Manolo Lopez Cordero

Expediente 500/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
500/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Manolo Lopez Cordero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que el proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, en este auto causó estado; en tales condiciones, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo como asunto totalmente concluido. También se hace la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, súmense a lo actuado las piezas postales de cuenta, que en su interior contienen los oficios 5549/2020, 5548/2020, 5555/2020 de las que se advierte la imposibilidad que se tuvo, para materializar su entrega, debido a la inexistencia de las autoridades ahí denominadas; sin embargo, toda vez que, de párrafos que anteceden, se advierte que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ha quedado firme, se hace innecesario proveer lo conducente al respecto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno.Agréguese a sus autos, para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en ciudad Victoria, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en autos, remite copia certificada de diversas constancias, entre las que se encuentra la Resolución de Calificación de legalidad de traslado de veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve, el cual calificó de legal el traslado del aquí quejoso Manolo López Cordero -acto reclamado en el presente asunto.- Por tanto, dicha constancia, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto se encuentra sustituido procesalmente por la determinación emitida por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en ciudad Victoria, el veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 66/2017, a través de la cual, calificó de legal el traslado de referencia.En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado en sus efectos los actos reclamados, preceptos que establecen:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:** XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Esa causal de improcedencia, se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado.Por lo cual, es inconcuso que la resolución del Incidente de Calificación de legalidad de traslado de veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve, mediante la cual el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en ciudad Victoria, calificó de legal el traslado del quejoso Manolo López Cordero sustituyó procesalmente a la determinación adoptada por la autoridad administrativa; de lo anteriormente expuesto, es que se estima, se actualiza la improcedencia del juicio por cesación de efectos, o bien la destrucción del mismo por sustitución procesal, debido a que la determinación administrativa en la que se ordenó el traslado definitivo del quejoso, quedó sustituida en sus efectos jurídicos, por la diversa en la juez de ejecución calificó de legal esa determinación. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para continuar con la tramitación del juicio de amparo, cuando sea imposible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto combatido, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, de conformidad con lo dispuesto del artículo 63, fracción V, de la ley en cita, LO PROCEDENTE ES DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO, por virtud de haber cesado los efectos de los actos reclamados.Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.***** Asimismo, la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. *****Similar criterio adoptó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, en las cuales determinó apartarse del criterio previamente sostenido, para ahora considerar que, en el caso de los traslados administrativos sin control judicial previo, no se está frente a ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, sino que se trata de actos dentro del procedimiento administrativo seguido para el traslado, el cual es susceptible de control a través del recurso ordinario, ante autoridad judicial. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a las autoridades ejecutoras, toda vez que no se les reclaman actos por vicios propios, sino en vía de consecuencia del acto reclamado.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ilustra: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS. ****No es óbice a lo anterior ni se deja sin defensa al quejoso, el que no se le hubiera dado vista a efecto de que manifestara si es su deseo ampliar su demanda de amparo, por cuanto hace a la determinación adoptada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en ciudad Victoria, pues a ningún beneficio llevaría que el quejoso lo realizara, dado que esa resolución no puede ser estudiada por este Juzgador en amparo indirecto, por las razones de derecho que a continuación se explican:Es importante traer a mención, que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de la Materia, consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, de acuerdo al cual, este medio de defensa constitucional sólo procede contra actos definitivos, entendidos éstos como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada. El principio de definitividad de que se habla, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción que se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y de violaciones directas a la Constitución Federal.Ahora, se encuentra demostrado que el auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve, que calificó de legal el traslado ordenado por la autoridad administrativa-, se emitió por una autoridad judicial como lo es el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México; por tanto, estudiar la constitucionalidad o no de esta resolución mediante el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, dado que debe agotarse el medio ordinario de defensa, pues del análisis del acto reclamado señalado por el justiciable, se infiere que se trata de una medida relacionada con la condición de su internamiento que consiste en la orden de traslado, su ejecución y su calificación por autoridad judicial, por lo que, la ley aplicable al caso, es la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente a partir de diecisiete de junio de dos mil dieciséis.En efecto, dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se establecieron procedimientos para que la autoridad penitenciaria y el juez de ejecución, dentro de sus facultades, puedan modificar las condiciones inherentes a los internos, ordenar los traslados a otros centros penitenciarios, tramitar incidentes relacionados con la modificación de las penas de prisión impuestas y en sí, cualquier aspecto relacionado con la ejecución de la pena impuesta en un proceso penal. Asimismo, se consideraron diversos recursos y una controversia judicial para que las personas privadas de su libertad puedan combatir los actos emitidos por las autoridades penitenciarias y judiciales relacionados con las condiciones de su internamiento y en específico con la orden de traslado y su calificación. En efecto, los artículos 1, fracción II, 5, 9, 30, 50, 57, 116, 120 a 25, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, regulan los tipos de traslados de un centro penitenciario a otro y el procedimiento a seguir para ordenarlo y ejecutarlo, además contemplan el "recurso de apelación" y "la controversia judicial" ante el Juez de Ejecución para que el interno (sentenciado o procesado) combata dicho acto privativo, medios de impugnación que prevén la suspensión del acto reclamado y pueden modificar, revocar o nulificar el actuar de la autoridad responsable.Al respecto los citados preceptos legales establecen:"Artículo 1. Objeto de la Ley.La presente Ley tiene por objeto: II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley.""Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario Los Centros Penitenciarios garantizarán la separación de las personas privadas de la libertad, de conformidad con lo siguiente: Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres; Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas; Las instalaciones destinadas a los inimputables se ajustarán a lo dispuesto por el Capítulo IX, Título Quinto, de la presente Ley; Las personas en prisión preventiva y en ejecución de sentencias por delincuencia organizada o sujetas a medidas especiales de seguridad se destinarán a espacios especiales. Adicionalmente la Autoridad Administrativa podrá establecer sistemas de clasificación de acuerdo en los criterios de igualdad, integridad y seguridad." "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario.Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas.Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechosIV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley;IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes;" (Lo subrayado no es de origen)"Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución.En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente:I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esta Ley;***"Artículo 30. Condiciones de internamiento.Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad.Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas.""Artículo 50. Traslados voluntarios.Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución.Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada.Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución.""Artículo 51. Traslados involuntariosEl traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación.En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio.En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código.""Artículo 52. Excepción al Traslado voluntarioLa Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos:En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario.En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley.En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." "Artículo 57. Competencia de controversias con motivo de traslados nacionales. Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser conocidas por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto..." "Artículo 116. Controversias.Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. ****"Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas.Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos:I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa;II.La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes;III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. "Artículo 120. Principios del procedimiento Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad.La persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales; mientras que la Autoridad Penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del Centro o de la persona que ésta designe.El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental.""Artículo 122. Formulación de la controversiaLa controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital., de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto."Artículo 123. Auto de inicioUna vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos:Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o Desechar por ser notoriamente improcedente.Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano.El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud.Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. El auto que admite o niega la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación. "Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva.Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días.En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio.En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia."Artículo 125. Reglas de la audienciaPrevio a cualquier audiencia, el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio.Las audiencias serán presididas por el Juez de Ejecución, y se realizarán en los términos previstos en esta Ley y el Código."(Lo resaltado no es de origen).De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, regula el procedimiento a seguir para ordenar y ejecutar el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro; asimismo, contempla el recurso de apelación y una controversia judicial para combatir dicho acto privativo.De lo anterior, se tiene que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente; así, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado. En este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un órgano de decisión; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento y sistema de control jurisdiccional sobre los traslados.En esa tesitura, cuando obra una autorización judicial posterior (como en este caso ahora se ha acreditado), el sentenciado pudiera acudir a cualquiera de las siguientes opciones: Un oficioso, contemplado en la Ley de Ejecución en su artículo 52, que impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley.Otro a petición de parte, cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley de Ejecución Penal.Adicionalmente, cabe destacar que, con independencia del tipo de traslado -voluntario, involuntario o urgente-, los artículos 116, fracción I, en relación con el 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, instituyen a la controversia judicial ante el Juez de Ejecución como un medio eficaz para combatir todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados de un centro penitenciario a otro efectuadas por las autoridades penitenciarias.Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse para ordenar y ejecutar el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, asimismo, contempla el "recurso de apelación" y una "controversia judicial" como medios jurisdiccionales eficaces para combatir dicho acto de autoridad. En tal virtud, como ya se adelantó, en nada beneficiaría al quejoso el que se le otorgara la vista a efecto de que manifestara si es su deseo o no ampliar su demanda respecto de la calificación del traslado que en un principio reclamó en este juicio, pues para el caso debe agotar ya sea el recurso de apelación o bien, de ser el caso, la controversia judicial ante el Juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado o la calificación de éste a fin de que se analice su legalidad y en su caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con el articulo 52 en relación con el 116, fracción I, en relación con el 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el cual, constituye un medio de defensa ordinario eficaz para combatir el traslado y que prevén la suspensión del acto combatido. Luego, si con motivo de la interposición del recurso de apelación o la controversia judicial ante el Juzgado de Ejecución, puede analizarse la legalidad del traslado en cuestión y su calificación por la autoridad judicial de primera instancia, indefectiblemente ese proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama; situación que satisface el último de los presupuestos que se mencionan en los incisos precedentes.Por tanto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que estaba fijada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO MANOLO LÓPEZ CORDERO EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN, ESTO ES, EN EL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 "CPS-MICHOACÁN".

