Magda Margarita Diaz Martínez
Expediente 640/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Magda Margarita Diaz Martínez
- Juez Quinto Civil de Partido En León, Guanajuato
Actuaciones
- Principal
Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de diecisiete de agosto del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. archívese y remítase al lugar de guarda.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 31 DE AGOSTO DE 2021 QUE REZA: Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de diecisiete de agosto del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. archívese y remítase al lugar de guarda.
- Principal
León, Guanajuato, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. I. Formación y registro del expediente. Dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 640/2021-V. II. Fijación de la litis. Ahora, de una lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama medularmente lo siguiente: La determinación de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dictada en autos del juicio especial hipotecario C-779/2019 por el Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, en el que ordenó poner en posesión del adjudicatario el inmueble que aquí defiende la quejosa, ubicado en calle Subida del Calvario, número 101, colonia Obregón, de esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." III. Se desecha demanda de amparo. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, respecto del acto reclamado referido con antelación esta Juzgadora advierte la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: "...XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El aludido precepto legal señala que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no tiene carácter definitivo, es decir, cuando en contra del acto materia de debate procede algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlo, revocarlo o modificarlo, puesto que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión. La Ley de Amparo es clara en establecer los casos de excepción al principio de definitividad, los cuales son, a saber, los siguientes: 1. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; 2. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; 3. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; 4. Los que importen una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; 5. Normas generales, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; 6. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 7. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 8. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; 9. Los que carezcan de fundamentación; 10. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; 11. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Precisado lo anterior, respecto al por qué se estima se actualiza la causa de improcedencia anteriormente señalada, con relación al acto reclamado señalado consistente en la determinación de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dictada en autos del juicio especial hipotecario C-779/2019 por el Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, en el que ordenó poner en posesión del adjudicatario el inmueble que aquí defiende la quejosa, resulta pertinente señalar que el juicio especial hipotecario de origen se tramita en un Juzgado Civil de Partido. Bajo ese contexto, si acorde a la naturaleza del juicio de origen, es evidente que en términos de lo establecido por los artículos 232 a 235 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, es impugnable a través del recurso de revocación, razón por la cual, emerge como una cuestión incontrovertible que para lograr que fuera modificado, revocado o nulificado, por la autoridad judicial responsable, la parte quejosa debió interponer el medio de impugnación de que se trata en los términos que prevén los dispositivos legales en cita, más aún porque en el caso no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad. Lo anterior, se estima de esa manera porque del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa Magda Margarita Díaz Martínez, es demandada en la controversia de origen, por lo que al ser incorporada a la relación jurídico procesal adquirió la calidad de parte, y con ello debe estimarse que pudo impugnar el acto que reclama dentro del procedimiento judicial del que deriva el acto reclamado, dado que contra el acto reclamado procede el recurso de revocación previsto en los artículos 232 a 235 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, los cuales disponen que: "Artículo 232: Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 233. La revocación se interpondrá dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto impugnado. En el escrito en que se interponga deberán expresarse los agravios que le cause la resolución al recurrente. Si se determina que el escrito fue presentado fuera del término, o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso y firme el auto o decreto. Artículo 234. Pedida la revocación se dará vista a las demás partes, por término de tres días, y transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro del tercer día. Artículo 235. Del auto que decida sobre la revocación no habrá ningún recurso." Así pues, de la anterior transcripción, se deduce que todos los autos o decretos que no admitan el recurso de apelación, son impugnables mediante el recurso de revocación previsto en los artículos 232 a 235 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, sin que obste la etapa procedimental en la que se encuentren. Ello porque, la parte quejosa no acude al presente juicio de amparo ostentándose como tercera extraña al juicio, lo que actualizaría una excepción a ese principio, por el contrario, la promovente es parte demandada en el juicio de origen, y ya fue emplazada por lo cual se encuentra facultado para acudir al juicio a hacer valer sus derechos e interponer los recursos que procedan. Luego, se reitera, la procedencia del recurso de revocación se encuentra sujeta a que la resolución que se pretenda combatir a través de la interposición del mismo, no sea apelable, medio de impugnación éste último que sólo es procedente cuando se trata de los supuestos a que se refieren los artículos 243, 244 y 245 del cuerpo de leyes en comento; de tal suerte que al no hacerlo así, es incontrovertible que la parte peticionaria fue omisa en agotar el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. Ilustra la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.)de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 110, intitulada: ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. Expuesto lo anterior, es claro que en la especie, previo a la instauración del juicio de garantías, la parte quejosa debió interponer dicho medio de impugnación, a virtud de que de la demanda que nos ocupa y sus anexos, se desprende que la parte quejosa es parte demandada en el juicio natural; por lo que estaba en condiciones de intentar el recurso de revocación, el cual tiene como efecto el modificar o revocar el acto tildado de inconstitucional; y, al no hacerlo así, es claro que soslayó agotar el principio de definitividad, presupuesto que es indispensable para la procedencia del juicio de amparo, ya que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Máxime, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), determinó que los actos impugnados dentro de juicio, aunque tengan una ejecución de imposible reparación debe agotarse el principio de definitividad. De ahí que, no se comparta lo aseverado por la inconforme en el punto 2 que señaló como procedencia en su escrito de demanda. Además, de que en el caso, resulta aplicable, la jurisprudencia PC.XVI.C. J/4 C sustentada por el Pleno en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, toda vez que del ocurso constitucional se advierte que la demandante del amparo pretende impugnar por vicios propios el auto que ordena la entrega del bien inmueble rematado. Bajo lo antes expuesto, debe decirse que los actos reclamados por la parte quejosa, en modo alguno pueden ser nulificados en la vía constitucional intentada, ya que en tratándose de actos como los que en la especie se analizan, debe cumplirse con el principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que tal ilegalidad puede impugnarse dentro del procedimiento judicial de donde se hacen derivar los actos, a través del recurso de revocación que establece los artículos 232 a 235 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente contenido: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Manuel M. Ponce, número 1154, colonia León Moderno, de esta ciudad y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jonás Daniel Sotelo Fuentes, por contar no con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. V. Exhortación a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VI. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el trece de agosto de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Armando Salcedo Cordero, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargado del despacho en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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