Macario Rosas Zaragoza
Expediente 198/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Macario Rosas Zaragoza
Actuaciones
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveido de dieciocho de junio del año en curso, que dice: Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que el auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, en este proveído causó estado; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo...se ordena el archivo de este juicio de amparo. También se hace la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, en el juicio de amparo en que se actúa. Con la precisión de que los documentos originales quedan a disposición de la parte quejosa en la secretaría encargada del trámite de este juicio de amparo, en la inteligencia que de no recogerlo en un plazo de noventa días, se procederá a su destrucción, por resultar innecesaria su conservación. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que el auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, en este proveído causó estado; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de amparo. También se hace la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, en el juicio de amparo en que se actúa. Con la precisión de que los documentos originales quedan a disposición de la parte quejosa en la secretaría encargada del trámite de este juicio de amparo, en la inteligencia que de no recogerlo en un plazo de noventa días, se procederá a su destrucción, por resultar innecesaria su conservación. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a ***, por propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario número 38 treinta y ocho con residencia en la ciudad de Colima, Colima y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 198/2019. Análisis de procedencia del juicio de amparo. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable por lo que hace al acto reclamado consistente en: "De la autoridad señalada como Ordenadora, le reclamo el pretender despojarme de la posesión del inmueble que adquirí de buena fe, respecto de la propiedad situada al norte de la Población de San Juan de Alima, perteneciente al ejido de Maquili, Municipio de Aquila, Michoacán; sin antes haber sido llamado a juicio, dentro del juicio agrario número 94/2014 llevado por los terceros perjudicados, violando mi garantía de audiencia y seguridad jurídica, todo a vez que actualmente soy el legítimo poseedor de dicho inmueble y nunca fui oído ni vencido en juicio: El haber tenido la oportunidad de imponerme' de los autos y defender mis intereses dentro del procedimiento en comento, infringiendo en mi perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que me hubiesen permitido tener una legítima defensa de mis Derechos Humanos en contra del o de los señalados como terceros perjudicados del que no pude por ese mismo desconocimiento haberlo recurrido en tiempo y forma. De la C. Actuaria Notificadora Adscrita al H. Tribunal Unitario Agrario número 38 treinta y ocho con sede en la ciudad de Colima, Colima, le reclamo el pretender llevar a cabo la ejecución del auto de fecha 04 cuatro de marzo del presente año en el que pretende ejecutar una sentencia dictada dentro del juicio 94/2014 en ese H. Tribunal y en contra de diversas personas en mi domicilio sin que hubiera resolución en mi contra, sin antes haberme notificado pese hacer posesionario legitimo real y material del inmueble. Del C. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario número 38 treinta y ocho con residencia en la ciudad de Colima, Colima, le reclamo el ordenar la supuesta ejecución de una sentencia del juicio 94/2014, con lo cual me pretende privar del derecho de posesión que me protege la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud que como ya mencioné el suscrito nunca fui emplazado a juicio dentro del expediente ya citado, ni con las normalidades de ley, ni sin ellas. Impidiéndose de esta manera, haber tenido conocimiento oportuno de la existencia del juicio natural y así tener la oportunidad de concurrir a él en defensa de mis intereses legales, pese que al ser posesorio de la propiedad que me pretender despojar, de la cual he estado en posesión de la misma desde más de 8 ocho años; De todas estas autoridades, reclamo también las consecuencias directas o indirectas mediatas o inmediatas que se deriven del os actos reclamados en perjuicio del suscrito, como son: la inminente ejecución en mi perjuicio del os actos que conlleven el fin de cumplimentar en mi contra los términos de la sentencia dictada en el juicio natural 94/2014 que no son otros que los de privarme de los derechos de posesión de bienes de mi propiedad que adquirí mediante un contrato de cesión de derechos a título oneroso del Señor Leoncio Gómez Amezcua, con fecha 05 cinco de enero del 2011 dos mil once, y ratificado ante la fe del Licenciado Miguel Agustín Linarte Guerrero, notario público número 29, con ejercicio y residencia en la ciudad de Zamora, Michoacán. Mismo que exhibo en su original para todos los efectos legales procedentes. Y a quién a su vez, adquirió del señor Miguel Rosas González mediante cesión de derechos con fecha 05 cinco de octubre del año 2010 dos mil diez, ratificado ante la fe del Licenciado Enrique Gudiño Magaña, Notario Público número 9 con ejercicio y residencia en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán. De los cuales pido su devolución 1ma vez cotejados los mismos; afectando así los derechos de posesión y de propiedad que me corresponden respecto de tal bien, para hacer efectivo el cumplimiento de las prestaciones a que se les condeno a terceras personas, en forma por completa ilegal en contra de mi persona y de mis derechos humanos, porque como se insiste no he sido ni oído ni vencido en el juicio natural, porque no fui debida, ni legalmente emplazado a concurrir al juicio natural anteriormente citado, derechos de propiedad y de posesión que son garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo, así como sus escritos aclaratorios y anexos, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XI, del ordenamiento legal en cita. Inicialmente es necesario