Maclovio González Martínez
Expediente 1267/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1267/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maclovio González Martínez
- MACLOVIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
I. Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General sin número emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina destruir el presente expediente, en virtud de que: Se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Se ordena generación de versión pública de sentencia. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general. IV. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que este expediente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 16 DE ENERO DE 2023, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "I. Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General sin número emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina destruir el presente expediente, en virtud de que: Se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Se ordena generación de versión pública de sentencia. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general. IV. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que este expediente."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 29 DE DICIEMBRE DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO."
- Principal
Desahoga prevención. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito signado por el quejoso Maclovio González Martínez, mediante el cual desahoga las prevenciones que le fueron formuladas en autos de siete y diecinueve de diciembre de dos mil veintidós; ténganse por cumplidos los requerimientos de que se trata para los efectos legales procedentes, en atención a ello, se acuerda:Desechamiento. En la especie, el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en: "La resolución de siete de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Director General de Protección Civil, con sede en esta ciudad en el que expediente 762/2022, en la que apercibió e impuso una multa a la parte quejosa por el incumplimiento de medidas de seguridad previstas en el Reglamento del Sistema Municipal de Protección Civil". De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. El artículo 107, Constitucional, fracción IV, dispone lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.". De esta disposición se obtiene, que el juicio de amparo es procedente contra actos emitidos en materia administrativa, cuyo agravio no sea reparable mediante algún recurso o medio de defensa legal; asimismo, no será necesario agotar los mismos cuando la ley aplicable exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto reclamado que los solicitados en el juicio de amparo. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto, dado que a través de dichos medios de impugnación, éste puede ser revocado, modificado o nulificado; además, la ley que establezca el medio de defensa, debe prever los mismos o menores requisitos para suspender el acto impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo. Atento a lo anterior y a la naturaleza del acto que se reclama, es de afirmar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia...". Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse previo a promover el juicio constitucional; este consiste en que se agoten los recursos ordinarios que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1665, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo". Así las cosas, en la especie, la parte quejosa previo a promover el presente juicio de amparo, debe impugnar el acto reclamado a través del recurso de inconformidad, o bien, mediante el juicio contencioso administrativo. En efecto, en los artículos 226, 227, 234 y 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato establecen lo siguiente: "Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido." "Artículo 234. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa." "Artículo 235. El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad." De la anterior transcripción se obtiene que el artículo 226 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, regula el recurso de inconformidad, y el numeral 234 de la citada codificación contempla la suspensión del acto o resolución impugnada, cuyos requisitos no son mayores a los exigidos en la Ley de Amparo en los artículos 128, 129, 132 y 133, para el otorgamiento de la medida cautelar. Ahora, con el artículo 234, en correlación con el 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la interposición del recurso de inconformidad suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnada, siempre y cuando se solicite expresamente, y ello puede acontecer en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad; asimismo, en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria, por consiguiente dicho requisito se considera similar. Asimismo, se otorgará la suspensión de la resolución impugnada tal y como lo prevé el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con la salvedad que no se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público, al igual que lo dispone la Ley de Amparo. De igual forma, para otorgar la suspensión en el recurso de inconformidad, se exige que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos de que se garanticen éstos, tal y como se requiere en el juicio de amparo. En lo que respecta a los créditos fiscales, el recurrente en la inconformidad deberá de garantizar el importe en cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa; asimismo, la Ley de Amparo tratándose del cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, sujeta la suspensión que se concederá discrecionalmente, a que se garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; por consiguiente se estima similar dicho requisito. Ahora bien, la suspensión del acto o resolución impugnada en el recurso de inconformidad se otorgara, cuando se admita el aludido recurso; circunstancia que no se considera un requisito adicional a los previstos en la Ley de Amparo, puesto que en este último caso, es claro que para el otorgamiento de la suspensión se requiere como condición previa la admisión de la demanda de amparo, habiéndose cubierto todos los requisitos del numeral 108 del mismo cuerpo de leyes; ya que solo es procedente en materia de amparo proveer sobre la medida cautelar, sin admitirse previamente la demanda, cuando se trate de actos de naturaleza penal que se relacione con privaciones de libertad, esto es, los previstos en el ordinal 15, en los cuales incluso la demanda puede promoverse por cualquier persona en nombre del directo quejoso, precisamente por la condición de imposibilidad física que le impera. Por otro lado, cabe precisar que el artículo 249 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece como medio de impugnación el juicio contencioso administrativo, el cual de conformidad con el ordinal 268 también contempla la suspensión del acto reclamado, siempre y cuando sea solicitada en cualquier momento del proceso, por tanto, la parte quejosa previo a promover el presente juicio de amparo debió agotar el referido medio de impugnación, dado que esa legislación no prevé mayores requisitos para obtener la medida cautelar que los señalados en la Ley de Amparo, por los motivos siguientes: a) Tanto el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como la Ley de Amparo, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a terceros si no se obtiene sentencia favorable. b) El artículo 271 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla prevista en el artículo 136 de la Ley de Amparo. c) Tratándose de asuntos de carácter fiscal, el artículo 276 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes ante las oficinas exactoras correspondientes en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente; en tanto que tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo supedita la suspensión a que se garantice el interés fiscal previo depósito del total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el quejoso que en el juicio contencioso administrativo, dado que la Ley de Amparo condiciona la suspensión al previo depósito en efectivo, mientras que la legislación local otorga un plazo de tres días y además la garantía puede otorgarse en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación fiscal, aunado a que inclusive se prevé que sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento cincuenta la Unidad de Medida y Actualización diaria. d) Ambos ordenamientos impiden la concesión de la suspensión cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. e) La legislación procesal administrativa de mérito (artículo 275), así la Ley de Amparo (artículo 147), prevén que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios; en el primer caso, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular; y, en el segundo caso, cuando la naturaleza del acto lo permita, es decir, que sea jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que se considera que la prerrogativa otorgada en la ley procesal de justicia administrativa en comento concede mayores posibilidades de dar efectos restitutorios a un acto a través de la medida cautelar, porque no lo condiciona a la factibilidad material o jurídica -como si lo hace la Ley de Amparo-, sino que lo deja a juicio discrecional del resolutor del medio de impugnación, con el solo objeto de conservar la materia del recurso o impedir perjuicios irreparables. Por tanto, no se considera un mayor requisito. En suma, es evidente que la ley que regula los medios ordinarios de defensa -recurso de inconformidad o juicio contencioso administrativo-, no exige mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva conforme a lo previsto en la fracción XX del artículo 61 de este último ordenamiento legal. Consecuentemente, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo en los términos indicados, pues a través de esos medios de defensa, pudo o puede obtener la insubsistencia de los actos reclamados. Sirve a lo anterior, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1536, tomo II, libro 17, abril de 2015, Décima Época, con número de registro 2008891, de rubro y texto siguiente: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Sin que lo anterior deje en estado de indefensión a la parte quejosa, en razón de que tiene a su alcance los medios legales para impugnar en su caso, el acto que manifiesta le causa agravio, toda vez de que debe tenerse en cuenta que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, toda afectación que se tenga en una contienda judicial, debe ser analizada en cualquier momento del procedimiento, ya que el enfoque del control difuso obliga a toda autoridad a respetar y hacer efectivos los derechos fundamentales de los gobernados. Luego, como el acto reclamado en el presente juicio es susceptible de reparación mediante los referidos medios de impugnación, y éstos no fueron agotados, tal y como lo manifestó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en el escrito de desahogo a la prevención, se estima que no se cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia I.6º.