Ma. Virginia Romero Contreras

Expediente 370/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
370/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
05/10/2018

Partes del expediente

  • Ma. Virginia Romero Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del trece de septiembre al cuatro de octubre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida cautelar. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla a Horacio Óscar Rosete Mentado, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

  2. Principal

    Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciocho (foja 193), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que la quejosa haya desahogado dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 42 a 54), se concedió el amparo y protección a Ma. Virginia Romero Contreras para que la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, Delegación Puebla, realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Ma. Virginia Romero Contreras, para el efecto de que la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, Delegación Puebla, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001838/2016 de su índice: 1) Dicte un acuerdo en el que de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, provea el escrito presentado por la quejosa el trece de marzo de dos mil dieciocho, en el cual solicitó: - Se levante el aseguramiento, de existir el mismo, y se haga la devolución y/o liberación o en su caso se le entregue en depositaria del bien inmueble ubicado en calle Once Norte, sin número, entre las calles 4 y 6 Poniente, en la Junta Auxiliar de Benito Juárez, perteneciente al municipio de los Reyes de Juárez, Puebla. 2) Notifique a la quejosa dicha determinación y remita las constancias que así lo acrediten. Sin que lo anterior signifique necesariamente que la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente la petición formulada, pues la respuesta que emita en cumplimiento a esta ejecutoria deberá ser congruente a lo pedido y en uso de sus facultades, podrá proveer de manera fundada y motivada, como en derecho proceda, lo que se le solicita, sin que el presente fallo implique en forma alguna que la pretensión de la quejosa sea legítima, fundada en derecho o procedente, como bien pudiera serlo, pero lo cual habrá de determinar la responsable al contestar la solicitud, tomando en consideración lo expresado en esta sentencia." Inconforme con tal resolución, la quejosa por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión contra dicha determinación judicial (fojas 65 a 68), el cual fue radicado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito con el número de amparo en revisión R-157/2018 de su índice (foja 138); y, en ejecutoria de doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 141 a 159), confirmó la sentencia sujeta a revisión, por lo que en acuerdo de ocho de agosto de dos mil dieciocho (fojas 160 y 161), se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo. Así, mediante oficio XVI-440/2018 de catorce de agosto de dos mil dieciocho (foja 170), Blanca Briseño Hurtado, agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Décima Sexta Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, Delegación, Puebla, remitió copia autorizada de la resolución de diez de ese mes y año (fojas 171 y 172), con la que pretendió cumplir con la sentencia de amparo. Sin embargo, del análisis de dicha determinación ministerial, ese órgano jurisdiccional apreció que la autoridad responsable no ajustó su actuar a los lineamientos contenidos en la sentencia protectora, por lo que en acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (fojas 177 a 179), se requirió nuevamente a la representante social responsable para que cumpliera cabalmente con los efectos precisados en la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio XVI-448/2018 de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho (foja 181), el agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la Agencia XVI Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, Delegación Puebla, informó que dejó insubsistente el diverso acuerdo de diez de agosto de la presente anualidad con la que pretendió cumplir la sentencia de amparo; y, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, emitida en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001838/2016 de su índice, y su notificación (fojas182 a 192). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de la que se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Emitió un acuerdo en el atendió la petición que la quejosa formuló mediante escrito presentado el trece de marzo del presente año, y determinó improcedente devolver el inmueble a la quejosa y levantar el aseguramiento decretado sobre el inmueble ubicado en calle Once Norte, sin número, entre calles cuatro y seis poniente, en la Junta Auxiliar de Benito Juárez, perteneciente al municipio de los Reyes de Juárez, Puebla. El representante social responsable expuso los motivos y fundamentos que consideró para arribar a esa determinación, ya que señaló que considera que quedan diligencias pendientes por desahogar, como lo es lograr la comparecencia de Rosendo Contreras Pérez; además, señaló que considera al inmueble citado como objeto, instrumento y/o producto del delito, debido a que en su interior fueron localizados diversos contenedores de petrolífero cuya posesión legal no logró acreditar. Motivo por los que el representante social consideró improcedente devolver el inmueble a la peticionaria de amparo, así como también decretó improcedente levantar el aseguramiento decretado sobre dicho bien raíz. 2. El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, notificó por estrados dicha resolución a Ma. Virginia Romero Contreras, y estableció que ello se debe a que en diversas ocasiones giró oficios al domicilio de la citada quejosa y en ninguna de ellas obtuvo respuesta favorable. En tal sentido, es importante señalar que la protección constitucional concedida en este sumario constitucional se concedió para el efecto de que se respetara el derecho de petición de la quejosa, esto es, para que la autoridad responsable emitiera una respuesta a su solicitud; sin embargo, no se realizó pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto; razón por la que este órgano jurisdiccional no está en aptitud de analizar si la respuesta emitida está apegada a derecho o no ni verificar si los preceptos legales invocados resultan o no aplicables al caso concreto, en virtud de que tales cuestiones no fueron objeto de análisis constitucional ni de los efectos del fallo protector. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda la copia para conocimiento del oficio signado por el Procurador General de la República a través de su representación, por medio del cual, en su carácter de superior jerárquico, informa las gestiones realizadas para que la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, cumpla la ejecutoria de amparo; sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno en virtud de lo acordado anteriormente.