señalar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Por tanto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclame un acto que ya haya sido materia de una ejecutoria en un juicio de amparo diverso, lo que en materia procesal se denomina como "cosa juzgada", lo cual produce el efecto de tornar improcedente un juicio de amparo cuando este tiene el mismo objeto que otro en el que ya se estudió y resolvió el mismo problema planteado, evitando con ello que recaiga nueva sentencia que pudiera ser contradictoria sobre el fondo del asunto que ya fue analizado. Ahora bien, del ocurso de amparo se advierte que el quejoso Macario Rosas Zaragoza, promovió la contienda constitucional contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario número 38 treinta y ocho con residencia en la ciudad de Colima, Colima, que hizo consistir en la desposesión del predio situado en San Juan de Alima, perteneciente al ejido de Maquili, Municipio de Aquila, Michoacán, sin haber sido llamado en el juicio agrario 94/2014. En esa directriz, se actualiza la improcedencia en del juicio de amparo, tal y como se desprende del contenido del artículo 61 fracción XI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)" Conforme a las jurisprudencias emitidas por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicadas con los números 265 y 812 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, páginas ciento setenta y ocho y quinientos cincuenta y dos, de rubros: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO." y "HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ESTE.", respectivamente, se destaca como hecho notorio el juicio de amparo 396/2017 de este índice, del que se desprende que la parte quejosa Macario Rosas Zaragoza, promovió la contienda constitucional contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario número 38 treinta y ocho con residencia en la ciudad de Colima, Colima, que hizo consistir en la desposesión del predio situado en San Juan de Alima, perteneciente al ejido de Maquili, Municipio de Aquila, Michoacán, sin haber sido llamado en el juicio agrario 94/2014. Luego, mediante sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se sobreseyó el juicio de amparo y mediante auto de diecinueve de febrero del año en curso, se recibió testimonio autorizado de la resolución emitida en el amparo en revisión 136/2018 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, por el que se confirmó la citada sentencia, quedando firme la citada determinación; por lo que, es inconcuso, que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, ya que se trata del mismo acto, consistente en la falta de llamamiento a juicio, esto es, el derecho de audiencia, misma autoridad responsable y garantía violada que se resolvió en el diverso 396/2017 del índice de este Juzgado, respecto del mismo derecho de posesión de un inmueble. En efecto, el hecho de que el juicio de amparo 396/2017 de la estadística de este órgano jurisdiccional se haya reclamado la falta de garantía de audiencia implica que se puede transgredir en una sola ocasión en un determinado juicio, ya que si bien es cierto aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse, en el sentido de que ya fue analizada la violación de la garantía de audiencia en el juicio agrario 94/2014, derivado de los actos reclamados, resolviéndose que se justificó no tener en posesión el inmueble materia del juicio natural, en cuya virtud, como en la demanda de amparo que ahora se acuerda, el quejoso pretende defender la misma posesión, respecto de un acto derivado del mismo juicio, alegando que no fue llamado al juicio agrario 94/2014, violando su garantía de audiencia, acto que atribuye a las mismas autoridades, es evidente que se surte la identidad a que se refiere la fracción XI del precitado artículo 61. Ilustra lo anterior, por analogía jurídica sustancial, la tesis aislada I.5o.P.1 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, localizable en la página dos mil trescientos seis, del rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN QUE EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Si un juicio de amparo anterior resultó improcedente respecto del acto reclamado por estimarse que la demanda era extemporánea, y por ello se desechó y tal determinación adquirió firmeza por no haber sido recurrida, esa eventualidad aun tratándose de desechamiento de demanda hace inejercitable la acción de amparo si en una posterior demanda el quejoso reclama el mismo acto, pues si bien es cierto aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente (a partir del tres de abril de dos mil trece), al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XI de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Sin que obste para lo anterior, el hecho de que en la etapa de ejecución del juicio natural del que derivan los actos, ahora se reclame un auto de diversa fecha, pues no es más que la reiteración de la misma orden que el quejoso considera un ataque a su garantía de audiencia; y sí el quejoso aduce que ya promovió la controversia agraria sobre prescripción adquisitiva 683/2018, es obvio que será ante la autoridad que conoce de ese trámite donde se hará valer el ejercicio de sus derechos, ya que en el presente juicio se traduce en la misma garantía "derecho de audiencia", que adujo violada en ambos juicios, lo que no es posible volver a analizar. Domicilio Procesal y Autorizados. Como lo solicita la parte quejosa se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica en su libelo constitucional y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Gil Puga y Juan José Zepeda. Por otra parte, toda vez que el promovente señaló los estrados del Juzgado, para oír y recibir notificaciones, tal circunstancia faculta a este Tribunal para ordenar que las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se practiquen por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL: Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Copias. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos Datos personales. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese
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