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, impresa en la página 902 del Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Por tanto, al no haberse observado el principio de definitividad, por no haberse agotado, previo a promover el juicio constitucional, el medio ordinario de defensa consistente en el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo, es dable concluir que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo, establecida en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se ordena desechar de plano la demanda de amparo en estudio. Acude en auxilio de lo anterior, la tesis aislada XXI.1o.45 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, Página 307, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo". Por otra parte, cabe enfatizar que para el suscrito no pasa inadvertido que el juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; lo cual no acontece en el caso, pues de lectura integral de los conceptos de violación no se advierte que se atribuya al acto reclamado una falta absoluta de fundamentación y motivación, sino la indebida, así como cuestiones relacionadas con aspectos de legalidad, empero esas cuestiones pueden ser remediadas en el recurso de inconformidad o en el juicio de nulidad antes aludidos. Máxime que en el caso particular no se pudiera alegar absoluta falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada, tomando en consideración que la simple lectura de la misma revela lo contrario, de ahí de que deba prevalecer la determinación que antecede. Se invoca en apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 5/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contracción de tesis 29/94, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 6, tomo V, enero de 1997, Novena Época, con número de registro 199493, de rubro y texto siguiente: "ASENTAMIENTOS HUMANOS. EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO, DE LOS RESIDENTES DE UN ÁREA AFECTADA EN RELACIÓN CON LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 47, COINCIDENTE CON EL ACTUAL 57 DE LA LEY RELATIVA, SOLO SE ACREDITA CUANDO SE DEMUESTRA QUE PREVIAMENTE SE ACUDIO ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE. El artículo 47 de la Ley General de Asentamientos Humanos otorga un derecho de preservación del entorno residencial a los vecinos del área habitacional afectada por obras que originaron deterioro en la calidad de vida de los asentamientos humanos, pero impone la obligación de deducirlo, primeramente, ante la autoridad administrativa competente. Esta prevención no es potestativa, puesto que en ninguna parte del precepto en comento se establece un derecho de opción, es decir, que el deber de acudir ante la autoridad administrativa quede a discreción del gobernado. Por tanto, tomando en consideración que una conducta jurídicamente regulada no puede hallarse al mismo tiempo prohibida y permitida, es obligado concluir que el interés jurídico sólo se afecta a condición de que el derecho sustancial se ejercite primeramente ante la autoridad administrativa competente, pues mientras ello no suceda no hay un acto de autoridad que afecte el derecho subjetivo del gobernado que reside en el área afectada." Igualmente, se cita en apoyo el criterio sostenido en la ejecutoria de doce de julio de dos mil doce, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Decimosexto Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 46/2012, relativo al juicio de amparo 1228/2011-II, del índice de este órgano jurisdiccional, que en lo conducente dice: ". En efecto, en el particular, se actualiza la casual de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Ese precepto contempla la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en el supuesto de que contra el acto administrativo proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo y fracción indicados, hacen referencia a la no exigencia de mayores requisitos para conceder la suspensión, lo cual significa que si la ley que consigna el recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para tal efecto, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo, el interesado deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. El aludido principio rector del juicio de garantías en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción a esa regla, que se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y con violaciones directas a la Constitución Federal. En cuanto a este último tema, esto es, cuando se trata de violaciones directas a la Constitución, el gobernado no está obligado a cumplir con el principio de definitividad; es decir, no tiene el deber de agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la ley secundaria, pues significaría anteponer una ley común a lo establecido en la Norma Fundamental. Lo anterior no significa que el juicio de garantías proceda en todos los casos en que el interesado exponga que se han violado las garantías individuales previstas en la Carta Magna, sino que será necesario atender cada caso en específico para examinar el planteamiento que se haga valer por el gobernado. Las excepciones a la regla general, tratándose de violaciones directas a la Constitución, se actualiza cuando el acto reclamado carece de absoluta fundamentación y motivación, lo que se justifica porque esas carencias impedirían al particular hacer valer el medio de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado, precisamente por desconocer los motivos y fundamentos del acto de autoridad. Otra excepción opera cuando únicamente se alega violación directa a la Constitución, como sucede cuando se atribuye infracción a la garantía de audiencia. Fuera de las dos hipótesis antes señaladas, los particulares se encuentran obligados a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, es decir, deben atender primeramente el medio ordinario de defensa previsto por la ley secundaria, por lo que de no ser así, dicho juicio será improcedente. En otra perspectiva, si dentro de las violaciones alegadas se involucran aspectos de legalidad, necesariamente el gobernado deberá agotar el recurso ordinario, por una parte, porque no se trata de absoluta falta de fundamentación y motivación, como tampoco exclusivamente violación directa a la Constitución, sino que el afectado discute la actuación de la autoridad con base en determinados preceptos legales; por otra, tal medio de impugnación permite al interesado expresar sus defensas y aportar las pruebas que legalmente procedan para nulificar el acto de autoridad. