Macedonio Valadez Hernandez
Expediente 1332/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1332/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Macedonio Valadez Hernandez
- Nestor Adalid Aguilar Cortes (Promovente)
- Aurelio Nestor Jimenez Vite
- AURELIO NESTOR JIMENEZ VITE y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Néstor Adalid Aguilar Cortés, a favor y en nombre de Macedonio Valadez Hernández y Aurelio Néstor Jiménez Vite, sin que lo haya hecho valer. Por lo que, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso b), del ordenamiento en cita, sería susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído; sin embargo, al haberse concedido la medida cautelar consistente en la suspensión de oficio y de plano en contra de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Finalmente, se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días concedido a los quejosos Macedonio Valadez Hernández y Aurelio Néstor Jiménez Vite, para que cumpliera el requerimiento preventivo que se les formuló el ocho de diciembre de dos mil veintidós, sin que lo haya realizado; a pesar de encontrarse debidamente notificados. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo con la que se formó este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a los quejosos Macedonio Valadez Hernández y Aurelio Néstor Jiménez Vite, en el domicilio procesal señalado en autos, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, por lista a las demás partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el escrito signado electrónicamente por Francisco Javier Gómez Mendiola, autorizado en términos amplios por el quejoso ***; y, visto su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de la resolución de sobreseimiento dictada fuera de la audiencia constitucional el treinta de noviembre del año en curso; consecuentemente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase copia de dicho ocurso entre las partes y previa constancia de esto último, remítanse dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, el original del escrito de expresión de agravios y copia simple del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito, junto con el expediente en que se actúa; para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese por electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a la autoridad responsable y al agente del ministerio público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Diligencia actuarial. Agréguese a los autos la diligencia practicada a las once horas con treinta minutos del ocho de diciembre de dos mil veintidós por Maricela Rodríguez Niño, actuaria judicial adscrita, entendida con los directos quejosos********************y ********************, en las oficinas del Complejo Seguridad Metropolitano C5, ubicadas en Cuautlancingo, Puebla, en la cual, en atención a lo ordenado en auto de ocho de diciembre del actual, asentó -en lo que interesa-: ( Que se notificó a los quejosos la citada determinación de ocho de diciembre de dos mil veintidós y que se les corrió traslado con copia autorizada de la misma. ( Que los quejosos directos sí ratificaron la demanda de amparo promovida en su favor por ********************, con la que se dio inicio al presente controvertido constitucional. ( Que nombraron a ******************** y a ********************(con número de cédula profesional ********************) como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. ( Que observó que los citados quejosos se encontraban estables, sin huellas de maltrato o tortura. ( Que los quejosos manifestaron que no han sufrido maltratos por parte de las autoridades que los cuidan y que no habían podido comunicarse con sus familiares ni abogado, pues -refirieron- nadie los había visitado, por lo que en ese momento y ante la presencia de los agentes ministeriales, la Actuaria Judicial solicitó que los quejosos se comunicaran con sus abogados, lo cual, ocurrió vía telefónica, con el abogado ********************, quien los asesoró respecto de la demanda promovida. ( Que observó que los quejosos se encontraban en un cuarto amplio junto con quince personas más en calidad de detenidos, que no contaban con ventilación adecuada ni portaban mascarillas y que contaban con cobijas para dormir. De lo que se toma nota, para los efectos legales procedentes. Por otro lado, se ratifica a ********************(con número de cédula profesional ********************) como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mientras que a ******************** se le tiene como autorizado en términos restringidos, pues no se proporcionaron los datos de su cédula profesional de licenciado en derecho, a fin de corroborar que la misma se encuentra registrada ante la Secretaría de Educación Pública o en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sin perjuicio de que una vez que acredite dicha circunstancia, podrán ser autorizado en los términos planteados. En ese sentido, se tiene por asegurado el derecho de los quejosos -quienes se encuentran privados de su libertad personal - a una tutela judicial efectiva, en su vertiente a que, en los juicios de amparo en materia penal, los quejosos privados de su libertad deben contar con la asistencia de un abogado o profesional en derecho. Ciertamente, los quejosos se encuentran jurídicamente representados en el presente asunto con la designación de ********************como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, lo que es acorde a su derecho humano a una tutela jurisdiccional efectiva, prevista en el artículo 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, una defensa adecuada, prevista por el artículo 20, apartado B, fracción VIII constitucional, en relación con el artículo 8.2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, interpretación a partir del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta que aquéllos se encuentran privados de su libertad. Cobra aplicación, el criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, dicen: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Notifíquese por lista a las partes.
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