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciocho (foja 193), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que la quejosa haya desahogado dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 42 a 54), se concedió el amparo y protección a Ma. Virginia Romero Contreras para que la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, Delegación Puebla, realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Ma. Virginia Romero Contreras, para el efecto de que la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, Delegación Puebla, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001838/2016 de su índice: 1) Dicte un acuerdo en el que de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, provea el escrito presentado por la quejosa el trece de marzo de dos mil dieciocho, en el cual solicitó: - Se levante el aseguramiento, de existir el mismo, y se haga la devolución y/o liberación o en su caso se le entregue en depositaria del bien inmueble ubicado en calle Once Norte, sin número, entre las calles 4 y 6 Poniente, en la Junta Auxiliar de Benito Juárez, perteneciente al municipio de los Reyes de Juárez, Puebla. 2) Notifique a la quejosa dicha determinación y remita las constancias que así lo acrediten. Sin que lo anterior signifique necesariamente que la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente la petición formulada, pues la respuesta que emita en cumplimiento a esta ejecutoria deberá ser congruente a lo pedido y en uso de sus facultades, podrá proveer de manera fundada y motivada, como en derecho proceda, lo que se le solicita, sin que el presente fallo implique en forma alguna que la pretensión de la quejosa sea legítima, fundada en derecho o procedente, como bien pudiera serlo, pero lo cual habrá de determinar la responsable al contestar la solicitud, tomando en consideración lo expresado en esta sentencia." Inconforme con tal resolución, la quejosa por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión contra dicha determinación judicial (fojas 65 a 68), el cual fue radicado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito con el número de amparo en revisión R-157/2018 de su índice (foja 138); y, en ejecutoria de doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 141 a 159), confirmó la sentencia sujeta a revisión, por lo que en acuerdo de ocho de agosto de dos mil dieciocho (fojas 160 y 161), se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo. Así, mediante oficio XVI-440/2018 de catorce de agosto de dos mil dieciocho (foja 170), Blanca Briseño Hurtado, agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Décima Sexta Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, Delegación, Puebla, remitió copia autorizada de la resolución de diez de ese mes y año (fojas 171 y 172), con la que pretendió cumplir con la sentencia de amparo. Sin embargo, del análisis de dicha determinación ministerial, ese órgano jurisdiccional apreció que la autoridad responsable no ajustó su actuar a los lineamientos contenidos en la sentencia protectora, por lo que en acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (fojas 177 a 179), se requirió nuevamente a la representante social responsable para que cumpliera cabalmente con los efectos precisados en la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio XVI-448/2018 de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho (foja 181), el agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la Agencia XVI Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, Delegación Puebla, informó que dejó insubsistente el diverso acuerdo de diez de agosto de la presente anualidad con la que pretendió cumplir la sentencia de amparo; y, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, emitida en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001838/2016 de su índice, y su notificación (fojas182 a 192). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de la que se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Emitió un acuerdo en el atendió la petición que la quejosa formuló mediante escrito presentado el trece de marzo del presente año, y determinó improcedente devolver el inmueble a la quejosa y levantar el aseguramiento decretado sobre el inmueble ubicado en calle Once Norte, sin número, entre calles cuatro y seis poniente, en la Junta Auxiliar de Benito Juárez, perteneciente al municipio de los Reyes de Juárez, Puebla. El representante social responsable expuso los motivos y fundamentos que consideró para arribar a esa determinación, ya que señaló que considera que quedan diligencias pendientes por desahogar, como lo es lograr la comparecencia de Rosendo Contreras Pérez; además, señaló que considera al inmueble citado como objeto, instrumento y/o producto del delito, debido a que en su interior fueron localizados diversos contenedores de petrolífero cuya posesión legal no logró acreditar. Motivo por los que el representante social consideró improcedente devolver el inmueble a la peticionaria de amparo, así como también decretó improcedente levantar el aseguramiento decretado sobre dicho bien raíz. 2. El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, notificó por estrados dicha resolución a Ma. Virginia Romero Contreras, y estableció que ello se debe a que en diversas ocasiones giró oficios al domicilio de la citada quejosa y en ninguna de ellas obtuvo respuesta favorable. En tal sentido, es importante señalar que la protección constitucional concedida en este sumario constitucional se concedió para el efecto de que se respetara el derecho de petición de la quejosa, esto es, para que la autoridad responsable emitiera una respuesta a su solicitud; sin embargo, no se realizó pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto; razón por la que este órgano jurisdiccional no está en aptitud de analizar si la respuesta emitida está apegada a derecho o no ni verificar si los preceptos legales invocados resultan o no aplicables al caso concreto, en virtud de que tales cuestiones no fueron objeto de análisis constitucional ni de los efectos del fallo protector. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda la copia para conocimiento del oficio signado por el Procurador General de la República a través de su representación, por medio del cual, en su carácter de superior jerárquico, informa las gestiones realizadas para que la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, cumpla la ejecutoria de amparo; sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno en virtud de lo acordado anteriormente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 22 DE agosto DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la Agencia XVI Investigadora Puebla, de la Procuraduría General de la República y anexo, con el manifiesta haber cumplido la sentencia de amparo, pues para ello remite copia auténtica de la resolución de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, emitida en el expediente FED/PUE/PBL/0001838/2016 de su índice, y su notificación a la aquí quejosa. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación..."

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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