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico el contenido de la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte, por una parte que, mediante auto de treinta de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por rendido el informe justificado del Director así como del Comité Interdisciplinario ambos del Centro de Ejecución de Sanciones en ciudad Victoria, mediante el cual, en lo medular informaron que, es cierto el acto reclamado, ya que el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó el traslado del aquí quejoso, al Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS, Michoacán, con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, lo anterior en cumplimiento al oficio SSP/SSESRS/029178/2019 de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por la Encargada del Despacho de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social del Estado de Tamaulipas, dando así cumplimiento a lo estipulado por los artículos 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, informando lo anterior al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien el veintitrés y veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se pronunció al respecto y calificó de legal tal determinación administrativa de traslado, en relación a las causas penales 35/2016, 30/2016 y 66/2017. Por tanto, a fin de estar en condiciones de resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, a fin de que, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio que del presente proveído emane, remita al correo electrónico institucional, correspondiente a este Órgano Jurisdiccional, que lo es, 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx copia certificada de las constancias con las que se acredite la calificación del traslado del aquí quejoso Manolo López Cordero. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá como medida de apremio una MULTA de cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el artículo 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo Por otro lado, y como de la certificación Secretarial de cuenta, se advierte que se encontraban señaladas las diez horas con cuarenta minutos del veinticinco de los actuales, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional del presente Juicio, sin que se haya hecho pronunciamiento respecto a su desahogo. No obstante, como de párrafos que anteceden, se advierte que era jurídicamente imposible llevar a cabo su desahogo, en tales condiciones, a fin de evitar dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se ordena regularizar el procedimiento, para lo cual, subsánese tal omisión, por tanto, a fin de dar margen a anteriormente mencionado, se señalan nuevamente: Las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el presente asunto. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos, para que obre como legalmente corresponde, el oficio 0653/2021 descrito en la certificación de cuenta, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado requerido a: A) Comisionado de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en ciudad de México. [En su denominación correcta, y requerido por oficios 16331/2020 y 16335/2020] Consecuentemente, con el informe detérmino de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacerlo en la audiencia constitucional. Por otro lado, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que refiere en su comunicado de cuenta, y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, toda vez que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las nueve horas con treinta minutos del cuatro de febrero de dos mil veintiuno, y es evidente que resultará jurídica y materialmente imposible integrar el presente juicio de amparo para esa data, por tanto, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Ahora, es necesario precisar que los oficios, de cuenta fueron remitidos por correo electrónico y su recepción en el correo oficial de este juzgado fue certificada por el Secretario de este juzgado, por ende, tiene la misma calidad que si se hubiera recibido en físico, en razón de que, a criterio de la Suscrita, la información proporcionada por medio del correo electrónico, forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos, que es comúnmente utilizado en la actualidad paratransmisión de documentos; estimándose apto para ese fin el uso de correo electrónico entre autoridades, al contar con cuentas oficiales; además, su base legal se encuentra en la aplicación por interpretación extensiva, del concepto "medios magnéticos", que se estima incluye a los electrónicos, a través del cual la autoridad responsable, puede rendir su informe, al tenor del párrafo inicial del artículo 117 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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