecho valer. Notifíquese, y a las demás partes, corriéndoles traslado con la copia del pliego de agravios exhibido. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de enero de dos mil diecisiete. VISTO para resolver el juicio de amparo 935/2016-II, promovido por *******, por conducto de su apoderado legal *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, el tres de noviembre de dos mil dieciséis y remitido a este Juzgado el mismo día, *******, por conducto de su representante legal *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, a quien reclamó el acuerdo de siete de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio sucesorio intestamentario *******, en la que desechó el recurso de revocación intentado contra el acuerdo en el que previno a los herederos, para que comparecieran personalmente a ratificar el proyecto de partición de herencia. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Previa aclaración de la demanda, mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el juicio el amparo 935/2016-II, se solicitó el informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos que se emitieron por una autoridad que despliega sus funciones dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener, como elemento formal, la fijación clara y precisa del acto reclamado, que se deduzcan del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Orienta esta afirmación la jurisprudencia 19 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Novena Época, del rubro y texto: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias que constituyen el antecedente de los actos reclamados, se concluye que la parte quejosa reclama del Juez Segundo de los Civil del Distrito Judicial Bravos: El acuerdo de siete de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio sucesorio intestamentario 319/2011, en el que se desechó de plano el recurso de revocación, intentado contra el acuerdo en el que previno a los herederos, para que comparecieran personalmente a ratificar el proyecto de partición de herencia. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y del cual se procederá a su estudio. Apoya la anterior conclusión, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, materia común, página 255, del siguiente tenor: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos aceptó la existencia del acto que le fue atribuido y, para acreditarlo, remitió el original del expediente *******, documental a la que se reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia; por ende, se tiene por cierto el acto que la parte quejosa le imputó. Cobra aplicación la jurisprudencia 278, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene realizar la siguiente narración de los hechos relevantes, que le dieron origen al acto reclamado, a saber: El nueve de marzo de dos mil once, se radicó ante el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, el juicio sucesorio intestamentario a bienes de *******, bajo el consecutivo *******. Seguido el procedimiento, el catorce de julio de dos mil once, se sobreseyó en el juicio sucesorio testamentario y se ordenó la tramitación del juicio sucesorio testamentario a bienes de la mis persona fallecida. El quince de febrero de dos mil dieciséis, el aquí quejoso, en su carácter de Albacea de la referida sucesión, solicitó a la Juez responsable que se pusiera a la vista de los demás herederos el proyecto de partición de la herencia, entre otras cosas. A dicha solicitud, recayó el acuerdo de diecinueve de febrero de aquel año, en el que la Juez se reservó acordar lo conducente, hasta que los demás herederos acudieran a ratificar el proyecto de partición. En contra de esa determinación, el ahora quejoso interpuso recurso de apelación, el cual se admitió a trámite el quince de marzo siguiente, en el efecto devolutivo. No obstante el quince del mismo marzo, el Albacea solicitó nuevamente que se pusiera a la vista de los demás herederos el proyecto de partición de herencia. A esa solicitud recayó el acuerdo de treinta de marzo siguiente, en la que el Juzgador indicó al promovente que debía estarse a lo ordenado en proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, el cual se encontraba sub júdice a lo que se resolviera en segunda instancia. El once de mayo siguiente, le Juez ordenó integrar el testimonio de apelación y remitir copia certificada de los autos al tribunal de alzada, para la substanciación del recurso. El veintidós de junio siguiente, la parte quejosa se desistió de la aprobación realizada al proyecto de partición de herencia, así como del recurso de apelación interpuesto. En la misma data, el Juez dictó acuerdo en el que tuvo al promovente desistiéndose en su perjuicio del recurso de apelación que admitió el quince de marzo de dos mil dieciséis y declaró firme el auto de diecinueve de febrero del mismo año; así como de la aprobación del proyecto de partición que realizó. En diverso acuerdo del mismo veintidós de junio, el Juez tuvo por presentado un nuevo proyecto de división y partición de los bienes que integraban el caudal hereditario y con su contenido dio vista a los interesados, por el término de diez días, para que se impusieran de su contenido. El once de julio siguiente, el Albacea de la sucesión solicitó que se aprobara de plano el proyecto de partición; tal solicitud fue negada mediante acuerdo de catorce del mismo mes, en la que se le indicó que debía estarse a lo acordado el veintidós de junio, pues sólo los herederos podían disponer de sus derechos hereditarios y la partición que se realizara sobre sus bienes El primero de agosto de dos mil dieciséis, el Albacea de la sucesión presento un nuevo proyecto de partición de los bienes que constituyen la masa hereditaria de la de cujus y solicitó que se pusiera a la vista de los demás herederos. El ocho de agosto inmediato siguiente, el Juez dio vista a los interesados de la sucesión, por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. El veintiséis de septiembre del mismo año, el Albacea solicitó que se aprobara el proyecto de partición de herencia y se realizara la adjudicación, ante la omisión de desahogar la vista que, de manera personal, se ordenó notificar a los interesados con el proyecto de partición que presentó. A esa solicitud recayó el auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en el que el Juez reservó proveer la petición formulada, al considerar lo siguiente: [.] Agréguese a los autos el escrito presentado por el licenciado *******, recibido en este juzgado el día veintiséis de septiembre del año en curso y dígasele al promovente que antes de acordar lo solicitado se le previene para que ratifiquen (sic) ante esta presencia judicial el proyecto porque esa ha sido la postura de este Juzgado en observancia a la realización de actos de dominio sobre inmuebles valiosos que requieren la aceptación ante la fe pública de este juzgado. Notifíquese. [.] No conforme con el sentido de esa determinación, el apoderado legal del Albacea de la sucesión interpuso recurso de revocación en su contra, el tres de octubre de aquel año. El siete de octubre siguiente, se desechó de plano el recurso al tenor de las siguientes consideraciones: [.] Agréguese a los autos el escrito presentado por el licenciado *******, recibido en este juzgado el día tres de octubre del año en curso y en cuanto a lo solicitado, dígasele al promovente que se desecha de plano el recurso que pretende hacer valer por frívolo e improcedente toda vez que el auto que pretende impugnar no es de mero trámite. Notifíquese. [.] Tal determinación es la que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. QUINTO. Causal de improcedencia. Antes del estudio del fondo de la litis, se analiza la procedencia del asunto, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se sustenta lo anterior en