Manuel Bejarano Tellez
Expediente 350/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Manuel Bejarano Tellez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en la Fracción I, del Artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración del cuaderno incidental En cuanto al incidente de suspensión, toda vez que se concedió la definitiva el incidente de suspensión original es conservable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica a las partes, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 350/2023-III, promovido por *******, en su carácter de apoderado legal del quejoso directo *******, contra actos de la agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada de Delitos de Peligro contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, de manera electrónica en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito el día hábil siguiente, el quejoso *******, por conducto de su apoderado legal, promovió demanda de amparo en contra de autoridad y actos señalados en el considerando segundo de la presente sentencia. Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso consideró transgredidos los previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se previno al quejoso para que aclarara su demanda, prevención que al cumplir de manera satisfactoria, el treinta y uno de marzo de misma anualidad se admitió a trámite la demanda, se registró con el número 350/2023-III, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclamó de la agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada de Delitos de Peligro contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: PRIMER ACTO QUE SE RECLAMA: Los actos de molestia y de falto de seguridad jurídica que emite en su mandato de fecha veintitrés de marzo de dos mil veintitrés consistentes: l.-indique si existe registro como paciente de su consultorio de la C. *******. 2- en caso de que sea afirmativa su repuesta solicito remita original del expediente que se haya formado respecto a dicha expediente, y en su caso cual es el diagnóstico de la misma en su ingreso y en qué fecha inicio y/o concluyo en su caso su historial clínico en su consultorio. SEGUNDA ACTO QUE SE RECLAMA: Se le cita para que comparezca el día 29 DE MARZO DEL 2023, a las 10:00 horas, ante el suscrito Agente del Ministerio Publico en el domicilio ubicado en las oficina de delitos CONTRA EL SERVICIO PUBLICO Y EL ADECUADO DESARROLLO DE LA JUSTICIA, relativo a la FISCALIA GENERAL DEL ES TADO, ZONA NORTE, ubicada en Av. EJE VIAL JUAN GABRIEL SIN DE LA COLONIA SAN ANTONIO, en esta ciudad Juárez, Chihuahua, por ser necesaria su presencia para que rinda su declaración ante esta autoridad, así mismo se le requiere la aportación voluntaria de diversos documentos, mismos que deberán ser presentados ante la que suscribe, en original, a fin de que se realice el debido aseguramiento de los mismos, siendo las siguientes documentales, mismo que encuentran relación a los hechos denunciados y fueran aportados por usted en el expediente ******* en el juzgado segundo de lo civil, en copia certificada. 1) reconocimiento como miembro fundador de la asociación de ortodoncia y ortopedia egresados de la universidad de Celaya, a nombre de *******. 2) Diploma conforme al plan y programa de estudios, de ortopedia dentófacial, ortodoncia con fecha 26 de diciembre del año 2006, que expida la secretaria de educación del Estado de Jalisco, clave *******. acuerdo *******. 3) Diplomado otorgado por la universidad de Celaya, en diplomado en Ortodoncia y ortopedia dentó-facial, con número de registro y control *******. 4) Diploma otorgado por el Sistema Educativo Nacional. Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, en Diplomado en ortodoncia y ortopedia Dentó-Facial, con número de folio *******, clave *******. Se le informa que se sigue una investigación en la cual se le señala como probable imputado dentro, derivado de la carpeta de investigación que al rubro indica, por probables hechos delictivos. Se le hace saber que tiene derecho a comparecer acompañado defensor, y en caso de no ser así en el momento de la diligencia se le n (sic) un defensor público en términos de lo establecido en los artículos 20 apartado B, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que en caso de no comparecer sin causa justificada se le aplicara el primer medio de apremio establecido en el numeral 104 del código nacional de procedimientos penales. Y de ambos actos se reclaman también: La imposición de los medios de apremio que pretende aplicarle al quejoso en caso de no cumplir con lo solicitado en los dos actos que se reclaman como son la entrega de documentos. En relación a lo que establece el artículo 104 del código procesal federal. ACTOS QUE SE RECLAMAN Y que se derivan de la autoridad responsable ya citada. Que son de la carpeta de investigación número Único Caso *******." Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo adujo en su informe justificado, la agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada de Delitos de Peligro contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, a través del cual acepto la expedición del citatorio de presentación de referencia. Cuarto. Actualización de hipótesis de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso en estudio, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" Para estar en condiciones de evidenciar las razones por las que se considera actualizada la causa de improcedencia mencionada, es necesario considerar que se toman en consideración los hechos expuestos por la parte quejosa en su demanda de cuenta, los cuales fueron vertidos bajo protesta de decir verdad y cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; asimismo, de los capítulos de autoridades responsables y actos reclamados se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables ordenadoras a la agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada de Delitos de Peligro contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, a quien reclama, en esencia, la eventual aplicación de los medios de apremio contenidos en la orden de citación. Ahora, la regulación de la citación con el objeto de investigación, se encuentra prevista en el artículo 215, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual a la letra establece: Artículo 215. Obligación de suministrar información Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables. Por lo cual, de la lectura sistemática del precepto mencionado, se advierte que la citación de las personas requeridas para recabar su testimonio en la integración de alguna carpeta de investigación, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Agente del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una investigación. Lo anterior lo ha sustentado el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, en la jurisprudencia visible en el libro 62, página 62, Tomo III, enero de 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados. No obsta a lo anterior, el hecho de que conforme a la última parte del precepto citado, el cual establece "en caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables", la autoridad responsable que emitió ese citatorio, haya hecho el apercibimiento establecido en el artículo 104 fracción I, del Código Nacional de procedimientos penales, el cual establece: "Artículo 104. Imposición de medios de apremio. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: I. El Ministerio Público contará con las siguientes medidas de apremio: a) Amonestación; b) Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; c) Auxilio de la fuerza pública, o d) Arresto hasta por treinta y seis horas; [.]. Lo anterior es así, puesto que aún y que pueda ordenarse su comparecencia forzosa al hacer efectivo ese apercibimiento, ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que el acto de comunicación reclamado por esta vía constitucional, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación de las personas requeridas para recabar su testimonio en la integración de la carpeta de investigación, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es sustento de esta determinación, la jurisprudencia 1ª./J. 78/2018 (10ª.), bajo registro digital: 2018828, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el viernes siete de diciembre de dos mil diecinueve, materias común y penal, del siguiente tenor: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1ª./J. 93/2013 (10ª.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1ª./J. 93/2013 (10ª.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Énfasis propio. Aunado a lo anterior, cabe señalar lo manifestado por la agente del Ministerio Público responsable en su informe con justificación, en el cual, menciona que el día programado para la diligencia a la cual fue citado el quejoso, éste no compareció a la misma; sin embargo, dicha responsable no hizo efectivos los medios de apremio contenidos en el oficio de citación recurrido. Por todo lo anterior, esta juzgadora estima que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, por lo que se impone decretar el sobreseimiento en el juicio al tenor de lo establecido en la fracción V, del diverso 63 de ese cuerpo jurídico. No representa obstáculo a la determinación adoptada, el que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con la presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las responsables y la parte quejosa, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, ya que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Encuentra apoyo el aserto anterior en la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, Materias Común, visible en la página 544, con registro digital 211352, de rubro y texto: DEMANDA. LA ADMISION DE LA, NO IMPIDE EL ANALISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías. En ese contexto, esta resolutora se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, dado el sobreseimiento del juicio de amparo. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 24, Tercera Parte, Materias Común, consultable en la página 49, con registro digital 239006, que se lee: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Finalmente, cabe precisar que algunos de los criterios judiciales anteriores a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, citados en esta sentencia, son aplicables al caso concreto y resulta factible invocarlos, pues no se oponen a las prevenciones contenidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, por tanto, se está acorde, en lo conducente con lo dispuesto en el transitorio sexto de la invocada legislación, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a las disposiciones actuales. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, fracción V, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *******, por conducto de su apoderado legal, en contra de la autoridad acotada en el considerando tercero y por las razones precisadas en el cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; en atención a su contenido, téngasele formulando los alegatos que deja vertidos en el oficio de cuenta, los que serán tomados en cuenta en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, respecto a la solicitud de las copias, indíquesele que deberá estarse a lo acordado en el auto de admisión de demanda, en el que autorizó la expedición a las partes, de copias de las constancias que integran el presente expediente. Autorización acceso expediente electrónico Ahora, en atención a la solicitud del apoderado del quejoso *******, en el sentido que se autorice el acceso al licenciado *******, quienes aparecen registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el nombre de usuario *******, y toda vez que el referido autorizado cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, así como ordinales 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta al autorizado para que las promociones que presenten en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicar las notificaciones en este asunto vía electrónica, incluso las de carácter personal. Asimismo, hágasele del conocimiento, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Posteriormente, en atención a lo solicitado por la referida parte procesal, se le hace del conocimiento que en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de abril de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Delitos de Peligro contra la Paz, Seguridad de la Personas y la Fe Publica, de la Fiscalía Especializada que depende de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Delegados y domicilio Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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