Magda Miriam Arias Brambila

Expediente 96/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
96/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
01/04/2019

Partes del expediente

  • Magda Miriam Arias Brambila
  • Ma. Luisa Cárdenas Grimaldo

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos, para que obre como legalmente corresponde, el oficio 439 suscrito por el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual acusa recibo del comunicado 5226/2019 de catorce de marzo de dos mil diecinueve, por el cual, le fue informado que causó estado el proveído en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Oscar Rubén Pérez Camarena, apoderado general para pleitos y cobranzas de Magda Miriam Arias Brambilia y Ma. Luisa Cárdenas Grimaldo, y le fe remitido el original del toca penal I-14/2019 de su índice. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como lo solicita la autoridad oficiante, mediante atento oficio que al efecto se libre, remítasele copia certificada del auto dictado por este Órgano Jurisdiccional el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que feneció para la parte quejosa el plazo de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto dictado el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo, sin que haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que el referido auto ha causado estado para los efectos legales procedentes. Ahora, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción I, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado de plano la demanda de amparo. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Se ordena realizar las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, devuélvanse los dos tomos de pruebas del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, que en su momento se remitieron como complemento a sus informes justificados, por ser innecesaria su retención. De igual forma, remítanse las constancias que integran el toca penal I-14/2019 del índice de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, que obran glosadas a foja 88 a 105, previa copia certificada que de las mismas se dejen glosadas en autos. Solicítese atentamente a dichas autoridades acusen de recibo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE QUEJOSA, MISMO PROVEIDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:LA PARTE QUEJOSA, MISMO PROVEIDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Recepción de Incompetencia. Se tiene por recibido el oficio 931 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual remite lo siguiente: Cuaderno de amparo directo civil 138/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, que contiene: Oficio número 204 signado por el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Demanda de amparo directo signada por Oscar Rubén Pérez Camarena, apoderado General para Pleitos y Cobranzas de Magda Miriam Arias Brambila y Ma. Luisa Cárdenas Grimaldo. Cuadernillo formado con motivo del recurso de apelación, promovido por el apoderado Jurídico de la parte tercerista, deducido de la Tercería excluyente de dominio, número 233/17, promovido por Magda Miriam Arias Brambila y otra, frente a Alfredo Robledo Sánchez, acumulado al juicio ordinario civil número 149/16. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, del contenido del oficio 931 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, obra la transcripción del acuerdo de diecinueve de febrero del año en curso, emitido en el juicio de amparo directo 138/2019, se advierte que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Oscar Rubén Pérez Camarena quien se ostenta apoderado de Magda Miriam Arias Brambila y Ma. Luisa Cárdenas Grimaldo, ello con fundamento en el numeral 107, fracción V, inciso c) de la Constitución General de la República y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que el proveído que constituye el acto reclamado no se trata de una sentencia definitiva ni una resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio. Aceptación de competencia. En términos de los artículos invocados por el Órgano Jurisdiccional oficiante, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan se avoca al conocimiento del escrito inicial de demanda instada por Oscar Rubén Pérez Camarena quien se ostenta apoderado de Magda Miriam Arias Brambila y Ma. Luisa Cárdenas Grimaldo, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán Análisis de procedencia del juicio de amparo. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "************. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "**********De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora, en el caso particular la parte quejosa, manifestó que reclama lo siguiente: "De la responsable Quinta Sala Civil se reclama el proveído de fecha 21 de enero de esta anualidad, mismo que obra dentro de los autos del toca de apelación I-14/2019 el cual en su contenido resolutivo, y en forma por demás improcedente determino declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el suscrito precisamente en contra del diverso acuerdo de fecha 27 de noviembre de 2018, que dicto el juzgado inferior descrito como segunda autoridad responsable, decretando por ende la superioridad la inadmisión del citado recurso" . Esto es, el quejoso reclama del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán: El auto de veintiuno de enero del año en curso, dictado en autos del toca de apelación I-14/2019, con el que se le niega la admisión del recurso de apelación interpuesto contra el diverso proveído de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el Juez de Primera Instancia Civil de Sahuayo, Michoacán. Asentado lo anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Esto es, el acto reclamado no se trata de un acto de imposible reparación, toda vez que la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, se establece lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se lee de la siguiente inserción: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Se dice lo anterior, de la reciente interpretación realizada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto debe entenderse aquellos actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores. El prototipo de estos actos se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar alguna huella en su esfera jurídica. Es decir, los actos de imposible reparación se actualizan cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Al respecto, debe significarse que en la actual décima época las excepciones establecidas para la procedencia del juicio de amparo bi-instancial relativas a cuando las violaciones procesales causan una afectación de grado predominante o superior, que ya no puedan repararse en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, ya no se ubican en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo transcrito ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; de ahí que puede afirmarse que con esa precisión el legislador proporcionó mayor claridad al texto y seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación. Por consiguiente, el legislador estableció que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que esa afectación debía recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación de mérito se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En consecuencia, dada la nueva connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P.J. 