Manuel Antonio Carrillo González
Expediente 979/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 979/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Manuel Antonio Carrillo González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, quien resuelve califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante **********, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de enero de dos mil veinticinco. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************-VII, promovido por ********************, contra actos de la Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, Chihuahua. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por ********************, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, Chihuahua, de quien reclamó: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. a).- De la responsable se reclama la omisión de radicar y dar trámite a la denuncia popular que se le presento en fecha 26 de septiembre del 2022, en donde además se le pide la aplicación de medidas de seguridad urgentes, ya que el acto denunciado ya está afectando la salud del suscrito al estar expuesto al ruido incesante y sobre todo en horas de la madrugada." SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, en términos del artículo 76, primera parte, de la Ley de Amparo, advierte que el derecho fundamental del que se duele la accionante del amparo, es el contenido en el dispositivo 17 de la Constitución General, como se aludirá más adelante. TERCERO. Tramitación de la demanda. El veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se radicó con el consecutivo ********************-VII, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CUARTO. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista, el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza **********z, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, atendiendo a la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclama a la autoridad responsable Directora General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, Chihuahua, lo siguiente: La omisión de radicar y dar el trámite correspondiente a la denuncia popular recibida el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Directora General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, Chihuahua, aceptó parcialmente la existencia de la omisión reclamada, aduciendo de la excesiva carga de trabajo que tiene dicha autoridad; por ende, se tiene por cierto el acto atribuido a la citada responsable. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las documentales que remitió la autoridad responsable, las cuales se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causal de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examina la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en el que se señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". En principio, es necesario precisar que los efectos de un acto reclamado, cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo o bien resarce la omisión que se le atribuye y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por consiguiente, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En ese sentido, se considera que sí se acreditan los supuestos de la causal de improcedencia, toda vez que en el presente asunto el quejoso ********************, reclama a la Directora General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, Chihuahua, la omisión de admitir y proveer sobre el trámite correspondiente a la denuncia popular que recibió la responsable el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós (según el sello de recibido de la oficialía de partes). Sin embargo, dicho acto reclamado ya quedó sin efecto al momento en que la autoridad responsable se pronunció sobre la omisión reclamada, pues de las constancias que la autoridad responsable, se advierte que para dar cumplimiento a la denuncia popular y atendiendo a que se dijo, entre otras cosas, que en la parte trasera del domicilio del quejoso se ubicada una maquiladora denominada ********************, que genera ruidos molestos, humo y en general contaminación auditiva, la autoridad responsable a fin de atender dicha denuncia popular, realizó lo siguiente: 1.- Mediante notificación identificada con Folio 076838 de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, procedió a requerir a la citada empresa, para que exhibiera ante a la autoridad responsable la siguiente documentación: Dictámenes de Ecología, de Protección Civil y Licencia de funcionamiento. 2.- El apoderado de la empresa mediante escrito de veinte de octubre de dos mil veintidós, dio cumplimiento al requerimiento formulado, anexando dictamen de ecología, de protección civil, y licencia de funcionamiento; también adjuntó copia del estudio de ruido perimetral realizado el veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Del contenido de lo anterior se aprecia que la autoridad responsable al realizar la notificación el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, donde se solicitó al personal de la empresa ******************** exhibiera los dictámenes de ecología, de protección civil y licencia de funcionamiento; además, en respuesta a lo anterior, el veinte de octubre de ese año, dicha empresa proporcionó tales dictámenes y añadió copia certificada del estudio de ruido perimetral, e indicó que la empresa se encontraba en proceso de ensamble una escalera de servicio, cuyas labores tienen un horario diurno de trabajo de ocho de la mañana a seis de la tarde; por ello, la omisión reclamada del trámite de la denuncia popular quedó sin efectos al momento en que se subsanó por parte de la autoridad responsable, es decir, al momento en que en dictaron las medidas correspondientes. Por lo que, se acredita la hipótesis de la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, ya que se justifica la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la quejosa, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 193758, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que pase inadvertido para la suscrita que aún no se resuelto dicha denuncia popular, toda vez que no se remitió la resolución administrativa; no obstante, se resalta que el acto reclamado es la omisión de dar el trámite correspondiente a la denuncia, es decir admitir e impulsar la contienda, lo que ya aconteció como se aprecia en líneas precedentes. En consecuencia, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual al ser su estudio de orden público, procede el sobreseimiento, en el presente juicio de amparo, conforme lo dispone el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal aludido. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, a foja doscientos diez, Novena Época, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, contra actos de la Directora General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, Chihuahua, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista electrónica, y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de diciembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta secretarial, signado por la Directora General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, a través del cual desahoga el requerimiento que se le formuló en auto de veinte de diciembre de este año, y al efecto remite copia debidamente certificada de las constancias requeridas; agréguense a los presentes autos para los fines legales a que haya lugar y con su contenido dese vista a las partes, para los fines legales conducentes. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos únicamente como constancia legal, el oficio de cuenta secretarial suscrito por la autoridad responsable Directora General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, toda vez que mediante proveído de veinte de los actuales, se acordó lo conducente a su contenido. Notifíquese por lista electrónica a las partes y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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