la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, y que a la letra dice: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, el presente juicio constitucional es improcedente, toda vez que el acto que se reclama no es de imposible reparación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo vigente, es decir, no afecta material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa. Los numerales invocados establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. Así, los actos cuya ejecución es de imposible reparación son aquellos en los cuales sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas, aún con la obtención de un fallo favorable, quedan irreparablemente consumadas. En cambio, los actos en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación cuando la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con la posición que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado; y en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en la apelación que promueva, o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. En consecuencia, al realizar una interpretación contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Apoya la anterior premisa, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, materia común, página 1902, del siguiente tenor: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Asimismo, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 3ª./J.43 29/89, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, que establece: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Así, tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión. En la especie, el acuerdo de siete de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio sucesorio intestamentario *******, en el que se desechó de plano el recurso de revocación, intentado contra el acuerdo en el que previno a los herederos, para que comparecieran personalmente a ratificar el proyecto de partición de herencia, no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, ya que no tiene como consecuencia directa e inmediata la afectación de alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Federal o los tratados internacionales, tales como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera. Lo anterior es así, ya que la resolución que hoy se combate en esta instancia constitucional únicamente tiene como consecuencia que la Juez deje firme el acuerdo en el que reservó acordar lo solicitado por el ahora quejoso, hasta que los coherederos ratificaran ante la presencia judicial el proyecto de partición de herencia. Y en caso de que dicha determinación fuera adversa a los intereses de la parte quejosa, estará en condiciones de hacer valer lo que hoy reclama mediante el recurso que en su caso promueva en contra de la sentencia que se dicte y, posteriormente, contra la resolución de alzada, el juicio de amparo correspondiente; razones por las que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En efecto, la sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva. De esta manera, será hasta que se dicte la sentencia en que se apruebe la partición y se declare la adjudicación en la que se podría analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro de la última etapa del juicio sucesorio; por tanto, las violaciones procesales habidas durante esta última sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección. Al respecto cobra aplicación la tesis I.130.A.3K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, de marzo de 2001, página 1742, novena época, en materia común, del tenor: DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. De igual forma, es aplicable al caso el diverso criterio jurisprudencial IV.2o.C. J/2 (10a.), de la Décima Época, sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, en Materia Común, publicado el dos de mayo de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, de título: actos de imposible reparación. no lo son las violaciones procesales, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, para efectos de la procedencia del amparo indirecto (ley de amparo, publicada en el diario oficial de la federación de 2 de abril de 2013); en el cual se explica que, aun cuando con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, no definió el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en la fracción V, del artículo 107, ya contiene esa precisión al establecer que los actos de imposible reparación, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Suprema del País o en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior, implica que una violación procesal ya no puede ser considerada bajo el tamiz de la anterior legislación, donde se les llegó a calificar como de grado predominante o superior; sin embargo, en los términos de la actual legislación de amparo, las cuestiones procesales no pueden ser sujetas al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera, lo que no ocurre en el particular. Luego, si en la especie, de un examen integral de las constancias remitidas por la autoridad responsable como sustento de su informe justificado, -las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, se advierte que no concurren circunstancias que puedan implicar una trasgresión de imposible reparación en la esfera de derechos de la parte quejosa como pudiera ser las enumeradas en el criterio jurisprudencial aludido en segundo término; es innegable que el presente juicio es improcedente. Lo anterior, porque, se reitera, no puede considerarse que la resolución reclamada le puede ocasionar a la parte quejosa perjuicios de imposible reparación, en razón de que el acuerdo que desecha de plano el recurso de revocación formulado contra un acuerdo de prevención, no afecta derechos humanos de la sucesión impetrante, pues por su contenido y alcance sólo es susceptible de producir efectos intraprocesales, debido a que simplemente dejó firme una prevención, para que los coherederos manifiesten su aprobación o desaprobación al proyecto de partición y, una vez que ello quede desahogado, el Juez quedará en aptitud de dictar la resolución que corresponda, contra la que podrá promoverse diverso medio de defensa, siendo que para considerar que un acto de autoridad es de imposible reparación, debe producir una afectación material a algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución del País, o los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual no ocurre en el caso. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento de este juicio de amparo, en términos de lo que establece el diverso 63, fracción V, de la citada legislación. No obsta a lo anterior que al momento de su presentación haya sido admitida la demanda de amparo y que se hubiese seguido el trámite del presente juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. Tiene sustento lo antes señalado, en el criterio proveniente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la página 377, Tomo III, Segunda Parte-1, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la impetrante de amparo, en donde aduce la violación a diversos artículos de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, porque si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente; de ahí que la procedencia del juicio de amparo es de orden preferente, al análisis de la posible transgresión de un tratado internacional. Apoya esta consideración la tesis 1a. LXXXIV/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, materia constitucional, página 890, del siguiente tenor: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 37, 74, 79, 107 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *******. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa asistido del secretario que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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