Ma. Verónica Luna Padilla

Expediente 645/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
645/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
19/11/2019

Partes del expediente

  • Ma. Verónica Luna Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Recepción del testimonio del recurso de queja 140/2019. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, resolvió: ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja. Acúsese recibo. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009 y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina destruir la presente pieza de actuaciones. No obran documentos originales. archívese y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, por medio del cual comunica que el Tribunal de su adscripción admitió el recurso de queja interpuesto en autos, el cual quedó registrado bajo el número 140/2019.

  3. Principal

    Del escrito que suscribe quejosa, y atento a su contenido, se acuerda: con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer en contra del proveído de veintiuno de agosto del año en curso, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ríndase informe con justificación respecto a la materia de la queja, en el sentido de que son ciertos los actos reclamados, pues en la citada fecha este órgano de control constitucional desechó la demanda presentada por la parte quejosa. remítase el original del escrito de agravios de que se trata, así como el informe con justificación acompañado de las constancias relativas al auto impugnado al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato. Sin que haya lugar a remitir las diversas constancias que indica, toda vez que aunado a que la recurrente no las exhibe, no obstante de ser parte en dichos sumarios y encontrarse en aptitud de adjuntarlas, éstas no fueron consideradas al momento de proveer respecto a la determinación recurrida de veinte de agosto de dos mil diecinueve, de ahí que la suscrita torne innecesario su envío; sin embargo, de considerarlas la superioridad necesarias para emitir resolución, remítansele a la brevedad.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, a veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. I. Cumple requerimiento. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese el escrito aclaratorio que presenta Ma. Verónica Luna Padilla, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló el nueve de agosto del año en curso (f. 6-7); en tal virtud, se provee: II. Fijación de la litis. De la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que la quejosa reclama de la autoridad responsable la resolución de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, que determinó improcedente el incidente de falta de personalidad, dentro del juicio ejecutivo mercantil 766/2014, el cual se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. III. Se desecha demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación gramatical de dicha disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Puntualizado lo anterior, quien esto resuelve advierte que la demanda en cuestión en relación a los actos reclamados, resulta notoriamente improcedente, toda vez que se actualiza de manera indudable la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación al numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Conforme a los preceptos transcritos debe establecerse que el artículo 61 en su fracción XXIII dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, prevé que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, empero, si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la quejosa; finalmente se indica que cuando se trate de remates; únicamente podrá promoverse el juicio de derechos fundamentales contra la resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe tal procedimiento; en la inteligencia que, por última resolución en el procedimiento de ejecución correspondiente, se entiende aquella en que se apruebe o reconozca de manera expresa el cumplimiento total de la sentencia o en su caso se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, supuesto en el cual será el momento procesal en que proceda el juicio de amparo y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar tanto la resolución de mérito como todas aquellas intermedias que considere le dejaron sin defensa. Lo que es así, porque en el juicio de amparo se deben de establecer dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de actos emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o resolución definitiva. La primera hipótesis consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia y por tanto sean autónomos y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, (como son el arresto dictado como medida de apremio hacia alguna de las partes, o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena) es decir, que se emitan de manera destacada y con independencia del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como la regla específica, es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, lo que es así, porque el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados en ejecución de tal fallo, siempre que se impugne la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que en tratándose de los procedimientos de ejecución la Sociedad y el Estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde la parte quejosa fue parte, en respeto al derecho de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice el cumplimiento de una resolución final. Al caso es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1ª./J.29/2003 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que aparece publicada en la página 11, Tomo XVII, Junio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Acorde a la jurisprudencia transcrita, existen diversas resoluciones consideradas intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del período de ejecución de sentencia, que pueden llegar a ser combatibles a través del juicio de amparo, toda vez que por su naturaleza no implican la ejecución parcial de lo condenado, tienen autonomía destacada de lo que implica la cosa juzgada; crean o modifican un derecho en ese procedimiento de ejecución, y pueden ocasionar un perjuicio inmediato, supuestos que según se pone de manifiesto a continuación, no se actualizan en la especie. Así las cosas, por "última resolución" debe entenderse que es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Esta apreciación encuentra apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar a foja 31, tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por lo que la determinación que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, no puede considerarse dentro de los supuestos de excepción antes precisados, ya que la finalidad de dicha incidencia es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personalidad del ejecutante, esto es, tiene el propósito de impedir dicha ejecución. Por ello, aplicando a contrario sensu el criterio antes señalado, no puede considerarse dentro de los casos de excepción a que se ha hecho referencia, ya que la característica propia de ellos es que no tengan el propósito antes señalado. Por otro lado, si el Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que no procede el amparo indirecto en actos dictados en ejecución de sentencia, aunque se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada, sino hasta que se dicte la última resolución del procedimiento de ejecución, menos aún podría admitirse la procedencia del amparo contra un acto netamente procesal como lo es el que resuelve el incidente de falta de personalidad. Los razonamientos anteriores nos llevan a concluir que no procede el amparo indirecto contra la resolución con la que culmina un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, sino que ésta debe reclamarse a través del amparo que se promueva en contra de la última resolución dictada en ese periodo, vía conceptos de violación, por considerarse una violación procesal cometida en ese procedimiento. Es aplicable la Jurisprudencia 23/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del Tomo XXI, Mayo de 2005, Novena Época, Registro 178441, bajo el rubero y texto siguiente: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa." Lo anterior no deja en estado de indefensión a la quejosa, porque de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de la materia está en aptitud legal de hacer valer el amparo indirecto contra la última resolución de la fase ejecutiva del procedimiento mercantil. Por tanto, en el caso se actualiza de manera plena, indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y al ser indudable y manifiesta la causal de improcedencia en estudio, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo. IV. Acuerdos generales. Se autoriza la expedición de las copias, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma la licenciada María Quiroz García, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargada del despacho por vacaciones concedidas a la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2560/2019 de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario Técnico de dicha comisión, licenciado Vicente David Burguet Franco, quien actúa ante el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, secretario que autoriza y da fe.

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