4/2001 que admitía la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos procesales por violaciones de grado predominante o superior, ya que la interpretación referida se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente, como es el caso, debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la referida jurisprudencia expresamente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que era procedente el juicio de amparo Indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Esa interpretación, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan los actos irreparables es la afectación que producen a "derecho sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión que es antagónica con el concepto de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había calificado en la novena época. Por la misma razón, ya no resulta aplicable la jurisprudencia 1ª./J. 106/2004 de la Primera Sala, del rubro: **********.", pues establecía la procedencia del juicio de amparo indirecto en casos como el que es materia del presente juicio por considerar que se actualizaba una afectación en grado predominante o superior, equiparable a los de imposible reparación, criterio que como se explicó; ya no aplica a los casos tramitados conforme a la actual Ley de Amparo. En ese sentido, es importante señalar que el quejoso aduce que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Sahuayo, Michoacán, ordenó la reposición del procedimiento hasta el escrito inicial de demanda al considerar que surgió la figura jurídica del litisconsorcio pasivo necesario (foja 10). En ese orden de ideas, es pertinente tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha calificado al litisconsorcio pasivo como presupuesto procesal, esto es, como un elemento previo, alegado y que versa sobre una cuestión netamente procesal y no sobre el derecho material alegado por el actor. Lo que hizo al emitir la jurisprudencia -por contradicción de tesis- identificada bajo el número 1a./J. 19/2013 (10a.), visible en la página 595 del Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo uno, Materia Civil, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de observancia obligatoria en términos de lo establecido en el artículo 217 de la actual Ley de Amparo, y que se lee así: ************ El litisconsorcio pasivo necesario implica pluralidad de demandados y unidad de acción; de ahí que deban ser llamados a juicio todos los litisconsortes quienes, al estar vinculados entre sí por un derecho litigioso, deben ser afectados por una sola sentencia. En ese sentido, cuando se interpone un recurso de apelación y el tribunal de alzada advierte que en el juicio hubo litisconsortes que no fueron llamados, aunque no medie petición de parte, en cualquier etapa del procedimiento debe mandar reponerlo de oficio, para que el juez de primera instancia los oiga y dicte una sentencia apegada a los principios de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal, sobre la base de que debe protegerse en todo momento el derecho humano de acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, toda vez que el litisconsorcio constituye un presupuesto procesal sin el cual no puede dictarse una sentencia válida, ya que involucra la protección de un derecho humano y la correlativa obligación de los jueces como autoridades a protegerlo, por lo que la carga procesal de citar a todas las partes corresponde al órgano jurisdiccional." Por tanto, al cuidar que se cumplan los presupuestos procesales se corrigen errores que podían generar un juicio inválido, como en el caso, pues en tanto no estén llamados a juicio todas las personas que integran el litisconsorcio pasivo necesario, no puede dictarse una sentencia válida. El litisconsorcio es una situación procesal que surge siempre que dos o más personas ejerciten una misma acción u opongan la misma excepción, para lo cual deberán litigar unidas y bajo una misma representación y es necesario cuando existe unidad de acción y una pluralidad de demandados, que están vinculados entre sí por un derecho litigioso. Ahora establecido que el litisconsorcio pasivo necesario es un presupuesto procesal, y que no se puede considerar relacionado con la afectación actual de un derecho sustantivo; se infiere que, si el acto que se reclama en el juicio de amparo indirecto lo es una resolución que confirma el auto a través de la cual se ordenó reponer el procedimiento a efecto de mandar llamar a juicio a un litisconsorte, ello simplemente constituye un presupuesto procesal, como se asentó en las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes transcritas; de ahí se sigue evidentemente que dicha resolución sólo tiene efectos adjetivos o procesales, pero de ninguna manera afecta derechos sustantivos del quejoso en la connotación que señala la propia Ley de Amparo, menos atenta contra derechos humanos, pues si bien es verdad que en la emisión de los fallos judiciales debe observarse que no se transgredan éstos, el juzgador no puede ni debe soslayar la existencia de determinadas normas del procedimiento que irrefutablemente deben ser observadas y acatadas por todo impartidor de justicia, entre las cuales se encuentran las que rigen la procedencia del juicio de amparo indirecto. Sobre tales premisas y a partir del análisis del acto reclamado se concluye que no es un acto de imposible reparación por tratarse del presupuesto procesal litisconsorcio pasivo que se traduce en una cuestión adjetiva o procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Sirve de apoyo a la anterior consideración por vía de orientación de criterio, la jurisprudencia número 37/2014 (10ª.), número de registro 2006589, de la Décima Época sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto del tenor siguiente:***********Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '.los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;', puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del ampro indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '.aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así como la tesis (X Región)4o.2 C (10a.), consultable en la página 2488 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Materia: Común. Décima Época. Registro: 2015272. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, del texto y rubro, siguientes: ********** A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo." Consecuentemente, se reitera que el quejoso reclama en la especie una violación de carácter intraprocesal que no vulnera sus derechos fundamentales, ni se considera acto de ejecución irreparable, se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; y, por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. NOTIFICACIÓN. Se autoriza a Oscar Daniel Pérez García, únicamente para oír y recibir notificaciones, en virtud de no tener registrada su cedula profesional, como se advierte de la certificación Secretarial de cuenta. Asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena practicarle a la parte quejosa, por lista que se fije en los estrados de este Órgano Jurisdiccional, las notificaciones aun las de carácter personal, por así haberlo solicitado en su escrito inicial de demanda. En términos de los artículos 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y 5, 6, 7, 8 y 9, Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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