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia número 93 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 104 del Tomo III, Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN". En el caso concreto, la parte quejosa alega violación al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la autoridad responsable le negó la posibilidad de defensa en el procedimiento administrativo de cancelación, la cual, para ser efectiva, tenía que ejercer previamente al acto privativo del derecho de prelación, que la autoridad "mermó" cuando declaró la caducidad de la inscripción registral el veintitrés de marzo de dos mil diez. Asimismo, aduce que se conculca la garantía consignada en el artículo 16 constitucional, que contiene el principio de legalidad que rige a la autoridad en su actuar, debido a que: La responsable no observó las formalidades esenciales del procedimiento, tales como notificar el inicio de procedimiento, otorgar la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa, alegar y dar a conocer el contenido de la sentencia. El registrador Público de la Propiedad y del Comercio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, carece de facultades para cancelar la inscripción de la hipoteca registrada el siete de septiembre de dos mil cinco con el número 71576. No ha transcurrido el término señalado por la ley para la prescripción de la acción pues la cláusula séptima del contrato de reconocimiento de adeudo, estipula que la hipoteca subsistirá hasta en tanto no se liquide el adeudo que garantiza, por lo que se desprende que la obligación continúa vigente y, si el obligado Luis Miranda Miranda pagó intereses hasta el mes de enero de dos mil ocho, dicha vigencia quedó confirmada. No procede la cancelación por caducidad, en virtud de que el día que ésta se solicitó (veintidós de marzo de dos mil diez), el inmueble gravado ya había sido embargado (tres de marzo de dos mil diez) en el juicio ejecutivo civil 41/2010 C, en el que intervino oportunamente el demandado; por lo que la presentación de la demanda interrumpe el plazo de la caducidad y al solicitarla con fecha posterior, consideró el quejoso, se actuó de mala fe. Sin embargo, de tales planteamientos hechos valer por la parte quejosa, no puede considerarse que se trate de aspectos relacionados con la falta absoluta de fundamentación y motivación. Las inconformidades que plantea el promovente están sustentadas en que el acto reclamado se emitió sin respetar la garantía de audiencia, sin atender a las formalidades del procedimiento y sin estudiar el registrador si conforme a la ley tenía facultades para declarar la cancelación y, en su caso, las hipótesis para que ésta se determinara, previo a la promoción del juicio constitucional. Por ende, la parte quejosa debió agotar el medio de defensa que la ley establece para tal efecto, como es el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debido a que son competentes las Salas para conocer de los procedimientos administrativos que se promuevan en contra de actos y resoluciones jurídico administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, conforme a los numerales 255, fracción I y 256 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, pues a través de tal medio ordinario de impugnación, estuvo en condiciones de aportar elementos de convicción para demostrar la ilegalidad de los actos impugnados y obtener su nulificación. Esto es así, porque el acto cuya invalidez demandó la parte quejosa, consistente en la cancelación de la inscripción registral constituida a su favor, no carece de fundamentación y motivación, dado que en tal resolución se invocaron los artículos 2531, fracción III, 2535, 2536-A y 2536-B del Código Civil para el Estado de Guanajuato, así como el artículo segundo transitorio del decreto 188, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el diez de junio de dos mil cinco (foja 32), por lo que no se actualiza la excepción prevista en la parte final de la fracción XV, del artículo 73 de la Ley de Amparo. En el caso concreto no se trata de un reclamo con motivo de una absoluta falta de fundamentación y motivación y tampoco se adujo de manera exclusiva violación a alguna garantía constitucional, sino que la impetrante hizo depender la inconstitucionalidad de los actos, por considerar que se ordenó la cancelación del referido gravamen sin atender aspectos de legalidad, resulta patente que en esa hipótesis no se actualiza el caso de excepción para no interponer medios de defensa ordinarios, previo a la promoción del juicio de amparo. Finalmente, se destaca que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión." De igual forma, cobra relevancia precisar que similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en la ejecutoria de diez de enero de dos mil veinte, dictada al resolver el recurso de queja 241/2021, derivada del juicio de amparo 818/20219-III, del índice de este Juzgado de Distrito; así como el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al resolver en el recurso de queja administrativa 195/2021, derivada del juicio de amparo 797/2021-II, del índice de este Juzgado Federal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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